En dos días de audiencias se determinó que tres de los policías imputados por el asesinato de Jonatan Herrera continuarán el proceso bajo prisión preventiva. Otro de ellos seguirá beneficiado por la prisión domiciliaria hasta que el 28 de noviembre próximo se eleve la acusación formal de cara al juicio oral.

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Por Martín Stoianovich

A Jonatan Herrera, de 23 años, lo asesinaron integrantes de la Policía de Acción Táctica el pasado 4 de enero, cuando se encontraba lavando su auto en la puerta de su casa. Por el hecho, hay cuatro policías imputados. Uno de ellos fue beneficiado con prisión domiciliaria en una audiencia realizada el pasado 16 de septiembre sin que la familia y sus abogados se enteraran. El pedido de los abogados defensores de los policías de dejar en libertad o en su defecto bajo  prisión domiciliaria a los otros tres imputados, fue rechazado en una nueva audiencia concretada este martes. El juez Gustavo López Quintana determinó que todos continuarán bajo prisión preventiva bajo la modalidad con la que se venían cumpliendo hasta la fecha. Es decir que, a pesar del pedido de nulidad de la querella sobre la audiencia y la consiguiente resolución de la cual no había sido anoticiada la familia, uno de los implicados continuará detenido en su domicilio.

Por esta serie de irregularidades sucedidas en torno a la causa, por la cual las explicaciones desde Tribunales se limitan a mencionar una falla de la Oficina de Gestión Judicial, la familia Herrera responsabilizó a sus abogados Gustavo Feldman y Paul Krupnik. Este episodio llevó a que Maria Elena, madre de Jonatan, solicitara el patrocinio del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Así, por estos días se estaría confirmando la representación de la letrada Cintia Garcilazo. Por su parte, Feldman y Krupnik continuarán representando a la querella por la madre del pequeño hijo del joven asesinado. La prisión preventiva confirmada por López Quintana tiene plazo hasta el 28 de noviembre, fecha en la cual deberá ser formalizada la acusación de la Fiscalía. Hasta el momento, el fiscal Adrián Spelta prevé que se acusará al policía Ramiro Rosales como autor de homicidio calificado por haberse determinado que su disparo fue el que causó la muerte a Herrera. Sobre los otros tres, Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, la figura de homicidio recaerá bajo el grado de tentativa. A Rosales se le aplicaría la pena de prisión perpetua y para el resto una condena que puede variar de 10 a 15 años. Asimismo, los abogados querellantes adelantaron que solicitarán condenas de prisión perpetua para los cuatro imputados.

En las últimas dos audiencias los abogados defensores de los cuatro policías imputados expusieron los motivos por los cuales habían solicitado que se revocara la prisión preventiva de sus defendidos. Hablaron de falta de pruebas por parte de la fiscalía, de indeterminación de la bala que dio muerte al joven, y hasta cuestionaron el testimonio del presunto ladrón que fue detenido momentos previos a que se desatara la balacera contra Herrera. Esta persona, testigo clave de la causa, afirmó haber escuchado una ráfaga de disparos aun cuando él mismo ya se encontraba reducido por personal del Comando Radioeléctrico. “Ausencia de elementos de convicción suficientes para sostener la autoría o participación de Rodríguez, Sosa y Gálvez. De las pruebas recabadas hasta ahora en estos ocho meses y medio por la Fiscalía, surge que ninguna de las balas que percute contra el cuerpo de la víctima y le ocasiona la muerte, pertenece a mis defendidos”, afirmó en la audiencia la abogada Sara Marcos, para quien la responsabilidad por la muerte de Herrera es exclusivamente de Rosales.  La letrada continúa haciendo hincapié en que los policías no advirtieron a Herrera hasta el momento en que fue herido y cayó al suelo. La contradicción que surge es evidente sumando el testimonio de otra testigo presencial que asegura que la ráfaga de disparos realizada por la PAT tuvo lugar cuando el presunto ladrón ya había sido reducido.

Para Marcos, sus tres defendidos no tuvieron la intención de ocasionar la muerte, y la prisión preventiva que recae sobre ellos es producto de “la presión mediática sin fundamentos fácticos y jurídicos”. Justifica su posición argumentando que ninguna de las vainas que hirieron a Herrera pertenece a sus representados. Sobre esto, el fiscal Spelta advirtió que dos de esas balas no pudieron ser analizadas por su mal estado, y a su vez recordó que los policías retiraron vainas del lugar en un claro caso de alteración de pruebas en la escena del crimen.

Guillermo Alexander, abogado defensor de Rosales, refirió que según la autopsia el disparo que ocasionó la muerte de Herrera fue el que rozó su cabeza provocando un grave daño encéfalocraneal. Alexander repara en un dato: sobre el proyectil que provocó esta herida no se pudo comprobar hasta el momento de qué arma proviene. Sin embargo, la autopsia indica que el disparo que ingresó en la víctima por la zona femoral también le provocó la muerte. Con estos argumentos los abogados defensores buscaron que sus defendidos quedaran en libertad.

Lluvia de disparos y confesiones

“En esta entramos los cuatro y salimos los cuatro”, dijo Spelta que repitió en distintas ocasiones el policía Rosales a los otros tres imputados, quienes también confesaron en coincidencia que el propio Rosales fue el primero en disparar y alentar a sus compañeros para que bajaran del colectivo en el cual se trasladaban y se sumaran al ataque. “Los coimputados buscan incriminar a mi defendido”, argumentó Alexander  quien insiste en que no hay sustento objetivo para imputar a Rosales.

Mientras los policías se incriminan entre ellos y buscan un beneficio próximo ante el inminente juicio con expectativas de condenas altas, la familia Herrera espera que la Fiscalía avance sobre la acusación. “El dolo de homicidio está dado en la gran cantidad de disparos, en la pared, el cuerpo de la víctima y los faltantes en los cargadores de las armas”, refirió Spelta, quien además volvió a insistir en el entorpecimiento probatorio de los policías que retiraron vainas del lugar. “Ocho meses de prisión preventiva no son nada al lado de la pena en expectativa que esta Fiscalía va a pedir por Rosales”, advirtió el fiscal.

Por su parte, para el abogado querellante Paul Krupnik no hay dudas de la figura de autor y coautor de los imputados. “Los cuatro sujetos descienden de un colectivo y deliberadamente desatan una lluvia de balazos sobre una persona desarmada, agazapada. Lo rociaron a balazos”, expuso el letrado. “De ese accionar surge la coautoría de los tres y de Rosales como autor. Todos ejercitaron condiciones sin las cuales este hecho no hubiese podido suceder”, dijo haciendo referencia a que Herrera murió por la ráfaga de disparos y no por uno sólo que le causó la herida mortal.

Por su parte el abogado Gustavo Feldman volvió a apuntar contra el real riesgo de fuga, uno de los puntos principales por los cuales se solicitó que no se dé lugar a la prisión domiciliaria. “Indudablemente se instala la idea de la fuga o de la manera de evitar estas circunstancias. De no terminar su vida van a pasar gran parte de ella en la cárcel”, indicó.

“Estábamos esperando esto, por fin se acordaron d moverse un poco los abogados, que nos dieron la sensación de que no se estaban moviendo por nosotros. Esperemos que para el 28 de noviembre se avance mucho en la causa. Siento que es un día positivo”, consideró María Elena, madre de Jonatan. Además, adelantó que buscarán tomar medidas sobre la irregularidad protagonizada por la abogada Sara Marcos, quien hace pocos días ingresó al hogar de la familia Herrera haciéndose pasar por una perito de la Fiscalía y realizó preguntas. Afuera de Tribunales los familiares y amigos de Jonatan acompañaron la audiencia exigiendo justicia mediante cantos, pancartas y banderas. Reconocen que fue su insistente expresión de dolor transformada en lucha lo que motivó estos pequeños avances y derribó los recientes intentos de obstaculizar el camino a la justicia.

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