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Crónicas y Reportajes

La hegemonía del discurso represivo

Como sucedió en el 2014, se instaló en los medios la posible llegada de Gendarmería a Rosario. El contexto de violencia y la seguidilla de homicidios, el rol de los medios de comunicación, y la militarización de las calles como consecuencia: una historia conocida. La censura del estreno en la ciudad de la película “Pibe Chorro” por parte del Espacio INCAA, habla de los cimbronazos que generó la instalación del tema en planos sociales y culturales. 

Por Martín Stoianovich

Fotos: Flavia Guzmán

La alerta se encendió cuando las estadísticas rápidas hablaron de un aumento en la cantidad de homicidios durante agosto en la ciudad de Rosario. La cifra de 24 muertes violentas en treinta días sacudió la agenda mediática y política por el grito de los rosarinos que comenzaron a hacerse escuchar en pequeños focos hasta que el pasado jueves 25 coparon de a miles las calles de la ciudad para movilizarse. No fue nítido el reclamo de la multitud, aunque los términos “seguridad y justicia” fueron, en gran medida, el denominador común, como así también la necesidad de definir la movilización como “apolítica y apartidaria”. Ante el reclamo, los medios acudieron a una conocida estrategia: instalar como posibilidad la vuelta de Gendarmería Nacional a las calles rosarinas, medida por el momento no confirmada. En este contexto, el rol de los medios de comunicación fue fundamental y en otros planos de la ciudad, como en el cultural, los cimbronazos no tardaron en llegar. A la película nacional Pibe Chorro, que plantea un profundo debate sobre la “inseguridad”, el Espacio INCAA Rosario le clausuró su estreno en la ciudad argumentando que “el clima del miedo se instaló” y “el título puede llegar a provocar situaciones que podemos evitar”.

Fabricio Zulatto, de 21 años, era un pibe de clase media que vivió como tal pero a quien mataron como en Rosario suelen matar a los pobres: con tres tiros en la cabeza antes de que lo tiren al pozo ciego de un rancho del barrio Empalme Graneros, en la periferia de la ciudad. La investigación hasta el momento indica que el móvil del crimen estaría vinculado a una pelea con el proveedor de drogas de Fabricio y sus amigos. Fue uno de los asesinatos más resonantes de los 24 que hubo en treinta días y que volvieron a poner el tema en agenda, ampliando el número de ciudadanos movilizados.

Los grandes medios de comunicación utilizaron a Fabricio y su familia como lo hacen con cualquier otro joven asesinado, aunque de distinta manera. El caso pudo haber quedado en el olvido como cualquiera de los miles de crímenes violentos ocurridos en los últimos años en Rosario, de los cuales en su mayoría fueron víctimas jóvenes varones y pobres que vivían en barrios periféricos. Pero Fabricio no pertenecía al sector social en el cual los pibes ven a la muerte temprana como una posibilidad no tan lejana.  Como era de clase media, la voz de sus familiares y la reconstrucción de su vida tuvieron lugar en los portales de noticias y las redes sociales en forma de conmovedores relatos. Mientras tanto, los asesinatos continuaron pero entre todos resaltó otro: el de Nahuel Ciarroca, de 27 años, asesinado en el macrocentro cuando le robaron el celular.

El mismo tratamiento mediático se hizo sobre este último caso, separando al asesinato de Nahuel de la mayoría del resto de los crímenes y ahondando sobre la investigación y los primeros reclamos de sus familiares. A los grandes medios lo que les sirve es ese particular abordaje de los crímenes en Rosario. La historia de un pibe pobre asesinado sirve para semblanza cuando lo descomunal es su historia de vida –“el pibe que cantaba rap, el pibe que iba a la escuela”- y no su muerte, porque los pibes pobres mueren muy seguido y de forma similar. En cambio, la historia de vida de un pibe de clase media sirve para semblanza cuando lo descomunal es su muerte, cuando trágicamente su vida se ve interrumpida.

Tras la seguidilla de crímenes en ocasión de robo, los medios encasillaron los reclamos de los familiares y los separaron de los otros que comenzaron a sumarse y devinieron en la movilización del jueves 25.  A pesar de que en la marcha había familiares de víctimas de la violencia policial, de accidentes viales, de conflictos barriales, y de femicidios, entre otros tipos de hechos. Y aunque la falta de organización se haya plasmado en la ausencia de reclamos concretos, lo que se percibió también fue la interpelación constante a las autoridades judiciales y políticas. Pero lo que quedó para las grandes pantallas y diarios fue “la marcha por la seguridad”.

En enero de 2015 también hubo, al menos, 24 asesinatos. Solo uno ocurrió cerca del centro: el de Alberto Niza, un peruano de 47 años muerto a puñaladas en Pasco y Necochea, hecho por el cual no se gastó más que un par de renglones de tinta. Ese mes tampoco se habló en profundidad del triple crimen del olvidado barrio Santa Lucía, en el cual fueron asesinados a balazos tres jóvenes de 15, 20 y 23 años. Pero en Santa Lucía los pibes suelen morir, o escaparse del barrio para no morir, mientras las acusaciones por la complicidad de la policía con las pequeñas bandas que manejan la vida y la muerte en el barrio son solo rumores devenidos en olvidos por la poca investigación que recae sobre ellas. Al menos quince personas menores de treinta años fueron asesinadas aquel enero, entre ellas Jonatan Herrera a manos de la policía de la provincia de Santa Fe.  A excepción de una escasa movilización por este último caso, no hubo marchas esos días, en los cuales el contexto social de violencia era el mismo que ahora. Pero los medios se habían ocupado de no contar la historia de estas víctimas. Fueron solo números, pero de la misma Rosario que hoy sangra por las pantallas de la televisión.

La política camuflada y la decisión de los que mandan

Los muertos en enero de 2015 sirvieron, como los muertos de cada mes, para hablar de la violencia sin profundizar en el reclamo de los familiares de las víctimas. Los 24 muertos en agosto de 2016 sacaron a las calles, una vez más, a familiares y a la población en general para exigir que las autoridades judiciales y políticas tomen cartas en el asunto. Así, se puso a los funcionarios judiciales, legislativos y ejecutivos a hablar de la “inseguridad” y admitir la necesidad de dejar de “hacerse los boludos”. Como consecuencia, se instaló otra vez a la posible llegada de Gendarmería como una inyección de calma ante la desesperación de la población.

La estrategia fue la misma al primer desembarco en 2014: anticipar la vuelta de la fuerza en los medios de comunicación para obligar a los funcionarios a sentar sus posturas sobre el tema. Así, se abrió nuevamente la misma polémica que se vio en el 2014, y en episodios posteriores y similares al que se vive por estos días. La disputa política y la Gendarmería como propiedad del gobierno nacional y carta de salvación para la población desprotegida fue la estrategia. En el 2014 el entonces Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y ahora la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En la provincia, siempre el socialismo ofreciéndose a la especulación y el oportunismo de funcionarios como el diputado provincial de Cambiemos, Federico Angelini, que dijo poder “dar una mano” con la llegada de la Gendarmería.

La reunión de este martes entre el gobernador Miguel Lifschitz, la intendenta Mónica Fein, el ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro, el secretario de Seguridad de la Nación Eugenio Burzaco y Patricia Bullrich junto a otros funcionarios, alcanzó para que los grandes medios hablaran de asperezas limadas y de “la vuelta de la seguridad” dejando de hacer mención a la posible llegada de la fuerza. “Creemos que no se puede volver a sistematizar parches que no han resuelto los problemas del pasado”, concluyó el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman luego de la reunión, dejando las expectativas en puntos suspensivos. En la mañana de este miércoles, Lifschitz prácticamente descartó la medida. “Coincidimos con el Ministerio de Seguridad nacional de hacer algo serio y no volver a repetir experiencias de 2014 y 2015 con la presencia de fuerzas federales durante un tiempo”, dijo en comunicación con la radio LT3.

En concreto, lo poco que en el plano político se presentó como respuesta vino de un proyecto de ordenanza presentado por Mónica Fein.  El pasado 26 de agosto la intendenta elevó al Concejo Municipal un proyecto parido al calor de “las mesas de diálogos institucionales mantenidas con la Fiscalía regional y el Ministerio de Seguridad Provincial”. A grandes rasgos, el proyecto conlleva la implementación de “nuevos recaudos administrativos para los trámites de habilitación de locales en los que se desarrollen rubros sensibles en la problemática (hechos contravencionales y delictivos) tales como: armerías, talleres mecánicos, desarmaderos, chatarrerías, compra venta de repuestos usados, de teléfonos celulares, espectáculos públicos y los vinculados a precursores químicos en los términos de la Ordenanza 9155”.

En su primer artículo, el proyecto propone que para la habilitación o renovación en rubros de armerías, compra y venta de celulares, desarmaderos de automotores, talleres mecánicos, entre otros rubros, se exija un certificado de antecedentes penales del Registro Nacional de Reincidencia junto a la planilla prontuarial de la Policía. Luego, entre otras medidas administrativas, resalta el pedido de identificación de patente para los cascos de las personas que circulan en motos, punto que ya generó controversias. Se trata de una medida no menos cuestionable que falso desembarco de los gendarmes. Entre líneas puede leerse la persecución y criminalización del ciudadano con el único pretexto de la prevención del delito.

La militarización es la cuestión

En Rosario, el primer arribo de la Gendarmería en 2014 se dio en el marco de una avanzada de homicidios vinculados al comercio de drogas y la violencia desplegada por las bandas que manejan el negocio en los territorios. La “guerra contra las drogas” era el motivo, y la ocupación del territorio, como diría Berni, la motivación. Hoy, el panorama es otro. El periodista y diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, analiza el contexto sobre el cual se instaló el tema Gendarmería. “Es la intervención del territorio, que va a generar más control social que control sobre el delito”, explicó en contacto con enREDando. “Es el famoso Plan Colombia de Uribe en el 2002, que ahora se da en Argentina y vuelve a mostrar en la práctica la alianza en temas estructurales entre el gobierno de Lifschitz y el gobierno de Macri”, agregó.

En la pasada sesión en la Cámara de Diputados, del Frade apuntó sobre lo mismo poniendo el ejemplo de la primer estadía de las fuerzas federales en Rosario, durante 2014. “En los primeros meses en los barrios se dio la sensación de cierta tranquilidad por la presencia uniformada. Después hubo una reconfiguración de los negocios. Los conflictos no desaparecen, se multiplican y diversifican”, sostuvo.

Foto: Flavia Guzmán

Desde las organizaciones sociales, por su parte, consideran que sería un error volver a insistir con el regreso de Gendarmería. Se pone el eje sobre lo represivo y no en la cuestión de la desigualdad, porque Rosario es la ciudad con más desocupación del país”, dijo a enREDando Esteban Manzano,  referente de la Federación de Organizaciones de Base (FOB).  En esta línea, agregó: “Nosotros venimos reclamando el plan Argentina Trabaja desde el gobierno anterior, que no es ningún tipo de solución pero nos permite cierto aire para poder laburar y organizarnos en el barrio. Pero traen políticas represivas”.

Respecto de la situación de violencia que vive Rosario y cómo pegan en los barrios los desembarcos masivos de las fuerzas de seguridad, Manzano consideró: “La violencia social es consecuencia de la desigualdad. En los barrios también se sufre, pero en la misma medida se sabe que son las fuerzas represivas las que controlan el delito y las mafias que organizan y permiten eso”. “Repercute en que a los pibes los caguen a palos, en que vayan marcando y controlando el territorio”, agregó.

Por tan sencilla como certera, hay una reflexión del escritor y militante Raúl Zibechi que vale la pena volver a citar. “La concentración de riquezas va de la mano con la militarización de las sociedades. Para defender la gigantesca concentración de riqueza, los de arriba se están blindando, militarizando cada rincón del planeta. Vivimos en sociedades cada vez más controladas y militarizadas, ya sea en el norte o en el sur, bajo gobiernos conservadores o progresistas. Me interesa destacar la tendencia a la militarización. El secuestro de los derechos. La criminalización de la protesta. Los de abajo vivimos en un estado de excepción permanente, siguiendo la máxima de Walter Benjamin. La militarización no es ni transitoria ni accidental, no depende de la calidad de los gobiernos ni de su discurso ni de su signo ideológico. Se trata de algo intrínseco al sistema, que ya no puede funcionar sin criminalizar la resistencia popular”.

Zibechi, en su texto “La militarización democrática”, da cuenta de un proceso arraigado a las frágiles y jóvenes democracias latinoamericanas en donde cada contexto en particular termina conllevando a procesos de militarización. El narcotráfico y “la guerra contra las drogas”, los conflictos armados y el “terrorismo” son los principales motivos con los cuales las autoridades buscan legitimar y justificar las militarizaciones. Los habitantes de los sectores populares o los pueblos en conflicto con los distintos niveles de poder, son las víctimas silenciosas de un plan que se teje entre la manipulación de la sociedad y la hegemonía del discurso represivo.

De la reciente reunión entre Provincia y Nación, quedan las conclusiones de Macri hablando de ganar “la guerra” contra las drogas, lo que acerca la mirada del gobierno nacional al análisis de Zibechi. “Erradicación del paco con la detección de cocinas, el aumento de penas para los que venden, la recuperación de los bienes vinculados a actividades delictivas del narcotráfico, la identificación de bandas, el incremento de tecnologías con fronteras inteligentes”, son algunas de las medidas que el Ministerio de Seguridad anunció en el marco de la presentación del plan “Argentina sin narcotráfico”. Medidas que no se despegan de lo viejo y conocido: la persecución de los últimos eslabones del comercio -cocina, vendedor, consumidor- y la repetición de “la guerra” como discurso hegemónico y represivo.

La casa se reserva el derecho de admisión: sin lugar para Pibe Chorro

“A una semana de su estreno en la ciudad, nos llegó un mail del responsable del Espacio INCAA Rosario anunciando la decisión de levantar las funciones programadas de nuestra película ‘Pibe Chorro’”, dice el comunicado difundido desde la página web de esta película recientemente estrenada. El trabajo que cuenta con la dirección de Andrea Testa ofrece un debate que cuestiona el discurso hegemónico que gira en torno al delito y la violencia, con una mirada que se aleja de la estigmatización social.

“El argumento que se esgrime para la apresurada decisión es que ‘la ciudad de Rosario se ve conmovida por la situación de inseguridad que se vive todos los días’, que ‘El clima de miedo se instaló’ y que la película ‘con el titulo puede llegar a provocar situaciones que podemos evitar’”, explica el comunicado acerca de cuáles fueron los motivos de la censura. De esta forma, lo que queda en evidencia es la inclinación de los espacios mediáticos y culturales hegemónicos, que tienden a fortalecer los discursos dominantes que al fin y al cabo son los que moldean a la opinión pública.

La respuesta desde el equipo de trabajo de Pibe Chorro, no tardó en llegar. “Esta decisión nos parece muy grave ya que creemos que contextos como el que se está dando en Rosario dan cuenta de la necesidad de debatir sobre la problemática, repensar sobre la violencia, sus condiciones de posibilidad, y sobre una sociedad que “temiendo” perpetúa la exclusión. En vez de esto, Espacio INCAA Rosario prefiere apagar una mirada que, como lo han destacado varios críticos y público en general, busca escapar a simplificaciones y discutir la “inseguridad” como un problema social que nos atraviesa a todos. Pibe Chorro fue pensada y realizada para intervenir colectivamente con su público y con la realidad, por eso repudiamos activamente esta decisión de dejar sin pantalla a la película en la ciudad de Rosario”.

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