La porfía en la búsqueda de justicia permitió que la causa por las fumigaciones en Pergamino llegara a juicio oral y que por primera vez, se sentara en el banquillo de los acusados no solo a los productores responsables de contaminación sino a dos funcionarios encargados del control en las pulverizaciones. El testimonio de Sabrina Ortiz, -víctima y querellante- y del equipo jurídico que la acompaña. “Tenemos la evidencia sostenida en la contundencia y objetividad de las pruebas”, señala la referente de la lucha contra un modelo agrícola que enferma y mata.
Foto principal: Nacho Yuchark para Revista MU
“Por primera vez en la historia del mundo todo ser humano está ahora en contacto con productos químicos peligrosos, desde el momento de su concepción hasta su muerte”
Rachel Carson, autora de Primavera Silenciosa
Así como en la mítica historia griega en la que Pandora abrió una tinaja y legó al mundo todos los males, el ingreso de los transgénicos a nuestro país en marzo de 1996, (bajo un trámite exprés aprobado por el ex Secretario de Agricultura del menemismo Felipe Solá) significó un quiebre drástico en los modos de entender la agricultura, pero también la promoción de una agricultura industrializada y contaminante, con un claro impacto en la tierra y la salud de las poblaciones aledañas a los cultivos que requieren ser sistemáticamente fumigados.
En el contexto de la conmemoración en el mundo del Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra cada 22 de abril, la patria fumigada es testigo de las consecuencias de tres décadas de uso irrestricto del paquete tecnológico (la tríada semilla transgénica/agro tóxicos/siembra directa) impuesto por las grandes corporaciones del agro y la alimentación con la connivencia de todos los mandatos, desde Menem hasta hoy. Ya en los años sesenta/ setenta la bióloga marina Rachel Carson, autora de Primavera Silenciosa marcaba un quiebre en la lucha medioambiental norteamericana al denunciar los efectos de los pesticidas en los cultivos. Hoy, siguen siendo las mujeres y las madres de los barrios enfermos las que continúan el legado, trasmutando el dolor en voluntad y marcando un camino en la búsqueda de justicia frente a una sociedad no siempre dispuesta a acompañar.
Cuando en 2011 perdió un embarazo de casi cinco meses, Sabrina Ortíz decidió estudiar Derecho para defender su vida y la de sus hijos. Vivían en el barrio de Villa Alicia, Pergamino, lindante a los campos de soja y desde hacía tiempo denunciaba las fumigaciones a diez metros de su casa, que le provocaban desprendimientos de la piel, brotes y picazón. Pero aquella vez sintió que respiraba veneno. El médico que la revisó le explicó que la razón del aborto nada espontáneo seguramente fueran los plaguicidas pero que no podía otorgarle un certificado ni dejárselo por escrito.
A los 34 años, Sabrina tenía en el cuerpo glifosato (herbicida pilar del modelo comercializado por Bayer/Monsanto) y lambdacialotrina, un insecticida de la marca Syngenta en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Fiamma, su hija mayor, atravesó cinco cirugías y debió estar en silla de ruedas víctima de una extraña patología llamada steomielitis crónica que genera quistes en los huesos. Su hermano Ciro ostenta record de agroquímicos en sangre. La causa se inició en 2018 cuando por primera vez Sabrina (que ya padeció dos ACV isquémicos) fue escuchada en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo. Basado en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce que constató la presencia de 18 moléculas de plaguicidas en el agua, -más de la mitad considerados cancerígenos-, el juez dictaminó a través de una medida cautelar la suspensión de las pulverizaciones. Un informe de la Corte Suprema, en tanto, determinó que el agua no es apta para consumo humano. Sobrevinieron años de vaivenes judiciales y de tratamientos médicos de sus hijos.
El lento camino hacia la búsqueda de justicia
Fueron años de espera para la comunidad de los barrios fumigados en Pergamino, corazón del agro-negocio. Sin embargo, tras algunas dilaciones (Cortese, uno de los imputados declaró demencia buscando postergar el proceso cuyo inicio había sido previsto en diciembre de 2024) el juicio por contaminación en La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia, comenzó en febrero pasado. Pergamino es, junto a decenas de localidades en el resto del país, escenario de la contaminación ambiental que provoca la carga química de pesticidas con que son rociados los cultivos transgénicos, varias veces al año. Existe, entre las poblaciones afectadas, un patrón común de patologías asociadas a la exposición a las fumigaciones entre las que se cuentan cáncer, leucemias, malformaciones, abortos espontáneos, lupus y púrpura.
Los imputados del proceso que ingresó en su etapa final y se está desarrollando en los Tribunales Federales de Rosario son los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, José Luis Grattone, Carlos Sabatini, Hugo Sabatini, Mario Reinero Roces y Cristian Taboada, declarados coautores del delito de contaminación presente en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión para la persona que, a través del uso de residuos “envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. A su vez, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, integrantes de la Dirección de Ambiente Rural (órgano de control creado por el Municipio local) están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Desde la primera audiencia tengo una mezcla de sensaciones, tener que declarar y revivir todo lo que nos pasó, a mí y a mis hijos, fue muy movilizador. No me encuentro muy bien de salud pero estamos con expectativas, esperanzada. Solo espero que estos jueces hayan podido escuchar lo que tengo para contar, que escuchen la verdad. No solamente la situación que hemos padecido con mi familia sino la de muchas otras que están a la espera de una condena ejemplar. Esperamos una sentencia que, no puedo decir que será reparadora porque lo que ya está hecho ya está, pero sí que se pueda pensar hacia las generaciones futuras, que siente un precedente para la salud, para la vida. Por fin llegamos a esta instancia que ojalá sea la última para que se pueda modificar algo. Ya el sacrificio humano ha sido muy grande, nuestros cuerpos han hablado, nuestros cuerpos lo han sufrido y lo siguen sufriendo. Espero que la justicia nos dé una respuesta positiva, que nos tenga en cuenta. Que se compadezca de los que estamos y los que ya no están”, señaló Sabrina Ortiz que es acompañada por un equipo jurídico de lujo compuesto por Fernando Cabaleiro, letrado de la ONG Naturaleza de Derechos y Carlos “Chuzo” González Quintana. El letrado Darío Ávila, (abogado de las Madres de Ituzaingó Anexo, Córdoba, pioneras en denunciar los efectos devastadores del modelo de monocultivo) acompaña el proceso judicial. El grupo de querellantes se completa con Alejandra Bianco, que perdió a su pareja por cáncer linfático y Florencia Morales. Pero Florencia no pudo ocupar su silla: murió en agosto de 2023 tras pelear contra un cáncer de mama que hizo metástasis en la columna. Tenía 42 años.
Las primeras en declarar fueron Ortiz y Bianco y le siguieron algunos de los vecinos afectados; Luciano Marina, Pedro Ortiz, Fabricio Riquelme Ortiz e Isabel Muñoz, Silvana Mansilla, Gustavo Baronio, Carlos Steigewald, Hilda Castañarez y Paola Díaz. Díaz pertenece a la organización Madres de Barrios Fumigados Pergamino y su hija falleció a los 11 años a causa de una leucemia aguda. Carlos Steigewald, docente jubilado, recordó los casos de cáncer en el lugar. “Seremos unas ochenta personas en el casco del pueblo. “Siempre pensé que enseñar a los alumnos no era sólo con la palabra sino pregonando con el ejemplo, de ponerle el cuerpo a la denuncia”, indicó.
“Es muy difícil hacer un balance del juicio con todo lo emocional, desde la primera audiencia hasta la última siento esa necesidad de que haya justicia como lo merecemos. Justicia es lo que deseo para todos los afectados, para mis hijos, para mí, y sobre todo para todos los territorios. Ya es un montón haber sentado en el banquillo de los acusados a dos funcionarios, después de casi ocho años de investigación. Para nosotros ha sido mucho el tiempo que hemos esperando, mucho el tiempo que hemos deseado que esto suceda. Estoy muy contenta con el acompañamiento de mucha gente y de parte de la prensa comprometida. Es fuerte haber tenido que escuchar cuestiones que carecen de veracidad. Tenemos un expediente de más de cuatro cuerpos en el que están todos los condimentos que no dejan baches, que permiten asegurar y demostrar que nos han hecho daño en nuestra salud y que ha habido contaminación en el ambiente. Lo que está en juego es la preservación de la salud de las personas y sobre todo justicia por los envenenamientos ya ocasionados. Cada audiencia fue difícil, sabemos que ellos vienen con todo pero nosotros tenemos la evidencia sostenida por la objetividad de las pruebas. Pido justicia por los que ya no están, por los que quedamos y por las generaciones futuras, muchas veces se siente angustia y la sensación de que esto no termina nunca, atravesado por lo cotidiano, por remover todo lo que pasamos y por los problemas de salud que acarreamos», grafica Sabrina.
“Nuestra salud no nos deja olvidar que nos han envenenado. Espero una condena ejemplar”. “Ya no estoy sola para limarle los pies a los gigantes” Sabrina Ortíz
La querella se apoyó en los tres bloques de pruebas desplegadas durante el juicio; el testimonio de los afectados, las declaraciones de referentes de la Ciencia Digna, médicos, especialistas en toxicología, Química ambiental y Salud Pública, y el pedido de Inspección Ocular (aprobado por el tribunal por unanimidad) que se llevará adelante en los primeros días de mayo. “Las últimas tres o cuatro audiencias fueron exclusivamente destinadas a presentar el testimonio del bloque de la salud», señala González Quintana, integrante de la querella. “Declararon durante horas genetistas, especialistas entre otros Delia Aiassa, Virginia Aparicio del INTA que fue quien hizo la pericia de todos los muestreos que se tomaron tanto de agua como de suelo; la perito médica de la Corte, Javier Souza, Medardo Ávila Vázquez. Todo ese testimonio sirvió para demostrar la peligrosidad de las sustancias cuando se aplican o se utilizan en la manera que se ha demostrado que se fueron utilizando; bajo condiciones climáticas totalmente contraindicadas, con distancias muy escasas respeto de viviendas y de personas que caminan por la zona. Le ha servido a este tramo del juicio para demostrar no solo la toxicidad de los productos sino cuestiones de distancia, deriva y otros factores que se deben tener en cuenta a la hora de utilizarlos. Estamos cada vez más cerca de arribar a una certeza que despeje del camino todo resabio de duda que pueda haber quedado respecto a nexos causales y a las buenas prácticas agrícolas. Nos acercamos a la certeza que hace falta para condenar y es que hubo contaminación y esa contaminación puso en riesgo la salud de la gente, incluso en algunos casos demostrando daños concretos«.
En una de las audiencias celebradas en marzo, la médica especializada en Toxicología, Verónica Torres, repasó el cuadro clínico de Ciro, hijo de Sabrina Ortiz, a quién atendió en el Hospital Austral. Torres declaró que el niño ya había pasado por otros especialistas y que su cuadro se podía relacionar a la exposición química ambiental.
“No ha sido fácil ni gratuito para las víctimas lograr haber sentado en el banquillo a toda la transversalidad del modelo (productores, funcionarios y agrónomos). Creo que sin duda estamos frente a un hecho histórico e inédito que dejará una marca indeleble en los anales de la justicia penal argentina”. Chuzo González Quintana
“Creemos que la inspección ocular es una prueba muy útil que tiene que ver con la percepción directa que los jueces van a poder hacer sobre cuestiones de distancia, agentes climáticos, si bien ya estamos saliendo de la temporada de campaña», señala Quintana. «Hay una especie de recorrido que hemos propuesto, un mapeo en el que establecimos los puntos concretos que nos interesa relevar. Todo eso se hará de manera terrestre, caminar el territorio como lo hace cada día cualquier vecino que vive cercano a los ampos, (la despensa, la escuela, el centro de salud, el espacio deportivo). La idea es que los jueces imaginen a cuantos metros pasaba el mosquito fumigador con las alas abiertas aplicando productos del campo. Creo que el tribunal va a poder arrimar a la realidad más cercana que sucedía en esos barrios hasta el año 2019 que fue cuando se dejó de fumigar. Los defensores se opusieron con énfasis a esta prueba que fue admitida por unanimidad por el tribunal. Yo creo que no es un dato menor; quiere decir que los tres jueces tienen un nivel de compromiso de conocer y caminar el barrio para reconstruir el escenario de los hechos, aunque sea muchos años después. Las distancias son las mismas y la escuela, el almacén siguen en los mismos lugares. El mapa territorial no se ha alterado aunque hayan pasado diez, quince años que fue cuando más intensidad tuvieron las fumigaciones. Algunos patrones se van repitiendo pero las experiencias se van reeditando. Lo novedoso de esto respecto del caso Ituzaingó es que estamos trabajando en el ámbito de la justicia federal. Ahí tenemos un sistema procesal que le da al juicio una dinámica mucho mayor porque le da a las partes, libertad, prácticamente no tenemos restricciones a la hora de presentar la estrategia, estamos trabajando con mucha libertad. Los testimonios de las víctimas, del bloque de referentes académicos, epidemiólogos y la inspección ocular vienen con una contundencia y una solidez marcando que nuestra hipótesis está muy bien planteada. Sería apresurado afirmarlo pero creería que vamos por el camino de una sentencia condenatoria” indica el abogado.
“Llegué a esta instancia con vaivenes emocionales y con las secuelas que me quedaron de los dos ACV que tuve, producto de la neuro-toxicidad generada por los agro-tóxicos» cuenta Sabrina y suma: «Mi vida cambió a partir de eso, dio un vuelco de la noche a la mañana; cuando mis hijos debieron empezar tratamientos, cuando la médica me dijo que tenían veneno en sus cuerpos, que no sabía que iba a pasar de ahí en más, cuando me fui de mi casa, huyendo del veneno, cuando tuve que sacarlos de su lugar. Todas esas emociones me vuelven. También están las secuelas, algunos temblores, dolores en el cuerpo, en las terminales nerviosas. Está muy pegado eso, a cada momento, no me puedo desprender del daño que me causó porque convive conmigo. Hablamos de vidas que fueron afectadas y vidas que se perdieron”.
“Llegué a esta instancia con vaivenes emocionales y con las secuelas que me quedaron de los dos ACV que tuve, producto de la neuro-toxicidad generada por los agro-tóxicos»
En mayo se prevé la inspección ocular para dar paso luego a los alegatos finales y la sentencia. Los condenados de la tierra, las comunidades que ponen los enfermos y los muertos, la prueba viviente de un modelo de producción contaminante y tóxico, claman justicia. La tierra sangra y grita, junto a ellos.
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