A poco de cumplirse dos años de la asunción de Javier Milei, el entramado productivo de la provincia sufre las consecuencias del modelo económico: paralización de la obra pública, apertura de importaciones y salarios a la baja. El combo, que profundiza la caída de la producción y del consumo, no vislumbra repunte en el horizonte. Empresas como Acindar o Vasalli marcan el pulso de una conflictividad laboral en alza en la provincia.
Silvio Acosta no duda: el 2025 es el peor año de Acindar. La empresa siderúrgica de Villa Constitución atraviesa una situación incluso más compleja que en 2020, cuando en plena pandemia y producto de las restricciones propias del momento, produjeron unas 800 mil toneladas de acero. Esta vez proyectan finalizar el año sin llegar a las 600 mil. “El problema es el mismo desde el inicio de este gobierno: se paró la obra pública, la obra privada está en caída libre, se abrieron las importaciones y no hay perspectiva de que esto repunte. ¿A quién le vamos a vender?”, dice el gremialista que forma parte de la Comisión Interna.
El sábado previo a las elecciones legislativas nacionales, la planta volvió a paralizar su producción durante ocho días. Es la cuarta vez que Acindar decide apagar los motores en lo que va del año. La lógica es simple: cómo no hay ventas, no tiene sentido seguir produciendo. Los trabajadores salen suspendidos, cobrando un 75% de su salario. Es la modalidad que encontraron los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para evitar los despidos. En las últimas semanas, la empresa funcionó a un 40% de su capacidad. Uno de los trenes laminadores de la fábrica se encuentra directamente cerrado desde hace seis meses.
Para el dirigente gremial la situación de Acindar se explica por el modelo económico adoptado por el gobierno, que desajustó la maquinaria productiva del país: “Hoy no se ve producción, porque nadie vende nada y el panorama es complejo. A eso sumale que nadie controla lo que viene de afuera. Entra cualquier cosa y es imposible competir. Si a esto nadie le pone un freno es la destrucción de la industria. Todo el andamiaje productivo histórico de la argentina se va a venir abajo, con la consecuencia que eso tiene: la desocupación”. El domingo electoral, La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, se impuso en Villa Constitución con cerca del 40% de los votos.
Desde el gremio remarcan que, hasta el momento, la modalidad de suspensiones pagas logró evitar despidos. Sin embargo, reconocen que esa situación se hace difícil de sostener en el tiempo. El miedo que aparece por estas horas entre los trabajadores es que la empresa aproveche el contexto para echar gente. Advertencias ya hubo. “Los directivos nos plantean todos los meses que sobren unas 200 personas. Por eso nos venimos reuniendo con el Ministerio de Trabajo de la provincia. Para nosotros, los despidos son un límite: ante un despido automáticamente vamos a la medida de fuerza”, adelantó.
Números
La situación de Acindar se repite en otras industrias de la región. A mediados de octubre los trabajadores del frigorífico Euro, en Villa Gobernador Gálvez, iniciaron medidas de fuerza por 47 despidos e incumplimientos salariales. Uno de los trabajadores decidió atarse con cadenas en la puerta de la empresa. También en el rubro metalúrgico, pero esta vez en Rosario, la empresa MetroFund despidió a 33 trabajadores por la baja de la demanda. La firma dedicada a la fabricación de ejes de camión se ve directamente perjudicada por la competencia que se genera con el ingreso de productos importados y decidió despedir un tercio de su personal.
El contexto impacta de lleno también en otras industrias como Sancor, del sector lácteo. La empresa de Sunchales declaró el concurso de acreedores en febrero y sus trabajadores pasaron varios meses sin recibir el pago completo de sus salarios. Una situación similar atraviesa la Algodonera Avellaneda, en el norte santafesino, que implementó suspensiones, reducción de horarios, y sus trabajadores vienen alertando por una posible “ola de despidos”. La firma trabaja a un 30% de su producción. También la paralización de Celulosa, en Capitán Bermúdez, genera preocupación en los más de 600 trabajadores.
Ese panorama se refleja en el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), que arrojó una caída interanual del 0,6% durante el mes de agosto. En principio, la baja parece moderada. Pero cuando se desagrega por sectores, el relevamiento da cuenta de que el 70% de las ramas analizadas registraron una baja en sus niveles de producción. En concreto, sin el “resultado sectorial extraordinario” aportado por el complejo sojero y aceitero de Rosario, la actividad industrial en Santa Fe hubiese mostrado en agosto un retroceso de 6,1% interanual, según se advierte en el informe.
Entre los sectores que más sufrieron el golpe aparecen los fabricantes de vehículos, que registraron una baja en su nivel de actividad del -53,4%. Le sigue la industria siderúrgica (-19,2%), los productos metálicos (-19,2%), la maquinaria agropecuaria (-13,4%) y autopartes (-8%). Por si fuera poco, más de la mitad de las empresas relevadas (51%) consideró que durante agosto su cartera de pedidos se ubicó por debajo de lo considerado normal, lo que da cuenta del debilitamiento de la demanda interna.
Del informe de Fisfe también surgen dos datos que explican la situación que atraviesan la mayoría de las industrias, pero que refleja particularmente lo que se vive en Acindar. Por un lado, el fuerte aumento de las importaciones (+43,3%), que convive con una baja de las exportaciones (-8,6%). Por otro, la baja en la producción de laminados en un 24,3% durante el mes de agosto. El informe concluye que la producción de acero de agosto de 2025 “fue la más baja de los últimos diecisiete años, y la segunda más reducida en el caso de productos laminados”. Además, remarca que desde finales de 2023 la menor demanda de productos siderúrgicos “derivada de la paralización de la obra pública nacional limitó de manera acentuada la producción sectorial en nuestra provincia”.
Los que aprovechan
—Estamos saliendo para Firmat a recuperar la fábrica argentina, el orgullo Vassalli, de la mafia sindical de la UOM. El que la hace las paga.
La que habla es la abogada María Florencia Arietto. Alguien la filma saliendo de su casa, vestida de negro y con lentes oscuros. Luego subirá el video a redes sociales. Su camaleónica vida política la llevó de frecuentar el set televisivo de 678 a integrar las filas del Frente Renovador de Sergio Massa, para un par de años después sumarse el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich durante la gestión de Mauricio Macri. Hoy cumple su mandato como senadora en la Legislatura bonaerense, dentro del bloque de La Libertad Avanza. Contratada como abogada de la empresa, Arietto se acercó hasta la puerta de la firma para acusar de extorsión y amenaza a los referentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que representan a los trabajadores. Para ese entonces, los empleados de la planta se encontraban en medio de un reclamo: hacía cuatro meses no cobraban sus sueldos. Los trabajadores la echaron de la asamblea.
“La empresa comenzó a deber sueldos. En mayo se cortó la cadena de pagos y se acumularon deudas en junio, julio y agosto, más el medio aguinaldo. La gente no pudo aguantar más y empezó a protestar. Y de un día para el otro cerraron la planta, no dejaron entrar más a la gente, además de que echaron a cuatro delegados. Todo eso generó el conflicto”, explica Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat. “La deuda salarial es el conflicto principal, pero si hubiese habido diálogo se resolvía. Ellos no solo que no pagaban, sino que no daban explicaciones y encima mandaron a Arietto a hacer esa pavada mediática que salió en todos lados”, cuestionó.
Vasalli es una histórica fábrica de cosechadoras, ubicada en la localidad de Firmat. No es la primera vez que sus trabajadores optan por una medida de fuerza por falta de pagos. Sin embargo, en esta oportunidad los delegados olfateaban algo distinto. “Hay doce máquinas vendidas. Es la primera vez que Vassalli se funde con trabajo. Hemos pasado crisis donde no había ventas. Pero esta vez se funde con trabajo, estafando a los proveedores y a la gente que compra las máquinas”, describió uno de los delegados despedidos, el día del conflicto. Entre los trabajadores comenzaba a sobrevolar la noción de vaciamiento, aprovechando el contexto.
La fábrica de cosechadoras fue fundada por Roque Vassalli, en 1949. En sus años de esplendor llegó a vender más de mil cosechadoras anuales, pero desde hace unas décadas no atraviesa su mejor momento. Desde su quiebra en los noventa, la emblemática firma fue cambiando de propietarios. En 2018 se dio uno de los conflictos más fuertes, cuando los trabajadores decidieron tomar la fábrica durante 36 días ante la falta de pagos. De ese proceso, la empresa quedó en manos de Esteban Eskenazi, de la familia propietaria del Grupo Petersen, y Matías Carballo, vinculado al Banco Macro.
Más acá en el tiempo, en 2024, la firma fue adquirida por Eduardo Marsó, un empresario con trayectoria en el mundo avícola que comenzó a expandirse hacia el rubro metalúrgico. En ese traspaso, el gerenciamiento quedó a cargo de Roberto Cinelli, quien ya había estado al frente de la fábrica previo a la quiebra. Desde entonces, los trabajadores que llevan años en la firma hablan de un “desmanejo” de la planta, con problemas de diversa índole.
“Lamentablemente la empresa cayó en manos de gente que no la supo manejar. Es gente que no conoce el rubro metalmecánico y mucho menos el mundo de las cosechadoras, que es bastante particular. Se aventuraron a venir a esta empresa sin rodearse de gente capacitada para que los ayude. Esos desmanejos llevaron a que se atrasen cuatro meses con los sueldos y deban un año y medio de aportes sociales”, describió Romero. Para el dirigente gremial, lo que se necesita es una buena inyección de fondos que ponga en marcha una dinámica de producción en serie: “Fabricar una máquina artesanalmente, como se está produciendo hoy, no sirve. Se necesita producir entre tres y seis cosechadoras mensuales para mantener el equilibrio”.
El conflicto en Vasalli recrudeció a mediados de septiembre, cuando con la planta paralizada en medio de los reclamos para que la empresa se ponga al día, la patronal decidió despedir a los cuatro delegados gremiales que representaban a unos 200 trabajadores de la planta. La reacción a eso fue una masiva movilización en Firmat, que los trabajadores definen como histórica. En ese reclamo cortaron la ruta 33 que atraviesa a la localidad santafesina. Hasta allí se vino Abel Furlán, secretario general de la UOM a nivel nacional. “Son las consecuencias de abrir la economía”, dijo el gremialista, que encabezó el acto.
Al desmanejo interno, y la crisis generalizada del sector industrial, en Vasalli se suma otro problema: la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) que permite el ingreso de maquinarias usadas al país. Una medida impulsada en el marco del plan de desregulación del Estado. “Obviamente que la entrada de la maquinaria agrícola usada nos impactó, se nos recortó el mercado del usado. Había una esperanza de que, con lo poco que se está vendiendo, al menos compensar con lo usado. Pero la verdad es que está todo parado en todos los sectores”, sostuvo el referente de la UOM firmatense.
Luego del episodio Arietto, los dueños de la empresa cambiaron la estrategia. Con otro representante legal, comenzaron a presentarse a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo, a las que antes faltaban. Hubo diálogo y se acercaron las partes. A principios de octubre, llegaron a un acuerdo: reincorporación de los delegados despedidos, jornadas laborales de cuatro horas por seis meses y un plan de pagos en cuotas para la deuda salarial. “La jornada reducida va a durar hasta que empiece a entrar material. Cuando eso pase, tengo la seguridad de que volvemos a las ocho horas porque las máquinas se venden”, evaluó Romero.
Pocas expectativas
Entre diciembre de 2023 y julio de 2025, la provincia de Santa Fe perdió 15.128 empleos registrados, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación. El sector de la industria y la construcción explican la mayoría de los despidos. A eso se le suma el cierre de 2.120 empresas santafesinas, en el mismo período.
“El sector industrial es el más castigado por el modelo económico de Milei y Pullaro. Es un dato objetivo cuando se analizan los números en la provincia”, sostuvo Lavih Abraham, economista del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate): “Es clave entender que el modelo de Milei se basa en la lógica de la apertura comercial y la liberalización del comercio que repercute fuertemente en las empresas. Muchas empresas que antes producían ahora se han convertido en importadoras. Eso forma parte de un modelo anti-industrial que va rompiendo eslabonamientos productivos en la provincia”.
El analista también agrega otra dimensión a las variables que se ponen sobre la mesa a la hora de entender el contexto industrial santafesino: una macroeconomía sin demanda interna. “Tenés bajo consumo, porque hay bajos salarios. Pero también hay baja inversión. Es decir, los empresarios no están invirtiendo para que sus empresas crezcan. Y no lo hacen porque están viendo que esa nueva producción que podría generarse, nadie la va a comprar. Justamente, porque nadie tiene un peso. Es un círculo vicioso”, explayó.
En parte de ese análisis coincide Pablo Cerra, abogado de la UOM Rosario. Desde el gremio perciben un aumento de la conflictividad laboral en este contexto de apertura de importaciones y caída del consumo. “La importación de por sí no es lo que causa daño. Lo que está pasando es que esos productos importados, que supuestamente deberían ser más baratos, tampoco se venden. El consumo está completamente caído”, detalla.
Para el dirigente gremial la situación más compleja en Rosario se viene dando en las industrias del sector línea blanca, que tiene a la empresa Electrolux como una de las más importantes. A principios de octubre, la firma acordó una suspensión rotativa de su personal, donde los cerca de 400 operarios seguirán percibiendo sus salarios. Ahora el mayor problema se presenta en las proveedoras de la empresa, que sentirán el coletazo en la baja productiva de Electrolux, y que tienen menos espalda para hacer frente al contexto.
Los distintos gremios del sector coinciden en que, cuando se avanza con una suspensión, los empresarios hablan entre líneas. Es una forma de decir que, si la cosa no repunta, el paso próximo son los despidos. Y en el horizonte no hay demasiadas expectativas de repunte. Eso es lo que plantearon distintos gremios vinculados a ramas productivas, en una reunión en el Ministerio de Trabajo provincial, de la que también participaron sectores vinculados al empresariado.
“Tanto los trabajadores como la patronal coincidimos en que a seis meses no hay nada que genere optimismo. Y con esto no estoy diciendo que en seis meses va a mejorar. Lo que estamos diciendo es: a seis meses seguro no mejora. No hay ni un indicio que permita vislumbrar que la actividad metalúrgica pueda a repuntar”, evaluó Cerra. Y completó: “Al contrario lo que vemos es una caída mensual progresiva, que nos lleva a cada vez a un lugar peor del que estamos”.
