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Tibia jornada judicial

¿Quién se hace cargo de la muerte de Pichón?

El juez Luis María Caterina rechazó el pedido del defensor general Gabriel Ganón de cambiar la competencia de la causa al fuero federal con carátula de desaparición forzada de persona. Por otro lado se confirmó la prisión preventiva sin plazos para los cinco imputados. De todas maneras, la causa sigue sin mostrar nuevos avances sobre la oscura muerte del joven de 23 años.

Por Martín Stoianovich

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo en torno a la desaparición y muerte de Gerardo Escobar. Mientras afuera de los Tribunales Provinciales cientos de manifestantes exigían que la causa se caratule como desaparición forzada de persona y pase al fuero federal, dentro del palacio se vivió con intensidad una jornada que dejó un fuerte sabor amargo. El juez Luis María Caterina decidió no aceptar el pedido del defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, para que cambie la competencia de la causa y por lo tanto seguirá siendo investigada por la justicia santafesina. En una provincia con cada vez más delitos en donde se implica a la fuerza policial, un nuevo fallo judicial inclina la balanza en contra de las víctimas. En esta oportunidad, el asombro pasó por las coincidencias entre la defensa de los acusados y los fiscales que intervienen en la causa. La medida se apelará y mientras tanto se espera que sea aceptada la querella en representación de la familia Escobar. Por otro lado, el magistrado confirmó la prisión preventiva sin plazos para los tres patovicas y los dos policías imputados por el asesinato de Pichón y su posterior encubrimiento.

Los compañeros de trabajo de Pichón, junto a organizaciones sociales y políticas, se reunieron en la puerta de Tribunales Provinciales para acompañar a la familia y sus representantes legales en el pedido de cambio de competencia en la causa. Cientos de papeles con la leyenda “Lo de Pichón  es desaparición forzada porque la policía está involucrada” quedaron pegados en la fachada del edificio del poder judicial como gesto de disconformidad con las medidas que se vienen tomando en torno al hecho. En la audiencia, en la que había catorce policías custodiando, Ganón expuso su postura para fundamentar la solicitud de cambio de competencia. “Como ha quedado claro, hubo participación policial y la familia recibió denuncias anónimas de que Gerardo permaneció privado de libertad en una comisaría de Rosario. Este punto no se investigó con profundidad y todas esas circunstancias que envolvieron al caso deben ser esclarecidas, y creemos que la jurisdicción provincial no es la adecuada para continuar la investigación”, remarcó el defensor.

La crítica que Ganón plantea a la investigación de la Fiscalía, también se traduce implícitamente en la estrategia de los defensores de los imputados. “No se reúnen los requisitos para el delito de la desaparición forzada de persona. No está acreditada, en toda la colecta de evidencia que ha hecho la Fiscalía, alguna privación eventual de la libertad de parte de la víctima”, sostuvo uno de los abogados defensores.  “Si se toma en cuenta que la Fiscalía está investigando profundamente y no se puede establecer todavía la causa de la muerte, tampoco se puede hablar de desaparición forzada de persona”, agregaron.  Las irregularidades en torno al accionar policial en la desaparición de Escobar son llamativas, pero los fiscales se limitaron a imputar a los dos policías implicados sin siquiera fundamentar dicha medida. Así, queda servida la negativa al cambio de carátula. Es el resultado del poco avance de la investigación encarada por la Fiscalía, que hasta hace pocos días prefería quitarle fuerza a la hipótesis de muerte violenta.

En este sentido Ganón también advirtió sobre la participación del médico forense Raúl Rodríguez, un ex empleado de la policía provincial, quien en el informe de la autopsia sobre el cadáver de Pichón negó haber visto golpes, mientras que el médico de parte del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal sostenía todo lo contrario. Para el defensor general es inadmisible que continúe llevando adelante la investigación la misma policía que está implicada en el hecho.

Los fiscales que intervinieron en la audiencia fueron Rafael Coria, Marisol Fabbro y Miguel Moreno, que hasta el momento no había participado en la causa. Este último es quien lleva adelante la investigación de la mayoría de casos de gatillo fácil ocurridos recientemente en la ciudad y ninguno de ellos muestra esclarecimiento a favor de las víctimas. Son estos aspectos los que llevan al entorno de la familia Escobar a desconfiar del paso a paso de los fiscales.  “Lo que tenemos hasta el momento es lo que manifestamos”, declaró Coria en la audiencia. Se refiere a lo básico: algunos testimonios que confesaron recientemente haber visto a Vivas golpear a Pichón, y las innegables imágenes de la cámara de seguridad que registra el momento de la golpiza. De todas maneras, la Fiscalía no descartó la posibilidad de que nuevas pruebas que comprometan a la fuerza policial permitan que se vuelva a discutir la posibilidad de trasladar la competencia de la causa. “Con el avance de la investigación hipotéticamente podrían surgir elementos que nos hagan inclinar y calificar el hecho como una desaparición forzada de persona. Pero hasta el momento tenemos esta evidencia, por lo cual es prematuro aventurar una conclusión en cuanto a la tipificación que plantea el defensor general”, afirmaron.

Luego de tomada la decisión de Caterina de no aceptar el cambio de carátula, Ganón remarcó su sorpresa por la coincidencia entre los abogados defensores y los fiscales. “Nos preocupa muchísimo la coincidencia argumentativa de la Fiscalía con la defensa. Uno puede entender la postura de los defensores, pero no de la Fiscalía de pretender retener una competencia que no le corresponde”, declaró. Luego indicó: “Cuanto más tiempo pasa, la verdad más se aleja. Que continúe investigando la policía de la provincia no nos da ninguna garantía de que la causa avance correctamente y se determinen las responsabilidades como corresponde”. Además arriesgó que la Fiscalía podría pretender favorecer a los imputados: “Ni siquiera los acusó de homicidio criminis causae, ni de homicidio premeditado con el concurso de dos o más personas”. Asimismo, adelantó que se apelará el fallo y se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y de Nación, y la Fiscalía Federal.

Por su parte, la fiscal Fabbro respondió: “No se es coincidente con la defensa, la Fiscalía todo el tiempo marcó hipótesis de trabajo en base a evidencias objetivas, en ningún momento dio a suponer cosas sin tener los elementos necesarios. Sería una irresponsabilidad y muy prematuro venir a una audiencia con una conclusión tomada sobre pruebas no acreditadas”. La objetividad de la Fiscalía permite que por el momento los responsables de la desaparición y asesinato de Pichón tengan la posibilidad de recibir condenas bajas en caso de que avance la causa. La pena por desaparición forzada de persona puede elevarse a 25 años, en cambio, como está dada la situación hasta el momento, por homicidio simple puede caber una pena menor a ocho años y de dos a seis años por encubrimiento.

Prisión preventiva, al menos

La sacudida a las esperanzas de la familia Escobar tuvo un alivio cuando la Fiscalía solicitó la prisión preventiva sin plazos para los cinco imputados y dicho pedido fue confirmado por el juez Caterina a pesar de la negativa de los defensores.  Según sostuvo Fabbro, dicha medida cautelar se tomó no porque haya material suficiente para en un futuro pedir condena, sino porque existe probabilidad de autoría. También porque hay peligro de fuga por la pena en expectativa y posibilidad de entorpecimiento probatorio porque en los delitos atribuidos ya quedó a la vista la intención de ocultar el homicidio (arrojando el cadáver una vez consumado el homicidio). Sin embargo, la fiscal no hizo mención de la manipulación de elementos probatorios que la fuerza policial como institución pueda realizar en la investigación.

Fabbro realizó en la audiencia un recorrido por el ya conocido proceso que llevó a la imputación, haciendo hincapié en el registro de la cámara de seguridad de Tucumán al 1000 en donde se ve la golpiza del patovica. También remarcó que cuatro testigos que anteriormente habían declarado sin profundidad ante la Policía de Investigaciones, volvieron a testimoniar en la Fiscalía y todos coincidieron en ver el ataque mientras una mujer gritaba “Dejá de pegarle que lo vas a matar”. La fiscal destacó que estas declaraciones se dieron con los imputados ya detenidos y entonces agregó un motivo más para fundamentar el pedido de prisión preventiva.

Los abogados defensores por su parte se opusieron a la medida cautelar y pidieron prisión domiciliaria, salvo uno que solicito la libertad plena para su defendido. Sostuvieron que no hay pruebas de que la muerte de Pichón haya sido provocada por los golpes de Vivas, y hablaron de que “es exagerado hablar de homicidio y se está confabulando un falso problema”. “No hay pruebas para decir que Vivas es responsable de la muerte de Escobar”, dijo el defensor del único imputado por homicidio. “No tenemos certeza de una muerte violenta, se habla siempre sobre hipótesis y nunca sobre algo concreto”, manifestó por su parte el defensor del policía Luis Alberto Noya. Hasta se animaron a criticar una de las pocas evidencias recolectadas por los fiscales, criticando la calidad del video y cuestionando las imágenes por las que se acusa a los imputados. Otra vez, los argumentos de los defensores reparan en la floja investigación de la Fiscalía. A veinte días del hecho no se determinaron las causas de la muerte, y no se recolectaron pruebas que vayan con mayor contundencia contra los responsables de la desaparición y crimen de Pichón.

¿Quién se hace cargo de la muerte de Pichón? El testimonio de los policías

“¿Quién se va a hacer cargo de lo que yo pasé en Piñero?”, dijo entre sollozos Luis Alberto Noya, uno de los policías que la fiscalía implicó como encubridor del homicidio de Pichón. Noya largó sus lágrimas y mencionó un fuerte dolor de cabeza que aquella noche en La Tienda lo tuvo a maltraer. Es la persona que se ve sentada en uno de los videos en donde un grupo de personas, entre las que se encontraba Pichón, salía del boliche. En su relato, Noya buscó alejarse en todo momento de la participación en el hecho y dijo que sólo se asomó a ver qué pasaba cuando la encargada del local le comentó de lo que sucedía afuera.

Maximiliano Amiselli, el otro policía imputado, también buscó un relato sentimental. Contó que está sin trabajo por licencia y que en el bar La Tienda, por su buena relación con los dueños, nunca le negaron trabajo. La licencia que tiene es por una lesión que se produjo en otro episodio violento en el mismo local, cuando “redujo a un masculino” y en el forcejeo un compañero de la seguridad se cayó sobre su pierna. “Me ayudaron mucho económicamente en su momento”, remarcó al respecto. En la descripción de los hechos, Amiselli se enredó contando lo que vio y lo que le contaron, pero dice nunca haber visto que Vivas golpeó a Pichón. Minutos después, la fiscal Fabbro remarcó sus contradicciones.

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