Alejandro Ponce es el tercer joven en poco más de un año que aparece asesinado en las aguas del Paraná. Como en los casos de Franco Casco y Gerardo Escobar, los familiares apuntan a la participación policial como responsables. Detrás de cada historia se deja ver un entramado que no da lugar al esclarecimiento de los hechos.

Foto: Infojus Noticias

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Por Martín Stoianovich

Otra vez el río Paraná. Otra vez un pibe que aparece flotando, sin vida, en el río Paraná. Otra vez sus familiares involucran a la policía como responsables de su muerte. Y, otra vez, el relato de la policía intenta desligarse. Alejandro Ponce tenía 23 años y de repente su vida se estancó, se esfumó. Desapareció el viernes 30 de octubre tras una supuesta persecución policial y lo encontraron en el río cuatro días después. Es el tercer joven que padece esta situación en poco más de un año. Franco Casco de 20 y Gerardo Escobar de 23, son los otros que se inscriben en una lista que habla de una macabra modalidad ejecutada desde la estigmatización hacia la juventud de las barriadas populares, y sostenida desde la impunidad a fuerza de encubrimiento.

El caso de Alejandro Ponce muestra características similares con los otros hechos, lo que de plano permite hablar de una modalidad repetida y no de casos aislados. Lo primero que se destaca es el contraste entre las versiones de la familia por un lado, y de la policía por el otro. A partir de ahí, toda una serie de coincidencias se conjugan en contra del esclarecimiento del hecho. El día de la aparición del cuerpo de Alejandro, su familia se expresó. A través de una denuncia presentada cuando al cabo de un día el chico no aparecía, manifestaron que Alejandro junto a su hermano Luis habían ido a pescar al río a la altura de calle Balcarce. Todavía no está claro cómo sucedió, pero el hermano sobreviviente declaró que de repente llegó la policía y los amedrentó, por lo cual los jóvenes se tiraron al río. Lo concreto en el relato, a través del testimonio de Luis y su tío, quien dice que otro testigo vio todo, es que una vez que los chicos estaban en el agua, la policía no los dejó subir, les tiraron cascotes e incluso ante la desesperación de Alejandro, que no sabía nadar, los efectivos no hicieron nada para que pudiera volver a tierra. Una posible prueba de la apedreada es una herida en la cabeza que tiene Luis, quien pudo salir del agua y fue detenido hasta el sábado en la Comisaría 3ra. A más de una semana del hecho continúa recuperándose de un gran corte que sigue provocándo fuertes dolores.

El tío de la víctima contó al diario Rosario12 que un testigo escuchó a Alejandro pedir que lo saquen porque se ahogaba. “Morite negro de mierda”, fue la respuesta de la policía. Cuando Alejandro desapareció, a Luis ya se lo habían llevado y no pudo ver qué pasó con su hermano. La familia, ahora, dice que lo golpearon a piedrazos y murió ahogado inconsciente, o bien simplemente murió ahogado mientras la policía lo dejaba hundirse.

La versión de la policía, que a rajatabla replica el fiscal de Homicidios Miguel Moreno que investiga los hechos, dice que Luis y Alejandro habían robado a dos adolescentes, que fueron perseguidos por seis policías y que se tiraron al río para darse a la fuga desde el agua. Moreno explicó que habló con los jóvenes que fueron víctimas del supuesto robo, quienes coincidieron con el acta de la policía en que la Prefectura fue avisada apenas los hermanos se tiraron al agua. Asimismo, el fiscal prioriza en destacar que los chicos no estaban pescando, que habían robado, pero todavía no hay explicaciones sobre la muerte de Alejandro. Un preinforme del Instituto Médico Legal sobre la autopsia al cadáver, dice que el cuerpo no presenta lesiones internas ni externas y que la causa de la muerte es “asfixia por sumersión”.

Esto le bastó al fiscal Moreno para expresar que no hay material para sospechar del accionar policial que denuncia la familia. “Estoy investigando las causas de una muerte. Si  fue víctima de un hecho ilícito o simplemente se produjo una muerte porque él mismo se puso en peligro. Todavía no investigo a ningún policía”, expresó Moreno a La Capital en la edición del miércoles 4 de noviembre. El relato de la familia permite, al menos, preguntarse porqué ningún policía, funcionario público de la provincia de Santa Fe, hizo algo para salvar la vida de Alejandro. «Si robó tenía que cumplir una condena; pero sus antecedentes no justifican una muerte», dijo su madre a los medios de comunicación. El grito prolongado de auxilio de Alejandro, se extinguió con su propia vida. No se sabe qué pasó con él desde el viernes hasta que cuatro días después fue rescatado su cadáver.

Moreno anticipó que no descartarán de la investigación la hipótesis de que los policías arrojaron piedras, y aclaró que la investigación de los hechos fue asignada a la Prefectura por tratarse de una fuerza “que no está discutida en el caso”. Se espera también que la Fiscalía tome declaraciones a los testigos que viven en inmediaciones de la barranca o a quienes pudieron ver algo. Hasta el momento, los policías implicados no están comprometidos como responsables.

 Juzgando al desaparecido

Cuando desapareció Franco Casco en octubre de 2014, los días previos a que fuera encontrado su cadáver el último día de aquel mes, la versión policial y de la Fiscalía, apañada por funcionarios provinciales como el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad Ignacio Del Vecchio, apuntaban contra el chico. Se decía que había intentado abrir puertas en varias casas de la zona de la Comisaría 7ma, que estaba drogado, que se había puesto agresivo con la policía cuando quisieron detenerlo. Luego le dieron cabida a la versión de algunos testigos que decían haberlo visto mendigando en una capilla de la zona, y poco se investigaba a la 7ma mientras los familiares del chico aseguraban que ahí dentro había sucedido algo grave.

Pero el cadáver de Franco fue hallado en el río Paraná y, por encima el desconsuelo de la familia, la mirada de la Fiscalía se acercaba a la hipótesis de accidente y suicidio. La autopsia realizada por el Instituto Médico Legal  dio resultados que desestimaban la posibilidad de una muerte violenta. Pero el paso de los días y el avance de la investigación por parte del defensor general de la provincia Gabriel Ganón y las querellas que representan a la familia, tornaron inverosímil la versión del Poder Judicial de la provincia. Hoy, la causa se investiga como desaparición forzada de persona en la justicia federal, con los oficiales de la Comisaría 7ma apuntados como los principales responsables y próximos a ser llamados a las audiencias indagatorias. Según deja ver el avance de la investigación, Franco fue detenido ilegalmente, torturado, asesinado y luego arrojado al río sin vida. Las nuevas autopsias realizadas descartaron que haya muerto ahogado y dejaron ver heridas y graves golpes en su cuerpo.

Cuando desapareció Gerardo Escobar en agosto de 2015 sus familiares apuntaban desde el primer día a los patovicas del boliche La Tienda y los policías que hacen adicionales en el lugar. Un amigo suyo registró en una aplicación de teléfono celular la última señal de GPS que se había rastreado del teléfono de Gerardo, y el resultado coincidió con la vivienda de un patovica de La Tienda. Pero la Fiscalía, por entonces con la investigación a cargo de Lucas Altare, sólo realizó un allanamiento en esa dirección, en donde se encontraron chalecos antibalas y varios teléfonos, pero como no estaba el de Pichón se consideró que no había pruebas que pudieran comprometer al patovica. Días después un colectivero aseguró que aquella noche trasladó a Pichón en estado de ebriedad hacia la zona de 27 de Febrero y Paraguay. Ese testimonio se sumó al relato de personas que estaban en el boliche y decían haber visto a Pichón caminando “en estado errático”, intentando abrir puertas de algunos autos estacionados, y así se consolidó la hipótesis de que el chico se había perdido producto de su ebriedad. También se habló de problemas con el juego, que había estado en el casino la noche anterior y debía una gran suma de dinero. Se dijeron muchas cosas.

Pero Pichón apareció el viernes 21 de agosto sin vida en el río Paraná, en una zona cercana al boliche La Tienda. Apareció horas después de una reunión entre la familia Escobar y la cúpula del Ministerio Público de la Acusación, en donde varios fiscales aseguraban que harían lo posible para encontrarlo con vida, mientras sus familiares sin reparo los acusaban de esconderle información. El relato del colectivero resultó falso, pero nada se hizo al respecto. A los pocos días apareció un video en donde se ve a un patovica golpeando a Pichón, y a partir de entonces la investigación avanzó hasta que se detuvo y se imputó a cinco personas: tres patovicas de La Tienda y dos policías de la Santafesina. Uno de los patovicas, el mismo que fue rastreado por el gps casero, fue imputado por homicidio y las otras cuatro personas por encubrimiento agravado.

La querella que representa a la familia Escobar, la misma que acompaña a la familia Casco, pretende que se cambie la calificación legal de la causa a desaparición forzada de persona. Pero el juez Luis María Caterina rechazó el pedido, que sigue sosteniéndose a la espera de una nueva audiencia por la apelación de la querella a dicha medida. Mientras tanto, la familia Escobar y los abogados querellantes señalan a la Fiscalía, ahora con la investigación a cargo de Marisol Fabbro y Rafael Coria, por no investigar al accionar de la policía y sólo limitarse a imputar por encubrimiento a dos oficiales, siendo que detrás del hecho podría haber una plena participación de la fuerza.

Las similitudes entre el caso Casco y Escobar, que van más allá del origen y desenlace de los hechos, son ineludibles. Desde el contraste entre la versión de los familiares y abogados querellantes contra la de la policía, y por lo tanto la del Poder Judicial, hasta una serie de aspectos que se repiten durante la investigación. Las pruebas que podrían comprometer a la policía, como las cámaras de seguridad y los rastreos de los móviles, tardan en aparecer, o nunca aparecen. Surgen falsos testimonios de testigos que no vuelven a dar la cara. Se hace hincapié en una posible conducta delictiva de la víctima, y no en sus probables responsables. Las autopsias del Instituto Médico Legal arrojan resultados que desligan las posibilidades de muertes violentes y luego son refutados. No se avanza desde un primer momento contra la participación policial. Los fiscales se comprometen a investigar y el compromiso se diluye en las esperanzas.

En esta escena es que a poco más de un año de la desaparición de Franco Casco es hallado otro joven en el río y se teje sobre el hecho todo un manto de dudas que no permite hablar de esclarecimiento. El historial de la Fiscalía pone puntos suspensivos de manera constante, y mientras permanecen las preguntas las únicas respuestas se dirigen a indicar que Alejandro Ponce tenía muchos antecedentes. Parece no haber dudas hasta el momento sobre el accionar policial mientras la familia del chico, desgarrada, pide explicaciones sobre una muerte evitable en todos sus aspectos.

El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal tomó postura. “Los santafesinos asistimos nuevamente a una muerte producto de la violencia institucional que ejerce intrínsecamente la Policía santafesina. Este nuevo hecho gravísimo nos conmueve pero no nos sorprende. Desde que el gobierno provincial adoptó como una política de seguridad delegativa contraria la seguridad democrática dejando en manos de la propia policía su gobierno y administración, ya son por lo menos tres los casos de muertes con cadáveres arrojados al río Paraná que dejan de un modo claro el accionar delictivo y el «modus operandi» de la fuerza policial”, dice un comunicado difundido y firmado por el defensor general Gabriel Ganón.

La organización popular en la vereda de enfrente

Otra característica de estos tres casos con evidentes similitudes se pueden encontrar directamente en las víctimas: jóvenes de entre 20 y 23 años, provenientes de familias de escasos recursos económicos. De esta manera se da un escenario que permite que se tejan las acusaciones sobre ellos mismos y se sostengan a pesar de que se trata de chicos asesinados. Si se puede sospechar de la víctima, entonces el posible victimario quedará en segundo plano, y sobre todo si hay posibilidades de que sea el propio Estado. Las familias de las víctimas, con todas sus dificultades económicas y sociales para el acceso a la justicia, padecen la indiferencia del Poder Judicial y Político y se refugian en el acompañamiento de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidarias.

El pasado martes 3 de noviembre se realizó una jornada artística en la puerta del boliche La Tienda como forma de seguir reclamando por un mayor compromiso de la Fiscalía en la investigación por la desaparición y muerte de Gerardo Escobar. Los familiares de Pichón organizaron junto a la Multisectorial una jornada de difusión para que los vecinos de la zona donde fue atacado y desapareció el chico sepan que la causa no avanza y que cualquier dato puede servir para aportar al esclarecimiento. Acaso el rol que deberían cumplir funcionarios públicos, que días después de esta iniciativa dan a conocer una línea telefónica gratuita para que la ciudadanía se contacte para brindar datos. “Nos encontramos estancados en la investigación, en virtud de que la hipótesis de la Fiscal no coincide con la nuestra. Se han estancado ellos en las pruebas que tenemos y no han avanzado en solicitar todo aquello que tiene que ver con corroborar o no la participación de la policía en la desaparición de Gerardo luego de ser golpeado por el patovica de la tienda”, expresó el abogado querellante Guillermo Campana en la movilización. Así, semana a semana se tejen los ejemplos de resistencia.

Estas organizaciones no casualmente llevan registros históricos de las políticas represivas y antidemocráticas ejecutadas por las fuerzas de seguridad. Por eso salen a la calle a fortalecer el pedido de justicia de las familias y exigir esclarecimiento.  Se conforman espacios multisectoriales en donde se analizan los constantes obstáculos que se interponen en el transcurso de las distintas causas y buscan la manera de sortearlos colectivamente. En estos procesos, el rol del Estado, que no es más que un deber constitucional, queda en la vereda de enfrente. Pero no son diferencias técnicas, sino oposiciones ideológicas. De un lado el Poder Judicial y Político, insistentes en no admitir un entramado delictivo de la policía, o bien siendo parte del mismo. Del otro lado, la organización popular responsabilizando al Estado, con la policía como brazo ejecutor de prácticas ilegales que mantienen su impunidad en el respaldo político y la complicidad judicial.

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