Por Héctor Cepol: Todos sabemos que las palabras ambiguas arman flores de líos, más allá de que broten de buena fe. Sobre todo en la política, o perdón, en la macropolítica donde rápidamente son reclutadas y entrenadas por pescadores de río revuelto para lanzarlas al mal uso que fustigaba Cortázar. Véase, por ejemplo, lo que ocurre con los derechos humanos y la inseguridad

Hace poco la jurista mendocina Aída Kemelmajer, hablando sobre la reforma al Código Civil que trata el Congreso, deslizó que “los límites al principio básico de no discriminación viene dado por el respeto a los derechos humanos: ‘Una familia que vende la hija para pagar la deuda del padre’ –ejemplificó– está “vulnerando un derecho humano”. (Página 12, 12-6-12).

Por fin alguien que habla claro, pensé. Por fin la noción de derechos humanos es usada no solo como una vulneración del Estado. Porque, a ver: puede sonar como un debate tardío, y no lo es. El hecho de sufrir particularmente en los 70 y los 80 en América Latina un terrorismo estatal devastador, de escuchar un único discurso de los sectores represivos y quizás hasta el mismo énfasis puesto entre nosotros en refutar la teoría de los dos demonios, llevó a una distorsión que fue defendida vigorosamente por académicos y militantes y, tácitamente por los dos prólogos que pulsean en el Nunca Más.

Lo que quedó de lado es que desde el propio surgimiento internacional del concepto, los DD.HH. fueron libertades violadas no solo por el Estado sino eventualmente por grupos políticos no estatales, señores de la guerra o guerrillas cuando son realmente terroristas, todo lo cual se extiende con facilidad a corporaciones económicas, iglesias bendecidoras, thin tangs criminales, etc. Es decir, se dejó de lado que el foco no estaba en la autoría sino en la lesión de derechos básicos en escala masiva. Las víctimas, naturalmente son individuos pero suponen una víctima colectiva por el propio móvil del crimen. Claro, aun así se observará que la jurista mendocina va más lejos. Habla de una hija vendida por el padre. Borra la escala, el móvil colectivo, fija la defensa en la herida básica. Caramba, ¿adultera los derechos humanos?

La verdad es que si lo hace, el poeta que dice que en cada asesinado nos asesinan a todos, simplemente no sabe de qué habla. Pero lo sabe. Y acaso lo mejor sea olvidarse de juristas y estatutos que no lo entienden y tomar la idea de que los derechos humanos son los básicos: la vida, la dignidad, la salud, la educación, la vivienda, la posibilidad de disentir…

(Parafraseando a Amiel, toca al tecnicismo adecuarse a la verdad y no al revés. Toca al mundo…, decía el ginebrino).

Ya desde hace años, sin embargo, y fuera de Argentina, se ha insinuado este debate en sectores calificados (www.derechos.org/koaga/iv/1/huhle.html). Lo que no es poco, digámoslo, frente al paradójico temor de nuestros organismos (paradójico frente a su coraje y heroicidad de siempre) por convalidar que “el terrorismo también viola los DD.HH.”, en vez de aceptarlo bajo la simple premisa de que no toda guerrilla practica el terrorismo y, aunque lo haga, más allá de la repulsa y el castigo que merezca, tampoco es equiparable al terrorismo de Estado al no ser garante del derecho ni tener su cota de daño.

O sea, no hacía falta decir negro si la represión decía blanco. Pero se hizo, se sigue haciendo.

Aun así, acá entra lo dialéctico. Esto sería un dato intelectual y jurídico de no mediar la micropolítica (que no es la pequeña, recordemos, sino el mar de fondo, lo no institucional). Y que el equívoco también se asoma en la lengua de Doña Rosa, alguien poco interesado en los genocidios y que desdeña la noción de crimen estatal. A ella le conmueve menos el autor que el riesgo (el asalto, no la jodan). ¡Nosotros también tenemos derechos humanos! –protesta. Pero acá cuidan a los delincuentes, no a los honestos.

Discurso este que trae dos registros: el facho de que los delincuentes carecen de derechos (y los genocidas cumplieron su deber, solo hubo errores y excesos, etc.). Y el de la calle, que está lejos de desaprobar los juicios pero para la cual estos derechos son de todos y no solo de los desaparecidos.

(Que implica imprevistamente: “y no solo de los desaparecidos sino de aquellos por quienes ellos lucharon”).

Pero, ojo, Rosa no se mueve de su lugar. ¿O es menos malo –nos dice– ser asesinado por un privado que por el Estado? Y no, no lo es. O no lo es para nadie aunque lo sea para todos: para el bien común terriblemente devastado si el asesino es el Estado por el agravio, por la escala y porque el autor es el garante de las leyes.

Pero acá también está el problema. El equívoco facilita la manipulación, no sobre el primer grupo –el facho, el manipulador– sino sobre el otro que es la inmensa mayoría. No importa que aleguemos lo ético o la escala destructiva del Estado, Doña Rosa volverá a la carga: ¿Y eso qué le importa a cada víctima de la inseguridad?, nos sacudirá quizás ante terceros. Y lo dirá con sinceridad, cuidado, sin el cinismo de su presentador televisivo (que no hablaba entonces de seguridad pero ya denigraba al Estado).

Y bueno, si tenemos ánimo volveremos al no y a explicaciones inútiles. O nos mandaremos a mudar. Pero, en cualquier caso, y aunque seamos un Demóstenes en la panadería, en la cola o en la parada, siempre quedará dueña del terreno la impronta manodurista y su cosecha de aprobación y aplauso fácil.

Desde luego, agarrárselas con el diccionario no va a convertir a Rosa en integrante del CELS (ni menos a la Pando en Doña Rosa).

Pero debería importarnos debilitarles el discurso, hacerlo menos convincente. No olvidarnos, o tener más presente, que las palabras también sufren procedimientos que las desaparecen, procedimientos que son todo un protocolo para chupar luego derechos, bienes y personas. Y que pasa por prostituirlas –o más bien esclavizarlas, evitemos otro equívoco–, para lo cual, primero se las lleva por la mala senda o se fomenta y aplaude el equívoco. Es un ahuecamiento y relleno que va reorientando significantes y puntos de vista sobre asuntos críticos como institucionalidad, gobernabilidad, seguridad o democracia.

Las hermosas palabras de nuestra lucha ideológica y política no se enferman y se fatigan por sí mismas, sino por el mal uso que les dan nuestros enemigos y que en muchas circunstancias les damos nosotros. (Cortázar, Las palabras violadas).

Damos mal la batalla del sentido. Y del otro lado, no solo se benefician, además lo manejan porque a veces pareciera que dicen negro para hacernos decir blanco.

Mi madre, peronista de la primera hora por muy buenas razones, nunca entendió que su hijo adolescente criticara algunas cosas de entonces, así que cada vez que lo hacía e invocaba la democracia, la respuesta caía como un rayo: ¿Democracia…? Eso es de oligarcas.

Pero no hablaba de democracia. Hablaba de la parodia que en todas las épocas defiende la hipercrítica de derecha. Es más, ni siquiera lo sospechábamos, hablaba nada menos que de tres democracias: dos auténticas que se contraponían, la liberal y la popular, y la concepción esclavizada, la de la oligarquía y sus speechs.

Claro, en nuestro tema, váyase a suplantar la nobleza, la contundencia de derechos humanos aplicado al genocidio estatal. ¿Cómo reemplazar esas palabritas tironeadas y entrañables? Menudo problema (y político, no semántico). ¿Diremos derechos ciudadanos? Obviamente es insuficiente. ¿Crímenes estatales? Faltaría lo decisivo de “humanos”. ¿Delitos de lesa humanidad?… No si aludimos solo al Estado o sin agregarle: cometidos por el Estado.

Pero la solución quizás esté precisamente –vaya ironía– en que “los DD.HH. son de todos”. En pronunciar derechos humanos a secas solo si el discurso explicitó al Estado. Y si no, ligar lo que circula por separado y decir sin vueltas derechos humanos violados por el Estado, o por el Terrorismo de Estado. Y si viene a cuento: masacrados, pisoteados, etc.

¿Por qué? Porque Ud., Doña Rosa, tiene razón: derechos humanos son todos, solo que nadie los masacra tanto como el Estado, de modo que es crucial que los hagamos respetar con los delincuentes y los honestos, con todos. ¡Pero vaya si es cierto que la inseguridad (real, no mediática) vulnera esos derechos tanto como lo hace la corrupción policial o los métodos criminales del Estado! Así que pensemos en lo que dice su nieto o su sobrino o algún vecino: esto se mejora con políticas transformadoras y no con mano dura. Y como Ud. dice: con justicia, o sea, persiguiendo a los ladrones de guante blanco mucho más que a los de gallinas…

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