La Cooperativa Cartoneros Unidos impulsó un proyecto de ley para la gestión social de residuos sólidos urbanos que fue presentado en la legislatura provincial a fines de junio. Buscan que se los reconozcan como trabajadores para consolidar una herramienta que se abre paso ante la pobreza y la desigualdad. 

Por Martín Stoianovich

Foto: Juliana Faggi

“Acá en el día a día hay que salir a laburar, sino no se come. Queremos hacerle entender al gobierno que no estamos hablando del caballito, estamos hablando de la pobreza”. Mónica Crespo larga una primera frase contundente. Su interés, como referente de la Cooperativa Cartoneros Unidos, es que los carreros-cartoneros sean reconocidos como trabajadores por el Estado provincial. Buscan dignificar las condiciones laborales de quienes a diario emprenden desde la informalidad plena la tarea de recolectar lo que el resto de la ciudad tira, trabajo que con el paso del tiempo se consolidó como el mecanismo de subsistencia de más de tres mil santafesinos. El pasado 23 de junio se presentó ante la legislatura de la provincia un proyecto de ley -elaborado por distintas cooperativas cartoneras y presentado por el diputado Carlos del Frade- que apunta a la gestión social de residuos sólidos urbanos.

Cuando Mónica Crespo habla de pobreza lo hace refiriéndose al contexto social que rodea al sector más próximo en el que trabaja la cooperativa. Carrasco al 2000, zona norte de Rosario. Familias que tienen que salir a diario montando un caballo para recolectar residuos y esperar juntar la cantidad mínima como para poder satisfacer sus necesidades, que no son mínimas. Pero Mónica también habla de la pobreza que azota al resto de la ciudad y la provincia. Por eso la cooperativa, integrante de la Federación de Cartoneros y Recicladores, articula también con las bases del Movimiento de Trabajadores Excluidos y distintas experiencias que andan por los mismos caminos.

La postura de los carreros es que el Estado prioriza en el animal y no en las condiciones de vida ni laborales de quienes recurren a este trabajo como única forma de subsistencia. Tampoco se presta demasiada atención a un argumento fundamental de los carreros organizados: los caballos no son torturados ni maltratados, sino que como herramienta de trabajo tienen que estar en condiciones óptimas, lo que requiere cuidado y asistencia veterinaria. Esto se contrapone al grito de las organizaciones no gubernamentales que rechazan la tracción a sangre y piden que se prohíba el uso de caballos por parte de los carreros.

La pobreza es estructural y la legitiman las leyes y ordenanzas. Así, por lo menos, se puede deducir de las distintas políticas del oficialismo municipal y provincial en los últimos años. La ordenanza municipal 8.726, firmada en el año 2010, goza de una amplia lista de artículos que cuida la salud de los animales y también atiende otros intereses de los carreros. Pero desde esta parte se hace un análisis crítico. “Lo único que agarran de la ordenanza es sacar el caballito. Quiero que se cumpla la ordenanza, pero entera. Por ejemplo dice que tiene que haber un veterinario para atender los animales”, dice Mónica. Y cuenta que la cooperativa tiene sus propios veterinarios para asegurar el bienestar de los caballos.

En otro capítulo, en febrero de 2015 el gobierno municipal impulsó el Programa Integral para Recuperadores Urbanos y Eliminación de Tracción Animal “Andando”. Plan que estaba a cargo de las secretarías de Servicios Públicos y Medio Ambiente, de Control y Convivencia Ciudadana, de Promoción Social, y de Producción y Desarrollo Local. Básicamente, se plantea que los carreros puedan entregar sus caballos a cambio de distintas propuestas que puedan servir como alternativa para trabajo. “El plan Andando no anduvo”, dice Mónica con ironía. “La mayoría que entregó los caballos se compró uno más barato y sigue”, agrega y cuenta que elevaron al Concejo Municipal un pedido de informe del funcionamiento del programa hasta el momento. Pero no hubo respuesta.

Más cercano en el calendario, en marzo pasado, el gobernador Miguel Lifschitz y la diputada de su Frente Progresista Cívico y Social, Alicia Guitierrez, presentaron dos proyectos en la legislatura con el mismo fin. “Prohíbase la tracción a sangre animal en el territorio de la provincia de Santa Fe, excepcionándose aquella que se vincule a la actividad rural en todas sus formas, y los supuestos que determine la autoridad de aplicación de la presente”, dice en su artículo primero el proyecto del gobernador. También habla del sufrimiento de los animales, de sus emociones y sentimientos, de la seguridad vial. Pero no menciona ni a trabajadores, ni carreros, ni derechos. Parece que esconde una realidad: más de tres mil santafesinos trabajan y sobreviven como carreros a caballos.

La ferviente oposición a la tracción a sangre es un reclamo que proviene incesantemente de la clase media alta que no propone alternativa ante una problemática estructural. Pareciera que los derechos de los animales ganan la pulseada a los derechos humanos. Por lo menos de estos humanos, los que juntan y venden residuos. Y es el reclamo que oyen los gobiernos de turno y los candidatos en tiempos de campaña. Luego se hacen proyectos, que luego son leyes, y por consiguiente condicionan y perpetúan una manera desigual de vivir. Hay que decodificar el mensaje del poder político. En los papeles se habla de recolectores urbanos, pero en la práctica -con o sin caballos- son pobres que siguen siendo pobres.

Ser carrero

“Tengo un solo animal, no puedo laburar mucho en la calle. Trabajo a la mañana tres o cuatro horas. Tiene que descansar el caballo, por eso por ahí me presta la yegua él”, cuenta a enREDando uno de los carreros de la cooperativa señalando a su compañero. Trabaja a diario desde los límites del Bulevar Avellaneda hacia el río y el norte de la ciudad. “Para el centro no quiero ir”, dice. Los motivos son la discriminación y la aplicación de la parte punitiva de la ordenanza municipal. Es decir, el secuestro del caballo.

Mónica es pareja de Carlos Mieres, fundador de la cooperativa. Carlos cuenta que hace más de quince años, volviendo de su trabajo se topó en la calle con una gran cantidad de trabajadores que se movilizaba porque les habían quitado sus caballos. Ese fue el inicio para organizarse. “Hemos visto crecer chicos en la cooperativa”, dice Carlos y señala en la ronda a más de cinco jóvenes que hoy llevan adelante el proyecto. Pero hay un límite cuando habla de los nuevos pibes. “Si no les damos la educación que les corresponde, serán futuros carreros, y a eso no queremos llegar. Nosotros nos mortificamos toda una vida, pero no queremos que nuestros hijos salgan con el carro. Para eso se necesita que los trabajadores sean reconocidos”, analiza.

El reconocimiento que buscan los carreros es para dignificar sus condiciones laborales, pero también para consolidar una  herramienta que pueda paliar la pobreza que castiga a los sectores populares. “Soñamos con tener una vida digna, que nuestros hijos no tengan que subir al carro también. Eso no quiere decir que sea indigna esta vida, pero es muy sacrificada. Los pibes se tienen que embarrar, cortar, con frío, calor, lluvia, ellos tienen que salir, porque tienen familia”, dice Mónica. Para rematar vuelve a la cuestión de la salud de los caballos. “Si las autoridades ven al caballo lastimado tienen razón en sacarlo. Pero es nuestra fuente de trabajo, nosotros no los podemos tener maltratados”, cuenta y a su vez agrega: “El caballo tiene que comer todos los días, el ser humano también”.

Al hablar de pobreza, y de la urgencia de atacar la raíz de la problemática y no las experiencias que como consecuencia se generan buscando alternativas, Mónica pone ejemplos concretos. “En lo que va de estos meses 25 personas vinieron a preguntar si nosotros les podemos enseñar cómo se trabaja en el carro. Son gente del cordón industrial que trabajaron en fábricas y fueron despedidos. No tienen nada y quieren ver si se pueden comprar un caballo y aprender a subsistir”, cuenta. Pero en las condiciones actuales de la cooperativa eso es prácticamente imposible. “No tenemos problemas, pero no podemos porque faltan recursos”, explica Mónica. El ejemplo de los obreros despedidos que buscan alternativas como carreros es, en fin, un análisis coloquial y concreto de las devastadoras consecuencias del neoliberalismo que durante los noventa ya mostró sus consecuencias y hoy vuelve a punzar con violencia.

Entonces, el proyecto

“Ellos no saben qué hacer con tantos pobres, que se junten con los pobres y algo va a salir”, dice Mónica. En esa perspectiva se planta el proyecto de gestión social de los residuos sólidos urbanos, presentando en la legislatura por el diputado Carlos del Frade del Frente Social y Popular. Desde sus bases, el proyecto busca que se reconozca a los trabajadores pero también apunta contra otras problemáticas vinculadas, como es el cuidado del medio ambiente.

Sus principales puntos:

– “Hacia la basura cero: El proyecto adopta un conjunto de medidas orientadas a la separación, la recuperación y el reciclado de residuos con el fin e cumplir con los objetivos de la ley de Basura Cero que prevé la eliminación progresiva del entierro de los Residuos Sólidos Urbanos”.

 -“Propiedad pública de los RSU: Los RSU son propiedad del gobierno de la provincia para que ninguna empresa privada o contratista del Estado haga negocios con los residuos”.

– “Recolección diferenciada como Servicio Público: No sólo es una cuestión de propiedad de la basura sino que la basura es una problemática pública, es decir que implica un interés colectivo. Por lo tanto la recolección diferenciada de residuos constituye un servicio público y no compete ni beneficia específicamente a ningún sector social, sino al conjunto de la sociedad”.

– “Gestión social de los residuos sólidos urbanos: Es importante que el Estado gestions de la orma más eficiente y con mejor impacto social y ambiental. Proponemos la gestión social porque se reconoce que los mejores capacitados para hacer la recolección y separación de los residuos son los recicladores urbanos (cartoneros y carreros) que ya lo vienen haciendo informalmente. Es necesario que el Estado implemente efectivamente convenios con cooperativas existentes o por crear”.

– “Reconocimiento labora para recicladores y recicladoras: Es necesario que el Estado brinde herramienta para que los recicladores urbanos trabajen con condiciones dignas. Es importante que se comprenda y visibilice la importante función que cumplen los recicladores en la gestión de los residuos tanto en clave social, económica y ecológica”.

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