Un final que refleja la realidad

Apareció muerto el pibe de veinte años que había estado desaparecido por más de veinte días. Los Familiares y su defensa, junto a las organizaciones que acompañan, responsabilizan  a la policía por un nuevo caso de violencia institucional y desaparición forzada de persona.

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Por Martín Stoianovich

El puño de Elsa

Estábamos en la plaza Pocho Lepratti en el barrio Ludueña acompañando a una familia que había perdido a su integrante más chico. Era un homenaje que se hacía a un año del asesinato de Gabriel Aguirrez, donde amigos y familiares junto a organizaciones sociales pasaban un rato juntos para recordar a ese pibe de trece años que debería haber estado jugando en la plaza de su barrio en ese mismo momento. Pero en cambio había lágrimas de dolores, de esas que aun no cicatrizan ni con el inevitable paso del tiempo. Y esas lágrimas se mezclaban con la de Elsa Godoy. Por el momento, Elsa era aquella señora que andaba junto a una vecina del barrio dando vueltas con un papel empuñado y evitando largar sus lágrimas contenidas. Charlaba con enREDando entonces, y nos decía que no había querido hablar con los medios de comunicación de la ciudad y daba sus razones que justificaría con el paso de los días.

Con su temple de bajos decibeles y siempre con claridad, Elsa relataba el motivo por el cual se acercaba a la plaza, incluso sin querer hacerlo en un primer momento. “Para no molestar a la familia del chico”, explicaba. Pero terminaría contando todo, y relatando que su hijo Franco Casco, de veinte años, estaba desaparecido hacía dos semanas y no se sabía nada de él. Nos contaba de un dato alarmante: habían averiguado con certeza que Franco estuvo detenido en la Comisaría 7ma de Rosario. Después explicaría que ni ella ni su hijo eran rosarinos, sino que Franco había estado de visita desde Buenos Aires, y que ella se acercaba a la ciudad para buscarlo. Elsa también comentaba que a Franco lo esperaba su hijo Thiago de tres años en su Buenos Aires natal. Hablaba con la cotidiana y lógica actitud de cualquier madre que pretende volver a ver a su hijo. Mantenía sus puños cerrados, y de sus palabras brotaba, todavía, una ferviente calma que la nutría de esperanza.

Cronología de una muerte naturalizada

Tal como detalló enREDando en publicaciones anteriores, Franco había llegado a Rosario a principios de octubre, proveniente de la localidad de Florencia Varela en la provincia de Buenos Aires. Se había instalado en la casa de una tía en el barrio rosarino de Empalme Graneros. Venía de visita, pronto debía volver a Buenos Aires donde lo esperaba su hijo y su trabajo como ayudante de albañil junto a su padre. El día 6 de octubre por la noche, debería haber tomado el tren de regreso para llegar a la estación de Retiro por la madrugada del día siguiente, donde lo esperaría su madre.

Franco no volvió y fue entonces que su familia comenzó a moverse. Primero su tía en Rosario, luego su padre Ramón, que llegaría desde Buenos Aires para recorrer varias dependencias policiales. Dejaron la denuncia en la Comisaría 20, y luego en un casual paso por la Comisaría 7ma, les confirmaron que su hijo había estado detenido en dicha seccional. En ese momento, los agentes le dijeron a Ramón que Franco había sido liberado, por falta de antecedentes y por orden del fiscal Álvaro Campos, a las diez y media de la noche del martes 7 de octubre. A los pocos días, cuando todavía no se sabía nada del pibe, llegaría su madre para intentar acelerar la búsqueda.

En la 7ma, el comisario Diego Álvarez le recomendaría a Elsa que buscara a su hijo en morgues, hospitales y otros lugares de la ciudad. “Me mandaban a lugares que yo no conocía mientras que ellos tenían que haberlo buscado”, razonaba la señora por entonces. También le prohibirían ver el cuaderno de acta donde debían estar los datos del detenido y la firma previa a su supuesta liberación. En una de las tantas maniobras que dejarían ver las irregularidades en el caso, uno de los agentes que la atendió se llevó dicho cuaderno a otro espacio de la seccional, para a unos veinte minutos volver y ahí sí relatarle a Elsa los datos de su hijo, sin mostrarle nada del acta. Luego, en las afueras de la dependencia, llamaría la atención que todas las fotos con la cara de Franco, que habían sido pegadas en la zona, ya no estaban.

El caso llegó a la Fiscalía recién el 14 de octubre, y fue tomado por el fiscal Guillermo Apanowicz, quien en un primer momento delegaría la mayor responsabilidad a su secretario de Gestión Penal Leandro Trangoni y al área de Asuntos Internos. Franco Casco, identificado como Franco Godoy según el relato policial, había sido detenido por resistencia a la autoridad. Los policías le dirían a Elsa en un primer encuentro que Franco estaba drogado y borracho, y que lo detuvieron “por desacato y por agredir a la autoridad”. “Yo no creo en la policía”, diría Elsa a los pocos días. Intervenía también la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, desde donde llamaron la atención por la actitud de la Comisaría 20 que no había notificado la primera denuncia por búsqueda de paradero que habían realizado los familiares de Franco.

Los días transcurrieron y cuando el caso comenzó a tener trascendencia en los grandes medios de comunicación, la justicia comenzó a actuar de otra manera, que de todas formas seguía sin convencer a los allegados de Franco. En una visita a la Fiscalía Regional, mano a mano con Apanowicz y Trangoni, Elsa pudo ver por primera vez la supuesta firma de su hijo y la foto de legajo tomada en la Comisaría. Y aquí nuevas irregularidades: según Elsa la firma no era la de Franco, y en la foto se lo veía terriblemente golpeado. Sin embargo, Apanowicz seguiría insistiendo en que no había modo de probar irregularidades en el accionar policial. También se vería complicado el registro de las cámaras de seguridad de la seccional y de la zona, ya que todas poseen un sistema de autoborrado a pocos días.

Lo que continua, es la intervención del defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, quien se constituyó como defensor de Franco y su familia. Ganón cuestionaría a la manera de actuar de la policía. “Presentamos habeas corpus en toda la provincia para evitar este tipo de detención por averiguación de identidad. Sin embargo la policía continúa utilizando este poder arbitrario”, explicaba a los medios de comunicación días atrás.

El 30 de octubre, luego de un encuentro entre Gabriel Ganón y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), se presentó una denuncia y un habeas corpus ante el juez Federal Carlos Vera Barros. Se hablaba de desaparición forzada y la presión ya se hacía insostenible, junto a la movilización que familiares de Franco  y las organizaciones que la acompañan realizaron en la puerta de la Comisaría 7ma. Ese mismo día, por la mañana, el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio aseguraba que tres testigos habían visto a Franco el último domingo mendigando en una iglesia evangélica de la zona. Por la tarde, sin embargo, en una audiencia judicial presidida por el juez Hernán Postma, el jefe de la Prefectura admitía el hallazgo de un cadáver que en el brazo derecho tenía un tatuaje que decía Thiago, el nombre del pequeño hijo de tres años de Franco Casco. Los análisis del Instituto Médico Legal determinaron que el cuerpo, por su estado, llevaba alrededor de tres semanas en el río.

El 31 de octubre amaneció con la noticia de que el cadáver encontrado pertenecía a Franco.  El tatuaje fue el primer indicio, y el reconocimiento de sus padres fue la confirmación. Mientras los medios de comunicación más consumidos de la ciudad hablaban de que todavía no se podría determinar si se trataba de homicidio o suicidio, el entorno de Franco se convencía cada vez más de que al pibe lo mató la policía.

Desaparición forzada. El único imputado es el que murió.

En la continuación de la audiencia pública de habeas corpus, realizada cuando los familiares de Franco Casco ya habían reconocido el cuerpo, se tomó declaraciones a tres agentes de la Comisaría 7ma y a la doctora que realiza los informes médicos de los detenidos, antes y después de ingresar. La sala de audiencia se tiñó de contradicciones y amnesia intencional por parte de los declarantes. Todo apunta al poder policial y es cuestión de profundizar la investigación para que las sospechas se conviertan en certezas.

La causa, que ahora será investigada por la fiscal de la Unidad de Homicidios Mariana Prunotto, deberá atravesar distintas etapas en las que, como en las audiencias de habeas corpus anteriores, se buscará entibiar la responsabilidad de la policía. El testimonio del Jefe de Sumarios de la Comisaría 7ma, César Acosta, fue una muestra clara de esto, pero que a la vez desnuda una serie de medidas que podrían ser cuestionadas. Por un lado, Acosta relató ante el juez que aquel día salieron junto al Comisario Álvarez a patrullar por un llamado que el mismo jefe de la comisaría había recibido a su teléfono particular por parte de un vecino identificado en un primer momento como Daniel, por dos supuestos sospechosos que circulaban por la vía pública. Lo llamativo es el motivo que Acosta aduce para detener a quien luego sería identificado como Franco Casco. “En calle Catamarca y Constitución junto a un árbol había una persona, era el único que estaba ahí solo y nos pareció sospechoso que esté al lado del árbol”, dijo Acosta con total naturaleza.

“Esto se trata de una desaparición forzada, por eso pedimos la intervención de la Procuvin, y creemos que el camino que hay que seguir es el que corresponde. Franco fue detenido, es el único imputado hasta ahora en la causa, es el que desapareció, y el que seguramente fue asesinado por la policía”, aseveró a este medio Gabriel Ganón luego de la audiencia. Explicó también que a partir de ahora queda “investigar como no se hizo hasta ahora”. “El legajo del fiscal no avanzó hasta que esto no salió en los diarios de la ciudad. A partir de esto el fiscal empezó a intentar investigar qué había pasado con Franco, descartando desde el comienzo cualquier participación policial. Lo cual es indignante y revelador de la poca credibilidad que tienen los poderes públicos-punitivos de la provincia de Santa Fe”, expresó además, insistiendo en un “funcionamiento perverso de la justicia en contra de los pobres”.

Ganón analizó que la falta de celeridad de la investigación encabezada por Apanowicz desembocó en la pérdida de datos importantes, como lo son las filmaciones de las cámaras de seguridad. “El fiscal se tendría que declarar incompetente, y lo que está haciendo es querer mantener su competencia para poder seguir barriendo, como hasta ahora, la tierra debajo de la alfombra”, apuntó.

También hubo un mensaje para Ignacio Del Vecchio. “Debería estar presentando la renuncia. Eran pruebas plantadas por la policía para tratar de distraer y confundir a la población, y excusar todo tipo de responsabilidad de la policía”, consideró Ganón como respuesta a la intervención en la causa del funcionario.

Afuera, en las escalinatas de Tribunales Provinciales que a cada año acumula más movilizaciones por pedidos de justicia, Ganón junto a Elsa pediría a las organizaciones presentes que no aflojaran en la compañía a los familiares de Franco. Ahí mismo, consideraría al hecho como delito de lesa humanidad y apuntaría nuevamente a la justicia elitista. Mientras tanto, la fachada del edificio de Tribunales dejaba ver en una pintada un nuevo mensaje: “Yo sabía que a Franco Casco lo mató la policía”.

Impresiones del día después

En el momento en que apareció el cadáver de Luciano Arruga, enterrado como NN después de haber estado desaparecido durante cinco años con la Policía Bonaerense apuntada como principal responsable, en Rosario ya hacían diez días que no se sabía nada de Franco Casco. Los dos pibes, provenientes de la pobreza marginal de las grandes ciudades, fueron víctimas de una realidad que sólo se asoma en las pantallas de los medios de comunicación masiva cuando la palabra muerte es el denominador común, pero que se padece cotidianamente en aquellos sectores de la sociedad que pocos miran y muchos señalan con el dedo firme de la estigmatización. Es la realidad de los pibes y las pibas de los barrios marginados, que junto a sus familias tienen que atravesar casi día a día el peligro que implica la naturalización de estos hechos. Es la realidad que los mismos que la construyen se niegan a admitir, y no es otra que la generada por la violencia institucional ejercida por cada una de las fuerzas de seguridad dependientes del Estado, en cualquiera de sus niveles.

La violencia institucional, por parte de la policía en este caso, se posiciona como la herramienta que por excelencia cumple el trabajo de la exclusión social de una manera implícita y a la vez tácita. Entre la impunidad y el silencio se teje el maltrato y el abuso sobre las clases oprimidas a las que los derechos humanos se les pinta como una utopía, que incluso a veces es ajena. Los casos de Franco y Luciano no son aislados, sino que pertenecen al resultado desmedido de la manera sistemática de obrar que tienen las fuerzas policiales.

En los próximos días se creará sobre la vida ya extinta de Franco una serie de hipótesis que intentarán desligar a la policía santafesina de este fatal desenlace. Tal como sucedió en un primer momento, cuando se buscó justificar su detención, la justicia probablemente actuará de una manera cómplice al servicio de la policía provincial que acumula en su historial denuncias por delitos de todo tipo, siempre vinculados a negocios clandestinos o a prácticas acordes a otras épocas de la historia argentina que poco tiene que ver con esta democracia entre comillas a la que se tiene acceso de una manera totalmente desigual.

El Estado, en sus tres niveles, porque Franco se crió en la pobreza de la bonaerense Florencio Varela y murió en las mismas condiciones en la santafesina Rosario, se enfrentará a un nuevo caso de los que muchas veces terminan durmiendo en los cajones de la justicia que se reforma en todos sus aspectos menos en el más esencial: su certeza. Después de dos semanas de desaparecido, el caso de Franco Casco comenzó a tener relevancia a nivel mediático. Si bien ya había llegado a las oficinas de la Fiscalía Regional algunos días atrás, fue a través del revuelo que generó el caso en la opinión pública que se comenzó a actuar. Lo que no se hizo en casi un mes, se concretó en menos de una semana pero con el peor e irreversible resultado: La muerte del pibe, de tan sólo veinte años. En todo este tiempo, la intervención de funcionarios municipales y provinciales fue totalmente nula, dejando el mensaje en su silencio prolongado.

Los días en los que la justicia, también entre comillas,  se demoró en hacer su trabajo con certeza, fueron suficientes para que el cuerpo del pibe aparezca descartado y para que de plano, por ahora, no haya posibilidades de incriminar técnicamente a la policía y su accionar. Funcionarios del gobierno provincial colaborando con la implantación de falsos testigos que decían haberlo visto, como método desesperante para frenar las movilizaciones que exigían la aparición con vida de Franco, daban cuenta del grado de connivencia del que ningún gobierno llega a prescindir. Por otra parte, los organismos de Derechos Humanos, y organizaciones políticas y sociales que acompañan a la familia de Franco, sostienen que detrás de esto, y como en infinitos casos similares, la responsabilidad recae sobre la policía y su eterna costumbre de criminalizar a la pobreza y matar a los pibes que la padecen. Los defensores de la familia Casco hablan de delito de Lesa Humanidad. El pronto final de la vida de Franco de seguro tiene responsables, y quienes sean deberán recibir la condena ejemplar que amerita un hecho de estas dimensiones.

 

 

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