Foto: Conectate Paraná

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Mujeres víctimas de distintas agresiones aseguran que en las comisarías sus denuncias no son escuchadas y así continúan los sometimientos. Organizaciones sociales y políticas reclaman que las instituciones oficiales cumplan con sus deberes.

Por Martín Stoianovich

“Cagalo a palos y tiralo a las vías”. Así le respondieron a una vecina del barrio Ludueña en la Comisaría 12 luego de reiterados intentos de denuncias por violencia de género. Hace más de tres meses su ex pareja tiene prohibición de acercamiento pero los hostigamientos continúan casi a diario. Los llamados al 911 nunca tuvieron efecto y en la comisaría del barrio insisten con que “lo hace porque está enamorado” y ni siquiera le toman las denuncias. Ella, por su parte, está asustada y continúa buscando alguna dependencia estatal que la escuche y le asegure que las frecuentes amenazas de muerte no se concretarán.

El caso de esta vecina es el mismo de muchas otras mujeres que incluso después de la multitudinaria marcha nacional del 3 de junio continúan sin poder visibilizar la violencia que padecen. Así lo hace saber ella, contando entre anécdotas que en medio de las largas horas que pasó en la comisaría de Ludueña esperando que le tomen las denuncias, varias mujeres se acercaron por el mismo motivo y se fueron con respuestas similares. Casos puntuales que esconden detrás una problemática más compleja, que se desprende de la falta de políticas certeras y que desembocan en la naturalización de la violencia cotidiana. En los barrios rosarinos, la desinformación y la falta de recursos para casos de urgencia son los principales obstáculos que terminan sometiendo a la mujer a una total desprotección. Ante este panorama, las organizaciones sociales y agrupaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, son quienes intentan paliar la evidente ausencia del Estado en los sectores postergados.

“El problema siempre viene desde arriba. La violencia hacia las mujeres es un problema estructural, social y cultural y en ese lugar el Estado tiene una responsabilidad. No estamos hablando de cuestiones de índole exclusivamente personales”, dijo al respecto María José Gerez, Secretaria de Género de la CTA Autónoma y referente del Movimiento de Mujeres y Patria Grande. En este sentido, resulta necesario comprender cada caso como parte de una realidad integral que requiere de una protección consolidada hacia la mujer víctima de violencia, que principalmente provenga desde el Poder Judicial con un abordaje serio de todas las denuncias. Hacia el mismo punto se dirigió Cintia Encina, referente de la agrupación Pan y Rosas del Partido de los Trabajadores Socialistas, quien en contacto con enREDando señaló: “La justicia y los gobiernos son responsables. Es un entramado que comienza en la denuncia en la comisaría con la inacción policial y el maltrato a quienes denuncian”. Por su parte, María José Poncino, del Frente de Mujeres del Movimiento Evita también hizo pie en la irresponsabilidad de los policías que desestiman las denuncias: “Mucha veces quedan aisladas, y hay mujeres que hicieron más de treinta denuncias. El poder judicial es patriarcal y misógino”.

De esta manera, la violencia de género y la violencia institucional se toman de la mano y solidifican una problemática que se extiende en los distintos barrios rosarinos. Primero la mujer que sufre violencia cotidianamente, luego el complejo proceso hacia la denuncia entre el temor a la represalia y la falta de herramientas e información, y finalmente la inacción policial y judicial que conlleva a la continuidad del sometimiento a la víctima. “Hay escasos casos de violencia hacia la mujer donde no se incide en violencia institucional. Se le niega el acceso a la justicia, no brindando la información adecuada y desestimando su palabra”, consideró Gerez en este sentido. “En los sectores vulnerables sucede que faltan herramientas de información y no se conocen los canales para las denuncias, entonces se encuentran con que la comisaría es un techo”, apuntó Encina y continuó: “La mujer que atraviesa una situación sensible va a denunciar y en la comisaría la maltratan”.

Hoy, a nivel provincial el Estado brinda medidas de protección que van desde la prohibición de acercamiento, exclusión de hogar y cese del hostigamiento, pero de todas maneras parece no alcanzar para garantizar la seguridad de la víctima. “Las medidas contempladas por la ley provincial y la nacional se dictaminan rápido, pero muchas veces no son notificadas a los agresores”, argumentó Poncino en referencia a este punto. En sintonía, Gerez remarcó: “Se fueron generando leyes que contemplan aspectos de la violencia a la mujer, pero el patriarcado como sistema de dominación está tan arraigado culturalmente que se reproduce en las instituciones del Estado. Hay una incompatibilidad entre la letra y cómo se materializa”. Según notificó el diario local Rosario12, a la Oficina Fiscal de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación llegan alrededor de 120 denuncias por semana. Mientras tanto, muchos otros hechos permanecen a la espera de ser atendidos por otras dependencias del Estado que hasta el momento no generan el lazo necesario con las oficinas del poder judicial que posteriormente deben profundizar las investigaciones.

Las tres referentes consultadas por enREDando coinciden en que la movilización del 3 de junio fue un punto de inflexión para comenzar a dar visibilidad a la violencia contra la mujer principalmente en casos extremos. Pero, mientras tanto continúa sin poner la misma importancia a costumbres cotidianas que también construyen a la violencia machista. Ante esto, se apunta al Estado como el responsable que debe trabajar sobre todas las formas de violencia de género existentes. “La sociedad condena la violencia hacia la mujer en su sentido más extremo tomando conciencia del femicidio, pero hay prácticas invisibles que se siguen reproduciendo. No puede haber irresponsabilidad de las instituciones del Estado que tienen que garantizar un derecho básico como lo es el acceso a la justicia, donde se condene a este tipo de prácticas y se garanticen condiciones dignas de vida para la mujer”, analizó Gérez.

Afirmada esta realidad de desinformación, desprotección y falta de herramientas, son las organizaciones sociales y políticas que trabajan temáticas de género quienes intentan cubrir el hueco que deja la ausencia de instituciones oficiales. Pero de todas formas, dejan en claro que no se trata de ir cubriendo los errores de los gobiernos de turno, sino de ir fortaleciendo herramientas necesarias para lograr un cambio integral a nivel sociedad y no sólo generar asesoramiento espontáneo en casos puntuales. “Es necesario nuestro acompañamiento, pero es paliativo. Hay que exigirle al Estado que dé una respuesta a las mujeres, si no hay una respuesta concreta no se va a llegar a ningún lugar”, enfatizó al respecto Cintia Encina. A su vez, Gerez señaló: “Es un largo trabajo el que se hace con asesoramiento y contención de las mujeres, pero mientras las estructuras estatales no empiecen a estar más permeadas por esta política y la lleven adelante nos vamos a seguir encontrando con las miasmas trabas”.

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