Más de 200 vecinos/as se sumaron a lo que fue la primera asamblea barrial para definir un plan de lucha en Villa Moreno. Los 6 trabajadores del Centro de Acceso a la Justicia fueron despedidos hace un mes por el gobierno nacional pero allí siguen, defendiendo la permanencia de una institución vital para el barrio. La solidaridad y la movilización como pilares fundamentales en la defensa de los derechos y del trabajo.
Por María Cruz Ciarniello
Foto: Gentileza de Redacción Rosario – Andrés Macera
Hace un mes -finalmente- se concretó lo que tanto se temía: el 11 de marzo llegaron los telegramas de despidos para los seis trabajadores del Centro de Acceso a la Justicia de Villa Moreno.
El mensaje era concreto: el cierre del CAJ. Pero la tenacidad y la solidaridad de cientos de vecinos venció lo previsible. Los trabajadores decidieron no dejar sus puestos de trabajo sino defenderlos.
¿Cómo? Estando allí, todos los días, trabajando aunque ya no cobren sus salarios. Haciendo lo imposible para que, frente la retirada del Estado Nacional, sea el gobierno de la provincia quien se haga cargo de sostener una política pública fundamental para los barrios, cualquiera sean. Porque no se trata de una competencia por saber qué territorio es más vulnerable con respecto a otro. Los Centros de Accesos a la Justicia son necesarios en todos los barrios en los que la violencia policial y la disputa del lugar por bandas delictivas, amenaza la vida de los pibes y las familias que allí viven.
Pero también son importantes porque en estas instituciones se canalizan miles de consultas de vecinos y vecinas que encuentran una escucha, un asesoramiento jurídico o administrativo de forma gratuita, o una contención psicológica. Es que así se trabaja desde el CAJ, en Moreno: de manera interdisciplinaria, abordando cada situación específica con un compromiso militante.
Desde que comenzaron a funcionar los Centros de Acceso a la Justicia en el año 2010 se atendieron 1.437457 consultas. En el barrio, fueron más de 25 mil las consultas registradas.
“Hace un mes que nos despidieron y a las dos semanas tuvimos una reunión en Nación en la que el gobierno nacional confirma que el Caj se cierra, alegando que el otro Centro de Acceso a la Justicia continúa abierto porque habían recibido el triple de consultas que nosotros y que el perfil nuestro no era el que necesitaban. Nosotros lo que vemos es que la nueva linea política de Nación con respecto a los CAJ que quedan funcionando, es una línea que busca coordinar con la policía, lo cual es una locura coordinar casos de violencia institucional o de género con la policía y articulación con los estudios jurídicos más importantes del país, vemos que a través del gobierno vuelve todo el negocio de favores”, señala Catriel Alvarez, uno de los 6 trabajadores que tiene el CAJ.
El barrio está agitado: se huele la bronca y el dolor por la desprotección que sufre. Pero la situación no los aquietó sino por el contrario, la movilización se hizo presente en forma de Asamblea Barrial. A la primera asistieron 200 personas. “Eso fue impresionante”, vuelve a remarcar Alvarez, quien todavía guarda la emoción por el fuerte respaldo vecinal que reciben cada día. Es que también, defender su continuidad es defender la historia de lucha que dió nacimiento a la institución. El Caj nació a partir de un pedido de justicia de todo el barrio, tras el triple crimen en que fueron asesinados Jeremías Trasante, Claudio Suarez y Adrián Rodriguez.
En un nuevo diálogo con enREDando, el militante del Movimiento 26 de Junio –organización a la que pertenecía Jere, Mono y Patom- señala los pasos a seguir: “la semana que viene si no tenemos respuestas, vamos a hacer una movilización para exigir una respuesta al gobierno municipal o al gobierno provincial. Apelamos a la provincia porque consideramos que en cuanto al presupuesto que necesitamos no es mucho, estamos hablando de 5 sueldos, de insumos que nosotros veníamos pagando, y de recursos humanos que están porque nosotros venimos trabajando. Podríamos haber definido el día que nos llegaron los telegramas irnos del CAJ y buscar otro trabajo, pero consideramos que el CAJ es fundamental para el barrio”.
La situación provoca una gran preocupación. Según cuenta Catriel, el barrio comenzó a tener movimientos diferentes. “Hay una casa cerca tomada con transas, robos a las 12 del mediodía en la esquina, entonces creemos que si el Estado se corre, avanzan los mismos de siempre. Por eso la presencia es central”.
Caj ¿itinerantes?
Una nota publicada en el portal digital Rosario 3, el mismo día en que los vecinos y trabajadores brindaron una conferencia de prensa en Villa Moreno, generó indignación. Se trata del artículo en el que el diputado nacional Lucas Incicco junto al concejal Carlos Cardozo del Pro garantizaban la continuidad de los CAJ, según anunciaba el titular. “Fue un artilugio mediático que salio el mismo dia que hicimos la conferencia de prensa. Cuando uno lee la nota, lo que dice en realidad es que el Caj de calle Arijón al 200 seguirá funcionando, y que se está pensando, por la situación de vulnerabilidad, en abrir uno en zona oeste. Sobre el Caj de Moreno, dicen que se piensa hacerlo de forma itinerante donde una o dos veces por semana, 1 o 2 trabajadores del Caj vayan al barrio a recoger consultas. Mucha gente se confundió y creyó que el CAJ continuaba, pero además, esto atropella los modos de trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo integral que no se resuelve yendo 2 veces al barrio a recoger consultas”, explica Catriel.
¿Es posible entender una política de acceso a la justicia realizando “visitas periódicas”, una o dos veces por semana? Resulta cuanto menos, irrisorio. Desde la Alianza Cambiemos y el propio partido del PRO han sostenido su campaña bajo el lema del “diálogo” y de la “resolución de los problemas de la gente”. Palabras huecas que tropiezan con una realidad inocultable: desde que asumió Mauricio Macri ya se registraron 100 mil despidos entre el ámbito público y privado, con el cierre de programas como Conectar Igualdad y Progresar, entre otros. Los docentes y músicos que venían sosteniendo el trabajo en las Orquestas y Coros en los barrios juntos a niños y niños, aún no tienen definida su continuidad. Esperan respuestas que nunca llegan, mientras el vaciamiento de políticas públicas para quienes más las necesitan avanza sin frenos.
Frente a esto aparece como un signo vital, la solidaridad y el acompañamiento de otros trabajadores, de vecinos, de organizaciones sociales. En la Cámara de Diputados, a través del bloque Frente Social y Popular, se presentó un proyecto de declaración expresando la preocupación y el repudio por la decisión tomada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: “Queremos repudiar esta actitud injusta y arbitraria de las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación visto la importancia que reviste el organismo y el compromiso de todo el personal despedido. Esto se inscribe en un total desmantelamiento de estos dispositivos donde se estiman alrededor de 45 C.A.J cerrados y cientos de trabajadoras/es despedidas/os.”
Otra muestra de apoyo fue el video realizado por el grupo de teatro “Sin Careta” de Villa Moreno. Allí, entre las muchas voces que se escuchan, está la de Gustavo Aguirre, vecino del barrio.”Es excluir al barrio, a la sociedad, quitarnos los derechos”.
Desde el CAJ de Moreno no dudan en que el perfil que buscan desde el gobierno nacional está vinculado con los negocios privados de estudios jurídicos que nada tiene que ver con la militancia territorial y el compromiso humano puesto al servicio de los vecinos y vecinas del barrio. “Por no transar es que no cumplimos con el perfil que ellos necesitan. Es terrible pero estamos en la lucha”, insiste Catriel.
A pesar de las promesas por parte de la Intendencia, las respuestas no llegan. Para sostener los gastos de insumo, los trabajadores –despedidos- lograron un subsidio del Concejo Municipal y la solidaridad de los artistas se suma a la lucha.
Este viernes, la mítica banda Sin Anestesia ofrecerá un recital en Empleado de Comercio para colaborar con el Fondo de Lucha, ya que la situación aprieta la sostenibilidad del espacio, más allá de la militancia que no baja los brazos. “Una de las formas para colaborar es comprar esa entrada del recital. Eso nos ayuda. Los vecinos están muy enojados porque para ellos el Caj significó la única presencia del Estado y de alguna forma, se han sentido escuchados. Con el CAJ logramos que la gente pueda apropiarse de este lugar y eso emociona muchísimo”.
El tiempo corre. Urgen las soluciones. Mientras tanto, la resistencia se planta en Villa Moreno.
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