La causa judicial sigue sin novedades desde 2007 cuando fue sobreseído el único imputado, un ex oficial de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. En forma paralela, en todo este tiempo fueron creciendo las redes de delitos que esta trabajadora sexual denunciaba, con el aparato policial como principal apuntado.

Por Martín Stoianovich

Consecuencias de la impunidad: de Sandra Cabrera a Franco Casco

Los últimos años de la vida de Sandra Cabrera estuvieron atravesados por su relación con la policía. En las divisiones Drogas Peligrosas y Moralidad Pública de la Federal y la provincial respectivamente, sobre todo, su nombre siempre resonó y causó efecto. Las versiones policiales dicen que la meretriz era informante de Parvluczyk, e incluso él mismo llega a reforzar esa idea en las declaraciones que se pueden ver en el expediente. Pero la relación más marcada e incluso conocida públicamente que Cabrera sostenía con la policía, era la de denunciante sobre cada uno de los abusos y corrupciones que lideraban estas fuerzas. Esa relación fue la que marcó el destino de la dirigente de AMMAR. “Para nosotras hay una hipótesis: la mataron por las denuncias que hizo”, declaraba Elena Reynaga al diario La Capital el 2 de febrero de 2004. Esa postura es la que continúa vigente hoy en día, como asimismo continúa vigente cada delito que Cabrera denunciaba.

La corrupción policial fue creciendo de forma exponencial mientras se condenaba al estancamiento a la causa por el crimen de Cabrera. En un paréntesis que también se vincula con el cuestionado accionar policial, aparece el dato aportado por el periodista e investigador Carlos del Frade en un informe presentado en 2008 luego de acceder a escuchas judiciales que vinculan a una seccional de la zona de la Terminal de Ómnibus. “De las grabaciones surgían presuntas responsabilidad de integrantes de la Comisaría Séptima, no solamente por el conocimiento del negocio sino también por el otorgamiento de certificados de extravío de documentos para adulterar la edad de las menores”, sostiene dicho material. Hacía referencia a la complicidad de la policía provincial con las redes de trata de personas y la prostitución infantil. Pasaron los años y dicha comisaría volvería a trascender por el asesinato del joven Franco Casco en los últimos meses del 2014. Luego de haber estado detenido en la Séptima, el pibe de veinte años no volvió a ser visto hasta que veintitrés días después fuera hallado su cadáver flotando en las orillas del Río Paraná. Los nombres que ocupan cargos en dicha seccional no son los mismos en estos años, pero al parecer las costumbres se mantuvieron vigentes.

Incluso la mayoría de nombres propios de oficiales de distintas delegaciones de la policía provincial y federal que fueron apareciendo en el expediente judicial del asesinato de Cabrera, con el paso de los años volverían a las crónicas policiales siempre vinculados a situaciones delictivas.

Javier Pinatti: Este oficial fue jefe de Moralidad Pública cuando Sandra Cabrera y sus compañeras no se cansaban de denunciar irregularidades en dicha división. Desde la recepción de coimas desde boliches donde se ejercía la prostitución hasta la agresión a trabajadoras sexuales callejeras que podrían ser competencia para los grandes prostíbulos. A los pocos días del asesinato de Cabrera, el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Obeid, daba la orden de disolver dicha sección de la policía que contaba con cuarenta oficiales. Luego, Pinatti se defendería públicamente a través de su abogado argumentando que la dirigente social nunca lo había denunciado. No fue así, ya que Cabrera había acompañado como dirigente de AMMAR a otras trabajadoras a realizar la denuncia que acusaba a Pinatti y Miranda como cabezas de Moralidad Pública de proteger la clandestinidad de la whiskería Punta Cana.

El allanamiento al local derivado de esa denuncia, terminó con el dueño detenido y un dato alarmante según destaca la crónica policial del diario La Capital del  7 de febrero de 2004: “Cuando lo fueron a detener, en un procedimiento filmado, el propietario arrojó unos papeles a la basura. Entre ellos había uno con el nombre de Pinatti y el teléfono de Moralidad”. Cuando salió a la luz este caso, también reflotó un sumario del año 2002 en el que Pinatti había sido indagado por un hecho que lo señalaba de haber retenido una moto a una persona detenida cuando era jefe de la Comisaría Sexta. Pinatti estuvo en el ojo de la justicia hasta que fue trasladado como Comisario Inspector de la Unidad Regional XIV de la localidad de San Javier, donde pasaría a retiro en 2011.

Walter Miranda: La historia de Miranda es similar a la de Pinatti con la diferencia de que aún continúa ejerciendo. No sólo eso, sino que hasta principio de 2013 ocupó el cargo de jefe de la policía de Rosario en la Unidad Regional II. Curiosamente luego de que dirigentes de AMMAR de distintas delegaciones del país denunciaran públicamente esta situación durante el décimo aniversario del asesinato de Cabrera, Miranda fue trasladado a jefe de la policía del departamento de San Lorenzo.

Hoy, Miranda es el jefe de la policía de dicha localidad, que desde hace más de tres años no colabora en la búsqueda de la joven desaparecida Paula Perassi. Públicamente, el padre de la chica afirmó haberle asegurado a Miranda que la verdad del caso de su hija está puertas adentro de la policía que éste comanda. El silencio es moneda corriente en este oficial que fue cabeza de la policía rosarina cuando la ciudad se convirtió en la sede nacional del narcotráfico.

Alberto Lomonte: Este oficial era jefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal cuando asesinaron a Sandra Cabrera. Según el mismo informe de Carlos del Frade citado anteriormente, Lomonte admitió relacionarse con el padre de Sandra Cabrera, quien también era informante de la sección. En las mismas declaraciones, Lomonte negó haber conocido a Sandra Cabrera, sin embargo esto sería desmentido por Parvluczyk. En el propio expediente de la causa se destaca cómo el imputado confiesa que Lomonte solía encontrarse con Cabrera durante el día “a tomar café y hablar”. Asimismo, Parvluczyk dice haber recibido órdenes de Lomonte de que se alejara de la dirigente gremial, como así también confiesa haberse presentado a declarar por primera vez a Tribunales luego del asesinato por recomendación de su superior.

En mayo de 2004, por orden del entonces presidente de la nación Néstor Kirchner, 107 oficiales de la Policía Federal fueron relevados de sus cargos. Entre ellos se encontraba Alberto Lomonte. Tal como informaba un artículo de La Capital por aquellos días, había sido desplazado por pedido del gobierno provincial. No había caído bien que el jefe acompañara a Parvluczyk a declarar a Tribunales. Quienes están ligados a la causa del asesinato de Sandra Cabrera, señalan a Lomonte como uno de los sospechosos más firmes respecto de la planificación del hecho.

Sergio Bermejo: Ex agente de Moralidad Pública, que había sido trasladado a la División Personal de la policía santafesina pero que sin embargo seguía sobornando a las trabajadoras sexuales aduciendo su poder en Moralidad. Bermejo fue el blanco de la última denuncia que llevó la firma de Sandra Cabrera, realizada tres días antes de que la asesinaran. Había asesorado a una compañera, Stella Maris Longoni, para que denunciara a este oficial que le seguía cobrando una coima semanal incluso cuando ya no formaba parte de Moralidad Pública.

Bermejo fue  detenido y luego procesado por amenazas y cohecho en los primeros pasos de la causa judicial. Se apuntaba contra él como principal sospechoso porque sus amenazas de muerte a las trabajadoras sexuales se ajustaban al final de Sandra Cabrera. Según cuenta una de las hermanas Cinzano en el expediente judicial, Bermejo le había dicho a Sandra que podía volver a Moralidad Pública cuando quisiese y que entonces iba a “haber balas para las que habían denunciado”, y que no iba a ser él sino que iba mandar a alguien que lo hiciera.

Hugo Fornero: Cuando Sandra Cabrera vivía, Fornero era subcomisario de la Comisaría Séptima, situada en la zona en la que trabajaba la víctima. Según la declaración de una compañera de Sandra, en la noche de su asesinato había mucho movimiento de la policía de esta seccional, junto al Comando Radioeléctrico. Poco más de un año antes del hecho, Fornero había sido denunciado por el ex concejal Alberto Cortés luego de que la investigación de Carlos del Frade evidenciara que este oficial colaboraba con la falsificación de documentos de identidad para facilitar la prostitución de menores de edad en la zona de la Séptima.

En 2005, Fornero volvería a ser denunciado. Esta vez cuando era comisario de la 32 y lo acusaban de armar una causa a un joven, que luego sería amenazado y golpeado. Por este hecho sería removido de su cargo. Ese mismo año fue denunciado porque personal de la comisaría que él dirigía había sobornado a un joven de 16 años para que no se le armara una causa por robo. Por entonces, a raíz del revuelo que tuvieron estas noticias, salieron a la luz otros hechos que lo implicaban. Uno es el que difunde el diario santafesino El Litoral en su edición del 25 de enero de 2005, detallando que en 1999 Fornero fue denunciado por la cooperadora policial de Funes, localidad en la que se despeñaba como jefe del Comando Radioeléctrico. Se lo señalaba de cargar combustible en su auto particular con la cuenta de la cooperadora, aunque sería sobreseído justificando el hecho argumentando que utilizaba su auto particular por “falta de patrulleros”.

Cuando a fines del año 2011 el ahora procesado oficial Hugo Tognoli asumía como jefe de la policía santafesina, Fornero era designado como Comisario Mayor del Departamento Logística. Así conformaba su equipo Tognoli, que luego sería acusado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria de pertenecer a las redes de narcotráfico. A mediados del 2014, el diario El Ciudadano publicó un artículo detallando el procesamiento de 26 oficiales por presunto enriquecimiento ilícito. Entre ellos, están Fornero y el propio Tognoli.

José Manuel Maldonado: Era jefe de la policía de Rosario cuando asesinaron a Sandra Cabrera. Es decir, todos los hechos denunciados por la meretriz antes de su asesinato fueron realizados por la policía que Maldonado comandaba. Sin embargo cuando el gobierno santafesino armó la comisión especial de investigación del crimen, designó cinco oficiales que estaban bajo las órdenes del entonces jefe de la policía. Tal como lo detalla un artículo de Rosario12 del 3 de febrero de 2004 titulado “Cuando el zorro investiga un crimen en el gallinero”, AMMAR y CTA pedían la renuncia argumentando que Maldonado era “jefe de una corporación policial denunciada por aprietes y recaudación”. Tal como sucedió en el reciente caso de Franco Casco, se suele repudiar que la investigación de crímenes de tamaña complejidad esté en las manos de los mismos que son señalados como responsables.

Años atrás, Maldonado había anotado en su prontuario dos hechos que sucedieron cuando era jefe de la División Judiciales. Uno fue la triple violación de una menor de edad en la Comisaría Primera, y el otro la falsa acusación contra el militante social Claudio Pocho Lepratti, que había sido asesinado por la policía en el estallido de diciembre de 2001 y se lo acusaba de haber disparado a un patrullero. Esto fue desmentido rápidamente y Maldonado debió dar explicaciones del por qué no se desplazó a los oficiales acusados de violación y por qué dio lugar al acta de procedimiento que culpabilizaba a Lepratti por algo que no era cierto. Su cuestionado rol en la policía sería ineludible, a tal punto que en noviembre de 2005 fue removido de su cargo de jefe de la Unidad Regional II.

Ricardo Milicic: Era titular de la policía provincial cuando a Sandra Cabrera le designaron custodia por las amenazas recibidas, y también lo era cuando repentinamente dicha custodia fue retirada. Tiempo atrás, había estado en el ojo de los medios nacionales cuando en abril de 2003 Norma Castaño -una vecina de Rosario que denunció en distintas oportunidades al narcotráfico cuando nadie lo hacía- lo responsabilizaba de no ordenar allanamientos a los puntos de tráfico de droga que ella denunciaba por venta a su propio hijo. Tiempo después, el sindicato de policía APROPOL lo denunciaba por consumidor de cocaína. Como respuesta, Milicic presentaba los resultados negativos de una rinoscopia argumentando peligrosamente que su “única adicción es ser policía”.

También estuvo vinculado a Rosario Central, club del que admitiría haber sido barrabrava en su juventud y del cual luego ocuparía el cargo de Secretario General hasta el año 2010, durante el nefasto gobierno de Horacio Usandizaga. Por esta vinculación, en el año 2013 Milicic fue citado a declarar ante la justicia por irregularidades en torno a la venta del jugador Ángel Di María a un club europeo. Ya alejado como oficial de las fuerzas policiales, en 2014 Milicic se presentó como candidato a presidente de Rosario Central encabezando la agrupación “Pasión Canaya”.

Andrés Isaac: Tal como describe el expediente, Sergio Cabrera, padre de Sandra, relata que en la casa de su hija luego del asesinato fue hallada una gorra de la policía con la firma “Turco”. Según el padre de la víctima, Sandra le mandaba clientas al Turco a una parrilla de Garzón y Pellegrini. En la causa no pudo deducirse si la gorra encontrada era o no una prueba plantada, teniendo en cuenta que en la escena del crimen no se halló la llave de la vivienda de Sandra, lo que podía indicar que el asesino se trasladó al inmueble para retirar o plantar pruebas.

Lo que sí se pudo constatar, a través del repaso de crónicas policiales publicadas tiempo después, es la vinculación de un policía apodado “Turco” con la venta de drogas. El 11 mayo de 2007 un artículo de La Capital anoticiaba del procesamiento del dueño de la misma parrilla que mencionaba Sergio Cabrera tiempo atrás. El encargado del local, ex cabo de la Federal, había sido detenido por vinculación a la venta de droga en dicha parrilla con protección de la policía. El primer testigo en declarar fue “El Turco”, identificado como Andrés Isaac, oficial de Drogas Peligrosas, señalado de conocer la intimidad de dicho local llamado “El Puente”. Una serie de artículos de La Capital publicados los días siguientes, afirmaban que distintos testigos conocedores del lugar confiaron que años atrás solía frecuentar la parrilla Sandra Cabrera en compañía de Diego Parvluczyk. Coincidencias o no tanto. Sin embargo, fue poco lo que se profundizó sobre este detalle en la causa judicial por el crimen de la meretriz.

Este breve repaso por algunos de los actores que aparecen en el caso Sandra Cabrera y la Comisaría 7ma como seccional con jurisdicción en la zona donde se concretó el crimen, da cuenta de la vinculación a distintos tipos de delitos de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Desde prostitución infantil, pasando por amenazas, causas armadas, coimas, violaciones, barrabravas, hasta crímenes y una fuerte relación con el narcotráfico. Son delitos que giraron en torno a la misma policía que Sandra Cabrera denunciaba. El paso de los años demostró cómo, mientras el asesinato de Cabrera se sumergía en la impunidad y el olvido, todos esos delitos irían recrudeciéndose hasta llegar a la Rosario actual que lamenta en los últimos años una escalada de muertes violentas que supera las doscientas anuales, junto a firmes redes de narcotráfico como negocio pilar en la economía delictiva de la ciudad.

Las denuncias no escuchadas contra las instituciones policiales a principios de la década del 2000, son parte de los cimientos de una sociedad que hoy naturaliza el delito sin buscar el origen de la situación en la corrupción de quienes dicen garantizar la seguridad pública. La impunidad en el caso Cabrera – no sólo a partir de la falta de condena sino también por la falta de investigación de todos los delitos que desnudó el hecho – dejó abierta de par en par la puerta para que un crimen similar se repitiera. Así es como se preparó la escena para que, por ejemplo, tenga lugar el asesinato de Franco Casco en aquella misma zona pero diez años después. Muchos de los que acompañan la lucha de Cabrera y reclaman justicia por su crimen, son los mismos que piden justicia por el joven desaparecido y asesinado luego de estar detenido en la Comisaría Séptima. Más allá de lo que diga la justicia, las voces bajas de ambos casos aseguran que a Cabrera y Casco los mató la policía. Es el resultado de una ecuación directa: la impunidad sobre el crimen de Sandra Cabrera, es la asesina de Franco Casco. Ambos pertenecientes a los sectores excluidos de la sociedad, trabajadores pobres y precarizados. Ambos en la mira de la policía, una institución corrompida que con los años renueva su mafia más allá de los nombres propios.

Aqui podes leer o descargar el informe completo

Fuentes

Entrevistas:

– Elena Reynaga

– María Eugenia Caggiano

– Ismael Manfrín

– Macarena Domínguez Cabrera

Archivo:

-Expediente de la causa judicial 301/04

– La Capital

– Rosario 12

– El Ciudadano

– El Litoral

– Indymedia

– Relectura de la investigación judicial del asesinato de Sandra Cabrera. Por Carlos del Frade.

Fotografía: Archivo web

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