Los trabajadores del Hogar de Menores Varones de Granadero Baigorria reiteraron su reclamo por las deplorables condiciones del edificio en el que funciona. Hace casi un año que están sin gas, la instalación eléctrica está a punto de colapsar, tienen filtraciones de agua en los techos, humedad y grietas en las paredes, y hay zonas en peligro de derrumbe. El Estado provincial sigue sin dar respuestas.

Por Carina Toso

Muchos medios locales y provinciales reflejaron en su agenda la firma del convenio entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y Unicef. Un acuerdo de cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que permitirá una interconsulta para la realización de actividades como “inclusión social y monitoreo de los derechos de la niñez; educación inclusiva y de calidad; protección de la niñez y acceso a justicia; salud y bienestar de la niñez y adolescencia; y movilización social y de recursos”. Durante el acto, con la presencia de funcionarios provinciales dedicados a áreas relacionadas a la protección de los derechos de los más chicos, se habló de “trabajar para poder cumplir con las leyes, con las demandas, con los propios compromisos políticos, humanos y éticos en relación a los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes”, según expresó el mismo gobernador Miguel Lifschit. También se hizo referencia a “abrir oportunidades y generar espacios igualitarios para todos los niños”.

Un discurso políticamente correcto que demostraría la predisposición de la gestión provincial en preservar los derechos de los niños y niñas de la provincia en condiciones de vulnerabilidad. Pero ya lo dice el refrán: “Del dicho al hecho…”

Hace pocos días, los trabajadores del Hogar de Menores Varones (Ho.Me.Va) de Granadero Baigorria, reiteraron su reclamo por las deplorables condiciones en las que se encuentra el edificio en donde funciona el alojamiento para estos niños y adolescentes: hace casi un año que no tienen gas, hay filtraciones de agua, una instalación eléctrica casi inútil, humedad, paredes rajadas y techos con peligro de derrumbe, entre otras cuestiones edilicias. Hace casi un año que desde el Estado provincial no dan respuesta. Hace casi un año que cuatro menores viven en estas condiciones y no lograron visualizar los conceptos de inclusión, espacios igualitarios, oportunidades y bienestar de los que se jactan discursivamente desde el ámbito público.

Según el gobierno de la provincia de Santa Fe, la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia tiene como misión fundamental “la formulación y ejecución de las políticas públicas para la promoción y protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes… estableciendo medidas de resguardo integrales o excepcionales en caso de inminencia o vulneración de estos derechos o garantías según lo establecido por la Ley Provincial Nº 12.967”. Esto significa que tiene la obligación de coordinar e implementar políticas públicas destinadas al impulso, defensa y restablecimiento de los derechos, a través de un trabajo conjunto en un “Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia” que articula los recursos de los diferentes niveles del Estado con los de la sociedad civil.

El Ho.Me.Va depende de esta Subsecretaría que a la vez es parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. Y es función también de esta Subsecretaría hacer cumplir la Ley provincial 12.967 que en su artículo 6, referido a la responsabilidad estatal, dice: “El Estado provincial promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, entorpezcan el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes y si efectiva participación en la comunidad”.

Otra vez queda claro que se hace aguas entre lo dicho (o escrito) y lo hecho.

Las propias palabras de los trabajadores de este hogar grafican la situación: “No necesitamos un funcionario que venga, recorra el hogar y nos diga que lo conmueve, necesitamos respuestas concretas. No hace falta explicar cómo es bañarse con agua calentada con una pava y tirada en un fuentón, porque así pasaron el invierno los chicos. Tampoco vamos a permitir que se los arranque de su entorno social o familiar. Esta es una de las situaciones más crueles que permite el gobierno provincial y lo peor es que no les importa”.

Un reclamo que cumple un año

Tanto trabajadores del hogar como referentes de ATE, hace un año que llevan adelante gestiones y protestas para que desde el Estado se resuelva la situación de este edificio que está prácticamente en ruinas. Las soluciones no sólo que no llegaron sino que se estuvo a punto de concretar una mudanza de los chicos dentro de la misma localidad, pero que inexplicablemente se dio marcha atrás sin ofrecer motivo. “Hace varios meses que venimos reclamando por una solución. Entre todos los pedidos que le hacemos a la provincia, uno es por los problemas edilicios en el Hogar de Menores Varones de Baigorria. Hace una semana se dio marcha atrás al alquiler de una casa en esa localidad para mudar a los chicos. Estaba todo casi cerrado y hoy no tenemos ni casa alquilada ni casa para alquilar. No sabemos ni siquiera que pasó”, expresó Marcos Morao, miembro del Consejo Directivo provincial de ATE y referente del gremio dentro del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe.

El edificio en cuestión está ubicado dentro del predio del Hogar Escuela «Juan Domingo Perón», San Martín al 2000 de la localidad de Granadero Baigorria. El Ho.Me.Va funciona como alojamiento transitorio para varones menores en situación de riesgo según la ley provincial citada más arriba. Hoy viven en dos de los pabellones cuatro chicos de 9, 11, 13 y 17 años. Dadas las condiciones del edificio, los trabajadores decidieron no alojar más niños cuando la capacidad sería para unos 12 chicos.

A pesar de lo que desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde el Ejecutivo se sostiene con la palabra, la realidad dentro del establecimiento es: áreas clausuradas por peligro de derrumbe, filtraciones de aguas en los techos, humedad en las paredes y una instalación eléctrica que les permite tener enchufada solamente una estufa a cuarzo para no colapsar. A esto se suma que en noviembre del año pasado Litoral Gas detectara una fuga y cortara el servicio en todo el predio. A pesar de los reclamos, él área donde funciona el hogar aún no tiene restablecido el servicio. Fue un duro invierno.

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“Sabemos que cualquier arreglo o reestructuración en el edificio llevaría mucho tiempo. Ya no se nos ocurre qué hacer, entregamos notas, nos reunimos con el subsecretario de Niñez, Horacio Coutaz, vino el ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, al hogar, pero nada. Concretamente la primera cuestión que ofrecieron fue un traslado de los chicos a otra comunidad. No estuvimos de acuerdo porque sabemos lo que implica cuando son arrancados de sus hogares, de su entorno, hay chicos que tienen sus familias en la localidad y están en el alojamiento por orden de la Justicia. Se empeoraría su situación si todavía se los traslada a otra ciudad”, explicó Morao.

Hace unas semanas atrás la solución parecía por fin estar asomando cuando desde la Subsecretaría se eligió una casa para alquilar en Baigorria. Los trabajadores del hogar la habían visto y consideraron que cumplía con las condiciones necesarias para alojar a los chicos pero sin mucha explicación, de un día para el otro, se dio marcha atrás con el alquiler del inmueble y todo volvió a cero.

“La prioridad son los chicos, necesitan una nueva casa ya. Hoy ya no tenemos ni respuesta a nuestros mensajes. No sabría cómo calificarlo, si es falta de voluntad, de capacidad, si hay o no un sistema organizado para que la provincia pague un alquiler y la gente confíe, porque sabemos que muchos no lo quieren alquilar al Estado provincial. Cada vez son más los obstáculos pero este debería ser un tema prioritario para el Ministerio. Evidentemente no pudieron encontrar una solución por eso vamos a seguir insistiendo hasta que tengamos una respuesta”, agregó el delegado de ATE y concluyó: “En esta situación hoy no podemos pensar en recibir más chicos porque no podemos darles un lugar digno para vivir y la demanda de plazas es grande. Hay una ley que dice que este tipo de lugares de alojamiento tienen que ser íntegros, que restituyan derechos, no pueden ser espacios que sigan vulnerando el derecho del niño”.

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