El presupuesto 2017 del gobierno nacional prevé un recorte presupuestario del 32,5% para el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Científicos autoconvocados en todo el país rechazan este brutal ajuste. “Si el Estado no financia a la Ciencia sólo queda el ámbito empresarial privado para hacerlo”, señala con preocupación Agustín Prospitti, docente, investigador e integrante de Científicos y Universitarios Autoconvocados Rosario. Compartimos su opinión. 

Por Agustín Prospitti (Científicos y Universitarios Autoconvocados Rosario)

Foto: Agencia Sin Cerco (Ver Galería)

Cuando se decidió crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el 10 de diciembre de 2007, durante la gestión de CFK, se recuperó la demanda de la comunidad científica local sobre la posibilidad de darle mayor desarrollo al área y revalorizar su capacidad de aportar conocimiento básico y aplicado con un fin social y una transferencia hacia el sector productivo. La experiencia comparada a nivel internacional en términos de los recursos del PBI invertidos y la cantidad de investigadores y doctores en relación con la población total del país, con respecto a los países que están a la vanguardia y más invierten en Ciencia marcaba el gran retraso de nuestro país en la materia.

El rango ministerial adquirido le permitió al área de CyT contar con un presupuesto anual más importante, y con una infraestructura y plantel burocrático propicio para transformarla en una política de estado, es decir, con una prioridad destacada dentro de las políticas públicas, lo que la jerarquizaba y le daba una proyección de crecimiento a mediano y largo plazo, con la expectativa de que su impacto en el desarrollo económico y social del país, que no es inmediato, le permitiera a este superar su matriz dependiente y semi industrializada.

Con el recambio presidencial del año pasado, se generó un estado de alerta y preocupación en la continuidad de estas políticas, habida cuenta de las críticas que el entonces candidato Mauricio Macri manifestó sobre el dinero que se dedicaba a la Universidad pública y la creación de nuevas casas de estudio. En ese marco de campaña, y posteriormente tras su triunfo, Macri manifestó su compromiso de continuar con la política científica implementada en las gestiones anteriores, y generó una movida simbólica de continuidad con el pedido al ministro Lino Barañao, para que continúe en su cargo. También prometió duplicar el presupuesto dedicado a las tareas investigativas, elevando el presupuesto al 1,5% del PBI.

Si bien desde el comienzo de la gestión macrista se aparentaba un escenario sin complicaciones para el ámbito de la investigación, algunas alertas comenzaron a marcar el inicio de una nueva etapa y el umbral de un posible abandono de aquella política de estado. En primer lugar, la demora e incertidumbre de los ingresos a carrera (CIC) previstos para este año. En segundo lugar, la devaluación efectuada de la moneda nacional que encareció el costo de insumos y materiales importados, muchos de ellos esenciales para la tarea científica, que al no recibir una actualización de lo ya presupuestado se vio reducido su acceso. En tercer lugar, pero no menos importante, el insuficiente aumento de los sueldos de investigadores y personal de apoyo, así como el estipendio de los becarios, que quedó muy por detrás de la inflación proyectada y publicada por el propio INDEC.

Sin embargo, el momento de mayor zozobra, y de impacto profundo sobre el área, es el dato de la reducción de recursos en un 32,5% prevista para el Ministerio de Ciencia, que se dio a conocer en el proyecto de Presupuesto 2017 presentado por el oficialismo.

Ello marca en los hechos una virtual paralización de cientos y miles de investigaciones a lo largo y ancho del país, que dependen de la infraestructura, equipamiento, subsidios e insumos que ya no se podrán tener por el recorte. Con el agravante de que en dicho proyecto se le quita la autarquía en la gestión de los recursos humanos al CONICET, con lo cual el organismo pierde su capacidad de determinar el número de ingresos a becas y carrera del investigador, para trasladar la potestad al Ministerio de Modernización. También se produce un recorte profundo a proyectos como ARSAT 3, al INTI y al INTA, estos últimos organismos que cumplen con una tarea directa de apoyo a pequeños productores rurales, de economías regionales, e industriales que pueden progresar gracias a esa transferencia tecnológica que les permite subsistir en una economía cada vez más concentrada.

Pero a su vez, no se debe enfocar esta situación sólo como una cuestión cuantitativa, sino también cualitativa. Dado que si el Estado no financia a la Ciencia sólo queda el ámbito empresarial privado para hacerlo. Ello representa una discusión sobre la necesidad del compromiso del Estado como sostenedor de la Ciencia para garantizar un fin social de su tarea y una soberanía científica; que se complementa con el mundo privado, pero no le delega la definición al mercado sobre la orientación del área para que sostenga a la ciencia. Ello podría ser peligroso por valorar sólo aquellas investigaciones que tengan un impacto en la generación de rentabilidad a corto plazo, subordinada a esos intereses, y no una perspectiva de garantía de aporte del conocimiento a toda la sociedad, e incluso con la posibilidad de trascender las fronteras del país.

Por ello nos movilizamos el pasado jueves varios centenares de trabajadores de la Ciencia y la Universidad, en uno de los polos científicos que más ha crecido y más prestigio y logros ha obtenido en Latinoamérica, para manifestar nuestro más absoluto rechazo al ajuste en Ciencia, Técnica y Universidad. Y para reafirmar que la Ciencia y la educación deben seguir siendo políticas de estado en la Argentina.

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