Una vez más, la justicia santafesina mostró su peor cara. A la ya conocida resolución del juez Adolfo Prunotto Laborde de liberar a los 8 procesados por la desaparición de la joven sanlorencina Paula Perassi y de su intención de querellar a un referente en la búsqueda de justicia, Alberto Perassi, este lunes 31 de agosto, se sumó la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de  absolver a Brian Sprío y reducir las condenas de Daniel Delgado, de 30 a 21 años, y Mauricio Palavecino, de 24 a 19, todos condenados por el Triple Crimen de Barrio Moreno. La única pena que confirmaron fue la de Sergio El Quemado Rodriguez. Indignación, bronca y dolor en familiares y militantes sociales. 

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«El Poder Judicial Santafesino demostró hoy, una vez más, lo que sabemos desde siempre: un abismo infranqueable separa sus privilegios de nuestras realidades. Su presuntuosa jurisprudencia no logra ocultar la insensibilidad que los asiste, la sociedad a la que no se ajustan (ni pretenden ajustarse, porque implicaría desprenderse de sus privilegios). Hoy la Cámara decidió despreciar abiertamente una experiencia que, en reiteradas ocasiones, llevó adelante lo que debió hacer y no hizo el Estado: se esmeró en colectar testimonios (y proteger testigos: sí, una organización social y política, no el Estado), desagraviar el nombre de los pibes (sí, desagraviar el nombre de las víctimas), y un largo etcétera de coraje y desvergüenza estatal», manifestó hoy el referente social y Concejal electo por el Frente Ciudad Futura, Pedro Salinas.

El dolor y la bronca sacudió la tibia mañana de este 31 de agosto con la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones. «Sí, un golpe fuerte, de esos que te invitan a pensar si no está todo perdido. Pero sabemos que no.  Que las cosas no son así. Las cosas están así. Y nosotros (por muy mucho que le pese a muchos) vamos a cambiarlas», expresó Pitu Salinas, convencido de que la movilización y la lucha popular es el único camino para torcer el brazo de la injusticia.

Compartimos el reciente comunicado del Movimiento 26 de Junio.

Comunicado del Movimiento 26 de junio

Hace algunas horas, la Sala II de la Cámara de Apelaciones leyó los fundamentos de la resolución a la que arribaron en el marco de la revisión de penas surgidas del juicio oral y público por el Triple Crimen de Villa Moreno, en el que el Tribunal de primera instancia condenara a los cuatro implicados en el asesinato de Jere, Mono y Patóm con penas desde 24 hasta 32 años de prisión.

Aquel caudaloso texto de sentencia, fundado en frondoso material probatorio acumulado por años de una investigación instructoria diligente, ventilado en más de diez audiencias públicas de cara al conjunto de la ciudadanía, hoy resultó desautorizado por la Cámara en sus extremos más salientes. Por dos votos (Georgina Depetris y Daniel Acosta) contra uno (Alfredo Prunotto Laborde), se decidió reducir las penas de Daniel Delgado de 30 a 21 años de prisión y de Mauricio Palavecino de 24 a 19 años.

Pero, además, contra todo pronóstico que se empariente con algo de lógica y sentido común, se decidió absolver a Brian “Pescadito” Sprio, quien fuera condenado por el Tribunal de primera instancia a la pena de 28 años de prisión. Una vez más: de 28 años de prisión, a una absolución lisa y llana. Desde ya, la fundamentación de esto último fue pobre y escueta, pero lo más llamativo es que se fundó en la modificación de los hechos tal como habían sido acreditados en el juicio oral y público, es decir: las constancias de las cámaras del HECA que muestran a Sprio trasladar a su amigo Maximiliano Rodriguez a ese nosocomio, el traslado del BMW de Maximiliano a calle Cafferata y Avenida del Rosario y su arribo nuevamente al HECA, para retirarse junto a Delgado por puertas distintas, no fueron tenidos en cuenta por Depetris y Acosta al momento de valorar el hecho. Como así tampoco -y esto ya es indignante- no fue tenido en cuenta que Sprio, se supone íntimo amigo de Maximiliano Rodriguez, nunca jamás volvió al nosocomio a velar por la salud de su amigo. ¿Repentina indolencia? Parece una actitud más propia de alguien que intenta sustraerse de un proceso penal, lisa y llanamente: ¡profugarse de la justicia!

Mientras nuestro equipo de abogados estudia en detalle las variables técnico-jurídicas de la resolución, nos interesa aquí estampar algunas consideraciones de orden más general, entendiendo que ninguna investigación judicial (y mucho menos ésta) puede ser verdaderamente apreciada sin un contexto preciso. Es que aquí, con toda claridad, no sólo se discuten tecnicismos, jurisprudencia, o interpretación de doctrina. Lo que se puso en tensión con la movilización emprendida desde aquella fatídica madrugada del 1 de enero de 2012, lo que se colocó en escena, son formas diametralmente opuestas de entender a la Justicia. Y se logró, nunca está de más resaltarlo, en el contexto más adverso que se pueda imaginar.

Los familiares, amigos y compañeros de militancia de los pibes apostamos a generar un proceso que, amparado en la movilización popular y en un caudal probatorio atípico por su extensión en causas como a la que hacemos referencia, pueda colocar a los distintos actores judiciales, en las diferentes instancias, debiendo fundamentar sus actuaciones frente a la sociedad toda. A eso algunos lo llaman, interesadamente, “presión popular”.

Nosotros insistimos en denominarlo democracia. Para los primeros, la justicia no es algo muy lejano a una mera transacción entre partes, siempre ejecutada en oscuros e inaccesibles despachos, cuasi guaridas donde resguardar sus privilegios (cultores de una presión solapada, que jamás se les ocurriría denunciar: la presión corporativa). Para los segundos, para nosotros entre otros tantos, la justicia debe ser un servicio público; no como una mera expresión de deseos, sino como algo concreto y material: algo muy parecido a lo que fue hasta aquí el proceso judicial del Triple Crimen de Villa Moreno, quizás el proceso más accesible a la ciudadanía de que se tenga memoria por estos suelos. Por el contrario, lo que mostró hoy con obscena claridad la resolución de Cámara, es el enorme abismo que separa al Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe respecto de las víctimas.

No podemos menos que sentirnos alarmados por la reciente resolución de Cámara, debido a que no sólo desautoriza una fundada sentencia que se recostó en un plexo probatorio de una densidad inusual, en igual de inusuales audiencias orales donde se ventilaron testimonios certeros, escuchas por demás significativas, y un proceso investigativo de tres años; desautorizó además una de las formas de la justicia en pugna, y con ella, dejó un mensaje atroz: los jóvenes de barrios periféricos pueden seguir matando y muriendo, indistintamente, porque eso a la Justicia no le interesa en lo más mínimo.

Por nuestra parte, aún profundamente adoloridos, no pensamos en bajar los brazos. En los próximos días presentaremos un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Santa Fe, y con seguridad en los días venideros anunciaremos actividades para proseguir este proceso de lucha.

Por ellos, por nosotros, por todos: ¡luchamos y lucharemos!

#SeráJusticia

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