A cinco años y medio de su sanción y frente al vaciamiento de Nación, Santa Fe se autoabastece de misoprostol y mifepristona. Sin embargo, la falta de información precisa para acceder a la práctica o acompañar a quien la requiera sigue siendo una de las principales barreras de acceso
“Que sea ley” no parece ser suficiente en la era Milei. No lo es para el financiamiento de las universidades nacionales, no lo es para la asistencia de personas con discapacidad y tampoco para la práctica de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) vigente desde diciembre de 2020 con la sanción de ley 26.710.
Desde 2024, el bloqueo de los envíos de insumos, la falta de datos oficiales, la reducción de la atención de la línea 0800 de Salud Sexual, y el fin de todo financiamiento para capacitación e información dejaron el cumplimiento de la ley en manos de las provincias. “Un plan sistemático de crueldad”, como lo define la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que se sostiene sobre un discurso violento y regado de datos falsos. En Santa Fe, una jurisdicción pionera en la aplicación de la normativa, productora de misoprostol y mIfepristona a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), la falta de información sobre la vigencia de la ley y los modos de acceder a las prácticas multiplica y profundiza las barreras de acceso. Sobre esa “deuda pendiente”, como la reconocen los propios funcionarios, el Ministerio de Salud ya trabaja en la distribución del primer material informativo específico.
Para Natalia Gherardi, directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), “lo que caracteriza hoy la situación de la ley es el desmantelamiento del Estado nacional que no sólo dejó de comprar los insumos, sino que abandonó definitivamente su rol de rectoría y coordinación de la política pública que pasó a depender absolutamente de la gestion e interés de cada una de las provincias”.
Este punto, a su criterio, es tanto o más relevante que el recorte de recursos económicos. “Implica la desaparición de acciones de monitoreo y coordinación entre las jurisdicciones, profundiza las diferencias históricas y deja a las provincias en la lógica del sálvese quien pueda”, afirma Gherardi que insiste en que no hay ecuación económica otorgue racionalidad al desfinanciamiento.
Lo que caracteriza hoy la situación de la ley es el desmantelamiento del Estado nacional que no sólo dejó de comprar los insumos, sino que abandonó definitivamente su rol de rectoría y coordinación de la política pública
El último monitoreo sobre los recortes presupuestarios del gobierno nacional que llevó adelante el Centro de Estudios de Estado y Sociedad(CEDES), la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y ELAS muestra que cada peso invertido en anticoncepción genera ahorros equivalentes a tres pesos en atención médica posterior.
Los recortes en métodos anticonceptivos, detalla el informe, representan una drástica caída en la cantidad de mujeres protegidas que va de más de 1,2 millones en 2024 a apenas 63 mil proyectadas para 2026. Esto implica 840 mil mujeres menos protegidas contra embarazos no intencionales y 240 mil embarazos no intencionales adicionales. La Nación, al igual que en 2025, no prevé este año ninguna compra de insumos para garantizar las prácticas de IVE/ILE.
Sobre esa realidad se monta un discurso nacional que miente y confunde, habilita la avanzada de los discursos y las organizaciones antiderechos. “Hay allí una voluntad de pelearse con los datos y con la evidencia, instala un estigma y contribuye fuertemente a la desinformación sobre el tema”, puntualiza. Sin embargo, eso que por vociferante aparece un triunfo de las ultraderechas y con ella de los antiderechos, la socióloga deja en claro el aval social que la ley de IVE/ILE tiene en la calle no se modificó en los últimos años.
“Cuando analizamos en las encuestas de opinión pública el tema de la legalización del aborto, como también la violencia de género, el apoyo que estos temas tienen en la sociedad sigue siendo el mismo que antes, no es absoluto porque nunca lo fue, pero es el mismo amplio apoyo que existía antes de que estos discursos vociferantes aparecieran”, remarca.
Ni cómo ni dónde
“Si alguien que conocés necesita abortar, ¿sabés a dónde ir?”. La pregunta que la Regional Rosario de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito desplegó en el microcentro rosarino el 28 de mayo pasado, durante el Día de Acción de la Salud de las Mujeres, mostró a más de cinco años de vigencia de la ley que la respuesta mayoritaria es el desconocimiento.
“Nos sorprendió fuertemente la falta de información. Vimos que persiste el silencio y seguimos viendo que al llegar a los servicios aparecen barreras que son difíciles de atravesar”, dice Susana Arminchiardi, trabajadora social, integrante de la Campaña y del Consejo Consultivo de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS).
“Escuchamos una vez más casos de ecografistas que hacen escuchar el latido del corazón a las mujeres y personal administrativo que ante la consulta por una interrupción manda a la mujer a un psicólogo, cuando la obligación es orientarla a en los servicios para acceder a la práctica”, cuenta sobre los relatos que circularon durante la jornada.
Vimos que persiste el silencio y seguimos viendo que al llegar a los servicios aparecen barreras que son difíciles de atravesar
Esa foto de las peatonales rosarinas se profundiza en el centro y norte de la provincia. “La impronta es el silencio”, señala Silvia Ferro, militante feminista santafesina y miembro de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, que junto con la Asociación Civil Palabras, llevaron adelante un relevamiento en el centro y norte de la provincia que una vez más les permitió detectar la falta de información como una de las principales barreras de acceso la IVE.
El espacio ya había realizado una consulta en 2021. Ferro afirmó que desde entonces el escenario “no varió mucho” y sí marcó un aumentó en las dificultades de las organizaciones que trabajan en territorio, de las 16 que tenían presencia activa hace cinco años, quedan trabajando una decena.
El monitoreo detectó una persistencia a lo largo de los años de la falta de información sobre la ley, sus derechos y la vigencia de la misma. “Lo preocupante es que el 80 por ciento de las mujeres que sí saben sobre el acceso a anticonceptivos, cuando se les pregunta sobre dónde pueden acceder a prácticas de IVE/ILE lo desconocen por completo en el mismo porcentaje (83,3%)”, explica.
Esa situación, dice, no sólo pone “la carga de la demanda en las mujeres y personas gestantes”, sino que además muestra que se produjo un cambio que profundiza las dificultades de acceso a las prácticas.
“Antes, el 60 por ciento de las mujeres decían atenderse con un mismo profesional, lo que permite tener un vínculo de confianza y familiaridad para consultar estos temas, ese porcentaje cayó por debajo del 50 por ciento, lo que dificulta la consulta”, detalla en el diálogo.
Presión y precariedad
“Hay que insistir y caminar mucho la ley”, dice una trabajadora de la salud que pasó por los tres niveles de atención y que reafirma que ante un embarazo no deseado, la información es clave. “Un embarazo no planificado es arrasador, es una situación muy crítica en la vida de una persona, hay desesperación, miedo, culpa y estigma, entonces es común que una mujer que puede ir a un centro de salud a pedir anticonceptivos, no sepa qué hacer si tiene que pedir una práctica de IVE”, dice y aclara que los obstáculos no son exclusivos del sector público.
“El camino puede ser más tortuoso con obra social”, cuenta sobre el escenario que enfrenta quien demanda una práctica y señala que en el sector público, cuando el pedido puede resolverse en el primer nivel de atención, el camino es más sencillo. Las “dificultades burocráticas” aparecen cuando las semanas avanzan”.
Un embarazo no planificado es arrasador, es una situación muy crítica en la vida de una persona, hay desesperación, miedo, culpa y estigma, entonces es común que una mujer que puede ir a un centro de salud a pedir anticonceptivos, no sepa qué hacer si tiene que pedir una práctica de IVE
La distribución “desigual” de insumos producidos por el LIF en hospitales y centros de salud de la provincia, “falencias en las prácticas de AMEU (Aspiración Manual Endouterina)” y un sistema de georreferencia de las usuarias a los centros de salud que provoca que “no se les respete la privacidad cuando por el estigma que persiste, quieren atenderse en otro efector o centro de salud” son algunas de las barreras que detallan desde la red de profesionales.
Así como las organizaciones hablan de “la carga” que recae sobre las usuarias de los servicios, la médica remarca: “La práctica se volvió operador dependiente, recae sobre el cuerpo de las y los trabajadores que están, además, absolutamente sobrecargados. Entonces, depende de dónde caigas, con quien caigas y de los insumos disponibles“.
Sobre esas barreras, la violencia del discurso oficial, el pluriempleo e incluso la renuncia de profesionales a sus cargos provoca presiones extra. “Trabajás con miedo, miedo a que alguien te denuncie incluso con la ley vigente”, afirma.
La práctica se volvió operador dependiente, recae sobre el cuerpo de las y los trabajadores que están, además, absolutamente sobrecargados
Garantizar la ley
Entre 2023 y 2025 la canasta de anticonceptivos que Nación envió a Santa Fe se redujo un 64%, no llegó a la provincia un sólo preservativo en estos años, y la distribución de misoprostol y mifepristona depende en un ciento por ciento del autoabastecimiento de la provincia a través de la producción del LIF y la distribución que realiza el Ministerio de Salud de la provincia a través de una red de droguerías nodales y distritales.
Así lo explica el director del Salud Sexual y Reproductiva del ministerio, Facundo Peralta, que remarca que “el 80% de las interrupciones en Santa Fe se llevan adelante en el primer nivel de atención”, por lo que desde diciembre de 2024 el tratamiento “recomendado como primera opción” por la misma dirección es el combinado de mifepristona y misoprostol.
Trabajás con miedo, miedo a que alguien te denuncie incluso con la ley vigente
“No tenemos problemas con el acceso a medicamentos que se distribuyen a través de la red, pero sabemos que la provincia es muy grande, puede haber inconvenientes, pero la disponibilidad del medicamento está, no falta y lo que hay que ajustar se trabaja con las organizaciones con quienes tenemos relación permanente”, explica el funcionario.
Sin embargo, con “la política de medicamentos como prioridad”, Peralta puntualiza “los recortes y las irregularidades constantes para establecer comunicación efectiva con los tomadores de decisiones a nivel nacional, al día de la fecha no se sabe quién es la nueva directora de Salud Sexual y Reproductiva de Nación desde marzo y esa inestabilidad de los procesos termina afectando”.
Mientras trabajan con pares de otras provincias en la constitución de una “organización federal” que les permita gestionar ante la ausencia de Nación, Peralta remarca que en Santa Fe no hubo disminución de los servicios: de 242 establecimientos que garantizaban interrupciones, se pasó a 250.
Al día de la fecha no se sabe quién es la nueva directora de Salud Sexual y Reproductiva de Nación desde marzo y esa inestabilidad de los procesos termina afectando
“Si bien no es un incremento enorme, los servicios se mantienen -continúa-. Es más, el aumento no se dio en los grandes centros urbanos, sino en localidades del centro norte, como Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela, lo que representa un dato positivo y en ese sentido seguimos trabajando”.
Sin embargo, reconoce una “deuda pendiente” con la información específica para el acceso a la práctica. “El proceso de constituir el acceso a la información en IVE es diferente al que se lleva adelante con otras temáticas”, explica el funcionario, antes de señalar que el primer material producido por el Ministerio de Salud provincial ya está disponible.
La folletería, que ya circula virtualmente y se entregará en actividades presenciales con la comunidad, incluye los puntos de inicio de las consultas, las prácticas incluidas en la ley, los tiempos de la atención y los lugares donde se realiza la atención.
“A pesar del contexto y del escenario restrictivo donde hay que establecer prioridades, hay que poner en valor que hemos podido construir una estrategia que permite blindar a la provincia en materia de insumos para IVE y para la prevención de embarazos”, afirma Peralta y remarca que esa estrategia “permite amortiguar lo que sucede a nivel nacional”.
