Se realizó una nueva movilización desde la Fiscalía de Homicidios hasta la sede de Gobernación para exigir que la causa por Gerardo Escobar se caratule como desaparición forzada de persona. El silencio de los fiscales y la responsabilidad estatal, otra vez en el centro de las críticas.

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Por Martín Stoianovich

Este lunes 14 de septiembre se cumplió un mes de la desaparición y asesinato de Gerardo “Pichón” Escobar luego de haber sido visto con vida por última vez en el boliche La Tienda. Sus familiares, junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales, volvieron a movilizarse desde la Fiscalía de Homicidios hasta la sede de Gobernación para exigir pronto esclarecimiento y el definitivo cambio de caratula de la causa a “desaparición forzada de persona”. Se volvió a apuntar contra el silencio de los fiscales, que hace más de una semana no atienden por ningún medio a la familia de Pichón, y se realizaron críticas sobre las responsabilidades políticas de una nueva desaparición de un joven en Rosario. Estuvieron presentes familiares de otras víctimas de casos similares, detalle que nutrió a la movilización de un contexto de violencia institucional e impunidad garantizada que se repite como denominador común en las historias de pibes con desenlaces similares.

Durante la marcha hacia la sede de Gobernación se percibió un clima de disgusto generalizado, porque a partir de la detención de los cinco imputados por el hecho no hubo ningún tipo de novedades concretas en la causa. Recientemente la Fiscalía ventiló a los medios de comunicación que hay nuevos testimonios sobre otros casos de violencia en la tienda, que están siendo investigados. Pero sobre el esclarecimiento de lo sucedido en la madrugada del 14 de agosto, aparentemente no hay avances. Por lo menos así lo sienten los familiares de la víctima, quienes en reiteradas ocasiones buscaron, sin éxito, contactarse con la fiscal Marisol Fabbro. “La fiscal nunca me ha respondido ni llamadas, ni mensajes, he venido personalmente y no me atendió. No sé cómo sigue todo esto. Estas personas siguen detenidas pero de ahí en más no nos dio la oportunidad de ver cómo está investigando, ni a nosotros ni a los abogados”, declaró durante la marcha Luciana Escobar, hermana de Pichón.

Este martes los abogados de la familia se presentarán ante el tribunal federal a cargo del juez Carlos Vera Barros para que se declare competente en la causa y se la traslade al fuero federal. A pesar de la negativa del juez Luis María Caterina de caratular la causa como desaparición forzada de persona, los representantes legales de la familia Escobar insisten en este cambio considerándolo sustancial para que se investigue a profundidad la participación de los dos policías involucrados hasta el momento, y la posibilidad de que hayan participado otros agentes del Estado. Así lo remarcó el defensor general de la provincia Gabriel Ganón: “Estamos convencidos que se trató de una desaparición forzada de persona. Es público y notorio que en esa cuadra había patrulleros estacionados y nosotros creemos que estuvieron vinculados con la desaparición de Gerardo y lo dijimos desde el minuto cero”. También realizó críticas al accionar de la Fiscalía ante la negativa de detallar a los familiares los avances de la investigación: “Es una obligación de la fiscalía tener al tanto de la familia y no lo están haciendo”.

La relación entre los fiscales con la familia Escobar y su entornó, nunca fue buena. En un primer momento, cuando Pichón todavía estaba desaparecido, se destacó el empeño de los fiscales en inclinar la investigación hacia la hipótesis de un accidente o un suicidio, enfatizando en el falso testimonio de un colectivero. Por aquellos días se desestimaba el reclamo de los familiares del joven para que se secuestraran todas las cámaras de vigilancia de La Tienda y sus alrededores. Luego, con la intervención de Ganón y los Abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, y las movilizaciones de la multisectorial de organizaciones sociales, políticas y sindicales, los malestares del Ministerio Público de la Acusación crecieron al punto de amedrentar a uno de los abogados por sus cuestionamientos públicos. Los fiscales se molestan por recibir críticas y la respuesta es el silencio y la indiferencia al reclamo de una familia que sigue exigiendo esclarecimiento. La crítica y la desconfianza a la Fiscalía están fundadas no sólo en los pocos avances que lograron en este caso, sino también en un pasado reciente como lo fue en la causa por la desaparición forzada de Franco Casco, donde todo el equipo del MPA fue declarado incompetente.

Para el avance de la investigación será fundamental la constitución de una querella en representación de la familia. Así será que este jueves se realizará una audiencia en la que se determinará si la querella en nombre de la hermana y madre de Pichón es aceptada.

Desde el entorno de la familia Escobar hablan de ocultamiento sobre lo que verdaderamente sucedió aquella madrugada. “Nos preocupa el cambio de postura de la Fiscalía que un día dice que no tiene elementos para decir qué pasó con Gerardo y da a entender a la población que se había ido a nadar al río, y después de un día para el otro aparece la detención de las personas. Nos preocupa el misterio y el ocultamiento de lo que está pasando con la investigación”, enfatizó Ganón al respecto. Detrás de esta preocupación se encuentra la posibilidad de que en el hecho hayan participado más agentes policiales, lo que lleva a que nuevamente el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, esté implicado en la desaparición de un joven.

La bronca por la ausencia de respuestas por parte de la Fiscalía se tradujo en la movilización de este lunes a través de un documento elaborado por la multisectorial que viene acompañando a la familia en el proceso judicial y exigiendo sus demandas en la calle. “Es desaparición forzada de persona, ya que existe la sospecha razonable de la participación de agentes de las fuerzas de seguridad en la privación de libertad y ocultamiento del cuerpo de Gerardo, así como la negativa a brindar información sobre su paradero. Esto fue discutido en una audiencia celebrada en fecha 02/09. Con un sospechoso acuerdo de los fiscales y los defensores de los imputados, el Juez Luis María Caterina resolvió que no existían aún elementos suficientes para considerar que los policías involucrados hubieran actuado bajo una orden orgánica, por lo que debía continuar siendo investigado como un homicidio simple”. “Mientras tanto, seguimos contando muertos a manos de la violencia policial y presenciando cómo se teje un entramado cómplice para garantizar impunidad y para evitar también, que se destapen develen las responsabilidades políticas en los hechos investigados”, continuó la lectura.

Además, se establecieron duras críticas al Estado provincial por los recientes casos de gatillo fácil ejecutados por la policía santafesina, así como se cuestionó el proceso judicial en cada uno de ellos, con camino en común hacia la impunidad. Jonathan Herrera, Elías Martínez, Roberto Arrieta, surgieron como los nombres de una lista de víctimas de las balas policiales que en lo que va de 2015 supera la docena en Rosario y sus alrededores. Así también se hizo mención de otros casos que a nivel nacional tienen a la policía como responsable, poniendo fuerzas en el certero mensaje de que no se trata de un policía, una dependencia o una localidad, sino de una institución que a nivel nacional está ligada a la corrupción y el gatillo fácil.

“La respuesta de los sectores populares seguirá siendo la movilización, la construcción de unidad en la calle, junto a los familiares, los trabajadores, los jóvenes y las organizaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles. Como con Franco Casco, víctima del gatillo fácil en Santa Fe, como Luciano Arruga, desaparecido y asesinado por la Bonaerense, como Julio López, de quien se cumplen  nueve años de su segunda desaparición en la cual todas las sospechas se concentran en la Bonaerense y la Policía Federal. Sobran ejemplos para demostrar que el Poder Judicial en su conjunto es el aparato que garantiza impunidad para las fuerzas represivas y los gobiernos que lo dirigen”, concluyó el documento.

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