Roberto Arrieta tenía 22 años cuando murió asesinado la tarde del domingo, en la sede de la Comisaría 5ta de Puerto General San Martín. Un efectivo policial le disparó a muy corta distancia una bala antitumulto que impactó en su pecho. La comisaría es la misma que dos años atrás había sido denunciada por ejercer violencia institucional contra una mujer víctima de violencia machista. Organizaciones sociales y de derechos humanos convocan a movilizarse y acompañar a la familia en reclamo de justicia. 

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Comisaría 5ta de PGS. Foto: Periódico Síntesis

Por María Cruz Ciarniello

Una bala antitumulto terminó con la vida de un pibe de 22 años. Más allá de las circunstancias, que para la Fiscalía siguen siendo “confusas”, el hecho visibiliza una realidad inocultable: otro joven es asesinado por las fuerzas de seguridad de la provincia.

A Roberto Arrieta lo mataron a quemarropa el día de su cumpleaños, el domingo 6 de septiembre, la misma fecha en que se cumplían 11 meses de la desaparición y asesinato de Franco Casco en manos de la policía de la Comisaría 7ma de Rosario y a muy pocas semanas de encontrar sin vida y flotando en las aguas del Paraná – al igual que Franco- el cuerpo de Gerardo Escobar, crimen por el que están imputados patovicas y policías que prestaban servicios adicionales en el boliche La Tienda.

Los hechos, lejos de ser casos aislados, revelan la continuidad de un determinado accionar policial que es recurrente y sistemático.

El pibe falleció casi en el acto luego de que el policía Jonathan Puebla de la Comisaría 5ta de Puerto General San Martín le disparara a corta distancia una bala antitumulto que impactó en su pecho. Todo ocurrió en la sede de la comisaría a la que Roberto había concurrido con la intención de radicar la denuncia tras ser embestido en su moto por un móvil policial.

La versión oficial, como suele suceder, pone el foco en la víctima y señala que Arrieta había intentando eludir un control vehicular. Que más tarde, en la comisaría, se produce una supuesta discusión entre los familiares y la policía, y en esas circunstancias es que se efectúa el disparo que terminó con la vida de Roberto. En declaraciones al diario Rosario 12, la fiscal a cargo, Karina Bartocci remarcó que todavía se están tomando «declaraciones testimoniales a las personas que se encontraron involucradas en los hechos, que fueron muchas”.

Consultadas por enREDando, las organizaciones sociales y de derechos humanos no dudan en remarcar que se trata de un nuevo caso de gatillo fácil: “A Roberto lo asesinan a sangre fría”, dice una muy allegada a la familia, militante de ATE San Lorenzo. Teresa Lencina es contundente en cada una de sus palabras. “Ellos dicen que era un motín, y no lo era, eran sus familiares que acompañaban a Robertito a hacer la denuncia y la única realidad es que hay una policía que lo asesinó a sangre fría”.

“Con el correr de las horas fuimos dilucidando de que en realidad Roberto había sido asesinado dentro de la comisaría, en circunstancias complejas porque se hablaba de una fuga ante un operativo de tránsito y luego supimos que había tenido un accidente con un móvil policial y que no había sido demorado. Lo que todavía no pudimos dilucidar si él había tratado de eludir el control y el móvil corriéndolo, lo choca de atrás con intenciones claras de agredirlo. Roberto se remite a la comisaría 5ta a hacer la denuncia y en una discusión, uno de los oficiales saca la Itaka y le termina disparando en el pecho a muy corta distancia. Esto nos provocó un estado de alerta en el que estamos constantemente. Es un caso mas de as cantidades de hechos que ocurren en esta provincia y en manos de la policía”, señala y relata con claridad Soledad Chiedin, integrante del Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial.

Las organizaciones que acompañan denuncian una actuación sumamente irregular del personal policial. Es que nunca llamaron a la ambulancia para que concurriera al lugar.  “Lo llevaron tirado en una chata de un móvil policial, escoltado por otros policiales. No permitieron que intervenga personal de salud. No es lo mismo cuando una ambulancia llega y encuentra a una persona herida que cuando encuentra a una persona asesinada”, señala Chiedin. “Si hubiesen llamado a la ambulancia seguramente el procedimiento para la justicia hubiese sido otro, el levantamiento de las pruebas y poder determinar qué había sucedido con este joven. Esto es la crónica de una muerte anunciada de una policía completamente desbordada, impune y con poder de fuego”.

Este martes se realizará la audiencia imputativa en la que el policía sindicado como el autor del crimen declarará  ante el Juzgado Penal de Primera Instancia a cargo del juez Eduardo Filocco, el  primer magistrado que durante tres años estuvo al frente de la causa de Paula Perassi. “Fue el juez que perdió todas las pruebas”, señala Teresa. Alberto Perassi, el papá de Paula, había cuestionado duramente su accionar: «En algún momento el doctor Filocco me tendrá que explicar porque no hizo absolutamente nada, lo que me dijo en los primeros días es que era una loquita que se había calentado y ya iba a volver, los tres años que tuvo la causa no hizo nada”, declaró Perassi al Diario La Capital en abril de este año.

«En este caso probablemente quiera hacer lo mismo. Afortunadamente hay muchos testigos y que realmente son muy aguerridos, no se van a bajar, van a seguir la lucha hasta las últimas consecuencias”, señala Teresa en diálogo con enREDando, remarcando la importancia de la movilización y el acompañamiento de todas las organizaciones sociales para evitar que el crimen de Roberto quede impune.

Este martes, convocan a concentrarse frente a los Tribunales de San Lorenzo. “Es importante que estemos presentes no sólo quienes pertenecemos a organizaciones de DDHH, de mujeres, sociales, gremiales, sindicales y partidos políticos sino toda la ciudadanía, para expresar el repudio total a este brutal asesinato y exigir justicia, la destitución de las autoridades policiales responsables, denunciar las responsabilidades políticas y pedir la inmediata intervención de la comisaría quinta de Puerto General San Martín”, escribió en su cuenta de Facebook, la militante Gabriela Echenique.

Triste historial

La Comisaría 5ta de Puerto General San Martín es señalada por sucesivos hechos de apremios y violencia institucional. “Esta comisaría había tenido ya denuncias sobre apremios ilegales al igual que la Comisaria 7ma de San Lorenzo, son las comisarias que mas registros de denuncias tienen sobre el accionar policial, que también realizan los terribles operativos que se hacen con un fin recaudatorio, cercando barrios enteros, cometiendo abuso de autoridad, con el solo hecho de cobrar una multa. Es lo que se reitera día a día”, remarca Soledad Chiedin.

El caso más resonante fue denunciado por el diputado provincial Eduardo Toniolli en el año 2013, cuando una mujer, además de ser víctima de violencia machista, también sufrió los golpes y los apremios de efectivos policiales que prestaban servicios en la comisaría 5ta. “Esa noche su pareja la golpeó y la quiso echar de la casa en la que conviven, a lo que ella se negó. Luego de eso él hizo entrar al domicilio a un oficial de la policía que supuestamente es su amigo. La subieron por la fuerza a un patrullero, dentro del cual siguieron los forcejeos y golpes, ya que ella se negaba a ser detenida. Ya en la comisaría Quinta, donde la retuvieron desde las 5 a las 14, la siguieron golpeando como castigo de supuestas agresiones a una oficial en el patrullero. La mujer pidió los nombres de los policías que la maltrataban al comisario Fabián Díaz, que ingresó en varias oportunidades a hablar con ella, pero éste se negó a responder. Sólo la liberaron cuando aceptó firmar un escrito que no pudo leer”. (Fuente: Diario El Argentino, año 2013)

Toniolli había solicitado la intervención de la comisaría por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Nada de eso ocurrió. “Aquel delito no tuvo condena ni medidas administrativas por parte del Ministerio de Seguridad”, señaló el diputado.

Dos años pasaron y la comisaría 5ta, cuyo ex jefe policial está procesado en la causa de Los Monos, suma un nuevo hecho de violencia policial en su triste historial. Aunque se intente encubrir con versiones confusas, el crimen de Roberto Arrieta se suma a una lista que duele: en lo que va del año ya son 13 los jóvenes que mueren bajo las balas alegres de la policía santafesina. “Ni siquiera después de esto apareció ninguna autoridad, ni el Ministro, ni el Gobernador, ni el jefe de policía de la Unidad Regional XVII, la impunidad es tremenda, no hay respuesta de ningún funcionario público, nadie se hace cargo, el intendente de Puerto General San Martín no ha expresado nada de un hecho que ocurrió en el patio trasero de la comisaría”, dice Soledad, con suma preocupación.

Las organizaciones sociales acompañan el dolor de la familia y un nuevo reclamo por justicia. “Vamos a estar en las calles, como estamos en el caso de Paula o de Mario Secondito (un joven que murió luego de ser atropellado por una mujer policía que circulaba a contramano)”, remarca Teresa Lencina. Minutos después, la sede de Ate en San Lorenzo sería el lugar de encuentro de una multisectorial de organizaciones que otra vez salen a las calles para denunciar la impunidad de un claro autogobierno policial en la provincia de Santa Fe.

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