La solicitud de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que impulsa el gobierno de Javier Milei beneficia a los grandes laboratorios internacionales, amenaza la producción de medicamentos genéricos, especialmente para el VIH y el cáncer, y profundiza la cesión de soberanía en un área estratégica como la salud pública.
Si en la década del 90’ Argentina tuvo relaciones carnales con los EEUU, el presidente Javier Milei llevó ese vínculo a un estadío superior, cuasi pornográfico, con la firma de un extenso memorándum que aún debe ser ratificado por el Congreso pero que en su capítulo sanitario trae pésimas noticias para el sistema público de salud, específicamente en lo referido a la solicitud de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
El PCT (por sus siglas en inglés Patent Cooperation Treaty), facilitará el ingreso y la aprobación de patentes extranjeras, especialmente farmacéuticas, cuyos principales beneficiarios serán los laboratorios internacionales. La consecuencia directa para nuestro país será el alza en el costo de algunos medicamentos, fundamentalmente para el tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer y el VIH, y dificultará la producción de drogas genéricas.
Pero no es la primera vez que nuestro país busca ingresar al PCT: durante el gobierno de Carlos Menem se envió el proyecto al Senado de la Nación donde obtuvo media sanción, aunque el debate quedó empantanado en diputados, y resurgió con fuerzas a principios del 2026 por impulsó de un gobierno que se espeja en la experiencia neoliberal que dominó la escena política en aquellos años.
Desde la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) aseguran que el acuerdo firmado por Milei y Trump “a espaldas del pueblo argentino, intenta cambiar el sistema de patentes de manera rotunda, en algunos casos con efecto retroactivo que ameritará el retiro de versiones genéricas que ya se encuentran en el mercado”. En resumen, un pacto hecho a imagen y semejanza de las corporaciones, y la resignación del principio de soberanía nacional en favor de los mercados.
Un instrumento de soberanía
El 18 de marzo del 2026, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una resolución conjunta de los ministerios de Salud, Economía y del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) para eliminar las Guías de Patentabilidad, un marco normativo que condicionaba la concesión de patentes a criterios de evaluación específicos. A partir de ahora, el INPI tiene la facultad de analizar cada solicitud de manera individual, remitiéndose únicamente a la Ley de Patentes que data de 1996. “En términos simples: menos producción local, menos competencia y precios más altos, bloqueando el acceso a tratamientos esenciales que salvan vidas”, consideró la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP).
A espaldas del pueblo argentino, intenta cambiar el sistema de patentes de manera rotunda, en algunos casos con efecto retroactivo que ameritará el retiro de versiones genéricas que ya se encuentran en el mercado
Las Guías fueron elaboradas en el año 2012 por el Ministerio de Salud de la Nación, y representaban un poderoso instrumento para evaluar de manera rigurosa las solicitudes de patentes farmacéuticas en Argentina. Su misión era proteger el acceso a los medicamentos y evitar abusos en el sistema de propiedad intelectual. La resolución se basa en la declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio) y la salud pública, en donde la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece que los reclamos de propiedad intelectual no deben impedir el acceso a medicamentos esenciales.
El documento garantiza el derecho de cada país a decidir qué constituye una emergencia nacional en materia de salud, y le otorga la potestad de conceder licencias para la producción de versiones genéricas. José Di Bello, integrante de la FGEP, explicó a Enredando que esta herramienta permitió “equilibrar los derechos de propiedad intelectual con las necesidades sanitarias de cada país”, y que ciertos medicamentos “no queden atados a monopolios artificialmente prolongados”. En relación a las guías, recordó que nuestro país estableció los requisitos de “actividad inventiva, novedad y aplicación industrial que fueron muy importantes para rechazar abusos de la industria farmacéutica”.
En este sentido, aseguró que algunos laboratorios intentaron patentar la combinación de tres drogas en un solo comprimido y eso no fue autorizado “porque ahí no había ninguna novedad, los principios activos son los mismos y no hay nada nuevo en la composición química porque las guías decían explícitamente que las combinaciones no pueden patentarse”. Como ejemplo, detalló que el no reconocimiento de la patente para el esquema Emtricitabina + Tenofovir para el tratamiento del VIH, permitió un ahorro de USD 390 millones en los últimos ocho años, con precios que cayeron de USD 8.14 a USD 0.17 por comprimido.
El lobby farmacéutico
Una de las principales defensores del PCT es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), la entidad que agrupa a los laboratorios multinacionales que operan en la Argentina. En un encuentro con el presidente Javier Milei celebrado el pasado 29 de mayo, solicitaron que el tratado se vote sin modificaciones, específicamente en lo atinente al Capítulo II en donde se establece un examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: esto permite que un laboratorio antes de ingresar a cada país cuente con una opinión técnica sobre si su invención cumple o no con los requisitos de patentabilidad. Las multinacionales entienden que eso acelera los tiempos y fortalece la protección internacional para sus desarrollos.
En la vereda de enfrente, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) negoció algunos días antes con el gobierno nacional la reserva de ese capítulo en función de que favorece a las grandes corporaciones para obtener patentes en el mercado argentino, reduciendo la posibilidad de producir medicamentos genéricos a menor costo. Como ejemplo, CILFA expuso que, de aprobarse sin esas modificaciones, el perjuicio para el sector puede estimarse en 3.321 millones de dólares.
Mientras tanto, la situación en el congreso está paralizada y sin señales claras sobre qué hará el oficialismo. El diputado Esteban Paulon dijo a Enredando que el gobierno libertario estaba apurado en hacer cumplir la cuota de exportación de carne argentina contenida en el acuerdo, y que todo lo demás “son medidas muy controvertidas que le generan problemas con los estándares del acuerdo con la Unión Europea porque hay contradicciones por todos lados”. Además “EEUU entró en la guerra y este tema quedó en el lugar 640 mil de sus prioridades”, ironizó el legislador santafesino.
La salud pública en riesgo
Desde la Fundación por la Soberanía Sanitaria advierten que la discusión sobre el ingreso de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) excede largamente una cuestión administrativa. Para Laura Testa, integrante de la organización, el debate de fondo pasa por determinar quién tendrá el control sobre los medicamentos y las tecnologías sanitarias esenciales. “No se está discutiendo un trámite sino quién tiene el control sobre los medicamentos y las tecnologías sanitarias que son esenciales para la vida”, resumió.
La especialista recordó que Argentina evitó históricamente adherir al sistema para preservar herramientas de regulación soberana que le permitan promover la producción local y garantizar el acceso a medicamentos genéricos. Según explicó, el principal riesgo de avanzar en esa dirección es el fortalecimiento de posiciones monopólicas de los grandes laboratorios, con el consecuente aumento de precios y una reducción de la competencia. “Las patentes generan exclusividad comercial durante períodos muy largos y eso hace que se reduzca la competencia; como se reduce la competencia, aumentan los precios”, sostuvo.
“No se está discutiendo un trámite sino quién tiene el control sobre los medicamentos y las tecnologías sanitarias que son esenciales para la vida”,
El impacto no sería homogéneo en todo el mercado farmacéutico, sino particularmente grave en tratamientos de alto costo como el caso del pembrolizumab, una droga utilizada contra distintos tipos de cáncer, cuyo precio se redujo un 29 por ciento en apenas siete meses tras la aparición de un biosimilar nacional. En las compras públicas, además, el Estado pasó de pagar 3.171 dólares por unidad a recibir ofertas cercanas a los 1.400 dólares, una reducción superior al 50 por ciento. El ejemplo resulta ilustrativo de la tensión que atraviesa el debate: mientras las patentes extienden monopolios, la competencia reduce costos tanto para los pacientes como para el sistema público de salud.
La referente también cuestionó la contradicción entre el discurso oficial sobre el libre mercado y una política que, según entiende, favorece la concentración económica en uno de los sectores más sensibles. “Cada peso destinado a pagar a estas empresas es menos plata para ampliar cobertura, incorporar tecnología o fortalecer los servicios de salud”, planteó. En ese sentido, consideró que el acceso a medicamentos no puede quedar subordinado a la lógica de rentabilidad de las corporaciones farmacéuticas.
Las advertencias se producen en un contexto que la Fundación define como crítico para el sistema sanitario argentino. Testa sostuvo que el gobierno nacional transfirió responsabilidades a las provincias sin los recursos necesarios para afrontarlas, profundizando las desigualdades territoriales en el acceso a tratamientos y prestaciones. En ese escenario, la eventual adhesión al PCT aparece como un nuevo capítulo de una discusión más amplia: el rol del Estado en la garantía del derecho a la salud y la capacidad del país para decidir soberanamente sobre el acceso a medicamentos esenciales.
Los tratamientos para el VIH, en riesgo
La movida que promueve el gobierno nacional para reconocer patentes de medicamentos esenciales a los laboratorios internacionales, se da en un contexto de alta vulnerabilidad para las personas que viven con VIH en Argentina. Mariana Arce, presidenta de la Asociación Civil VOX de Rosario, recordó que la administración libertaria recortó 900 millones de pesos en los programas de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación, 800 millones en lo referido específicamente al VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), y 20 mil millones en insumos como preservativos y otras tecnologías para la salud. “Esto pone en riesgo la continuidad de los tratamientos”, remarcó.
“Las provincias se verán con menos fondos para afrontar los nuevos casos y los ya existentes, de distintas enfermedades por un lado, y por otro, desde hace un tiempo se viene produciendo un gran aumento de la demanda de atención médica en los hospitales y centros de salud de la ciudad y en toda la provincia”, indicó la activista. En este sentido, aseguró que “la falta de adherencia de muchas personas con VIH se debe a la no regularidad en la entrega por parte de las obras sociales, que dejan 20 días y hasta un mes a los afiliados/as sin medicación por cuestiones burocráticas cada vez más restrictivas y recordemos que si no hay adherencia al tratamiento, indetectable no es igual a intransmisible”.
Arce, de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las personas seropositivas, manifestó que “lo que no se está invirtiendo en prevención será gasto para el futuro cuando los casos aumente de manera considerable, como está ocurriendo con la sífilis y como ha comenzado a ocurrir con el VIH”. Por otra parte, denunció que en Rosario “hay escasísimos lugares donde la población LGTBIQ+ puede realizarse el test de VIH y sífilis porque la provincia guarda celosamente los insumos para no sabemos qué ocasiones y no ha distribuido reactivos desde principios del 2025”.
la falta de adherencia de muchas personas con VIH se debe a la no regularidad en la entrega por parte de las obras sociales, que dejan 20 días y hasta un mes a los afiliados/as sin medicación por cuestiones burocráticas cada vez más restrictivas y recordemos que si no hay adherencia al tratamiento, indetectable no es igual a intransmisible”
En relación al PCT, Mariana consideró que provocará “un sobreprecio imposible de pagar, lo que redundará en menos medicamentos, no habrá acceso universal para los antirretrovirales y sólo algunas personas podrán acceder a sus tratamientos”.
