La médica legista Virgina Creimer dice haber identificado en la policía rosarina un modus operandi: la utilización del Paraná como medida antiforense. Los casos de Franco Casco, Pichón Escobar y Bocacha Orellano siguen esa tendencia, cuerpos que el Paraná devuelve lavados, historias difíciles de reconstruir y la sospecha latente del accionar policial. ¿Cómo se miran las marcas que deja un cuerpo?

Fotos: Paula Peña / Fer Der Meguerditchian

La pantalla del televisor se divide en dos: de un lado la foto de Carlos Orellano, con una campera nike amarilla de Rosario Central, gorra negra y un vaso de cerveza en la mano. Una sonrisa blanca le cubre toda la cara, la culpable de que en la familia comenzaran a decirle “Bocacha”. En la foto que repiten todos los medios se lo ve alegre, pero ya pasó una semana de su muerte y poco se sabe de cómo murió. Se sabe que salió a bailar con amigos una madrugada del fin de semana largo de carnaval del 2020 y que nuca llegó al almuerzo familiar del día siguiente. Y que después de dos  días de angustia, el miércoles de cenizas, su cuerpo apareció flotando sin vida sobre el río Paraná.

En la otra mitad de la pantalla habla en vivo Virginia Creimer. La enfocan en un plano medio corto donde se llegan a ver los pliegues de su guardapolvo blanco y el micrófono de los dos principales canales de televisión de la ciudad. Declara en un tono de voz tranquilo, pero con una cadencia que deja entrever cierto malestar. Sus declaraciones lo confirman: dice que hay mala predisposición de la Justicia, que viajó desde La Plata a Rosario junto a su equipo especializado para participar de la autopsia, que fueron autorizados, pero que una vez en el lugar no los dejan hacer las prácticas correspondientes.  Y después se presenta para la audiencia que no la conoce.

–No solo vengo porque escribí un libro que se trata de las ciencias forenses y los derechos humanos, sino que además soy la persona  con mayor experiencia en aplicación de Protocolo de Minesotta.

La entrevista es breve. En minutos la espera un juez para rever la situación. El episodio terminará con una resolución parcial: se les permitirá ingresar pero sin poder actuar sobre el cuerpo para evitar pedidos de nulidad.

Un par de horas más tarde las mismas cámaras vuelven a filmar a Creimer ingresando al Instituto Médico Legal entre aplausos y palmadas en la espalda de los familiares y amigos de Bocacha que desde temprano concentraban en el lugar exigiendo justicia. Edgardo, el padre de la víctima, habla con los medios y reniega de la burocracia judicial.

– Esta doctora resolvió casos en toda Latinoamérica y es una especialista de las mejores, por eso tienen miedo de lo que va a encontrar.

Modus operandi

Viriginia Creimer es médica legista y su nombre aparece en los casos más complejos y mediáticos de violencia institucional. El triple crimen de General Rodríguez, Luciano Arruga, Facundo Astudillo Castro, en el plano nacional; Franco Casco, Bocacha Orellano, Pichón Escobar y María de los Ángeles Paris, en Rosario.

Asegura que son muchos más, no los recuerda a todos. No lleva la cuenta, dice, porque es algo que le preguntan con frecuencia en los juicios con intención de desprestigiarla. “No se trata de cuántos casos, sino cuántos casos hiciste bien. Y nosotros siempre aplicamos los protocolos correspondientes.  Entonces las estadísticas no las tenemos porque nos parece poco relevante”, se explaya del otro lado del teléfono.

Su currículum contempla estudios en medicina legal, psicología jurídica y ciencias forenses, conocimientos que, asegura, siempre aplicó bajo una perspectiva de derechos humanos. Ante la pregunta corrige: ya no es médica forense. Sus tiempos trabajando dentro del Poder Judicial quedaron atrás después de su paso por la asesoría pericial de La Plata, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, y el Ministerio Público de la Nación. Hoy interviene cuando se lo piden fiscalías, organismos de derechos humanos, o particulares.

Creimer viene de una familia en donde la participación de las mujeres fue predominante. Una suerte de matriarcado compuesto en primera línea por su abuela, Matilde Kirilovsky de Creimer, una de las primeras abogadas mujeres de la Universidad Nacional de La Plata, pero también autora de ocho libros de poemas que firmó bajó el seudónimo de Matilde Alba Swann y que le valieron la postulación al Premio Nobel de Literatura en 1992. En segunda línea, su madre Diana Créimer, fue la primera mujer a cargo de la Subsecretaría del Patronato del Menor en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Y en tercera generación Virginia decidió hacerse cargo de lo que –entiende– le correspondía: “Creo que es algo que yo he mamado durante toda mi vida. Defender los derechos casi como una cuestión genética: no podes ser si no sos defensora de derechos humanos”.

En su experiencia trabajando en casos de violencia institucional logró identificar patrones de conductas que se repiten dentro de las distintas policías regionales. Un accionar sistematizado que cada fuerza va adoptando y repitiendo hacia dentro de sus filas. Según su análisis la bonaerense tiene tendencia a suicidar a las personas en las comisarías después de golpearlas, la neuquina a desaparecer los cuerpos, la chaqueña a golpear en espacios que se denominan campitos, y la rosarina a utilizar el rio Paraná como medida antiforense.

Bocacha Orellano, Franco Casco y Gerardo Pichón comparten ese pasado en común: cuerpos lavados de marcas que el Paraná devuelve a la orilla y la sospecha latente sobre el accionar policial.

Dos casos hermanos

Por la muerte de Bocacha Orellano hay cuatro personas imputadas, acusadas de homicidio simple con dolo eventual: dos patovicas y dos policías que cumplían horas adicionales en el lugar. La reconstrucción del hecho por parte de fiscalía da cuenta que el joven de 23 años fue retirado a la fuerza del boliche Ming River –aparentemente por querer ingresar al sector VIP sin el permiso correspondiente– y que una vez fuera del lugar, sobre el muelle 3, los patovicas habrían perseguido, acorralado y golpeado a la víctima produciendo su caída al río.

La autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de la ciudad no pudo determinar la causa de la muerte de Carlos y la directora de la institución, Alicia Cadierno, declaró que la revisión no arrojó elementos que permitan afirmar que Bocacha murió por golpes, como sostuvo la familia desde el primer momento. Esa declaración contrastó con la de Creimer, quien advirtió lesiones en el cuerpo, focalizando unas que aparecían “alrededor del cuello y en la zona de omóplatos y hombros”, que podrían responder a una llave de arte marcial conocida como “mata león” y que  suele ser utilizada por personal de seguridad.

Estudios complementarios a la autopsia, realizados por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indicaron que Carlos presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y lesiones que podrían responder a un ahorcamiento. Los abogados de la familia de Bocacha hoy están a la espera de informes que pueden aportar claridad a la causa y se espera que en breve el caso pueda ser elevado a juicio. La investigación sigue sin poder responder una pregunta clave: ¿cómo y en qué condiciones cayó Bocacha al agua?

La historia de Orellano mantiene similitudes con un caso que le precede: el de Gerardo “Pichón” Escobar. El 13 de agosto de 2015 el joven de 23 años fue a bailar con amigos al bar La Tienda, en pleno centro rosarino, y nunca más volvió. Estuvo desaparecido durante siete días hasta que un grupo de pescadores rescató su cuerpo sin vida del río. Por declaraciones de los testigos se sabe que dentro del boliche hubo algún incidente con patovicas y policías que prestaban servicio adicional, y que las golpizas continuaron fuera del lugar.

La golpiza está probada por las cámaras de seguridad de la zona donde se ve a uno de los patovicas golpeando al joven desvanecido en el suelo. Un pisotón en la mano, golpes de puño, un rodillazo, hasta que el cuerpo es arrastrado fuera del alcance de la cámara. En la autopsia se observó que el cuerpo tenía golpes tanto en la zona abdominal como genital, y no se encontró agua en los pulmones, es decir que estaba sin vida al momento de tomar contacto con el agua.

Por el hecho hubo cinco imputados: tres personas del staff de seguridad del local y dos policías que hacían adicionales. Por pedido de las querellas en febrero de 2016 la causa pasó al fuero federal para ser investigada como “desaparición forzada de persona”, pero en solo 8 meses el juez Marcelo Bailaque sobreseyó a los cinco imputados, desligándolos del caso. La Cámara terminó revocando la medida y dictando la falta de mérito. A pocos días de cumplirse 7 años la familia sigue reclamando justicia.

Franco Casco

El jueves 12 de mayo Creimer declaró en el marco del juicio por la desaparición y muerte de Franco Casco, donde hay 19 policías acusados como autores o encubridores. El hecho ocurrió en octubre de 2014, cuando el joven de 20 años se dirigía hacia la estación Rosario Norte para tomarse un tren que lo llevaría de regreso a Florencio Varela, tras unos días de visita a sus familiares de Rosario. Pero nunca llegó a subirse y nada se supo de él por veinticuatro días, momento en que su cuerpo apareció flotando sin vida en un alto grado de descomposición. Se saben dos cosas: la existencia del llamado de un vecino alertando por “movimientos sospechosos” en esa zona y que fue visto por última vez  en la comisaría séptima de Rosario, a pocas cuadras de la estación.

Dos teorías encontradas versan sobre lo que pasó. La hipótesis de fiscalía –en sintonía con familiares de la víctima y querellas que acompañan– es que Franco fue detenido el 6 de octubre por la noche y trasladado a la dependencia policial, donde fue golpeado y torturado en un cuarto conocido como “la jaulita”. Y que su aparición en el río tuvo que ver con un intento de desaparecer el cuerpo una vez fallecido el joven. Algunos de los presos que estaban detenidos en ese momento en la seccional avalan esta teoría, mientras que otros dicen no recordar el paso del joven por el lugar. Otras, también, denunciaron amenazas de las fuerzas policiales.

En cambio, la defensa sostiene que Casco fue detenido el día 7 de octubre a partir de la denuncia realizada por el vecino y que después de una averiguación de antecedentes y actuaciones de rutina fue liberado de la comisaría, sin saber qué ocurrió después ni cómo Franco terminó en el río Paraná. A principios de este año se conoció el video de una persona deambulando durante la madrugada del 8 de octubre, en inmediaciones de la cancha de Rosario Central. Los acusados sostienen que la persona del video es Franco y que esas imágenes probarían que el joven salió de la comisaría con vida. Por su parte, desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional salieron a aclarar que el video forma parte de las pruebas desde el comienzo de la causa y denunciaron “una estrategia agresiva que falta a la verdad”. Los padres de la víctima dijeron no reconocer al joven en el video.

En ese contexto Creimer declaró durante unas seis horas ante los jueces Omar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez. Según su testimonio la muerte de Franco Casco fue una muerte violenta por asfixia, una asfixia seca que no es por sumersión en el río, y que por ello es altamente probable que el joven haya sido arrojado sin vida a las aguas marrones del Paraná.

En su exposición la doctora explicó que llega a esa conclusión a partir de los elementos anatomopatológicos encontrados en el cuerpo y de lesiones en carácter de tortura como fracturas en el maxilar superior que aflojan los dientes y hacen que se pierdan después de la muerte. Pero que se trata de fracturas vitales, realizadas en vida. Algo que Creimer, además, relaciona con el testimonio de las personas detenidas en ese momento en la seccional policial.

La perito participó en lo que fue la reconstrucción del hallazgo del cuerpo, el allanamiento en la comisaría donde se intentó determinar qué pudieron haber visto y escuchado los internos, y en la reautopsia del año 2015. Desde el lado de los acusados le critican a Creimer haber variado su postura respecto las consideraciones sobre si Franco estaba vivo o muerto al momento de caer al agua. En declaraciones radiales, la médica reconoció que si bien su primera conclusión estaba más cercana a la posibilidad de que Casco haya sido arrojado con vida al río, los estudios posteriores sirvieron para “fundamentar con rigor científico” que la muerte del joven no se produjo por una asfixia por sumersión. “Sí se produjo por una asfixia, pero ya se encontraba muerto al momento de ser fondeado”.

Y ahí se abre otro punto de controversia: la aparición de sogas en dos extremidades del cuerpo de Franco, que para Creimer son la prueba de que el cuerpo fue “fondeado”, es decir, atado a algún peso para que permanezca sumergido en el agua. Para la especialista la hipótesis no tiene lugar a discusión: “Las sogas provocaron un hundimiento de los planos musculares y el tejido celular subcutáneo que lo que nos están refiriendo es que ese cuerpo estuvo sujeto a un peso, es decir que estuvo fondeado durante un tiempo. Esas cuerdas luego fueron cortadas y es cuando el cuerpo se eleva y llega a superficie, donde se lo identifica y se lo levanta por parte de Prefectura”.

Desde la defensa sostienen que las sogas no son más que las utilizadas para sacar al cuerpo del agua una vez que salió a flote.

Creimer también se mostró crítica del accionar del Instituto Médico Legal, donde –según su mirada– las autopsias realizadas en este tipo de caso suelen arrojar resultados “incongruentes con los mecanismos de violencia que tienen los cuerpos”. Pero cuando se realizan las reautopsias las marcas de violencia aparecen aunque con una dificultad a cuestas propia del proceso descomposición natural del cuerpo. Por eso destacó la importancia de aplicar protocolos como el de Minnesota, de muertes en custodia, que permite observar lesiones que a simple no se ven, como las que quedan en planos musculares u óseos.

“Todas las personas que pasan por espacios policiales aparecen en los diagnósticos de muerte fallecidas por paros cardiorespiratorios sin tenerse en cuenta la gran cantidad de traumatismos y lesiones, que presenta el cuerpo. En realidad todos nos morimos de un paro porque es el final del proceso que implica la muerte, el tema es dónde se origina ese proceso. Y en estos casos se inicia en distintos métodos de violencia aplicados en forma reiterada por las fuerzas de seguridad”, cuestionó.

Gajes del oficio

A diferencia de otros juicios sobre violencia institucional, los organismos de derechos humanos no fueron los únicos que se acercaron en las puertas de los Tribunales Federales de calle Oroño para hacer “el aguante” desde afuera. También los familiares y amigos de los policías sentados en el banquillo de los acusados se hicieron presentes en el lugar. Y si bien durante las primeras audiencias había una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad por miedo a que se genere algún tipo de disturbio, hasta el momento ambas partes convivieron en cada audiencia del juicio sin inconvenientes.

Adentro de la sala la cosa cambia un poco. Para Creimer la defensa no cumple con las Guías de Santiago sobre la protección de víctimas y testigos que prestan declaración testimonial. Lo definió como “Gaslighting”, una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro, en este caso, con el objetivo de tratar de confundir a quien está declarando. “Se trata de agredir con preguntas confusas de manera tal que la persona que está declarando se enrede en sus propios pensamientos y en la pregunta mal dirigida, mal pronunciada, para que conteste una cosa que no es con el objetivo de dar de baja la declaración”, explica.

Dice que no es la primera vez que le pasa y que suele ser una de las estrategias utilizadas por las defensas en distintos juicios. Pero que en otros casos ha sufrido agresiones que van desde llamar por teléfono en horas de la madrugada, pasando por destrozos en su auto estacionado frente a la casa y hasta el descuartizamiento de una mascota. “La nueva metodología es la de denunciar penalmente a los profesionales para tratar de inhibirles y que no actúen mas en este tipo de causas”, reflexiona.

Algo de eso le ocurrió en 2015 cuando le tocó intervenir para determinar si Miguel Etchecolatz estaba en condiciones físicas de acceder a una prisión domiciliaria. El represor argumentaba su pedido a partir de una afección en su próstata que podría tratarse de un tumor. Pero cuando la médica intentó  revisarlo, convocada por la fiscalía para que aporte su opinión al respecto, fue acusada de maltratos contra el paciente.

Para Creimer la denuncia nunca apuntó contra ella, sino que era un tiro por elevación para quienes trabajan en derechos humanos, una suerte de aleccionamiento, de invitación a no involucrarse: “Yo se lo dije a la Procuración General de la Nación que esto no era solo para amedrentarme sino para que todo el mundo supiera que aquellos perites que se comprometieran con los derechos humanos y que informaran la verdad  iban a tener estas consecuencias, que se les denunciara penalmente”.

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