Hasta hace pocos días la investigación de la Fiscalía se ajustaba al resultado de la autopsia para descartar las posibilidades de muerte violenta. Una cámara de vigilancia mostró cómo un patovica golpeó fuertemente a Pichón y ahora todo cambia. Mientras, la defensa de la familia continúa pidiendo el pase de la causa al fuero federal.

Foto: Rosario3

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Por Martín Stoianovich

En una audiencia pública realizada esta mañana en los Tribunales Provinciales y presidida por el juez Luis María Caterina, fueron imputadas cuatro personas por el homicidio de Gerardo Escobar y su posterior encubrimiento. Se trata de tres patovicas del boliche La Tienda y dos policías que trabajan en el lugar con tareas adicionales. La decisión fue tomada por los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria y se fundamenta, en principio, por el registro de una cámara de vigilancia que muestra parte de la golpiza que provocó la muerte de Pichón. Mientras se realizaba la audiencia, el abogado Salvador Vera, representante de la familia de la víctima, presentaba un habeas corpus preventivo como motivo de las reiteradas citaciones recibidas de parte del Ministerio Público de la Acusación, consideradas como hostigamientos. En el entorno de la familia Escobar la noticia de los cinco imputados apareció como un alivio pero de todas maneras continúan exigiendo que la causa se caratule como desaparición forzada de persona y por lo tanto se traslade al fuero federal.

Atrás quedó el testimonio del colectivero a través del cual se mantuvo hasta que fuera insostenible la hipótesis manejada por la Fiscalía acerca de que Pichón Escobar se había tomado un colectivo y, desorientado, se había bajado en 27 de Febrero y Paraguay para luego aparecer sin vida las aguas del Paraná. Atrás quedó el énfasis puesto en su “andar errático” y ya resulta inverosímil la hipótesis de suicidio. Días antes de que fuera hallado el cadáver de Pichón, sus familiares comenzaron, junto al defensor general de la provincia Gabriel Ganón y al equipo jurídico de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, a insistir a la Fiscalía en la posibilidad de que el chico haya sido víctima de agresiones de los patovicas y el personal policial que trabaja en el boliche. Días después, luego de una masiva movilización de organizaciones políticas y sociales exigiendo el esclarecimiento del hecho, el rumbo de la investigación cambió rotundamente. Una cámara de vigilancia de calle Tucumán al 1000 lo confirmó: un patovica golpea a Pichón ferozmente, con golpes de puño y de rodilla, y luego lo arrastra hasta un sector que la cámara no alcanza a registrar.

Dicha secuencia es la continuación del video conocido públicamente en el que se ve a Pichón saliendo de La Tienda, dirigiéndose a la esquina de Sarmiento y Tucumán y a los pocos segundos un grupo de personas siguiéndolo. Entre ellos están los cinco detenidos. Cristian Vivas, el patovica que se ve golpeando al pibe, fue imputado por homicidio y los otros cuatro por encubrimiento agravado. Vivas es el mismo patovica que vive en inmediaciones de donde fue rastreado el celular de Pichón a través de un sistema de GPS casero, dato que había sido desestimado por la investigación oficial. Los otros imputados son Luis Alberto Noya, Maximiliano Amiselli, César Darío Ampuero y José Luis Carlino, los dos primeros empleados policiales y los otros también patovicas de La Tienda. Tal como lo describió el fiscal Coria durante la audiencia, la acusación sobre Vivas recae “por haber dado muerte intencionalmente a Gerardo Escobar aplicándole golpes de puño y con la rodilla en distintas partes del cuerpo”, y a los restantes “por ocultar el cuerpo y trasladarlo a la orilla del río Paraná donde finalmente lo arrojaron”.

Por su parte, la fiscal Fabbro informó que el médico forense Raúl Rodríguez habló de “un edema cerebral que podría responder a un traumatismo o una asfixia”. Asimismo se aclaró que no existen certezas en cuanto a la causa de la muerte de Pichón debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, por lo cual se está a la espera de nuevos estudios que avancen sobre este punto. Vale recordar que desde un principio el médico de parte del equipo de Gabriel Ganón manifestó haber visto fuertes golpes en distintas zonas del cuerpo de la víctima. Ante estas contradicciones expuestas entre ambos resultados, Ganón remarcó un detalle relevante: el médico Rodríguez tiene un extenso pasado laboral en la policía de Santa Fe y es el mismo profesional que realizó la autopsia al cadáver de Franco Casco, proceso cuestionado por sus pobres resultados.

Si bien esta reciente imputación llega para aliviar un poco el dolor de la familia Escobar, la tranquilidad todavía está lejos. Así lo remarcó Luciana, hermana de Pichón, luego de la audiencia al indicar que continuarán exigiendo que la causa pase al fuero federal y se investigue como desaparición forzada de persona. Sobre este aspecto habrá una audiencia el próximo miércoles a las 11, en donde se decidirá si la causa cambia de competencia y además se resolverá la prisión preventiva de los detenidos. Para Gabriel Ganón no deja de llamar la atención el repentino y rotundo cambio que atravesó la investigación. “Nos preocupa que sea una maniobra para pretender retener la competencia en la provincia, porque no es lo mismo calificar un hecho como homicidio que como desaparición forzada de persona”, sostuvo el letrado en conversación con enREDando.

“Estamos en el mismo lugar donde nosotros dijimos que había que poner el foco, que es en los patovicas y policías que estaban esa noche en La Tienda”, dijo. Además, relacionó los avances con “el activismo social en la ciudad y de la familia de Gerardo, que pudo poner suficiente presión para que se modificara la situación” haciendo referencia a la movilización del pasado jueves. La intención de Ganón de que la causa pase a la justicia federal hace pie en la necesidad de investigar con profundidad la participación de los agentes policiales tanto en el hecho como en todo el entorno del boliche La Tienda. “Hay que desentrañar todo el cúmulo de circunstancias extrañas que hay detrás del hecho, las declaraciones falsas o los rumores de que en el lugar se venden estupefacientes. Requiere de una investigación muy puntillosa y más allá de la buena o mala voluntad de la Fiscalía, las garantías no están reunidas en la justicia provincial”, explicó. La carátula de desaparición forzada de persona cabe cuando interviene el Estado, en este caso a través de una de sus fuerzas de seguridad. En tanto, todavía resuenan las prematuras declaraciones del Ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, quien se apresuró a desligar a la policía de lo sucedido.

Además, Ganón consideró que es necesario investigar el posible vínculo del hecho con ciertas comisarías. Cuando todavía se buscaba a Pichón, la Fiscalía ordenó allanamiento a la Comisaría 8 a raíz de un testimonio que dijo haber visto al pibe detenido en dicha seccional. Al respecto, Ganón llamó la atención sobre la posibilidad de que realmente se trate de la Comisaría 18, que por jurisdicción estuvo encargada  de la búsqueda de paradero del joven. Para el defensor la presencia de la policía en La Tienda es un punto fundamental a ser investigado.  “Se pierde la hipótesis del colectivero, la hipótesis del suicidio, y la hipótesis de la nada”, sentenció.

Habeas corpus contra hostigamientos

Mientras se realizaba la audiencia pública por la imputación de los implicados en el asesinato de Pichón, el abogado Salvador Vera presentaba un habeas corpus preventivo para evitar que vuelvan a solicitar que declare ante el Ministerio Público de la Acusación. “Realizamos la presentación en función de las restricciones a mi libertad personal que he sufrido en virtud de citaciones por parte del MPA, a los fines de prestar declaración testimonial en la investigación de la causa Escobar”, dijo Vera. “No podemos ser testigos porque somos una parte interesada en la investigación. Nos parece grave en términos constitucionales”, agregó.

Además destacó la informalidad con la que se realizó la citación, siendo la primera firmada por un policía y sin ninguna referencia por parte de la Fiscalía. “La primera fue firmada por personal policial de la Comisaría 7ma, y comienza a interceder un factor grave en virtud de nuestra participación como querellantes en la investigación del caso Casco y del allanamiento del cual participé en la seccional”, sostuvo al respecto.

Vera fue vocero de la principal sospecha de la familia sobre el asesinato de Pichón a manos de patovicas y policías, y por decirlo públicamente fue citado a declarar. Mientras tanto, sobre los avances en la causa, el abogado indicó: “Hay dos agentes policiales detenidos, esto da cuenta de la participación de fuerzas policiales y esto para nosotros, como desde el principio, se trata de una situación que encuadra en la figura de desaparición forzada de persona y no en una figura de homicidio simple. La causa debería pasar a la jurisdicción federal”.

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