Los escenarios de los megaeventos deportivos se preparan con la enciclopedia de la exclusión. El brillo que recibió al turismo en los Juegos Olímpicos dejó afuera a las favelas, brindándole la potencia del brazo represivo del Estado con un fuerte proceso de militarización. Las experiencias de resistencia mantienen en pie al pueblo y su hambre de vivir.

Por Martín Stoianovich

Fotos: Mutirão Río 2016

Un grupo de turistas se toma fotos compulsivamente en la base de la Escalera de Selarón, en el barrio Lapa. Cuando pega el sol, brillan mucho más los azulejos que fijó el artista chileno que ya hace más de tres años fue hallado sin vida ahí mismo, sobre su propia obra. Ahora, los turistas disfrutan disparando flashes. Un brasileño que montó una changa a los pies de la escalera deja doblado a su lado la edición del día del diario O Globo que en su título principal resalta la llegada masiva del turismo internacional en el marco de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El centro de la ciudad explota en movimiento constante durante el día y también en la noche. Los televisores de los bares no descansan, cualquier deporte es atractivo y el amarillo de las camisetas de fútbol de la selección local se ve cada un par de metros. La escena puede repetirse todos los días.

Río será también la ciudad de los grandes contrastes. La línea 2 del Metro Río pasa por Lapa en una estación reluciente. Hay luces en exceso. Personas haciendo cola en los cajeros automáticos para extraer dinero. Negocios de ropa, recuerdos y merchandising de los Juegos Olímpicos. Quienes llevan una gorra, una remera, un bolso o cualquier cosa con el logo de Río 2016 delatan la invasión de turistas que por estos sectores se hace sentir. Hay carteles publicitarios de empresas nacionales e internacionales y también de políticas públicas: como un cartel de las “Forças Armadas” que se impone ante la mirada de quienes esperan llegar el Metro. Es que los grandes medios de comunicación hablaron del peligro del terrorismo internacional en el marco de los Juegos. La alerta en Brasil se encendió hace un par de años cuando todavía se estaba organizando el Mundial de fútbol del 2014 y una batería de políticas de Seguridad fueron desplegadas con el fin de no interrumpir las ansias de consumo del turismo internacional y la sensación de seguridad de extranjeros y locales.

La puerta del Metro se abre deslizándose sin hacer ni un mínimo ruido. Todo anda perfecto. En su interior está pulcro y un altavoz avisa el nombre de las paradas en inglés y portugués, y también larga alguna que otra publicidad. Cuando el Metro va en sentido inverso del centro y sur de la ciudad -puntos más turísticos entre playas y sedes deportivas de los Juegos Olímpicos- el panorama comienza a cambiar y la ciudad de los contrastes empieza a hacerse notar. Al correr de las estaciones, los turistas ya se bajan y van quedando, en su mayoría, cariocas de la clase trabajadora. El paisaje empieza a cambiar: se ven más de cerca los morros que acumulan casitas hacia arriba, y los grandes edificios ya son parte de un paisaje lejano que va perdiéndose de vista. Las paradas del Metro ya no son cerradas y lujosas, sino más bien angostas y peladas. A la vera del camino, de a ratos, se lucen seguidillas de pequeñas viviendas idénticas, construidas en el marco de planes estatales durante los últimos años.

“Esta es otra ciudad”, dice un comunicador local, integrante del equipo del Mutirão Río 2016, un grupo de comunicadores independientes, de medios libres de todo el continente que se encontraron en la ciudad de los Juegos Olímpicos para cubrir los impactos sociales de la organización de este tipo de megaeventos. Para poder conocer y difundir en profundidad esos contrastes que la gran ciudad no pudo ocultar y que en su raíz muestran problemáticas sociales de larga data, pero que se profundizaron desde que Río fue elegida sede de una seguidilla de grandes eventos deportivos.

En Brasil los intereses de las clases dominantes comandan los rumbos políticos y económicos del país. La debilitada democracia que dejó el gobierno de Dilma Rousseff allanó el terreno a la ultra derecha, que puso al poder a Michel Temer luego de un golpe de Estado institucional. Una maniobra que dejó al país en las manos de los intereses privados, después de un gobierno que en parte calmó las necesidades de una sociedad castigada por el neoliberalismo de los 90. Aunque por otra parte no: la desigualdad social es una realidad que ni la más sesgada mirada puede negar, y en adelante se prevé que será peor el futuro para los sectores ya excluidos y la clase media que descansaba en sus comodidades .

Hoy, la consigna #ForaTemer, de quienes apoyan a Rousseff o bien repudian esta maniobra de la derecha explícita, está a la cabeza de una serie de manifestaciones reguladas por el pasado reciente del propio Partido de los Trabajadores. Reguladas, y limitadas, por ejemplo por la Ley Antiterrorista aprobada por Rousseff en marzo de 2016 por recomendación de su Ministerio de Economía. La ley fue parida al fuego lento de las exigencias de las instituciones financieras internacionales.

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Brasil, como integrante del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, acató los acuerdos para implementar “medidas legales, regulatorias y operativas para combatir las amenazas a la integridad del sistema financiero internacional”, según comunican oficialmente. El GAFI tiene atrás a Estados Unidos, Rusia, Francia, Japón, Alemania, Reino Unido, Canadá e Italia y por lo tanto los mayores intereses económicos del mundo. “La aprobación de las leyes nacionales pasó a ser una condicionante de los órganos financieros internacionales. Tener credencial para los prestamos y las inversiones es tener esta ley aprobada”, analizó para una investigación de Avispa.org el sociólogo y profesor de Relaciones Internacionales de la Pontífice Universidad Católica de Sao Paulo, Reginaldo Nasser.

La Ley Antiterrorista, entonces, aprobada en la antesala de los Juegos Olímpicos, se posó como una soga en el propio cuello de la democracia brasileña. Las consecuencias colaterales de la “lucha contra el terrorismo internacional” son hoy la persecución y represión a los manifestantes que repudian la ya consumada estrategia de la derecha. Consecuencias colaterales que se esparcieron por todo el país y que en Río, en el marco de los Juegos, profundizaron las políticas represivas de un Estado que dejó relegados a los derechos de su pueblo pobre.

Sin lugar para los favelados

El 5 de agosto, el día en que se inauguraron los Juegos Olímpicos, también se realizó una manifestación en la “Praça Saens Peña”, del barrio de Tijuca. Las consignas fueron claras y hablaban de esas problemáticas potenciadas en el marco de los Juegos: desalojos, violencia policial, el impacto ambiental y el enorme gasto de fondos públicos para el evento. “Os jogos da exclusão”, se llamó la movida que buscó visibilizar aquello que está escondido para el extranjero.

Se habla de gentrificación en Río de Janeiro. La planificación de los megaeventos deportivos trajo aparejado un plan de desalojos forzosos contra los sectores populares con la intención de crear ofertas para el mundo de consumos e inversiones que propone el turismo, además de la especulación inmobiliaria para el acomodamiento de las clases medias y altas. Lo que, además, trae entre líneas al ocultamiento del pueblo pobre. Un caso ejemplar es la construcción del “Porto Maravilha” que implicó el desalojo violento de habitantes de la favela de la Providencia, la más antigua de Brasil. La Secretaría Municipal de Habitación decide qué casa debe ser demolida para la nueva construcción y cuál será el futuro de las familias desalojadas, entre algún poco de dinero o la promesa de una nueva vivienda. Pero, claro, en la periferia.

“Quase 80 mil moradores removidos desde 2009”, titula la edición de agosto del diario “A voz da favela” que ya lleva su séptimo año de circulación. “¿Olimpiadas para quem?”, se pregunta en el artículo principal. El fenómeno de desalojos es una práctica sistemática que apunta contra la población pobre.

Según los datos brindados por el “Mapa Río Jogos da Exclusão” son aproximadamente 77 mil personas las que fueron expulsadas de sus territorios desde el 2009, cuando la ciudad fue elegida como sede de los Juegos. Son más de 22 mil familias que en todo Río se quedaron sin casa para que sus tierras sean puestas al servicio de la especulación inmobiliaria. Metro-Mangueira, Vila Recreio II, Vila Harmonia, Vila Autódromo, fueron algunos de los lugares afectados. Todas favelas. El caso de Vila Autódromo se destaca por su magnitud: tres mil moradores fueron desalojados para hacer obras en un río y ensanchar las avenidas Abelardo Bueno y Salvador Allende.  “De las 600 familias que vivían en la Vila Autódromo hasta el inicio de 2014, quedaron apenas veinte, que ahora viven en casas construidas por el municipio en el área antigua. El otro 97 por ciento de los moradores fueron reubicados en el Parque Carioca, en Taquara, un conjunto habitacional municipal realizado con los recursos del Programa Minha Casa, Minha Vida”, dice “A voz fa favela”.

De chacinas e impunidades

El Complexo do Alemão es un conjunto de favelas que reúne 15 comunidades con cerca de 120 mil habitantes. Sus morros son gigantescos, y sus calles angostas y curvas. Las casitas fueron construyéndose hacia arriba y alcanzan los puntos más altos con las viviendas más precarias producto de las dificultades para trasladar los materiales de construcción. Podría decirse que la favela está urbanizada. ¿Pero qué tipo de urbanización? “Para el Estado significa que puedan pasar carros por las calles y para eso vuelan casas”, dice Lana da Souza, de “Coletivo Papo Reto”, una experiencia de comunicación popular de los habitantes del Complexo, que tiene entre sus objetivos difundir lo que acontece en la favela, ya sean denuncias o experiencias de resistencia.

Lo que sucede en el Complexo es también un reflejo de lo que viene pasando en las demás favelas de la ciudad. La principal preocupación de los últimos años es la militarización, la invasión de los territorios por parte de las distintas fuerzas de seguridad, pero sobre todo la Policía Militar y las Unidades de Policía Pacificadora. Estas últimas fueron estrenadas en 2008, en la favela de Santa Marta, en el marco de un programa de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad de Río de Janeiro y luego se extendieron en 38 destacamentos con la idea de profundizar la “proximidad” en los territorios. También son conocidas las participaciones de las llamadas milicias, grupos de agentes y ex agentes de la policía, bomberos y funcionarios penitenciarios con formación militar que privatizan y venden a la población lo que ellos llaman seguridad.

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Otra vez, como en distintos puntos del continente, la militarización baja con el concepto de paz a su lado. La contradicción que no expone el discurso, la muestra la realidad: desde 2006 hasta 2015 cerca de ocho mil personas fueron asesinadas a manos de la policía en el Estado de Río de Janeiro, de los cuales casi cinco mil corresponden a la ciudad capital. Las estadísticas que maneja la organización Amnistía Internacional dicen que desde 2007 las cifras fueron decayendo hasta el 2014, año de la Copa del Mundo, en donde aumentó a 580, para superarse el año siguiente con 645.

Las favelas están ocupadas por la Policía Pacificadora. Sus prácticas no son ni responsables ni cuidadosas como lo asegura la página web oficial de los Juegos. Son violentas. La Policía Militar entra en sus “caveirãos” –tanques blindados- y despliega sus ataques con distintas estrategias como disparar a los transformadores de luz para oscurecer el barrio e incendiar los alrededores con el fuego que se desprende de los cables ardiendo. En Complexo do Alemão, las sedes de la Policía Pacificadora se imponen en distintos puntos de los morros y a sus alrededores se reflejan imágenes de lo que es la relación entre la fuerza y los habitantes de la favela. Las paredes están repletas de agujeros que quedaron como recuerdos de las ráfagas de disparos que frecuentan la zona.

Las estadísticas que maneja Amnistía dan cuenta de una problemática que logra entenderse mejor cuando se hace foco en los hechos puntuales. En el mismo Complexo do Alemão, en junio de 2007, 1350 oficiales de la policía civil y militar de Río de Janeiro junto a la Fuerza Nacional de Seguridad Pública realizaron una operación que terminó con al menos 19 personas asesinadas, entre ellas un niño de 13 años. “Chacina do Pan”, se llamó el hecho en referencia a los Panamericanos que se desarrollaron ese año. Saliendo de Complexo, el historial de sangre sigue y encuentra episodios inimaginables. Como la “Chacina de Costa Barros”, ocurrida el 28 de noviembre de 2015 cuando cinco jóvenes negros de entre 16 y 25 años fueron acribillados por oficiales del Batallón 41 de la Policía Militar, en el barrio Costa Barros. Los chicos habían salido a celebrar el primer sueldo de uno de ellos, pero recibieron 111 disparos y ninguna advertencia. Carlos, el padre de uno de los chicos de 16 años, hoy encabeza el pedido de justicia mostrando las fotos de su hijo acribillado mientras los policías responsables están en libertad.

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“En general la policía dice que estas muertes son en legítima defensa, sin embargo lo que Amnistía ha documentado es que las muertes tienen fuertes evidencias de haber sido ejecuciones extrajudiciales”, cuenta Renata Neder, asesora en derechos humanos de la organización. La masacre de Costa Barros es un ejemplo extremo de una violencia cotidiana y no es casualidad que haya sido tarea del Batallón 41 de la PM. “Acarí es una de las áreas donde la policía más mata, y su batallón es el que más mata en Río de Janeiro”, dice Neder respecto del 41, responsable de diez de las cuarenta ejecuciones que hubo en el mes de mayo pasado. Las modalidades son infinitas y resaltan las más insólitas, como los llamados “casos de Troya”. “La policía hace una emboscada, se quedan escondidos en una casa por muchas horas, sin que la gente sepa que están ahí. Esperan específicamente a una persona para que pase, y así ejecutarlo”, detalla Neder.

Después de consumado el hecho, lo que se teje es el entramado de impunidades del cual ya no participan solo los policías. Aunque los primeros pasos suelen estar en sus manos, según explica Neder: “Una vez que la policía mata, hace de todo para garantizar su impunidad. Cambian la escena del crimen, sacan el cuerpo, intentan criminalizar a las víctimas, les ponen armas en sus manos cuando están muertas para justificar que fue en legítima defensa, amenazan a testigos y líderes de las comunidades o familiares de las víctimas para que nadie sea testigo en contra de ellos”.

Este punto trae consigo la arista de los medios de comunicación y el rol fundamental que terminan jugando. “Los grandes medios acaban teniendo un rol de re-criminalización de las favelas y los jóvenes. Reportan a víctimas como sospechosos o criminales aunque no lo sean. Titulan que fueron abatidos sospechosos, hablan de las favelas como territorios de criminalidad y a sus habitantes como potenciales criminales, entonces se acepta que sean asesinados”, analiza Neder, quien habla de un “contra servicio” de la prensa grande. “No ayudan a la investigación, ni a que se haga una discusión sobre una política de seguridad pública que respete los derechos humanos”, agrega. En esta línea opina el periodista Patrick Granja, del diario A Nova Democracia: “El Estado está al servicio de las clases dominantes y defiende los intereses privados. La policía y los medios de comunicación también. Entonces, cuando la policía mata a una persona en la favela, el papel de los medios de comunicación es legitimar ese asesinato”.

Lo que podría considerarse un engranaje de impunidad, tiene otra parte fundamental en el rol del Poder Judicial para abordar la investigación de estos casos. Desde Amnistía, Neder pone el ojo en el Ministerio Público de la Acusación: “Tiene un doble rol. Son titulares de la acción penal, acusan al involucrado y se encargan de llevar los casos a la justicia. También, según la constitución, deben ejercer el control externo de la actividad policial. Están fallando en los dos roles”. “Hemos intentado poner números a la impunidad”, agrega. Una referencia es el registro del año 2011, en el que se relevaron 220 casos de procedimientos administrativos. De ese total, 183 están en curso, el MPA pidió el archivamiento de 12 casos y solo en uno se presentaron cargos contra los policías responsables.

En planos generales, los asesinatos a manos de la policía responden a una estructura de violencia que atraviesa a toda la sociedad de Río de Janeiro, aunque llevándose  un gran porcentaje del total de homicidios. El Instituto de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro brinda sus datos: en el año 2015, del total de 1.255 homicidios registrados, 307 corresponden a hechos en los que intervino la policía, es decir un 19,65 por ciento. El engranaje de impunidad también se sostiene en el panorama general: según Amnistía solo un mínimo porcentaje del total de los homicidios, entre el 5 y el 8 por ciento, son esclarecidos y condenados.

Y los pibes remontan barriletes

Remontar un barrilete, o varios en grupo, es una costumbre típica de los niños y no tan niños en los barrios de Río. Los pibes andan en eso, dejando perder su mirada en el cielo y posándola bien alto y lejos. En sus barriletes, que ellos llaman “pipa”. Esa es quizás la imagen de la paz que no logrará instalar la UPP.

Pero claro, la policía hizo su parte. Copó el territorio y ya puede brindar su detalle al contraste que insiste en repetirse. Como lo hacen en la favela Babilonia, del barrio Leme, detrás de la explotada playa de Copacabana. Al llegar la noche, en los puestos de comida rápida no hay vecinos comiéndose una hamburguesa. Es frecuente ver las rondas de policías comiendo, con sus armas largas sobre la mesa. Hablando fuerte y riendo. Mirando a quienes pasan. Ocupando.

Desde las favelas cuando hablan de un Estado represivo para las clases bajas, también hablan de un Estado racista. Y las estadísticas se suman a esta idea para corroborarla: del total de víctimas que hubo desde 2010 a 2013, el 99,5 por ciento son hombres, el 75 por ciento jóvenes de entre 15 y 29 años, y el 79 por ciento, negros. En este punto se refleja otra parte de una problemática estructural, que pone de manifiesto a la profunda desigualdad social que padece Río de Janeiro.  En Babilonia, André Constantine, de la “Associação de moradores da Babilônia”, brinda un panorama de esta situación. “La favela es un Estado policial, donde la única presencia del Estado es represiva”, dice y cuestiona: “Hasta cuándo vamos a discutir el saneamiento básico en las favelas, en pleno siglo XXI. Hay que integrar a la favela a la ciudad, pero no con turismo para que el extranjero suba a la favela”.

El discurso político, pero también el trabajo de los grandes medios de comunicación, como así también la industria cultural con mega producciones internacionales, configuraron un concepto de la favela relacionado a la violencia extrema. Allí, según estos discursos, radican los dueños del narcotráfico y los asesinos más despiadados. Allí, como muestra la película Ciudad de Dios, los niños portan armas y asesinan a quemarropa. Mientras, sonríen remarcando el contraste de los dientes con su oscura piel. Porque claro, en las películas, los malos también son negros. Hacia allí, entonces, se apunta la mira a la hora de iniciar la supuesta guerra contra el terror.

“La UPP nunca combatió la venta de drogas, porque la favela no tiene traficantes. Los traficantes mandan la droga que llega acá, y acá solo hay vendedores. En su mayoría son jóvenes negros que no pasan los veinte años. A la clase media llega la cocaína y la marihuana manchada con la sangre que corre en la favela”, dice Constantine. Entendiendo que la militarización también es parte de la llamada “guerra contra las drogas”, agrega: “Hay que discutir la descriminalización y la liberación de las drogas, porque la guerra a las drogas no es nada más que la guerra al pueblo negro y pobre”.

El narcotráfico es un negocio que nadie niega, pero desde las autoridades políticas se ofrece una visión del tema cuanto menos limitada. Desde Amnistía analizan: “El comercio de drogas ilegales está dominado por grupos y organizaciones delictivas que, la mayoría de las veces, tienen una fuerte presencia armada en las favelas. Esta situación ha servido de pretexto para fomentar un discurso bélico según el cual las favelas son territorios que deben ser recuperados”. Las autoridades hacen foco en los últimos eslabones del negocio, que es la venta por menudeo en distintos territorios. Pero no sigue el camino del dinero, que a pocos metros encuentra a la policía como parte protagonista y necesaria. “En Río es habitual el pago de un arreglo, soborno que los narcotraficantes entregan periódicamente a los agentes de la policía responsables de vigilar una determinada zona”, sostiene Amnistía.

Es más fácil apuntar al pueblo. Y más fácil aún cuando la mira está dirigida a los jóvenes negros y pobres. De esta forma también se configura la agenda política, y así se entiende por qué en Brasil cada tanto se habla de la necesidad de bajar la edad de imputabilidad que hoy se mantiene en los 18 años. Incluso a pesar de que la Secretaría Nacional de Seguridad Pública afirma que solo el 0,9 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 16 años son responsables de los crímenes cometidos en Brasil, y el 0,5 por ciento en casos de tentativas de homicidios o asesinatos consumados.

Por otro lado, la compleja situación de este sector se agudiza cuando los jóvenes, a partir de los doce años, comienzan a ingresar en el sistema penal con programa socioeducativos. “Las fundaciones de socioeducación son prisiones, no ofrecen reeducación, inclusión social y resocialización a ningún menor detenido”, dice Tiago Tunes, profesor de Derecho en la Universidad Católica de Pelotas, en una entrevista para la revista Virus. En consonancia, Tunes apunta a la ausencia de políticas en términos sociales con la mira en garantizar los derechos de la población. “Las políticas aplicadas por los últimos gobiernos fueron exitosas en la disminución de la pobreza extrema, pero no lograron reducir la desigualdad social. De hecho, solo aumenta”, agrega. Educación, salud, cultura, deporte, saneamiento y transporte son los puntos en común en los reclamos de los habitantes de las distintas favelas.

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Poner sobre la mesa las problemáticas de la favela, son el paso previo al reclamo pero también al comienzo de los procesos de organización de las comunidades. En las distintas favelas hay movimientos sociales, medios de comunicación popular y proyectos culturales que resisten por el respeto a los derechos humanos pero también por la necesidad de replicar las experiencias.

Una muestra de esa organización entre favelas fue la movilización realizada el sábado 20 de agosto, día antes del fin de los Juegos Olímpicos, bajo la consigna “Fome de viver”. “Hambre de vivir”, significa. La manifestación fue impulsada por el alarmante, pero previsible, aumento de la violencia durante los Juegos. Se contaron 107 conflictos armados en Río de Janeiro, con 34 personas muertas, de los cuales seis eran policías. Las violentas operaciones policiales ocurrieron, sobre todo, en las favelas Acarí, Ciudad de Dios, Borel, Manguinhos, Complexo do Alemao, Maré, Del Castilho y Cantagalo.  “Para que el público olímpicamente feliz sepa la dura realidad que las favelas viven durante los Juegos”, dijeron los organizadores.

La “ciudad maravillosa” que las empresas de turismo y los discursos oficiales venden al extranjero, puede ser la que se observa gigante pero poco nítida desde los morros y cerros turísticos como el Pan de Azúcar o el Cristo Redentor. También la que se ve en las playas de Ipanema o Copabana, ante la mirada vigilante de los helicópteros o fragatas militares cercanos a la costa. O en sus noches ruidosas en el centro, en su emblemática escalera de colores o en sus eventos deportivos.

Quizás los ruidos y las luces temporales pueden impedir ver la otra Río de Janeiro. Una ciudad que puede ser maravillosa, pero por su música, sus bailes y el resto de su cultura originaria y afrodescendiente. O por su naturaleza, la que todavía alcanza a estar ajena a las manos del hombre. Y también por la alegría de la resistencia: la juventud, sus barriletes y su hambre de vivir.

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