Rosario fue protagonista de una nueva Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil donde una caravana nutrida principalmente por la militancia de base apuntó contra los tres poderes del Estado por las prácticas abusivas y represivas de las fuerzas de seguridad. El reclamo de Justicia por parte de los familiares y la exigencia de políticas públicas de seguridad democráticas en una ciudad marcada por la violencia. Historias de retratos que se volvieron remera. 

Todavía no son las cuatro de la tarde y el sol pareciera apuntar con toda su fuerza sobre la plaza que está frente a los tribunales provinciales de Rosario. Cada árbol es un refugio y la gente que se acerca se los va apropiando de a uno. Sobre calle Oroño algunas organizaciones comienzan a desplegar las banderas que utilizarán para marchar. Más allá, sobre Pellegrini, dos pibes sentados en el suelo comparten un mate con sus bicicletas apoyadas en el piso; más acá, sobre Montevideo una chica abre una lata de cerveza. Por ahora el reclamo parece ajeno a lo que pasa en tribunales y los autos que circulan; todavía no se cortó la calle. Y por eso hacia allí camina María Elena, como una suerte de guía para que los familiares y amigos de las víctimas que vayan llegando tengan un punto de referencia para empezar a acomodarse. Un punto de partida.

 Mi nombre es María Elena Herrera, soy mamá de Jonatan Herrera asesinado en el año 2015 a manos de la Policía de Acción Táctica y el Comando Radioeléctrico mientras lavaba su auto.

Es viernes 26 de agosto y en distintos puntos del país se realiza la octava Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. En Rosario la actividad se replica por sexto año consecutivo y es convocada por la Multisectorial contra la Violencia Institucional, un conjunto de organizaciones que decidieron unirse formalmente en 2016 para dar una lucha colectiva a esa problemática. En un rato una caravana de cinco cuadras partirá hacia la plaza San Martín: la conformará la militancia de base, la gente de los barrios, la que sufre la violencia del Estado en su vida cotidiana. Caminarán por Oroño, con una parada momentánea en los Tribunales Federales de Rosario, donde transcurren algunos de los juicios de violencia institucional más resonantes de la ciudad. La marcha se desarrollará con cantos, con el recitado de los nombres de los pibes que faltan, y con el pedido recurrente por justicia. Todos llevan una remera sublimada con el retrato de su ausencia. 

Pero ahora, en la previa, María Elena recuerda lo que pasó con su hijo, aunque es un recuerdo fresco en la memoria de la ciudad. Fue los primeros días de enero de 2015, cuando Jonatan, de 23 años, lavaba el auto frente a su casa. A pocas cuadras la policía iniciaba una persecución contra un joven que había asaltado una juguetería. Agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) que vieron la secuencia desde arriba de un colectivo abrieron fuego sin dar aviso y Jonatan quedó en medio de la balacera. Fueron 52 disparos en total. El presunto ladrón ya estaba reducido.

El hecho cambió la vida de María Elena y toda su familia. Cuenta que lo siente en el día a día y que es algo que para una madre no se olvida más. “Es una vida que transcurre amargada, ¿entendés?”, dice con una voz que se empieza a entrecortar. También recuerda que en estos años la familia sufrió amenazas, aprietes y hasta agresiones, algo que vinculan con no haber aceptado un juicio abreviado contra los policías: Pasamos un montón de cosas como si nosotros hubiésemos sido los asesinos de nuestro propio hijo”.

Pero a pesar de lo vivido María Elena mantiene el optimismo. Reconoce que en el camino aprendieron mucho, desde conceptos que se utilizan en la instancia de juicio hasta las “artimañas” legales puestas en funcionamiento para evitar condenas. “Hoy en día se ve más fuerte la lucha en las calles. Veo gente que cuando le está pasando algo sale a reclamar, y nosotros antes nos encerrábamos en nuestras casas a llorar. Por eso estamos acá, para seguir con el pedido de justicia y para que se esclarezcan los casos de todos los pibes”, señaló.

Soy Jésica Florentín, tengo 34 años y vivo en Tío Rolo. Estoy acompañando desde 2015, cuando lo mataron a mi sobrino. Lo mató un prefecto, Ariel Condori. Le pegó tres tiros desde adentro de un auto. Él lo había llamado a Maxi que se acercó para ver qué quería este muchacho, y cuando Maxi se dio media vuelta lo vuelve a llamar y le da tres disparos.

El caso de Maximiliano Zamudio todavía resuena en los pasillos de barrio Tablada. En agosto de 2020 la Justicia dio por cierta la versión de Condori quien declaró que estaba en su auto esperando a una amiga sobre un pasillo de la calle Patricias Argentinas al 4300 cuando un joven, con la excusa de preguntarle la hora, le pidió que le entregue la billetera y el celular mientras lo apuntaba con un rifle. Y que entonces le disparó dos veces con una pistola calibre 40 para intentar defenderse del robo

Desde Fiscalía plantearon otra secuencia de los hechos que es la que sostiene la familia: que el prefecto lo llamó a Maxi quien se acercó a conversar y que cuando el joven se alejó del auto le efectuó un disparo que le dio bajo un brazo. Ya con el chico herido en el piso, el agente habría bajado del auto para gatillarle nuevamente. Para el tribunal conformado por los jueces Héctor Núñez Cartelle, Paula Alvarez y Valeria Pedrana esa versión de los hechos no quedó corroborada y por eso absolvieron al prefecto entendiendo que actuó en legítima defensa. La familia de Zamudio y las querellas aseguran que el joven se encontraba desarmado al momento de su muerte. Maxi tenía 16 años.

Me archivaron la causa en tres oportunidades. Cuando la pudimos sacar adelante y llegamos a juicio lo absolvieron al prefecto. Pero la lucha de nosotros va a seguir hasta que se haga justicia.

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Este año la consigna de la marcha en Rosario fue “Donde hubo fuego, luchas quedan”, en una clara alusión a los reiterados incendios en la zona del Delta del Paraná que afectan a toda la región. Marilé Di Filippo, integrante de la Multisectorial contra la Violencia Institucional explicó que la idea de la marcha también es mostrar la hermandad con otras disputas que tienen lugar en Rosario: “Estamos muy preocupados por el ecocidio reciente que en realidad tiene una larga historia mostrando una cara ya muy obscena y nefasta en la ciudad”.

Pero también preocupa el panorama de violencia generalizado que en agosto se cobró 31 asesinatos en 31 días, con un acumulado de 194 homicidios en lo que va del año y de seguir a este ritmo el 2022 se perfila a convertirse en uno de los años más sangrientos del último tiempo. En el medio, los cambios en el Ministerio de Seguridad provincial con la salida de Jorge Lagna y la asunción del comisario retirado Rubén Rimoldi encendieron las alarmas dentro de la organización, que no ve con buenos ojos que la conducción política de la seguridad provincial quede en manos de un ex policía.

“Para nosotros es muy necesario construir políticas públicas democráticas en materia de seguridad, no creemos que la salida sea punitivista ni que el problema se resuelva mirándolo siempre de la misma manera. Creemos que hay que apostar a políticas de seguridad participativas con sociedad civil y sobre todo con las comunidades que más sufren esta problemáticas. No vamos a avanzar con medidas que tengan que ver con implementar las mismas soluciones a un problema que cada vez se agudiza más”, evaluó la doctora en Ciencias Sociales.

En la agenda de la Multisectorial aparecen dos casos que reclaman especial atención en estos días. Uno es el de Franco Casco, donde se están desarrollando una serie de audiencias correspondientes al juicio oral y público. El otro es el de Carlos “Bocacha» Orellano, que tuvo las audiencias preliminares y se encamina al juicio. “Para nosotros también es muy importante, en este momento en particular, concientizar de esta problemáticas tan extendida en nuestra ciudad”, destacó Di Filippo.

Mi vida cambió un cien por cien. Antes no tenía motivos para estar presente acá. Pero después de lo que le pasó a mi hijo veo y entiendo lo que es el sufrimiento de cada uno de los familiares que han pasado por algo como esto.

Ramón Casco habla bajito. Ni los bombos, ni los redoblantes, ni las trompetas que empiezan a sonar a pocos metros lo sacan de su tranquilidad a la hora de declarar. Minutos antes hicieron su estruendosa aparición el sindicato de cadetes que llegó tocando bocina en una caravana de motos por calle Pellegrini, sumándose a muchas otras organizaciones que acompañan el reclamo: Amsafe, la Corriente Clasista y Combativa, organizaciones políticas, los trabajadores de la Economía Popular, organizaciones del colectivo LGBTIQ+ entre otros.

A principios de octubre de 2014 Franco Casco se dirigía hacia la estación Rosario Norte para tomarse un tren que lo llevaría de regreso a Florencio Varela donde vivía, luego de visitar unos familiares en la ciudad. Pero nunca se subió al tren y nada se supo de él por veinticuatro días, cuando su cuerpo apareció flotando sin vida en el río Paraná. Fue visto con vida por última vez en la comisaría séptima de Rosario, a pocas cuadras de la estación. Por el hecho hay 19 policías acusados como autores o encubridores y dos teorías sobre lo ocurrido. Una es la de Fiscalía donde se sostiene que Franco fue detenido, golpeado y torturado en la dependencia policial y que su aparición en el río tuvo que ver con un intento de desaparecer el cuerpo una vez fallecido el joven. La otra es la que plantea la defensa, donde se habla de una detención que siguió los procedimientos normales: el aviso de un vecino denunciando “movimientos sospechosos”, la averiguación de antecedentes por parte de la policía y la posterior liberación de joven sin saber qué ocurrió después ni cómo Franco terminó en el río.

“Estamos presentes en esta nueva marcha para pedir que nunca más pase esto de matar a un pibe, a un chico o cualquier persona que esta detenida. Yo nunca he participado de una marcha así, pero desde que le pasó esto a mi hijo digo presente”, relata Ramón. Lleva una camisa a cuadros y por encima una remera blanca con la imagen estampada de Franco posando su mano derecha sobre el mentón. “Tenemos buenas expectativas, a través de los abogados, de lo que pueda pasar en el juicio contra todos lo que le han hecho esto a mi hijo. Yo creo que se va a hacer justicia”.

Algunos metros más atrás, Edgardo Orellano posa para la cámara con una remera que pide “Justicia por Carlitos” y que lo muestra con una remera de Rosario Central y una sonrisa grande que le valió el apodo de «Bocacha». Del joven se sabe que salió a bailar con amigos una madrugada del fin de semana largo de carnaval del 2020 y que nuca llegó al almuerzo familiar del día siguiente. Y que dos días después, el miércoles de cenizas, su cuerpo apareció sin vida en las aguas marrones del Paraná. La reconstrucción del hecho por parte de Fiscalía da cuenta que el chico de 23 años fue retirado a la fuerza del boliche Ming River, en la zona de la Fluvial, y que una vez fuera del lugar los patovicas lo habrían perseguido, acorralado y golpeado produciendo su caída al río.

Mi vida era normal, estudiábamos, trabajábamos. Una familia normal de trabajadores y estudiantes. Y desde que mataron a mi hijo nos dedicamos a luchar y vamos a luchar hasta que muramos.

Por el caso hay cuatro personas imputadas, acusadas de homicidio simple con dolo eventual: dos patovicas y dos policías que cumplían horas adicionales en el lugar. En la audiencia preliminar que tuvo lugar a fines de julio de este año se estableció que los detenidos continúen con prisión preventiva. «Es una buena noticia que nos costó mucho: movidas, marchas y hacernos notar; estar con toda la pibada. El pueblo nos apoyó en todo momento», remarcó Edgardo.

A los casos de Franco Casco y Bocacha Orellano se les emparenta el de Alejandro «Kiki» Ponce en un punto: el río Paraná como escenario de aparición de los cuerpos.

Soy Mirta Ponce, mamá de Alejandro Ponce, que me lo mataron en 2015. A mí me cerraron dos veces el caso, no hay ningún preso, nada. Me lo archivaron y la justicia no hizo nada. Desde que mataron a mi hijo no tuve respuestas ni nada. Como si fuera que los policías mataron a un perro y lo dejaron ahí.

Lo que pasó con Alejandro se sabe a partir de las declaraciones de su hermano Luis, testigo del hecho. Los hermanos se encontraban pescando en el río a la altura de los Silos Davis cuando un grupo de policías comenzó a perseguirlos acusándolos de un presunto robo. Los jóvenes se arrojaron al agua y si bien Luis logró volver hacia la orilla, Alejandro no sabía nadar. Luego Luis declaró ante la Justicia que desde la orilla los policías les arrojaban piedras, una de las cuales le impactó en la cabeza por lo que tuvieron que hacerle cinco puntos de sutura. El cuerpo de Alejandro apareció sin vida en el agua algunos días después.

Para nosotros cambió todo: no salía, no iba a ningún lado, me encerré en mi casa. Y justo, María Helena, la madre de los Herrera, fue a rescatarme, porque no estaría acá tampoco. Y desde entonces me vine a todas las marchas.

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El último registro de la Coordinadora de Represión Policial e Institucional (CORREPI) da cuenta que durante el 2021 se registraron 417 casos de violencia institucional, ampliando la cifra del archivo a 8.172 muertes en manos del aparato represivo del Estado desde 1983. El informe da cuenta que en los primeros dos años de gestión de Alberto Fernández se registraron 981 muertes a manos de las distintas fuerzas de seguridad, de las cuales 209 (21,30%) fueron catalogadas casos de gatillo fácil. Hasta fines de 2021 el gobierno actual registra una muerte cada 17 horas, mientras que la gestión de Mauricio Macri tuvo una muerte cada 18 horas.

La movilización tiene una fuerte impronta en Rosario por una serie de casos testigos y por la lucha organizada que se logró a partir del nucleamiento de distintas organizaciones dentro de la Multisectorial. Por eso también estuvieron presentes en la movilización familiares de víctimas de otros puntos del país. Es el caso de Alejandra López que viajó desde Paraná para exigir justicia por su hijo, Gabriel Gusmán, asesinado el 25 de septiembre de 2018 por la policía de Entre Ríos.

Alejandra lleva la foto de su hijo no solo sublimada en la remera, sino también en un colgante donde se lo ve con una gorra negra dada vuelta, y un paisaje arbolado de fondo. La versión policial del hecho dice que el sargento Diego Íbalo y el agente Oscar Molina se defendieron de un ataque por parte de Gusmán al intervenir en un conflicto entre bandas. La familia, avalada por testimonios de los vecinos, dice que el joven fue fusilado por la espalda cuando acató la voz de alto. Las pericias dan cuenta que la bala ingresó por la nuca y salió por la frente, y que el patrullero de los policías no tuvo ningún impacto de bala. Desde entonces la madre busca desmentir la hipótesis del enfrentamiento y sostiene que se trató de un caso de gatillo fácil. Hace poco tuvo noticias: los policías serán indagados después de años de estancamiento judicial.

 La verdad que para nosotros fue muy doloroso perder a Gabriel, con 20 años. Todavía no lo pudimos superar, jamás se va a superar. Pero se ha vivido mucho tiempo con bronca, con rabia porque la justicia nunca actuó como tenía que actuar. Los policías nunca se llamaron a declarar, solamente ahora que tomó la causa la Cámara de Casación y tenemos la esperanza de que lleguemos al juicio oral.

También estuvo presente Fernando Vergara, que si bien vive en Rosario, se acercó a la Multisectorial a partir del asesinato de su sobrino, Brandon Romero, un chico de 18 años que vivía en Mar del Plata. El hecho ocurrió en julio de 2020 cuando el policía Arcángel Bogado disparó contra el joven que recibió siete impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, que le provocaron la muerte en el acto. El oficial declaró haber actuado en “legítima defensa” ante un presunto hecho de robo, cosa que desde el entorno familiar de Romero desmienten. En mayo del año que viene, Bogado se sentará en el banquillo de los acusados para afrontar un juicio por jurados.

Nos modificó a todos totalmente. Es algo que nunca pensamos que pasaría, que siempre lo vemos ajeno. Y modifica en todo sentido porque el dolor que llevamos la familia es como si nos hubiese matado en vida. Y más cuando te fusilan a un chico y el que te tiene que proteger es el que te lo fusila.

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Ya en la plaza las organizaciones se acomodaron en una suerte de semicírculo alrededor de un escenario que daba la espalda a calle Dorrego. Julieta Riquelme, hermana de Jonatan Herrera, fue una de las oradoras del acto, acompañada por Fernando Vergara en el escenario. En el documento oficial se dejó constancia que la violencia institucional “es una de las deudas más importantes de la democracia” exigiendo al Estado que deje de “hostigar, requisar, humillar, golpear, manosear, maltratar, torturar en cárceles y comisarías”, así como también de “ejecutar y desaparecer personas”.

Y también se apuntó contra los tres poderes del Estado: al Ejecutivo como responsable de las prácticas abusivas de las fuerzas de seguridad y por no contar con las políticas adecuadas para la detección, prevención y sanción de este tipo de hechos. Al Legislativo como responsable de la sanción de leyes que permiten el avance de la “mano dura” contra diversos sectores de la población. Y al Judicial por la inadecuada e insuficiente respuesta de jueces y fiscales. “La fiscalía, en casi todos los casos, avala el relato policial y permite que la propia policía realice las primeras actuaciones. Focaliza sus esfuerzos en investigar a las víctimas y sus familias, en vez de investigar a les victimaries”, cuestiona el documento.

De a poco la jornada va terminando. En un rato habrá música de DJ y una veintena de feriantes rodean la plaza ofreciendo sus productos: pins, libros, ropa, calcomanías, galletitas, pizzas. El sol que temprano abrazaba a las organizaciones dispersas en una plaza, de a poco se termina de esconder por detrás de la Facultad de Derecho. En el centro, la estatua ecuestre del General San Martín sobresale con su brazo en alto. 

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