En la provincia de Santa Fe, y a pesar de contar con una ley nacional que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, hay una mujer que se encuentra presa por abortar. Criminalización, revictimización y punitivismo fueron algunos de los términos con los que, desde diferentes organizaciones, se cuestionó y manifestó preocupación por el accionar de les operadores judiciales que impulsaron y avalaron la acusación -de haber ingerido pastillas para terminar con un embarazo avanzado, según la imputación-. ¿Qué estereotipos se evidencian? ¿Cuál es el rol del Estado?
Foto principal: Juliana Faggi
“En noviembre de 2022, hay una nueva mujer presa por abortar”. La situación puso en alerta a organizaciones como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Rosario y La Colectiva de Abogadas Translesbofeministas, luego de que el Servicio Público de la Defensa Penal advirtiera que una mujer de 36 años, en estado de desamparo y vulnerabilidad económica y social, quedó presa tras ser imputada por una fiscal, en Cañada de Gómez. Criminalización, revictimización y punitivismo fueron algunos de los términos con los que, desde diferentes espacios, se cuestionó y manifestó preocupación por el accionar de les operadores judiciales que impulsaron y avalaron la acusación -de haber ingerido pastillas para terminar con un embarazo avanzado, según la imputación-. El reclamo apunta a que se dé un abordaje con perspectiva de género y de manera interseccional. A días de un nuevo 25N, Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el caso vuelve a poner el foco en la demanda de una justicia feminista y reabre los debates sobre punitivismo, con críticas por una postura acusatoria “clasista, machista y patriarcal”. ¿Cuáles son los análisis posibles? ¿Qué estereotipos se evidencian? ¿Cuál es el rol del Estado?
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Los primeros días de noviembre se conoció que la fiscal cañadense Gabriela Lescano decidió, “de manera apresurada e insólita” -denunciaron desde la Defensoría Pública Provincial- imputar a una mujer y a su vecino por el delito de doble homicidio calificado en calidad de coautores. Fue tras el hallazgo de dos fetos en el patio de una vivienda de esa localidad. Por esos días, se difundieron datos “erróneos” y otros “innecesarios”, que para las organizaciones feministas resultaron revictimizantes y estereotipantes. La mujer atravesaba una situación de vulnerabilidad social y cursaba un embarazo gemelar por el que no hay registro de que haya tenido controles. Ya había manifestado su deseo de no tener más hijos. Quienes acompañan el caso aseguran que no tuvo acceso a un método anticonceptivo. Además, la defensa pública cuestionó que estando D. T. internada, en pleno puerperio y sin asistencia letrada, se le haya tomado declaración. Tras la acusación fiscal, el 2 de noviembre el juez Álvaro Campos hizo lugar al pedido de prisión preventiva por 45 días.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Rosario pidieron un abordaje responsable del caso en el que hay “una persona que es víctima a su vez de una situación de desamparo”. Lucrecia Aranda, integrante de la Campaña, indicó que acompañan la postura del Servicio Público de la Defensa Penal ante el “exceso de punitivismo y el apresuramiento de la carátula” escogida. En ese sentido, expresó: “Cabe preguntarse cómo el Estado sigue fracasando, porque tenía conocimiento de la situación de problemas de adicciones y vulnerabilidad en general de esta mujer, porque hubo alguna intervención por la cual sus cuatro hijos menores no conviven con ella. Y también surge preguntar sobre las políticas públicas frente al consumo problemático. Es como que la mirada del Estado sigue estando en la represión del delito, una batalla que se viene perdiendo”, aseguró. También recordó que la mujer “había expresado la voluntad de no tener más hijos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No se estableció un vínculo amigable con un ámbito de salud que pudiera proveer un método anticonceptivo como un DIU (dispositivo intrauterino)?”.
El análisis va más allá: “Hemos escuchado preguntar por qué no lo hizo antes (en relación a la práctica), y como Campaña queremos llamar a la reflexión de que el estigma de la criminalidad del aborto no desapareció con la aprobación de la ley (de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en diciembre de 2020), quizás en un núcleo sí, pero sigue pendiente la etapa en la que la Campaña viene insistiendo y es que hay que difundir la ley para que se sepa cómo proceder y a quién recurrir; pero también difundir el derecho, que esto es una práctica más de salud”, dijo Aranda, y recordó que el caso se dio además en una localidad pequeña. “El Estado debiera convencerse de que con la ley dimos un paso enorme, pero que empieza el proceso de difundir el derecho y facilitar los medios para el cumplimiento. Las campañas de información, lugares amigables y consejerías, un cartel, una publicidad. Los tres lemas de la campaña siguen vigentes”, dijo en cuanto a los ejes de “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Cabe preguntarse cómo el Estado sigue fracasando, porque tenía conocimiento de la situación de problemas de adicciones y vulnerabilidad en general de esta mujer, porque hubo alguna intervención por la cual sus cuatro hijos menores no conviven con ella. Y también surge preguntar sobre las políticas públicas frente al consumo problemático. Es como que la mirada del Estado sigue estando en la represión del delito, una batalla que se viene perdiendo
Al mismo tiempo, hizo hincapié en el “poder punitivo” con el que el Estado “aparece” ahora. “¿Esta persona tiene posibilidad de fugarse o de entorpecer la causa?”, preguntó ante la decisión que llevó a la prisión preventiva. “Lo mismo que para el vecino que está imputado como coautor. Después uno ve casos como el de algún financista, y no quedan dudas que en la prisión están los pobres y los vulnerables. Ahí se siente la desigualdad de trato y la Justicia debe tener una mirada sobre en quién descarga el máximo poder punitivo”.
No quedan dudas que en la prisión están los pobres y los vulnerables. Ahí se siente la desigualdad de trato y la Justicia debe tener una mirada sobre en quién descarga el máximo poder punitivo
Además, recordó que “todavía hay cuestiones que están en análisis: cómo fue la situación, que no se sabe si vivieron o no, porque no consta en la causa, entonces por qué se sale a decir que una mujer enterró a sus bebés, cuando no estaban enterrados, y cuando el Instituto Médico Legal habla de fetos. Es mucho más fácil construir una imagen perversa cuando hay una mujer vulnerable”, planteó. Como publicó la periodista Sonia Tessa en Rosario/12, días atrás, Aranda señaló que “en la autopsia preliminar no se estableció ninguna de las hipótesis que está manejando la fiscalía para haber cambiado la carátula de aborto ilegal a doble homicidio calificado por el vínculo”. Plantean que “la intención de esta mujer en todo momento entendió que se estaba practicando un aborto, en las condiciones que pudo”.
Desde La Colectiva no salen del asombro. “En 2022, una fiscal quiere pedirle prisión perpetua a una mujer por haber abortado”, reprocharon. Y actuaron: el viernes pasado presentaron ante el Ministerio Público de la Acusación una solicitud dirigida a la fiscal regional María Eugenia Iribarren, para que haya “medidas correctivas y sancionatorias” ante el accionar acusatorio, y capacitaciones efectivas en materia de género con un enfoque interseccional. “Este es un claro escenario de abuso de poder punitivo que pone en riesgo derechos conquistados por la historia de los movimientos sociales feministas”, aseguraron. Y preguntaron el “¿para qué?” de dejarla detenida. “No solo resulta absurdo sino, además, inconstitucional, arbitrario, en extremo punitivista y carente de sentido. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué no vuelva a embarazarse y a abortar? La postura que tomó la fiscalía es clasista y antiderechos”, señalaron.
Este es un claro escenario de abuso de poder punitivo que pone en riesgo derechos conquistados por la historia de los movimientos sociales feministas
La abogada Vanesa Vargas, que integra La Colectiva, agregó que se trata de una situación “absurda y cruel”, en la que “no hay delito”. Y habló de “violencia institucional”. Según el contexto que describe la acusación, la letrada entiende que “el hecho no se condice con el tipo penal y la fiscal refuerza esta violencia institucional que decidió ejercer con esta chica. Resulta llamativo porque incluso en la peor hipótesis de la fiscal, la de homicidio, que no tiene asidero jurídico, tampoco hay dolo. Atribuirle un homicidio es aberrante. La fiscal desconoce los debates en relación a la ley de aborto, y en relación a ILE (interrupción legal del embarazo) e IVE. Reconoce que (la mujer) no tuvo controles de embarazo, y eso claramente significa que no puede saber la gestante de cuántas semanas está”, subrayó.
Para la abogada, “hay un claro ensañamiento” con D. T. y entiende que la fiscal “la estereotipa, porque no cumple con lo que para ella una persona gestante debería cumplir. Para ella, debiera finalizar su embarazo, parir y maternar, incluso sin el deseo y decisión de hacerlo; y debería tener hijos con un mismo progenitor… Porque la fiscal salió a contar cuestiones de la vida privada de la mujer que nada tienen que ver con el caso. Cada dato que da, la violenta más”.
Atribuirle un homicidio es aberrante. La fiscal desconoce los debates en relación a la ley de aborto, y en relación a ILE (interrupción legal del embarazo) e IVE. Reconoce que (la mujer) no tuvo controles de embarazo, y eso claramente significa que no puede saber la gestante de cuántas semanas está
En el marco de la causa, además, “la criminaliza, la hace atravesar un proceso penal y pide que la priven de su libertad, cuando el único argumento es la pena en expectativa por el delito que ella misma escogió imputarle. Y el juez que avala esto. Un juez que fue fiscal de la unidad de género del MPA. Por eso, sostenemos que como dijo la presidenta de La Colectiva, Daiana Araya, el Estado le da la espalda a las personas y cuando llega es para criminalizarlas”. Y sumó: “Solicitamos es que se dé marcha atrás con la prisión preventiva. Es gravísimo que una mujer transite 45 días presa por haber abortado. Es un exceso absurdo, carece de sentido. Es un despliegue punitivista absurdo, machista y patriarcal”.
Al igual que Aranda, la abogada cuestionó que tener un hospital a dos o tres cuadras, en Cañada de Gómez -como arguyó la fiscal-, no es garantía para hablar de acceso a la salud.
En tanto, para la Defensoría pública, que ya presentó el recurso de apelación contra la prisión preventiva, resulta “irracional” el “modelo punitivista implementado por distintas agencias estatales que tiende a criminalizar y revictimizar -en casos como el presente- a las mujeres más vulnerables económica y socialmente, quienes por falta de acceso a la salud pública realizan prácticas inseguras y clandestinas. Cabe destacar por su ausencia, la falta de contención y acciones sociales que impliquen una alternativa a las meramente punitivas”.
