El 31 de marzo venció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320, que suspendía los desalojos, prorrogaba los contratos de alquiler vigentes y congelaba el precio de los alquileres; medidas que había tomado el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. Agrupaciones de inquilinxs expresan su preocupación. Historias particulares que se expresan en una realidad colectiva angustiante. El sueño de la casa ajena

«El 31 de marzo desocupamos la casa, pero no podemos alquilar en ningún lado. Estamos viviendo en la parte de atrás de un lugar donde nos prestan, que mide dos metros por cuatro. No tengo gas natural, cocino en un hornito que me prestaron. Así vivimos, súper difícil».

La que habla es Jorgelina. Vive con su pareja y tres hijos, dos de ellos con discapacidad. Del otro lado del teléfono cuenta todos los intentos realizados por permanecer en la casa que alquilaba y también los maltratos recibidos por parte de los dueños y la inmobiliaria. No lo logró. O lo logró durante un tiempo, hasta el 31 de marzo. Luego debió mudarse a la parte de atrás del local donde trabajan: “Era esto o la calle”, dice angustiada.

La fecha clave es el 31 de marzo de 2021. Ese día finalizó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320, que suspendía los desalojos, prorrogaba los contratos de alquiler vigentes y congelaba el precio de los alquileres; medidas que había tomado el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. La normativa tuvo dos prórrogas, en septiembre y enero, pero en las puertas de entrada de una segunda ola y con más de 20 mil contagios diarios, el Ejecutivo decidió no continuar con el decreto.

Casos como el de Jorgelina se cuentan de a miles en todo el país. Las preocupaciones van en dos planos: por un lado aquellas familias que quedaron sin contrato vigente, que se les hace imposible firmar un nuevo contrato por la suba desmedida en los precios, y quedaron desprotegidos ante un pedido de desalojo. Y por otro aquellas personas con contratos pero que se fueron retrasando en los pagos por las complicaciones que supuso la pandemia, y que a partir de abril deben ponerse al día. En ambos casos la necesidad de respuestas es urgente.

Si bien el Ministro de Desarrollo Social y Hábitat, Jorge Ferraresi, adelantó que en los próximos días “habrá novedades” para quienes alquilan, el decreto que garantizaba techo y seguridad a muchas familias en plena pandemia, ya no rige y difícilmente vuelva a estar vigente.

Algunos números

Según relevamientos de la Federación Nacional de Inquilinos, el 57 por ciento de los inquilinos de todo el país adhirió a algunos de los beneficios que ofrecía el decreto en distintos momentos de la pandemia. Del estudio también se desprende que alrededor del 40 por ciento de los inquilinos pagó el alquiler de manera parcial y se endeudó durante el último año.

Desde la agrupación proyectan esos datos  para Rosario: teniendo en cuenta que un 30% de la ciudad alquila, se trata de alrededor de 300 mil inquilinos de los cuales unos 170 mil adhirió al DNU. Del total, unos 120 mil enfrentan algún tipo de problemas por endeudamiento y retrasos en los pagos del alquiler.

“Vemos esta situación con muchísima preocupación porque el resultado no va a ser otro que la profundización de la crisis habitacional que viene viviendo nuestro país desde hace muchas décadas”, señala Sebastián Artola, titular de la Defensoría del Inquilino de Rosario y referente de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe.

en el último año hubo 387 pedidos de desalojo en Rosario, pese a la prohibición explícita en el decreto 320. Solo en marzo de 2021 las solicitudes para desalojar viviendas fueron 38. Este número fue presentado por la Concejalía Popular de Rosario en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial, en una planilla donde además figuran los abogados patrocinantes y los jueces que dieron movimientos a los expedientes, desoyendo los decretos.

Además aclara que los datos surgen de informes realizados por las propias organizaciones de inquilinos, ante la falta de cifras oficiales. “Hicimos un pedido al Ministerio de Hábitat de la Nación por este tema y no tuvimos ninguna respuesta. Entonces, ¿sobre qué diagnóstico se toma la decisión de no continuar con el decreto 320, si no tienen datos sobre situación que atraviesan los inquilinos?”.

Pero hay otro dato que genera aún más preocupación: en el último año hubo 387 pedidos de desalojo en Rosario, pese a la prohibición explícita en el decreto 320. Solo en marzo de 2021 las solicitudes para desalojar viviendas fueron 38. Este número fue presentado por la Concejalía Popular de Rosario en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial, en una planilla donde además figuran los abogados patrocinantes y los jueces que dieron movimientos a los expedientes, desoyendo los decretos.

La presentación disparó dos proyectos: un pedido de informe para conocer la cantidad de juicios de este tipo iniciados en todo el territorio santafesino, y un proyecto de ley – impulsado por el diputado Carlos Del Frade – para suspender los desalojos por falta de pago hasta que termine la pandemia.

“Es una barbaridad porque son desalojos que estaban prohibidos. Es gente que se caga en lo que dice el DNU”, expresa Nire Roldán, referente de la Concejalía Popular de Rosario y el Frente de Inquilinos Nacional. “Esto es sumamente preocupante y habla de que no se entiende el momento que se está viviendo. No se puede pedirle a la gente que se quede en casa y a la vez iniciar acciones de desalojo a mansalva”.

En primera persona

El contrato de Jorgelina venció en Julio del año pasado e intentó por todos los medios renovar para seguir en la vivienda, pero desde la inmobiliaria les dijeron que los dueños tenían otras intenciones con la casa. “La idea era no mudarnos porque tengo uno de los nenes con autismo y es muy difícil adaptarlo. Lo que estamos pasando hoy es muy duro. Pero no tuvimos suerte”, relata.

La familia administra un comercio de diseño gráfico, pero al poco tiempo de iniciarlo comenzaron las restricciones de la pandemia y debieron cerrar momentáneamente. De las ayudas económicas que fueron saliendo por la pandemia tampoco pudieron hacer uso porque no calificaron para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni tampoco para las líneas de financiamiento “Santa Fe de pie” que sacó el gobierno provincial.

“Se hizo muy difícil. Nos consumimos los ahorros y nos descapitalizamos totalmente. Intentamos renovar en la casa, aceptando que nos aumenten un poco y ver si podíamos pedalear lo de la inmobiliaria en dos o tres veces. No fue posible: la dueña nunca quiso renovar, estuvimos de julio para acá con constantes amenazas de desalojos, maltratos, insultos. Nos han mandado al psicólogo y sabiendo que nosotros tenemos situaciones particulares y reales con nuestros hijos”, cuenta Jorgelina.

Mientras tuvieron el paraguas del decreto continuaron en la vivienda y buscando otros lugares para alquilar, pero con precios imposibles de afrontar. Las viviendas que fueron encontrando disponibles para sus necesidades rondan los 40 mil pesos, pero además les pedían un mes de adelanto, sumado a los honorarios de la inmobiliaria y la averiguación de garantías. Las cuentas daban unos 250 mil pesos para empezar a hablar. “Después de un año prácticamente sin laburar es imposible encarar un contrato de esa plata. Y sin tener la seguridad de si vas a poder seguir trabajando”.

Finalmente el 31 de marzo dejaron la vivienda que alquilaron durante largo tiempo: “Nosotros vivíamos en una casa grande, con dos dormitorios, con patio. Y ahora no tengo ni ventanas. Pero era esto o la calle, porque realmente no tuvimos respuesta del Estado. No queremos que nos regalen nada, pero sí que nos den posibilidades, porque la pandemia nos atravesó y sabemos que hay muchísima gente en nuestra misma situación. Da bronca porque laburamos todos los días y no podemos darle una vivienda digna a nuestros hijos”, dice Jorgelina.

Foto: Inquilinxs Agrupados

Una situación similar le toca vivir a Laura, a cargo de su hijo menor de edad. Trabaja de cuidadora y el único paciente al que asistía falleció en noviembre. La pérdida de trabajo fue durante el mismo mes en que su alquiler pasó de costar 12 mil a 20 mil pesos. Amparándose en el decreto 320 logró estirar la imposición del aumento hasta marzo, pero de todas maneras, sin trabajo, se fue atrasando en los pagos.

El 29 de diciembre estaba en su casa tomando mates con su hijo cuando sintió una puntada en su espalda que, advirtió, no era normal. Se acostó a descansar un rato pero a la media hora se despertó gritando del dolor. Una infección le afectó gran parte de un riñón que debieron extirparle de urgencia. En la cirugía hubo complicaciones y también debieron punzarle un pulmón porque su oxigenación no era buena. Estuvo en terapia intensiva. “Me explicaron que fue una infección urinaria que no bajó. De diez personas le pasa a una”, detalla.

Hoy Laura mejora de a poco y monitorea a diario su estado de salud con chequeos médicos constantes. Pero por la tarea que desarrolla ve muy difícil poder volver a trabajar en el corto plazo: “Estoy gestionando una pensión por invalidez porque mi trabajo es levantar personas con distintas discapacidades o enfermedades y yo no puedo volver a hacer ese trabajo. Estoy abierta de la costilla derecha hasta casi el pulmón”.

Si bien los dueños y la inmobiliaria están al tanto de su situación, en abril al alquiler de 20 mil pesos se le sumaron 15 mil más como cuota para ponerse al día por los pagos atrasados. “La administración me exige esa plata y ya me advirtieron que me van a mandar una carta de desalojo”, expresa y agrega: “Estoy viendo cómo hacer para pagar el alquiler. No tengo otro lugar dónde ir y tengo un menor de edad”.

“Estoy gestionando una pensión por invalidez porque mi trabajo es levantar personas con distintas discapacidades o enfermedades y yo no puedo volver a hacer ese trabajo. Estoy abierta de la costilla derecha hasta casi el pulmón”.

La casa propia, un sueño

Según el censo de 2001 un 14% de la población de Rosario era inquilina y ese alquiler representaba un 25% del salario promedio de un trabajador. En la actualidad se estima que el 30% de los rosarinos alquilan y la mitad del salario se va en garantizar un techo digno. Para las organizaciones de inquilinxs esas  tendencias no hacen más que reflejar la profunda crisis habitacional que viene sufriendo la Argentina.

Para Artola esta situación genera un efecto cadena: cada vez menos gente puede acceder a la vivienda y eso profundiza la crisis social. Pero eso después se refleja en un crecimiento de la gente en situación de calle, en un aumento de la cantidad de familias viviendo en asentamientos irregulares, o en realidades que hoy son palpables en la ciudad como la toma de terrenos deshabitados.

“Ahí está el diagnóstico que nosotros venimos haciendo. Y para avanzar hacia una nueva política de acceso a la vivienda, que la deje de concebir como un negocio y vuelva a ser un derecho, como dice la constitución, lo primero que hay que hacer es regular el mercado inmobiliario. Se debe regular el precio de los alquileres y desdolarizar la vivienda en nuestro país, porque ese es el problema estructural de fondo que explica la dificultad, cada vez más creciente, de acceder a la vivienda», plantea Artola.

Para el dirigente, las políticas habitacionales y la realidad de los inquilinos “no está en la agenda” de ninguno de los niveles del Estado. “El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat dialoga más con las cámaras inmobiliarias que con las organizaciones de inquilinos. Estas semanas fueron contados con la mano los dirigentes que se preocuparon por la situación de los inquilinos y acompañaron nuestro pedido de continuidad del decreto 320. Eso da cuenta de la realidad que estamos atravesando”, señala.

Emanuel Canelli, referente de la Asociación de Inquilinos de Rosario, también se muestra crítico con la cartera de Hábitat nacional por la derogación del decreto. Si bien aclara que hubo charlas con funcionarios del gobierno nacional, no lograron entablar diálogo con Ferraresi para llevar sus propuestas. “El ministro plantea una gestión a puertas cerradas. Incluso cuando definió prorrogar la medida de enero a marzo entendió de que no teníamos nada para aportar a esta situación”, cuestiona.

“Nosotros lo vemos como un gran error porque justamente podíamos llevar muchos intentos de soluciones y también evaluaciones de la situación que tiene hoy la vivienda en alquiler. El ministro plantea que la salida de esto es la construcción de vivienda y que un sector de esas viviendas sean destinadas a familias que alquilen”. También remarca que “hay que entender de que eso forma parte de otro paradigma. Hoy por hoy hay que prestarle atención a las políticas de vivienda en alquiler porque es algo que llegó para quedarse”.

A pesar de esa situación, Canelli recuerda algunos mecanismos que pueden ser de utilidad para los inquilinos. Una es la posibilidad de abonar las deudas que se fueron generando por atrasos en los pagos, en hasta doce cuotas. La otra es el Alerta Temprana de Desalojos, que funciona como una instancia de mediación judicial previa para los sectores de mayor vulnerabilidad y apunta a desarrollar un registro que sistematice información, brinde asistencia e intente buscar soluciones.

“Ante esta situación algunos ya han optado por finalizar la relación contractual porque muchos volvieron a vivir con familiares y otros directamente están apelando a lo que es esta mediación judicial, porque realmente no tienen un lugar a dónde ir”, explica Canelli. “Se han dado intentos de desalojos y situaciones en donde se busca generar confusión al inquilino. Y ahí es donde nosotros estamos respondiendo y dando a conocer los derechos que tenemos en este tiempo para justamente que no sean vulnerados”.

Ley de Alquileres y especulación inmobiliaria

En junio del año pasado la Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la nueva Ley de Alquileres que extendió la duración de los contratos a tres años, estableció aumentos anuales, y fijó una serie de facilidades a la hora de presentar las garantías, entre otros beneficios. Para su aprobación tuvieron un rol fundamental las organizaciones de inquilinos que militaron el proyecto durante años y lograron impulsarlo en ambas cámaras.

Desde el sector inmobiliario salieron a advertir que la regulación generaría menos incentivos para que los dueños pongan sus viviendas en alquiler y, como consecuencia, una disparada en los precios. Para Nire Roldán la nueva ley “ensancha derechos” y descarta de plano esa versión: “De ninguna manera la Ley de Alquileres aumenta los precios. Es la especulación  inmobiliaria”.

“No se puede por un lado batir el parche de querer ser un país serio y por otro lado atacar un registro que lo único que intenta hacer es poner blanco sobre oscuro en un mercado que está más del 50% en negro. El ataque a la ley es claramente de la corporación inmobiliaria, que no consiguió voltear la ley, pero ya consiguió que no se prorrogue el DNU”, señala el dirigente de la Concejalía Popular. Además apunta contra una parte de la dirigencia política que, al derogar el decreto “le dio la mano al sector más rancio y concentrado de la propiedad”.

En la misma línea, Canelli plantea que la Ley de Alquileres es “muy positiva” para los inquilinos de todo el país: “Las inmobiliarias, han querido instalar que producto de la ley se han disparado los precios. Eso realmente no es así, es desconocer la realidad económica del país”. Y considera que la normativa no debe ser un punto de llegada sino un nuevo comienzo para avanzar en la reglamentación de la vivienda en alquiler. “Hoy por hoy los primeros doce meses no están reglamentados y el mercado pide lo que considera que debe pedir. Ahí es cuando nosotros creemos que el Estado debe avanzar y legislar”.

Segunda ola

Viendo que el gobierno no iba a dar marcha atrás con el vencimiento del decreto, la Federación de Inquilinos Nacional presentó un amparo para que se suspendan todos los desalojos hasta no haya un plan de contención para las miles de familias que están al borde de quedarse en la calle.

Según explica Artola, el protocolo de Alerta Temprana de Desalojos “dice poco y nada” sobre brindar respuestas inmediatas a los inquilinos: “La realidad es que eso no está funcionando y si no hay una presencia activa y efectiva del Estado, el mercado inmobiliario actúa por la fuerza llevando adelante desalojos de manera violenta e ilegal. Y es la realidad que estamos viviendo y que vamos a vivir en las próximas semanas”.

En ese sentido, el amparo pone el foco en la situación sanitaria que cada vez se presenta más compleja.  Mientras que el slogan oficial utilizado durante toda la pandemia invita a la ciudadanía a quedarse en su casa, desde la organización plantean como “un contrasentido” finalizar con un decreto específicamente destinado garantizar el derecho a la vivienda.

“La  propia ONU dice en la actualidad que la principal línea de defensa frente al coronavirus es la vivienda. Sin vivienda hoy se pone en riesgo la vida. Ese  es el argumento de fondo que justifica la continuidad de una medida que prohíba los desalojos y que congele los precios, como se viene dando en otros países. Estados Unidos, que muchas veces es elogiado por el mercado, extendió las prohibiciones de los desalojos hasta julio de este año. Bueno, acá pasó otra cosa”.

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