En un acto frente a Tribunales Federales se dieron a conocer las tres querellas que representarán a la familia del joven Franco Casco, hallado sin vida en el río Paraná en octubre de 2014, luego de estar detenido en la Comisaría 7ma. La causa, que ya está caratulada como “desaparición forzada de persona”, comenzará una nueva etapa.

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Por Martín Stoianovich

A casi cuatro meses del hallazgo del cadáver de Franco Casco, se presentaron las tres querellas que participarán en la investigación. Luego de que a fines de noviembre de 2014 la jueza rosarina Roxana Bernardelli enviará la causa a la justicia federal caratulándola como “desaparición forzada de personas”, el proceso judicial comienza a tomar nuevos rumbos. En una conferencia de prensa brindada frente a Tribunales Provinciales este jueves 12 de febrero, los representantes legales de la familia Casco informaron acerca de los pasos a seguir en la causa que encabeza el juez Carlos Vera Barros, con quien estuvieron reunidos momentos antes.  Organizaciones políticas y sociales estuvieron presentes acompañando en el reclamo de justicia.

Por parte de Elsa Godoy, madre de Franco, participará la querella formada por los abogados Guillermo Campana, Nicolás Vallet y Salvador Vera, todos integrantes de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Por Ramón Casco, padre del joven, intervendrá la Defensora Pública Oficial Matilde Bruera como representante de la Defensoría General de la Nación. Por su parte, representando a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, participará de la querella el abogado Santiago Bereciartúa. De estas tres partes, tal como declararon en la conferencia de prensa, surgió la necesidad de trabajar en conjunto para priorizar en medidas de pruebas que permitan una hipótesis alternativa a la construida por el relato policial.

Desde que se denunció la desaparición de Franco a mediados de octubre de 2014 hasta que la causa pasó a fuero federal, la investigación estuvo a cargo de la división Asuntos Internos de la policía santafesina y del fiscal provincial Guillermo Apanowicz. El accionar de estas dos partes fue reprobado y denunciado públicamente por las organizaciones políticas y sociales que acompañan a la familia Casco, y por el Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón. Las trabas a la investigación, atravesada por la demora en la solicitud de pruebas claves, sirvieron para que hoy en día la causa presente muy pocos avances.

Tal como destacó Matilde Bruera, se solicitará que la investigación se comience a partir de lo sucedido en la Comisaría 7ma el día 6 de octubre, por ser el último día en que Franco fue visto con vida, en contraposición a la versión policial que dice que el joven fue detenido un día después. “El delito de desaparición forzada involucra al personal de la policía, pero no sólo consiste en la privación de la libertad y la desaparición física, sino también en la falta de respuesta del Estado, y la falta de información tanto por parte de la policía como por parte de la Fiscalía de la provincia”, destacó Bruera. Respecto de las pruebas que se perdieron, como las cámaras de video de la zona con sistema de autoborrado, la Defensora Pública afirmó: “Vamos a tratar de remontar lo que haya quedado en el camino y proponer nuevas pruebas para construir hipótesis”.

En esta línea, Guillermo Campana explicó que una vez que sea aceptada la querella el primer paso será revisar las pruebas que fueron recolectadas hasta ahora para comenzar a diseñar la estrategia a partir de las hipótesis que puedan surgir. “Hasta el momento toda la investigación se hizo en base al relato policial e incluso se permitió que la policía se investigara a sí mismo”, criticó el abogado. Además, volvió a remarcar la necesidad de comprender que el caso Franco Casco no es un hecho aislado. “No es algo excepcional sino que lo vivimos cotidianamente en los barrios de Rosario y todo el país”, señaló.

Como representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Bericertúa explicó que dicha área, que no suele constituirse como querellante, comprendió que existe una necesidad de Estado de esclarecer el hecho. “El Estado argentino terminaría siendo responsable internacional si no se investiga el delito de desaparición forzada de personas, o si al menos no llega a concluirse con la verdad”, destacó.

Por su parte Juan Pablo Hudson, referente de la Multisectorial que acompaña a la familia Casco, remarcó la importancia de la presencia de las organizaciones sociales y políticas. “Las víctimas son jóvenes pobres, y si no hay acompañamiento esto va a quedar impune como quedan el 99 por ciento de los casos”, sostuvo.

En las audiencias públicas de habeas corpus realizadas a fines de 2014, declararon tres agentes de la Séptima junto a la doctora que realiza los informes médicos de los detenidos antes y después de ingresar. César Acosta, Jefe de Sumarios de la seccional, fue quien admitió haber salido a patrullar la zona junto al comisario Diego Álvarez por un llamado de un vecino al teléfono particular de este último. “En calle Catamarca y Constitución junto a un árbol había una persona, era el único que estaba ahí solo y nos pareció sospechoso que esté al lado de un árbol”, fueron las palabras textuales del oficial en la audiencia.

La familia Casco comenzará a atravesar una nueva etapa en el camino a la justicia. Franco fue visto con vida por última vez en la Comisaría 7ma antes de ser hallado muerto en el río Paraná, y por este motivo el personal de dicha seccional estará en el ojo de la investigación. Hasta el momento, todos continúan a cargo de sus funciones.

Click para leer documento de la Multisectorial por Justicia para Franco Casco

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