La desigualdad de género en los poderes del Estado es una problemática cada vez más visible y el Poder Judicial no es la excepción. Tenemos una flamante ley provincial aun no reglamentada que garantiza la paridad. Yanina Tolosa, fiscala adjunta de la ciudad de Santa Fe y Luciana Vallarella, fiscala de la Oficina de Violencia de Género del MPA dialogan sobre las lógicas patriarcales presentes hacia el interior de la justicia santafesina.

La Subcomisión de Género e Igualdad de la Asociación de Fiscales y Funcionaries del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe difundió el 8 de Marzo, Día de la Mujer, un video que denuncia la brecha de género en el organismo, la falta de recursos y la urgencia en capacitación sobre la temática.

“¿Sabías que todos los fiscales generales y regionales de MPA fueron hombres? Actualmente 4 de 5 fiscales regionales son hombres. Todos los fiscales de la 4º Circunscripción son hombres. En realidad, nunca se seleccionó ninguna mujer debido a que la única fiscal regional actual ha sido designada como Fiscal Regional Interina”, dice el material difundido en redes sociales. Además, se visibilizan algunos números: Fiscales Titulares son 60% varones y 40% mujeres, Fiscales Adjuntos 58% contra el 42% de mujeres y en les Funcionaries el 48% cuenta con representación femenina. A más jerarquía, hay menor participación de mujeres y en los puestos de menor rango tampoco se alcanza el deseado piso de la paridad.

“Las personas que definen si el puesto o cargo lo gana un hombre o una mujer -siempre considerando que llegaron a una terna, por ejemplo, habiendo ambos aprobado el concurso que sea- son hombres. Y los hombres, al menos eso nos demuestran las estadísticas, eligen hombres” dice Yanina Tolosa, fiscala adjunta de la unidad de investigación y juicio de Santa Fe ciudad quien hasta hace un año y medio perteneció a la unidad fiscal GeFaS, especializada en violencia de género, familiar y sexual.

En octubre del 2020 se aprobó la histórica Ley de Paridad en la provincia de Santa Fe que establece el principio de igualdad de género en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos, entes públicos o con participación estatal y asociaciones, consejos y colegios profesionales. Esto no supone un cambio inmediato ya que la propia ley especifica que el principio de paridad de género se debe “adecuar de manera progresiva”. Sin embargo, cabe preguntarse si ante el creciente reclamo social por una reforma judicial y, sobre todo, la construcción de una justicia feminista, esta adecuación no debería tener carácter de urgencia en el Poder Judicial.

“Los obstáculos tienen que ver con los prejuicios y estereotipos de género. La normativa permite que estudiemos en la facultad, que concursemos, que accedamos y participemos de exámenes, etc. Pero siguen existiendo esos obstáculos de índole machista y patriarcal porque están impregnados en lo estructural de la sociedad y de las instituciones que forman parte” explica Yanina.

El conocido “techo de cristal”  (la imposibilidad de crecer en los puestos laborales) y los llamados “pisos pegajosos” (la imposibilidad de despegar) siguen siendo los mayores obstáculos para que las mujeres y disidencias accedan a los espacios de mayor decisión o jerarquía. Algo que no es privativo del Poder Judicial, ni del Estado en su conjunto.

Si bien las mujeres han accedido en los últimos años a puestos de más alto rango en ámbitos públicos como privados (aunque aún las mujeres trans, indígenas, afro o con discapacidad que han logrado llegar a puestos de decisión son muy pocas y hace falta una mirada interseccional de la problemática) el crecimiento en relación a los varones sigue siendo dispar y aún hay ámbitos en los que la participación de mujeres es escasa. Esta brecha está vinculada a obstáculos estructurales que persisten e imposibilitan a que las mujeres accedan a los cargos de máxima jerarquía en algunas actividades, en especial, aquellas tradicionalmente masculinizadas o donde se disputa mayor poder económico y político.

Quién manda en Argentina

El 8M el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) publicó el informe “Sexo y Poder. ¿Quién manda en Argentina?” donde analizaron la participación de las mujeres en espacios de poder en el último año. De acuerdo con los datos, el 60% de las egresadas de las facultades de derecho de todo el país son mujeres. Cuando se considera la totalidad de los puestos de decisión desde ministros/as de las Cortes Supremas (nacional y provinciales) a las personas titulares de los Ministerios Públicos (fiscal y defensa) sumado a quienes integran el Consejo de la Magistratura, la mitad de esos puestos de decisión son ocupados por mujeres. Sin embargo, esto está distribuido de manera desigual: mientras que son el 67% de las secretarías de juzgados (y el 45,5% de las juezas), estos porcentajes disminuyen cuando se trata de las Cámaras de apelaciones (33% de las juezas de Cámaras provinciales y 34% en las cámaras de la justicia nacional). La situación es aún más desfavorable en las Cortes Superiores de las provincias, donde solo el 30% son magistradas. En el ámbito de la Defensa Pública el 38% de las Defensoras generales son mujeres.

En la estructura del Poder Judicial de la provincia Santa Fe, si bien las mujeres son mayoría, el 60% de los jueces son varones y, tal como visibilizaron desde la Subcomisión de Género e Igualdad, a más jerarquía menos acceso.

La Ley de Paridad ya aprobada y aún no reglamentada es la clave para poder revertir lo antes posible esta situación. Tolosa considera que es de suma importancia porque “supone la creación de oportunidades concretas en las que las mujeres podemos hacer presencia con nuestras ideas y perspectivas. Siempre brego por la calidad antes que la cantidad pero en este caso la cantidad hace la diferencia, y justamente esa igualdad hará enriquecedora la decisión que se tome. No es para nada lo mismo estar en una reunión donde la mayoría son hombres y somos una o dos mujeres, que estar en una reunión donde haya tanto hombres como mujeres en cantidades parejas al menos. Si bien la mujer ha ganado mucho lugar en distintos ámbitos de la vida, una sigue escuchando comentarios y chistes desafortunados. Existe aún una resistencia a que participemos y nos hagamos escuchar, que se tenga en cuenta nuestra opinión, la mirada que podemos aportar al abordaje de cualquier tipo de problemática; y, más aún, en el ámbito del Poder Judicial.”

Prácticas y discursos machistas

Hay situaciones que podríamos encontrar en muchos otros ámbitos laborales y no solo en el Judicial: “si alguna mujer llega a un puesto de poder, siempre están los comentarios prejuiciosos que seguramente llegó porque “es la pareja de” o cualquier otro tipo de justificación, pero nunca el comentario tiene que ver con su capacidad, su inteligencia, su perfil para el cargo, su preparación académica, etc. Esto, además, desalienta a las mujeres que pretenden acceder a un cargo. Ya saben que no van a llegar aunque rinda como una mejor nota o se sepan más capaces. Porque si el hombre se equivoca en un lugar de poder, se lo critica con adjetivos que tienen que ver con su ineptitud o irresponsabilidad pero si la que se equivoca es una mujer, los comentarios se muestran relativos a su condición de mujer y todos aquellos calificativos con los que históricamente se han referido a nosotras lamentablemente: es una histérica, está loca, etc.”

Es mucho más costoso cambiar las prácticas que los discursos. También se necesita capacitación en materia de perspectiva de género. La Ley Micaela, promulgada en el 2018, obliga a todas las personas que integran los tres poderes del Estado a recibir capacitación en género y violencia contra las mujeres. Sobre este tipo de avances, Yanina considera que “es un buen comienzo para empezar a charlar sobre la perspectiva de género en el ámbito laboral, porque en el trabajo también hay violencia de género. Tener el certificado de que te capacitaste no va a acreditar de ningún modo que ahora pensás distinto o que lo vas a implementar en tu lugar de trabajo al otro día. Pero al menos se inicia un camino de cambio que como todo cambio deberá transitar su proceso de resistencia y luego sí de estabilización para llegar a naturalizar la igualdad y desnaturalizar lo anterior. Solo así se lograrán resultados.”

Nos parece interesante empezar a pensar también en los cargos de mayor jerarquía que son los que toman las decisiones más importantes. Por ejemplo, en el caso de la fiscalía, son los que tradicionalmente han sido ocupados por hombres y además son quienes deciden la política de la fiscalía, esto significa que deciden cuáles son las áreas prioritarias a las que hay que dotar de mayores recursos.

La Subcomisión de Género e Igualdad de la Asociación de Fiscales y Funcionaries del MPA es un espacio creado recientemente y como primera acción pública decidieron visibilizar la situación institucional interna de las mujeres dentro de la fiscalía. Luciana Vallarella, quien preside esta subcomisión y es fiscala de la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, habló con Enredando sobre esta acción pensada para el 8M. “Entendemos que es importante visibilizar la situación de las mujeres porque tal vez no se sabe que esto es así, no todos lo perciben, incluso es para nuestras propias compañeras, para ser conscientes y a partir de ahí proponer que se empiecen a generar algunos cambios”. Otro de los proyectos a futuro pensados en el espacio es llevar adelante un lactario para las mujeres que son madres y que hoy no cuentan con un lugar adecuado para la extracción de la leche materna en el edificio del Centro de Justicia Penal.

Vallarella destaca que para la Subcomisión es importante que comience a haber presencia de mujeres formadas en género entre las personas evaluadoras o jurados que tienen la posibilidad de decidir quiénes van a ganar los concursos. “Nos parece interesante empezar a pensar también en los cargos de mayor jerarquía que son los que toman las decisiones más importantes. Por ejemplo, en el caso de la fiscalía, son los que tradicionalmente han sido ocupados por hombres y además son quienes deciden la política de la fiscalía, esto significa que deciden cuáles son las áreas prioritarias a las que hay que dotar de mayores recursos, cómo se asignan, etc. Nos parece fundamental la presencia de una mujer en este ámbito de toma de decisiones y aun mejor si es una mujer formada en género porque entonces la decisiones pueden ser feministas.”

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