No es casual la leyenda del cartel que se lee en la cabecera de la marcha: Con Milei no hay Ni Una Menos. El gobierno nacional niega la violencia femicida. Y sabemos que lo que no se nombra no existe. La marcha, a once años del primer grito colectivo, fue masiva; porque sí, los femicidios existen, nos duelen en todo el cuerpo. Nos duelen Agostina, Sophia, Noelia, Dulce. Cada 31 horas, un nuevo nombre se suma a la cartografía de la violencia machista. Frente a la maquinaria femicida y la propaladora mediática de los discursos misóginos, nuestros pasos y nuestras redes.
Fotos: Mariana Terrile
La movilización este 3 de junio en Rosario fue multitudinaria. Más de diez cuadras colmadas en su mayoría por mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries aunque también se notó la presencia de varones cis acompañando las columnas mixtas. Estuvo marcada por un dolor que por momentos fue grito y por momentos silencio: las amigas de Sophia Civarelli llevaron una bandera con su nombre mientras caminaban unos metros detrás de aquella extensísima que registra los más de 3000 femicidios ocurridos entre 2015 y 2025.
La marcha fue la más concurrida desde que gobierna Javier Milei. Es que el reciente femicidio de Agostina en Córdoba, de Noelia en Temperley y de Dulce María en Misiones, así como el de Sophia hace apenas dos meses en Rosario, duelen tanto como el femicidio de Chiara en Rufino hace once años atrás. El hartazgo colectivo por su crimen parió el hito colectivo Ni Una Menos.
Durante todos estos años los nombres se han ido acumulando en los padrones de los observatorios autogestionados. Cada 30, 31 o 34 horas. Pero la sistematicidad y la repetición del horror no supone olvido sino memoria: una de las tareas vitales de los feminismos ante la crueldad. Las cifras operan para denunciar lo que se vuelve invisible entre tanta exhibición mediática: la responsabilidad del Estado en los crímenes por razones de género y la completa desarticulación, a nivel nacional, de los programas y las políticas de prevención de las violencias machistas. El Observatorio Lucía Perez dice que los datos expresan una realidad: la máquina de la violencia femicida. Que interpretarlos es una tarea que pone de relieve “las formas en que las fuerzas sociales más amplias se unen para arruinar las vidas humanas individuales”. Y suma: “el elemento que caracteriza al femicidio es la tolerancia y minimización estatal de la problemática. La impunidad con la que actúan los homicidas contiene un mensaje implícito de permisividad social a través de las múltiples formas en las que acciona el aparato del Estado –policías, fiscalías, funcionarios- y, en los momentos actuales, explícito en los discursos que emiten las más altas autoridades que encarnan su representación. Así, las formas de hacer y de no hacer que caracterizan al Estado abonan estos crímenes, tarea que se completa con la negación de su responsabilidad”.
La historia de Agostina Vega de 14 años, su brutal femicidio ocurrido en un barrio de la ciudad de Córdoba, revela la sistematicidad de un sistema patriarcal que funciona despedazando vidas, la “maquinaria” de la que habla el Observatorio que lleva el nombre de Lucía, asesinada en el 2016 en Mar del Plata. Agostina estuvo desaparecida durante una semana. El fiscal demoró cinco días en aplicar el protocolo obligatorio de alerta y cinco en allanar la casa del principal implicado, “pese a tener información fehaciente sobre su identidad, dirección y participación desde el mismo momento en que desapareció”. Además, el principal sospechoso y único detenido en la causa, Claudio Barrellier, ya tenía una condena previa por violencia de género.
El poder judicial sin perspectiva de género siempre llega tarde; porque las investigaciones parten de un prejuicio machista, porque no se toma en cuenta la palabra de una madre, de una amiga o a la de toda una familia a la que también se la pone en tela de juicio. Porque las vidas de las pibas de los sectores populares -en esta maquinaria femicida- están expuestas al escarnio público: el que ejerce un enorme sector de una sociedad patriarcal que fabrica y escupe discursos misóginos a través de sus propaladoras mediáticas. Imposible olvidar el nombre de Melina Romero, su crimen cometido en el 2014 y aquel titular incalificable, o sí, del diario Clarín: “Una fanática de los boliches que abandonó la secundaria”. Patrones que se reiteran doce años después, en esta máquina femicida que destruye vidas. Cuerpos e historias invisibles para un Estado que ya no se ocupa de contener sino de criminalizar.
“Las estadísticas acumulan datos. 4 a 6 denuncias diarias por desaparición de niñas y niños. Cada año suman mil que, en su mayoría, van de los 10 a los 17 años. Muchos vuelven, son encontrados o simplemente devueltos. Pero hay un núcleo duro que tras años y años de vacío en una silla, en una cama, en un banco de escuela siguen siendo una foto en una caja de leche, en una pantalla en el aeropuerto, en los listados de Missing Children. Pero las hay como Agostina, como Dulce María. Como antes Brenda, Morena y Lara, las tres chicas estragadas en Florencio Varela. Como tantas pibas arrojadas en bolsas negras a basurales. Chiara Páez, cuyo feminicidio, desencadenó hace 11 años las marchas del 3J. Víctimas unas y otras de algo mucho más enorme que un matón que se siente el grandioso ejecutor de su voluntad en el cuerpo baldío de una niña o una adolescente. De algo mucho más gigantesco que un simple sicario que se cree todopoderoso frente a la fragilidad de las pibas sobre las que fusila su descarga de placer” escribe con precisión la periodista de Pelota de Trapo, Claudia Rafael.
El Observatorio Lucía Perez hace referencia a los “femicidios territoriales” para hacer foco en este tipo de crímenes que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios, fiscales y funcionarios. Participación activa, dice, “en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, demorando su investigación, falseando pruebas, entorpeciendo y eternizando procesos judiciales y criminalizando a las víctimas y sus familias”. Territorios atravesados por el desempleo, el desmembramiento del tejido social, el narcomenudeo incluso como estrategia de supervivencia y una presencia estatal corrupta a través de las fuerzas de seguridad “que controla todos los movimientos, dejando hacer y dejando no hacer en una balanza que siempre se inclina hacia la impunidad de la criminalidad, que está organizada en eslabones muy débiles”.
En la marcha, entre tantos carteles había uno que decía: “Ni una menos por el narcotráfico”. Es que Rosario presenta una particularidad: el 23,5% de los femicidios en Santa Fe entre enero y mayo de 2026 ocurrió en contextos de criminalidad organizada y narcotráfico, según datos del observatorio local “Mercedes Pagnutti”. Una problemática que, en números, fue decreciendo aunque eso no implique una actuación eficaz del Estado ni para prevenir ni para atender la situación de mujeres que son víctimas de entramados de violencia, feminización de la pobreza e indiferencia estatal. Es más: en este contexto económico la situación se agrava porque el ajuste recae especialmente en los hogares monomarentales. “Las condiciones que generaron que las mujeres caigamos en esas redes delictivas se van a profundizar. Por lo tanto, estamos siendo arrojadas a un escenario de mayor violencia” decía hace un año atrás la militante feminista y ex funcionaria provincial Gabriela Sosa. En Argentina, 6 de cada 10 personas pobres son mujeres, sus tasas de actividad y empleo se ubican 20 puntos por debajo de las de los varones, enfrentan una brecha de ingresos del 29% y sostienen, además, la mayor parte de las tareas de cuidado no remuneradas.
El hartazgo social, ese dolor que sentimos tan propio cada vez que marchamos, se traduce en articulación feminista. Ejemplo en Rosario es la Asamblea Lesbotransfeminista integrada por 62 organizaciones sociales, un espacio abierto, horizontal y necesario para enfrentar el desamparo del Estado en todas sus formas. El documento que elaboraron para esta marcha le pone números al duelo colectivo: más de 140 nuevos nombres se suman a la bandera que recuerda a las víctimas de femicidio. Esos femicidios fueron perpetrados entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. La violencia machista y patriarcal no es un invento, aunque el gobierno insista en negarla.
El femicidio de Dulce Candia en Misiones no ocupó demasiadas horas de televisión en los medios de alcance nacional, aunque su familia encabece marchas pidiendo que su crimen no quede en el olvido. La joven tenía 17 años, vivía en un barrio humilde de Eldorado y su cuerpo fue encontrado once días después de su desaparición, en la cámara séptica de una construcción abandonada. Su femicidio podría haberse evitado si tal vez la policía hubiera escuchado a su mamá cuando se acercó a la comisaría para radicar una denuncia que no le tomaron, horas después de que Dulce saliera de su casa. A Noelia, de 30 años, la apuñaló su pareja en Temperley mientras la tenía de rehén en su propia casa. La mujer logró comunicarse con el 911 pero la demora en los tiempos de la justicia para autorizar el ingreso a la vivienda de la policía, que alcanzó a llegar hasta el lugar, permitió que el agresor consumara el crimen.
Eva Dominguez encabezó la marcha junto a otras mujeres militantes. “No tenemos que perder estas redes” fue lo primero que dijo. Porque son esas las pocas redes que hoy sostienen la vida en la extrema precariedad.
Hace días el gobierno provincial junto a la Municipalidad de Rosario inauguró un memorial para Vanesa Celma, su cuñada. Una historia que revela la enorme deficiencia del poder judicial, las graves irregularidades cometidas durante el proceso de recolección de pruebas, y la falta total de perspectiva de género. Eva y su familia jamás tuvieron justicia por el femicidio de Vanesa quien no pudo sobrevivir a las graves quemaduras que afectaron gran parte de su cuerpo. Estaba embarazada de 8 meses cuando el 29 de junio de 2010 sufrió el ataque por parte de su entonces pareja que jamás fue imputado. Su hija nació producto de una cesárea de urgencia y cuatro meses después, tras estar internada en terapia intensiva, Vanesa falleció. “Murió por amor”, había señalado la fiscal del caso, mientras que la jueza Mónica Lamperti caratuló la causa como “Incendio”, desestimando los testimonios de testigos que daban cuenta del contexto de violencia machista en el que vivía Vanesa. Eva integra un colectivo de familiares de todo el país que se amplía cada vez más. “La gente necesita ser escuchada y ahí estamos para poder abrazar, tener empatía, contener a ese familiar que un día le dijeron que su hija, su prima, su hermana estaba descuartizada dentro de una bolsa. Nos matan, nos pueden prender fuego y no pasa nada, pero nosotros tenemos que seguir”. El acto reparatorio por su cuñada, para Eva fue un “cierre», un «descanso», el reconocimiento a una lucha incansable. “Nosotros dijimos siempre lo que fue una realidad. Vanesa no murió por amor”.
“No somos basura” es el nombre de la intervención artística que volvió a realizar el Colectivo Resquicio en Rosario durante la marcha del 3J. Mujeres envueltas en bolsas negras con las piernas manchadas con tinta roja. Algunas se desvanecen y caen al suelo. Otras se levantan, deambulan, tambalean y vuelven a caer. La escena está rodeada de silencio. No hace faltan palabras, la imagen traduce lo indecible. “Entendemos que todos los cuerpos son políticos. Y salimos a las calles a proponer otro relato. Resquicio es una grieta, una posibilidad. Buscamos interpelar con una imagen estética, pero también conceptual” nos decían hace unos años cuando llevaron a cabo esta misma acción en una marcha por el femicidio de Lucía Perez.
La denuncia de la crueldad que también es política, en el espacio público, en el aquí y ahora. En la urgencia, en la inmediatez, en la desesperación. El arte que interpela y provoca. Lo que pueden nuestros cuerpos frente a la maquinaria femicida. Decir, gritar, mostrar, denunciar. Rebelarse. Dice Silvina D’Arrigo, investigadora, artivista y licenciada en Relaciones Internacionales que tal vez “el arte sea una de las pocas actividades humanas que aun permiten apelar a un cuerpo sensible, integral, no fragmentado, apelando a nuestra paleta de sentidos. Tal vez sea uno de los pocos lugares de expresión, refugio de libertad. Tal vez las intervenciones sean muchas veces reacciones desesperadas ante un mundo en llamas”.
