En 2018, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe inició la producción pública de misoprostol. Cinco años más tarde incorporó la mifepristona y se convirtió en la primera institución pública de América Latina en fabricar ambos medicamentos para la interrupción segura de embarazos.

Con la aprobación de la Ley de IVE, el Estado nacional comenzó a adquirir esos medicamentos para distribuirlos en todo el país. Esa política fue desmantelada por el gobierno de Javier Milei y las provincias quedaron libradas a sus propios recursos. Santa Fe decidió sostener la producción y la distribución, aunque lejos del centro de la escena.

¿Cómo nació esa política pública? ¿Quiénes la hicieron posible? ¿Qué implica defenderla en un contexto de retroceso de derechos?

Para Karen fue un “superalivio” acceder a la interrupción del embarazo en un hospital público. Su historia es parte de este capítulo que reconstruye la producción pública de medicamentos a partir del testimonio de funcionarios, profesionales de la salud y activistas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.