Placas, baldosas, murales, carteles, intervenciones artísticas: las marcas de la memoria están señalizadas a lo largo y ancho de la ciudad. Algunos sitios fueron protagonistas de los años más negros de nuestra historia y hoy se resignifican como espacios de memoria. Otros buscan homenajear con el fin de que las historias persistan. Todos forman parte del paisaje cotidiano de Rosario. Un recorrido para agudizar la mirada con el fin de conservar la memoria.

Fotos: Edu Bodiño

¿Cuántos de los ciudadanos que toman el 122 saben a qué a metros de la parada funcionó el mayor centro clandestino de la región? ¿Y cuántos conocen la historia de la Casita de la Memoria? ¿Serán muchos los vecinos que, cada tanto, se detengan a leer las placas y baldosas que conmemoran a los militantes desaparecidos de Rosario? Las marcas de la memoria se hacen visibles en múltiples puntos de la ciudad aunque a veces las normalicemos. Forman parte fundamental en la construcción de la memoria colectiva de una ciudad.

En la esquina de San Lorenzo y Dorrego, sin ir más lejos, funcionó el área del Servicio de Informaciones del edificio de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II de Rosario. Desde el sótano del lugar Gloria Canterolo, sobreviviente de la dictadura y una de las guías de ese espacio de memoria, señala extendiendo el brazo hacia una de las dos ventanas que da a la calle: se llega a ver, apenas, los pies de las personas que caminan por la vereda. El recorrido invita a subir y bajar escaleras en distintos sectores y de pronto la calle está a la altura del techo del lugar.

Esa sensación de lejanía asociada a un lugar tan concurrido – pleno centro de la ciudad – la describe el ex detenido político, Luis Megía, en su libro “El Pozo”, nombre con el que los presos políticos referenciaban ese espacio: “Todos los que pasamos por ahí y vivíamos en El Pozo, veíamos pasar la gente por la calle, era estar vivo pero fuera de la realidad. Nosotros veíamos que la gente seguía con lo suyo, pasaba por ahí sin saber que nosotros estábamos ahí abajo, que habíamos sido torturados, golpeados. Estábamos muy cerca, pero en otro mundo”.

Se estima que entre 1976 y 1980 estuvieron secuestradas en ese lugar unas 2.000 personas, entre ellas mujeres embarazadas, muchas de las cuales continúan desaparecidas al día de hoy. Allí también funcionaba la oficina del entonces jefe de la Policía de Santa Fe, Agustín Feced, que con su “patota” oficiaban de brazo ejecutor de las órdenes que llegaban desde el Comando del II Cuerpo de Ejército, ubicado apenas unas pocas cuadras. En ese sitio hoy funciona el Museo de la Memoria de Rosario.

En el antiguo Servicio de Informaciones todavía permanecen – con intervenciones arquitectónicas – las habitaciones donde dormían mujeres y varones, así como también la cocina donde los detenidos preparaban su alimento. A diferencia de lo que se piensa comúnmente, explica Gloria, el sótano era una suerte de instancia previa a una detención legal, donde los presos no estaban ni vendados ni atados. Distinto a lo que sucedía en el entrepiso conocido como “La Favela”, identificado por muchos de los sobrevivientes como una de las salas de tortura.

Desde 2015 el sitio figura como uno de los Espacios de Memoria de Rosario, donde se lo identifica como el mayor centro de detención clandestino que tuvo la provincia de Santa Fe. Al día de hoy funciona allí la sede del Archivo Audiovisual de Juicios de Lesa Humanidad que es de consulta pública.

Veinte días

Sobre calle Ovidio Lagos a la altura de Zeballos emerge un antiguo edificio con dos carteles sobre la ochava. Uno que identifica a la Escuela Técnica Nº288 “Osvaldo Magnasco” y otro que señala al lugar como sitio de memoria. “En esta escuela funcionó un centro clandestino de detención en el marco del plan sistemático de terror y exterminio implementado durante la última dictadura cívico-militar”, rememora.

Fue durante un período breve, unos veinte días entre enero y febrero de 1978, en medio del receso escolar de verano. En el Archivo Nacional de la Memoria se da cuenta que allí estuvieron secuestrados hombres y mujeres, que fueron encerrados y sometidos a tortura en un salón de la planta alta de la escuela. Todos provenientes de otro centro clandestino de detención: la Quinta de Funes.

Los presos políticos fueron trasladados a la escuela Magnasco luego de que fracasara la “Operación México” con el que se ideó secuestrar a los altos mandos de Montoneros que se encontraban en el país centroamericano. El único sobreviviente de esas detenciones pudo aportar información con la que se logró establecer que los militantes políticos y sociales fueron trasladados hacia otro inmueble y posteriormente asesinados.

“Junto a los centros ilegales La Calamita y la Fábrica de Armas Domingo Matheu, esta escuela integró un circuito represivo subordinado al Batallón 121 de Rosario”, dice otra parte del cartel que se emplaza frente a la escuela. Por los crímenes ocurridos en ese recorrido fueron condenados 17 represores en juicios orales llevados adelante en Rosario entre 2010 y 2013.

Día de la vergüenza argentina

Pasando el Parque Independencia  apenas unas pocas cuadras hacia el sudoeste, en un barrio tranquilo de casas bajas, se encuentra la Casita de la Memoria. Su historia es tan trágica y perversa que grafica a la perfección el nivel de impunidad con la que se movieron las fuerzas armadas durante los años del golpe. “Ningún hecho más definitorio del gobierno de los generales. La definición de lo cobarde por excelencia”, describió sobre el hecho el periodista e historiador Osvaldo Bayer.

Fue un 17 de septiembre de 1977 cuando un grupo de tareas conjunto entre el Ejército y la Gendarmería Nacional irrumpió en la casa donde vivía el matrimonio formado por María Esther Ravelo y Emilio Etelvino Vega, militantes de la organización Montoneros. Ella tenía 25 años, él 33. Ambos eran padres de Iván, que en ese momento tenía tan solo dos años. Ambos, también, eran ciegos.

Al matrimonio lo secuestraron junto con el bebé, que días después fue entregado a una vecina. Los jóvenes fueron sometidos a torturas con el objetivo de que ventilaran información sobre uno de los jefes de la organización. Con el tiempo se logró revelar que María Esther estuvo en el centro de detención clandestina conocido como “La Calamita” en Granadero Baigorria. En 2010 sus restos fueron encontrados en una fosa común en un campo de Laguna Paiva, junto a otros ocho cadáveres más. De Emilio no se supo nunca más nada.

El lugar, donde el matrimonio gestionaba una sodería, fue saqueado. “Esa noche no dejaron ni el perro lazarillo ni el cochecito del pequeño Iván”, recuerdan en la web de la Casita de la Memoria donde recrean la historia. En el allanamiento fue asesinado Juan Carlos Amador, de 20 años, quien acompañaba el emprendimiento familiar como repartidor de las bebidas que producían.

Desde entonces y durante 17 años la casita estuvo usurpada por el Comando del Segundo Cuerpo del Ejército, quien cedió el uso al Centro de Suboficiales y Gendarmes Retirados y Pensionados como lugar de encuentro. Con la vuelta de la democracia, Iván junto a familiares y organismos de derechos humanos comenzaron con el proceso de recuperación del edificio, algo que consiguieron de manera definitiva en 1994.

La historia se conoce a partir de los testimonios que aportaron familiares de víctimas, y que Bayer relató en una contratapa de Página 12 titulada “La Mirada de los Ciegos”, el 5 de diciembre de 1992. A nivel local el guante lo recogió otro periodista, Carlos Del Frade, que siguió investigando hasta destapar y hacer de conocimiento público esa usurpación. El 23 de marzo de 1995, cuando se inauguró oficialmente la Casa de la Memoria, Bayer definió el 17 de setiembre de 1977 como “el día de la vergüenza argentina”.

“Nosotros elegimos morir”

No todos los sitios que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad están vinculados a hechos que ocurrieron en esos lugares. Algunos buscan que las historias persistan, como sucede con el barrio “Victoria Walsh”, en el oeste de la ciudad. Son unas pocas cuadras donde se recuerda a la periodista y militante peronista que murió en medio de un operativo en Capital Federal, cuando distintos escuadrones del Ejército, Policía Federal y Gendarmería rodearon la casa donde se encontraba un grupo de militantes de Montoneros. Fue el 29 de septiembre de 1976, un día después de su cumpleaños número 26.

En el barrio funciona el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Victoria Walsh, un espacio dedicado al cuidado y desarrollo de las infancias. “Las risas, el conocimiento, los compañeros, la solidaridad y la cooperación son valores en los cuales construimos nuestra institución”, se presenta el lugar en su página web. En el edificio inaugurado en 1996 funciona una radio y también se articulan diversas actividades sociales y comunitarias. En la fachada, un mural con la cara de Victoria recibe día a día a cientos de chicos del barrio.

Victoria es hija del reconocido periodista y escritor, Rodolfo Walsh, también víctima de las fuerzas militares – apenas unos seis meses después – luego de publicar la emblemática “Carta Abierta a la Junta Militar”. En el operativo militar que tuvo lugar en la calle Corro del barrio porteño de Villa Luro, cuatro militantes fueron asesinados y otros cuatros secuestrados. La reconstrucción del hecho da cuenta de que Victoria se suicidó al ver que un gran número de agentes y oficiales habían rodeado el lugar: había autos, tanques y hasta un helicóptero patrullando la zona. “Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir” fueron las últimas palabras que dijo antes de dispararse en la sien, según cuenta su padre en “Carta a mis amigos”.

En 2017 Patricia Walsh, hermana mayor de Victoria, solicitó ante el juez Daniel Rafecas que se abra una causa para investigar la muerte de su hermana como un homicidio en el marco del genocidio perpetrado por la última dictadura militar. En diciembre del año pasado, y gracias al testimonio de sobrevivientes y  familiares de víctimas, fueron detenidos diez militares que habrían participado del operativo con el fin de ser indagados.

Arte que habla

Dicen que las paredes son la imprenta del pueblo. La pintada de murales y grafitis son una de las primeras acciones que las organizaciones o familiares de víctimas suelen realizar, sea para homenajear o para marcar presencia cuando las injusticias se pierden en los pasillos largos y descoloridos de Tribunales. Generalmente acompañados de las palabras como “Justicia” o “Presente”, el pincel y los rodillos armas noble al alcance de la mano para construir memoria colectiva.

En este caso, las paredes hablan y dicen mucho: dicen el nombre de más de 400 rosarinxs asesinadxs o desparecidxs desde la resistencia peronista de 1955 hasta las víctimas de diciembre de 2001. El mural, imponente, tiene más de un metro y medio de alto por 26 de largo y está pintado sobre las paredes del Colegio San José que se encuentran en la esquina de Jujuy y España, incluyendo la ochava.

El mural fue pintado por el Colectivo de Ex Presos Políticos y Sobrevivientes en el marco de la semana de la memoria del 2007. En ese entonces estaba ubicado a lo largo de calle España entre Jujuy y Salta, hasta que en 2011 las autoridades de la institución decidieron taparlo. La acción generó controversia y hasta debió mediar el Concejo Municipal para poder lograr un acuerdo en el que se consensuó volver a realizar la pintada, esta vez, sobre la esquina donde permanece al día de hoy.

Todos los nombres están pintados en blanco sobre un fondo de pared verde. Por encima, una frase oficia de título: “¡Murieron para que la patria viva!”.

Otra forma que amigos y familiares encontraron de mantener presentes la memoria de sus seres queridos es interviniendo el espacio público a partir de la colocación de baldosas. Los trabajadores del Sanatorio Plaza Dorrego, los exalumnos de la Escuela Pedro Goyena, los exalumnos de la escuela Dante Alighieri son recordados en las veredas de las instituciones, por las que transitan a diario cientos de personas.

“Aquí estudiaron”, encabeza la placa de cemento colocada en Oroño al 1160, donde la promoción 1973 decidió marcar el paso de Oscar Bouvier, Adriana Bianchi, Ricardo Meneguzzi y Sergio Jalil, por las aulas de la Dante Alighieri. Todos fueron asesinados en distintos hechos ocurridos entre 1976 y 1977. La baldosa los recuerda como “Militantes populares asesinados por el terrorismo de Estado”, al mismo tiempo que invita a conservarlos en la memoria y no bajar los brazos en reclamo de justicia.

 

En el mapa “Marcas de Memoria”, elaborado por la secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario se pueden revisar de forma digital los distintos sitios de memoria de la ciudad, organizadas en categorías, y con la posibilidad de profundizar en sus historias.

 

 

 

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