En un contexto signado por los discursos de odio presidenciales hacia el oficio periodístico, por el discrecional reparto de la pauta publicitaria a nivel provincial y municipal y la asfixia que sufren los medios cooperativos y comunitarios en todo el país, en Santa Fe la defensa de la comunicación como derecho es clave en el debate constituyente. Sectores gremiales, académicos y radios comunitarias presentaron aportes necesarios para la reforma del artículo 11 de la constitución santafesina. “Esta es una oportunidad para que reconozcan nuestra existencia” señala Daniel Fossaroli, fundador de Aire Libre, la radio comunitaria con más años en Rosario.
La conversación pública en la Argentina de Javier Milei transcurre desde hace 20 meses entre insultos, descalificaciones y discursos que incitan a la violencia y el odio. Uno de los capítulos de las últimas semanas que tomó la agenda pública fue la agresión del presidente a Ian Moche, un niño de apenas 12 años que difunde en redes sociales información sobre el trastorno del espectro autista. En ese escenario, ratificado por la frase del propio Milei “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, el ejercicio de la comunicación aparece en riesgo.
Sólo el informe del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) a los cien días de gestión mostró que el 40 por ciento de los ataques sufridos por la prensa salieron desde el mismo gobierno. Ninguno de esos elementos, sumadas la precarización de los trabajadores sector, la hiperconcentración del ecosistema de medios, la discrecionalidad de la pauta oficial y el ahogo financiero que sufren muchas de las empresas periodísticas, puede obviarse a la hora de poner sobre la mesa la discusión que clave tiene lugar en Santa Fe: la Reforma de la Constitución y su artículo 11 que garantiza, nada menos, que la libertad de expresión en la provincia.
Por estos días, 69 convencionales constituyentes avanzan en el debate para definir la letra final de lo que será después de 63 años la nueva carta magna provincial. De esa discusión buscan ser parte el Sindicato de Prensa Rosario (SPR), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Asociación de Prensa de Santa Fe, la Federación Argentina de Radios Comunitarias (Farco) e institutos de formación profesional a través de un proyecto de modificación del articulado que garantiza el “derecho (de los individuos) a expresar y difundir libremente su pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o cualquier otro medio de divulgación”, tal como fue redactada en su última reforma.
Lo cierto es que la propuesta llevada a los convencionales no sólo aparece como necesaria, sino que abre la oportunidad de repensar el ejercicio del periodismo en los formatos y las tecnologías disponibles, así como la distribución de los recursos del Estado y los límites a los discursos de odio.
El articulado presentado por las organizaciones, tal como lo señalan, tiene puntos clave: no sólo la declaración de la información “un derecho humano y un bien social”, sino que además empujan “la equidad y la transparencia de la distribución de la pauta oficial”, y van por prohibición explícita “toda apología del odio”. A esa iniciativa, se suman las hechas por cada uno de los partidos.
Ezequiel Ipar, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), doctor en Filosofía por la Universidad de Sao Paulo (USP) e investigador del Conicet, está al frente del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos que funciona en la Universidad de San Martín (Unsam) desde donde reflexionan sobre los discursos contemporáneos y los procesos de des-democratización que tienen como protagonistas a figuras como Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, Orban en Hungría, y también Milei en Argentina.
“Todos los proyectos tienen mejoras en relación al artículo tal como está redactado en la actualidad y estas mejoras aluden especialmente a los cambios tecnológicos de las últimas décadas”, señaló el investigador que accedió al articulado impulsado no sólo por la organizaciones, sino también a la propuesta de Más para Santa Fe (la alianza PJ y Ciudad Futura) y del Partido Socialista (PS).
“Es muy auspicioso que en un contexto de grandes transformaciones tecnológicas del periodismo, de la expresión pública y la comunicación social haya proyectos que traten de advertir las oportunidades, pero también los riesgos de las tecnologías que han apareciendo en los últimos años”, consideró.
El especialista mencionó de forma positiva que los proyectos “hagan mención de las tecnologías que están por afectarnos en lo inmediato, como es el caso de la Inteligencia Artificial (IA)” y no dejó de señalar que ya en la mayoría de los países avanzados hay legislación en este sentido. “Sería importante que Santa Fe, aprovechando el cambio en su Contitución, también los tenga en cuenta”, agregó.
La voz en la asamblea
“Desde el retorno de la democracia no hubo un momento tan oscuro para el ejercicio del periodismo, y también pasa en la región y pasa en Rosario”. La afirmación del secretario general del SPR, Edgardo Carmona, fue una de las que sonó en el marco de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías donde sindicatos dieron detalles de un nuevo articulado que, dijeron, busca ser “abarcativo” de toda la realidad de la comunicación.
Pluralidad de voces, sostenimiento de los medios públicos por parte del Estado, democratización de la pauta oficial, el acceso a la información pública y el resguardo de la intimidad estuvieron entre la síntesis hecha en ese espacio.
El proyecto declara la comunicación como “un derecho humano y un bien social”, y explicita a la prohibición “de toda apología del odio nacional, racial, religioso o por motivos de género que constituya la incitación a la discriminación, hostilidad y violencia”. Sobre ese punto, Carmona fue crítico de la situación nacional que “judicializa la crítica y que pide a la sociedad que cada vez nos odio más”, aunque no dejó de lado las responsabilidades empresarias y su “connivencia con el poder político”.
Para el histórico dirigente, la vocación de poner en la agenda pública del tema de la comunicación fue difícil desde el retorno de la democracia y aún duda si esta vez será la excepción. Recordó que la ley de radiodifusión, así como la ley de entidades financieras perduraron desde la dictadura por décadas, y señaló que la normativa actual, finalmente modificada en 2009, “no se cumple ni aplica”.
El acceso a la información, la distribución de la pauta y el sostenimiento por parte del Estado de medios públicos «potentes y autárquicos”, como los definió, son para las organizaciones dos puntos clave. Aunque no desconocen las dificultades que que eso avance.
“Ninguno de los proyectos de los partidos aborda en su articulado el tema de la distribución equitativa y establecida por ley de la pauta oficial”, advirtió el secretario general para referirse a lo que considera un paso fundamental para evitar la concentración actual y permitir el sostenimiento de los pequeños medios.
De hecho, Daniel Fossaroli, integrante de la Mesa Nacional de FARCO y al frente radio comunitaria Aire Libre desde hace 37 años, recordó que “las radios comunitarias no existíamos cuando se reformó por última vez la Constitución” y agregó: “Esta es una oportunidad para que reconozcan nuestra existencia”.
El contexto que atraviesan es de subsistencia: semanas atrás los medios comunitarios reclamaron al Ente Regulador de la Comunicación (Enacom) el pago de una deuda que alcanza los 7 mil millones de pesos, dinero que recauda y no entrega, que debería ir al fomento de estos proyectos.
Fossaroli explicó que no se trata de fondos entregados a discreción, sino que lo que reciben a través del Fomeca. “Son fondos concursables, que están dentro de la ley vigente, que si bien ya se venían ejecutando mal, ahora directamente desaparecieron sin explicación ni anuncio”, dijo.
Por eso, no sólo reclaman por el cumplimiento de la ley vigente, sino además por la creación de la línea de fomento provincial y, sobre todo, “por una distribución equitativa de la pauta que es lo que garantizaría continuidad y sostenibilidad a los proyectos”.
Rosario y la región llegaron a tener más de una decena de radios comunitarias de las cuales quedaron unas pocas. “Necesitamos una reglamentación, una distribución equitativa para que el Estado se vea obligado a distribuir los fondos con un criterio transparente y no discrecional, que silencia a unos y favorece a otros”, finalizó.
Las fortalezas en los proyectos
Con varias propuestas en danza para reforma del artículo 11 y la duda de los dirigentes sindicales que se logre avanzar en los temas sensibles, como son la pauta y el acceso a la información, donde “hay resistencias”, el investigador de la Unsam puso bajo análisis tres de los proyectos en debate y destacó sus fortaleza. Eso sin dejar de decir que el presentado por sindicatos y organizaciones afines a la comunicación “es el más integral e innovador”.
“La de la mesa de organizaciones una propuesta precisa en las consideraciones sobre cuidados y protecciones en materia tecnológica sobre las cuales es necesario legislar, del mismo modo que sobre la defensa del carácter colectivo del espacio público”, dijo sin obviar la diferencia entre “lo denomina espacio común, que es previo y pertenece a todos, y la sumatoria de libertad individuales en conflicto unas con otras”.
En el caso del proyecto de Más para Santa Fe (alianza PJ y Ciudad Futura), destaca “el aporte a prestar atención a la custodia del derecho a la intimidad y a la circulación de la información íntima que custodia finalmente a la identidad personal que es mediatizada y que es puesta a la consideración pública a través de las tecnologías de la comunicación social contemporánea”.
En un escenario donde ya no son sólo los medios tradicionales los que emiten opiniones públicas, remarca la necesidad justamente del resguardo. “Hoy prácticamente cualquier dispositivo digital puede fabricar una expresión pública, y eso tiene un alcance sobre la vida y la dignidad y la imagen de los otros -explicó-. Con lo cual, siempre en un equilibrio razonable de la libertad de opinar e informar, deben ser protegidos datos personales, la identidad y sobre todo en el caso de niños y adolescentes, que no sean sometidos a situaciones de inseguridad o de peligro”.
De la propuesta socialista destacó el trabajo en relación a los discursos de odio, las expresiones violentas en el espacio público y prácticas discriminatorias que, advirtió, “ya están prohibidas en la Constitución Nacional” en su reforma de 1994.
“Es positivo que Santa Fe adapte en el tratamiento del artículo de libertad de expresión la tutela de derechos fundamentales”, y agregó que se trata de una propuesta “muy bien formulada que habla del racismo y hace las mejores precauciones en materias de libertad de expresión”.
Además, dijo, se detalla que lo que se regula no son las opiniones ni las consideraciones polémicas, sino que“la referencia a los discursos de odio que legitiman ese tipo de prácticas que que los tratados internacionales (a los cuales Argentina suscribe) y la Constitución prohíbe”.
Más allá de lo que resulte en términos concretos, hay coincidencia en que la Reforma aparece como “una oportunidad”. Una oportunidad de hacer lugar a derechos y límites claros -en el caso de los discursos de odio-, de poner en el mapa de medios a quienes desde los territorios comunican desde hace décadas y la posibilidad de continuidad y subsistencia, y poner el ojo sobre las nuevas tecnologías que llegaron para cambiar la forma de comunicar con riesgos y ventajas.
