Las condiciones de detención de las mujeres presas en la Sub Unidad 2 del Complejo Penitenciario reflejan la enorme vulnerabilidad que existe en el encierro femenino y las múltiples violencias institucionales que pesan sobre ellas. El reclamo de las organizaciones es constante. Las redes que se tejen para visibilizar la demanda.
Las condiciones en las que viven 272 internas del penal de 27 de Febrero al 7800 dan cuenta de la vulnerabilidad que habita en el encierro carcelario. El hacinamiento y la superpoblación aparecen como base de una problemática que avanza con reclamos relacionados a otros derechos como la salud, la alimentación, la higiene, la capacitación y aquellos vinculados con la crianza de les hijes.
Entre las últimas demandas, sobre fines del año pasado, la Defensoría Penal provincial presentó un recurso de hábeas corpus para que se atiendan situaciones estructurales que llevan a un «agravamiento de las condiciones de detención». Este año se sumó la presentación de otro planteo por falta de agua que a fines de enero pasado provocó cuadros de gastroenteritis a 70 internas y cuatro niñes. Pese a las órdenes judiciales, las demandas continúan ya que en la unidad están «sin pediatra, sin agua, con escasos productos de limpieza, sin salidas laborales y mala alimentación», enumeran las voces del adentro. A eso se agrega el reciente pedido de que se garantice la llegada de visitas y talleristas a través de la única línea de colectivo que hay en la zona, y que para a 600 metros del penal.
¿Qué redes se tejen para visibilizar las demandas? ¿Cómo es el abordaje sobre el acompañamiento, la escucha y la contención? ¿Qué sostén requieren el pre egreso y la libertad?
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La Unidad 5 -ahora, Sub Unidad 2- está ubicada en el Complejo Penitenciario Rosario que fue inaugurado a mediados de 2018. Antes de ser trasladadas allí, las internas ocupaban una parte de la vieja casona de pasaje Ingeniero Thedy al 300 bis, que presentaba serios problemas edilicios.
En diciembre pasado, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) -cuya titular hasta mediados de abril, Jaquelina Balangione, alertó sobre las condiciones de las cárceles provinciales desde el inicio de su gestión-, contabilizó 237 internas alojadas en el penal que tiene una capacidad máxima declarada de 171 plazas, por lo que dio cuenta de una unidad «excedida». Hoy, son 272 y 11 niñes. El informe presentado el mes pasado por el SPPDP agrega que en 2018 eran 158.
El 90 por ciento de las mujeres que están detenidas son pobres, vulneradas de derechos desde la cuna, donde no tuvieron acceso a educación formal, vivienda, agua corriente, en las márgenes de la ciudad. Y hoy están en un lugar ubicado fuera del ejido urbano de Rosario, sin agua, sin gas, con una conexión eléctrica que siempre está interrumpida, sin líneas de colectivo… Es casi una paradoja
Graciela Rojas, de Mujeres Tras las Rejas -la ONG que trabaja desde 2006 en el acompañamiento a las internas-, tiene años de conocimiento y presencia en el encierro carcelario de la U5. «Nos convocó -tanto a ella como a Raquel Miño, cuando hacían la Maestría de Género de la Universidad Nacional de Rosario- el objetivo de sacar la voz de las detenidas, hacerlas visibles, sensibilizar a la sociedad sobre lo cruento que es el encarcelamiento femenino. Eso fue hace casi 18 años atrás, y poco ha variado. El 90 por ciento de las mujeres que están detenidas son pobres, vulneradas de derechos desde la cuna, donde no tuvieron acceso a educación formal, vivienda, agua corriente, en las márgenes de la ciudad. Y hoy están en un lugar ubicado fuera del ejido urbano de Rosario, sin agua, sin gas, con una conexión eléctrica que siempre está interrumpida, sin líneas de colectivo… Es casi una paradoja», describe en diálogo con enREDando.
Carmen Albarenque, que también forma parte de la ONG, detalla, entre otras problemáticas, que «la situación del agua es la misma que vienen padeciendo desde el 5 de diciembre del año pasado. Les tienen que dar cuatro bidones, pero eso muchas veces no se cumple y llevan dos. Esto sigue siendo un tema prioritario, pero también la comida, lejos de ser sana -aseguran que es ‘incomible’-. Tampoco tienen leche de lactancia», puntualiza. A esto se agrega «la problemática de las últimas balaceras contra el Complejo Penitenciario lo que genera que hace un mes las pediatras no estén yendo al pabellón de madres, donde hay embarazadas y bebés sin atención médica. Tampoco hay traslados al médico».
A la hora de dormir, la situación no es mejor. «Hay muchas que duermen en el piso. Los colchones que les dan son finitos, el suelo es frío, tienen problemas de columna. Eso es por la superpoblación, pero también falta de humanidad», plantea Carmen sobre algunos de los puntos que judicialmente se ordenó regularizar, tras el habeas corpus del año pasado.
Y da cuenta de último reclamo: que la línea 121 deja a compañeras que dictan talleres y a las visitas a seis cuadras del penal, por lo que presentaron un petitorio a las autoridades para que se analice esa situación. «Necesitamos que el transporte llegue hasta la puerta del penal. Hay familiares -normalmente son mujeres que «suman esa tarea a otras tareas de cuidado que ya tienen»- que llegan con paquetes, con alimentos que tiene que sostener la familia». A modo de reflexión sostiene que la cárcel no fue pensada con una visión de género.
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Rojas habla de los desafíos y de la sororidad en el acompañamiento. «Cuando salen se encuentran con una realidad devastadora. Cuando caen presas -en algunos casos- sus niñes quedan a cargo de otras mujeres y se dispersan. Todo aquello que tenían desaparece y el estado no provee nada. Cierra la reja detrás de sus espaldas y se terminó». En ese sentido, sostiene: «Para nosotras fue un gran desafío esa parte de la sororidad. Había que tener recursos y pensar cómo la institución penitenciaria tiene algunos recursos para varones y no para mujeres. El espacio de pre egreso que está legislado para espacios de trabajo, capacitación, no estuvo vehiculizado nunca para mujeres en la provincia. Y ahí aparece la Casa Cristina Vázquez que surge -en 2021- de la unión entre Mujeres Tras las Rejas y la Asociación Pensamiento Penal, que permite canalizar, conducir, capacitar, entrenar para la vida en el afuera a las internas que se encuentran en etapa de pre egreso, con contención».
Allí se brindan cursos y diferentes actividades como red de sostén para cuando las internas salen en libertad, muchas de ellas con estigmas sobre sus roles. También presentaron el Protocolo de las Infancias en el encierro carcelario femenino -para legislar las condiciones de crianza de menores de hasta 4 años que viven en la cárcel con sus madres-, que ya tiene media sanción y se espera la aprobación en el Senado. Además, Graciela recuerda que en todos estos años editaron mucho material en relación a producciones propias de Mujeres Tras las Rejas, con los libros Nadie las visita e Historias presas, mientras que está en edición el próximo libro Confinadas.
Mujeres tras las Rejas desarrolla en la U5 talleres de huerta, producción literaria, radio y fútbol. En tanto, en la casa Cristina Vázquez, ofrecen huerta urbana, reparación de bicicletas, cerámica, yoga y albañilería.
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Bernardette Blua, de la Asociación Pensamiento Penal, plantea que muchas de las internas tienen «otras responsabilidades que recaen sobre ellas, porque no hay nadie más que las tome. Suelen ser madres de familia que tienen que hacerse cargo de sus hijes. Muchas veces salen y se encuentran en una situación de la que es muy difícil sostenerse». Justamente, la idea de la casa Cristina Vázquez es «visibilizar a las mujeres que atraviesan las cárceles para que no sean olvidadas». El acompañamiento, entonces, se realiza «con el acento puesto en la singularidad de cada una de ellas y en no reproducir estereotipos de género».
La abogada plantea que «se hicieron cosas muy importantes y se van sumando talleres. Ahora estamos trabajando en un proyecto de acompañamiento a las prisiones domiciliarias», que suelen ser otorgadas a mujeres embarazadas o con hijes a cargo. Es decir, se trata de personas que no pasan a vivir solas en sus hogares, sino con todo un grupo familiar del que ocuparse. Esa situación, muchas veces coloca a las detenidas -embarazadas o con hijes- en una «situación de mayor dependencia y, por lo tanto, de vulnerabilidad» a la hora del cumplimiento.
El acompañamiento -que apunta a facilitar el acceso a derechos de mujeres y diversidades en prisión domiciliaria, para que logren su autonomía- se empezó a hacer «de manera artesanal, preocupadas por el tema de la figura del acompañante y actualmente, en el marco de un convenio con la dirección del Nueva Oportunidad -anclada en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat municipal-, se hacen visitas en dupla a la mujer que está en domiciliaria, con algunx referente barrial. Con esto se hace mucho hincapié en lo social para ir acompañando a un grupo invisibilizado, que tienen un montón de demandas». Se creó la figura de «le acompañante» de mujeres con prisión domiciliaria. «Nos reunimos con parte del equipo del Programa Andrés con el fin de conocer sobre las formaciones de acompañante terapéutico y la posibilidad de adaptarla a nuestra idea», señalan desde Pensamiento Penal en un informe sobre el abordaje.
Desde allí, «se aspira a que haya un registro afectivo y no burocratizado, escucha atenta y comprensiva», que tenga en cuenta las circunstancias de esas «mujeres que tienen un grupo familiar a cargo», que «son pobres y viven en los márgenes de las grandes ciudades, donde son cuidadoras de otrxs».
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El informe de la Defensoría provincial también detalla situaciones de violencia institucional durante 2022. «La mayor cantidad de registradas ocurrió en la Unidad Penal N° 11 de Piñero (101 sobre 2153 internos). Sin embargo, al relacionar las víctimas con la cantidad de población de la Unidad Penitenciaria donde se encuentran los detenidos, la de tasa más alta es la Unidad 5», con 39 casos.
