Recuperar el espacio público es una política social clave para pacificar barrios donde la disputa se vuelve tan desigual. Los vecinos lo saben, las organizaciones territoriales también. Por eso, el trabajo es a pulmón: generar espacios de fortalecimiento comunitario, revitalizar lazos sociales y solidarios, crear actividades para las infancias, desarrollar talleres de oficio, sostener comedores. Pero lo que se hace, con tanto esfuerzo, no alcanza cuando desde el propio Estado se desfinancian y paralizan proyectos de urbanización que son vitales para la vida en comunidad.
La canchita de Empalme Graneros de Barra y Schweitzer fue mejorada gracias al trabajo virtuoso entre vecinxs, organizaciones sociales y el Estado financiando proyectos de integración sociourbana. Antes, habían sido las propias vecinas del barrio las que limpiaron el terreno donde lo habitual era la acumulación de basura. “Traíamos los camiones y así empezamos a sacar la tierra, toda la mugre que había” recordaban algunas de ellas a este medio.
El fondo que otorgaba la ex Secretaría de Integración Socourbana (FISU) fue disuelto por la gestión de Milei a través del Decreto 312/2025. La justicia federal ordenó suspender esta medida y el gobierno apeló el fallo. Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares señalaron que la disolución del FISU paralizó más de 700 obras en todo el país e interrumpió el trabajo de 25 mil personas vinculadas a cooperativas de trabajo de la economía popular.
Pero además, el impacto es visible. Cuando el Estado se corre de los barrios, el desamparo golpea donde más duele: la vida cotidiana de quienes todos los días habitan ese territorio. La balacera en la que cinco jóvenes fueron heridos mientras jugaban un partido de fútbol en la canchita -que es el corazón del polígono Cullen, uno de los 119 barrios populares de Rosario-, el pasado martes por la noche, se sitúa en un contexto donde la violencia urbana -más allá de sus picos- sigue presente en Rosario.
Días antes, Empalme había sido noticia en los medios tras el crimen de la peluquería María Florencia Gonzáles que motivó un comunicado doloroso de la emblemática Vecinal del barrio: “El dolor nos atraviesa de manera desgarradora. Acompañamos a toda su familia en tan inmenso dolor. Abrazamos a sus hijos, a sus padres, amigos y vecinos. No hay consuelo. Le arrebataron una vida maravillosa. Hoy es un día de enojo y profunda tristeza”. A María Florencia la asesinaron la noche del 9 de agosto cuando salía de su casa junto a su hijo en busca de una gaseosa. La principal hipótesis es que se trató de un crimen “por error” ya que un día antes había sido baleada una casa marcada como punto de venta de droga, ubicada en la misma cuadra dónde vivía Gonzalez. No es la primera vez que sucede: el asesinato de Máximo Gerez de 11 años es el nombre que tanto se recuerda y tanto duele en los Pumitas, una de las zonas del Empalme más profundo.
Recuperar el espacio público es una política social clave para pacificar barrios donde la disputa se vuelve tan desigual. Los vecinos lo saben, las organizaciones territoriales también. Por eso, el trabajo es a pulmón: generar espacios de fortalecimiento comunitario, revitalizar lazos sociales y solidarios, crear actividades para las infancias, desarrollar talleres de oficio, sostener comedores, urbanizar. Pero lo que se hace, con tanto esfuerzo, no alcanza cuando no hay Estado que promueva y potencie el trabajo organizacional.
“La urbanización influye mucho en la construcción de seguridad. Permite abordar necesidades de espacios para tratar el consumo (en el caso de los equipamientos comunitarios), generación de trabajo a vecinos y vecinas (en tareas de construcción y/o sociales) y por supuesto, en el caso de la generación o mejoramiento de espacios públicos es la vuelta a la calle del barrio que en muchos casos se ve encerrado en sí mismo por la situaciones de violencia, y narcomenudeo que se dan allí” nos decía hace tiempo una trabajadora de la ex Secretaría de Integración Sociourbana.
Daniel es vecino y uno de los referentes de la Biblioteca Popular Empalme y el Centro Barrial que se edificó junto a la comunidad, gracias a un proyecto financiado por la ex SISU. Días después de los hechos que conmocionaron al barrio, dice: “Fue muy triste para todos. Es un espacio que recuperamos y mejoramos para el barrio”. Esa noche había movimiento. En el Centro Barrial, donde las actividades finalizan a las 22 y está ubicado a metros de la cancha, se estaba realizando el taller de cumbia cruzada. Los tiros además, impactaron en el interior de dos casas vecinas, una de ellas fue la de María Ester, una histórica del polígono Cullén. Hace unos años, ella misma nos contaba lo importante que había sido la construcción del Centro Barrial y el mejoramiento de la cancha. Fue un cambio de vida para todo el barrio. Ahora, con miedo, angustiada, relata a los medios lo que vivió esa noche.
En el barrio advierten tensión y movimientos raros desde hace unos meses y vuelven a reclamar la presencia de la Gendarmería, al menos hasta fin de año. Saben que es una respuesta paliativa, pero lo cierto es que les ofrece seguridad. Si el Estado “te abandona en la salud, en obras públicas, en educación, la violencia crece”, analiza Daniel y cuenta con impotencia: “Tenemos una bloquera y estábamos trabajando en el sector de los Pumitas, en un proyecto parecido al espacio de la biblioteca. Ahora quedó sin actividad, y también íbamos a llevar adelante un arreglo en la canchita donde hay una comunidad paraguaya y eso también se cortó. Todos los que trabajan en la obra son vecinos, hay diez familias que quedaron sin laburo”.
No hay obra pública financiada por el gobierno nacional en Argentina. No hay políticas de urbanización en barrios populares. No se construyen escuelas y la salud pública está sumida en una crisis profunda. La respuesta del gobierno nacional es punitiva y represiva porque en eso se especializa la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich., cuyo modelo es avalado por las actuales gestiones a nivel provincial y municipal. No es casual que la flamante Ley Antimafia se aplique por primera vez en Rosario. La decisión de la Justicia Federal, respaldada por la Resolución 572/25 del Ministerio de Seguridad Nacional, instruyó «solicitar la habilitación para implementar recursos excepcionales de investigación en barrios identificados por la reiteración de hechos delictivos graves y la actividad de grupos criminales estructurados». La misma Bullrich en su cuenta de X señaló: “Se habilitó la Ley Antimafia contra las organizaciones criminales en Rosario. Una herramienta clave para ir a fondo contra los narcos”. «Narcos» que solo se buscan en los barrios más empobrecidos de la ciudad, en las zonas marcadas «como puntos rojos», allí donde el mismo Estado que celebra la aplicación de esta ley, abandona todo tipo de obra destinada a mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Mientras tanto, la circulación de las grandes cifras del «dinero narco» navega por el río, muy cerca de los puertos cerealeros y las Torres de la especulación financiera.
Son tres los puntos geográficos señalados como laboratorio de ensayo para la Ley Antimafia: Santa Lucía, 7 de septiembre y Emaus. El diputado provincial Carlos Del Frade analiza: «en Santa Lucía las organizaciones sociales y parroquiales hicieron más por recuperar la paz que las fuerzas de seguridad, sean nacionales o provinciales. Ahora hay talleres que ofrecen actividades de todo tipo a chicas, chicos, mujeres y hombres, como también jubiladas y jubilados en un costado de la ciudad que alguna vez atrajera familias enteras de provincias vecinas por las chimeneas flamígeras de sus fábricas. En Santa Lucía no está presente el paraíso pero tampoco se percibe ninguna señal de potencial control territorial por alguna organización criminal como repite el texto de los quince artículos de la ley antimafia. No necesitan de fuerzas federales si no de tendidos de agua potable, trabajo, educación, cultura, clubes y alegría que de represión institucional» y continúa: «La aplicación de la ley antimafia parece ser una jugada política de la señora Patricia Bullrich, una de las principales voceras de las ideas y propuestas del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos para América del Sur que usan al “narcoterrorismo” como excusa de intervención para generar control social y no seguridad ciudadana y democrática».
Lo que señala Carlos Del Frade es claro: son las organizaciones junto a la comunidad las que crean los espacios de cuidado en los barrios. Con suerte, provincia y municipio destinan algunos recursos y los trabajadores estatales sostienen -con bajo presupuesto y salarios que no llegan ni a cubrir la canasta familiar- instituciones que son claves como los Cuidar, las escuelas y los centros de Salud. Pero el contexto es de fragilidad o aún peor: de extrema precariedad.
En la zona sur de Rosario, desde el Centro Cultural la Gloriosa, Cristian, profe del Taller de Lutería nos cuenta: «acá estamos siempre firme como un espacio de aprendizaje y formación de oficio. Acá reparamos, restauramos y calibramos guitarras principalmente, diferentes tipos de instrumentos de cuerdas pulsadas. También construimos cajones peruanos. Enseñamos técnicas de pintura de madera y herramientas sencillas de carpintería. Acá vienen gente de todas las edades. Es un espacio donde aprendemos y es un espacio de militancia, de oficio, de encuentro para los pibes». Ahora están impulsando una colecta de materiales para sostener el espacio.
La Gloriosa se ubica en el barrio La Lagunita y a unas pocas cuadras de lo que se conoce como el Cañaveral. Allí también se logró avanzar en una obra temprana que implicó la construcción de un salón comunitario. Pero aquellas que buscaban abrir calles, nivelar terreno, conectar agua y luz, quedaron paralizadas por la gestión de Milei. «La única política que tuvimos en el barrio de impacto contundente fue ésta. Después yo no veo un Estado presente. Yo los veo a los chicos que acá están todos los días, tratando de zafar a los vecinos para que no se inunden. La realidad es que el Estado no está, o está de manera muy precaria», nos contaba Nelsón, militante histórico del barrio.
Hace poco nos preguntábamos qué cambia cuando un Estado prioriza políticas destinadas a mejorar los territorios donde las redes del narcomenudeo han ido ganando en expansión. Algunos vecinos respondían: «te cambia la vida» porque cuando el Estado te abandona, dicen, “crece todo lo demás”.
