Crónica de una Caravana por la Vida. De Rosario a Basavilbaso, trazando luchas en común e historias de vida que denuncian el estrago que provoca el modelo extractivo en todo el país.

Por María Cruz Ciarniello

Esta es una caravana por la vida que nace con la idea de enlazar algunas luchas. El primer objetivo es juntarse, porque ya juntarse es un acto revolucionario.”

Fernando Mut es docente y además integra el Colectivo Rosario es un Pueblo Fumigado. Junto a otras asambleas autoconvocadas impulsan las llamadas caravanas por la vida: la tercera trazó el recorrido que separa Rosario de Basavilbaso.  Dos ciudades enclavadas en dos provincias castigadas por el agronegocio. Santa Fe y Entre Ríos. Un mapa del litoral que tiene miles de hectáreas fumigadas con glifosato y cientos de vecinos enfermos de cáncer.

El punto de partida fue el barrio Universidad, en la zona sur de Rosario. Allí hay 180 silos que contaminan el aire que respiran los vecinos. Desde hace 5 meses algunos de ellos empezaron a juntarse; a provocar ese acto revolucionario del que habla Fernando. La organización se llama VACCA y lo que intentan es denunciar que esa bruma de humo que se observa cada vez que los silos de almacenamiento de granos entran en funcionamiento, los está envenenando.

Luis Cuello asegura tener en su casa un frasquito con las cascarillas de maíz, trigo, soja, que fue juntando. “El polvillo es una cosa increíble. Le pasás un trapo al televisor y al otro día tiene polvo.” Este vecino que vive frente a los silos también sostiene que en los patios de las escuelas, las maestras se cansan de barrer cascarillas. “Los silos para mí son omnipresentes. Están siempre. Cuando sopla el viento del noreste es terrible. Y cuando hay viento sur lleva la nube al centro de la ciudad”, señala.

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La Caravana por la Vida partió el viernes 4 de noviembre a las seis de la tarde bajo una temperatura que superaba los 30 grados. La primer parada fue Victoria. En uno de los cinco autos que salieron de Rosario, viajó Miryam Gorban, nutricionista y titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA. Miryam acababa de llegar de Guaminí, provincia de Buenos Aires donde se realizó un Encuentro de Agroecología pero antes también estuvo en La Haya, participando de la Asamblea de los Pueblos, en la que había más de 200 personas.

Incansable, esta mujer de 85 años contagia vida. Además de la sabiduría de cada una de sus palabras –certeras al hablar de cómo el mercado concentrado de los alimentos atenta contra la soberanía alimentaria de los pueblos- Miryam impulsa y empuja para que todas las asambleas de Argentina emprendan una gran marcha federal en defensa de la vida. «Somos un pueblo en lucha, porque tenemos que cambiar este modelo. No importan los metros, hay que prohibir el glifosato. Nos tenemos que organizar, unir y hacer la Marcha Federal por la vida, entonces vamos a ver si no nos van a dar bolilla».

En Victoria y Rosario del Tala, la caravana plantó un árbol junto a organizaciones del lugar: “Plantate por una vida sin venenos” dice el cartel enterrado en la tierra. En ambas ciudades, la realidad no difiere de la que cuenta Luis en Rosario; o la que padecen a diario los pueblos del sur santafesino. Tampoco en Nogoyá, donde la Caravana hizo noche para luego –en las primeras horas del sábado 5- continuar el viaje hasta Basavilbaso, hacia el Primer Encuentro de Pueblos Fumigados.

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Felipe y María Julia forman parte del Grupo Ambiental que nació en Nogoyá. Decidieron formase en asamblea cuando comenzaron a tomar dimensión de lo que es el fracking. “En un primer momento éramos muchos”, dice Felipe. Cerca de 60 vecinos se autoconvocaron, se informaron e investigaron acerca del impacto que esta tecnología extractiva podría llegar a generar en su provincia.

Sorpresa fue cuando vieron que la Cuenca Chaco Paraná –que incluye Entre Ríos, y Santa Fe- era uno de los destinos codiciados por las multinacionales. “De llevarse a cabo esto, estaría en peligro el Acuífero Guaraní que es la reserva de agua potable. Empezamos a dar charlas en las escuelas, a juntar firmas por una ordenanza municipal, por la ley provincial”, cuenta Felipe.

Esas charlas y esa movilización vecinal lograron poner freno a los proyectos. Hoy en Nogoyá hay una ordenanza que prohíbe el fracking, son 37 en todo Entre Ríos, y se espera que pronto se apruebe el proyecto de ley –que cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores- para extender la prohibición en todo el territorio entrerriano. “Hasta que no salga la ley no estamos cubiertos, porque el subsuelo de Nogoyá es potestad de la provincia, pero hay voluntad de sancionar esa ley, estamos trabajando para introducir algunas modificaciones al proyecto”.

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Nogoyá no está sola en esta lucha. También en Concordia se conformó una Asamblea ambiental que en el 2014 bloqueó los camiones que iban a realizar prospección en Uruguay. Camiones que por otra parte, incumplían las medidas de seguridad para poder circular. Facundo recuerda esa noche con detalles: fue uno de los cuatro compañeros que se llevaron preso luego de ser reprimidos. Recién a fines de 2015 culminó el largo proceso judicial que debió enfrentar.  “El fiscal de la causa dijo que nosotros no habíamos cortado la ruta cosa que era cierto, pero dijo que lo que estábamos haciendo ahí no era por nosotros sino por todos nosotros y eso ya era un avance”, dice Lita, compañera de Facundo.

Concordia está apenas a unos 30 kilómetros de San Salvador, la ciudad que es conocida como “la capital del cáncer”. Allí, un relevamiento que realizó el Campamento Sanitario de la UNR arrojó concluciones desoladoras: más de la mitad de la población padece algún tipo de cáncer, como consecuencia de las fumigaciones en el cultivo del arroz.

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Concordia sufre otra problemática poco visible. Ya no se trata solo del fracking sino de una silenciosa contaminación que provocó la muerte de un empleado de la empresa Blueberries S.A. La historia de Edgardo Ferreyra es contada por el periodista Patricio Eleisegui en su libro Fruto de la desgracia y hace referencia a la producción de arándanos en la zona. Denuncia la aplicación intensiva de pesticidas, la liviandad o inexistencia de controles que aseguren la inocuidad de la fruta cosechada y la consagración de un modelo de negocios que obtiene ganancias siderales a partir de prácticas de producción prohibidas en otros lugares del mundo.

 “Yo comí arándano envenenado, ¿vio? Desde el año 2009, cuando entré a trabajar comí siempre. En el 2012 fui y comí de vuelta. Había caído piedra y para no perder la fruta, la empresa le echó químicos. Quería que la fruta haga cáscara otra vez. Eso es lo que me contaminó a mí. Ahora tengo todo el cuerpo tomado con linfomas” decía Ferreyra  a finales de abril de 2014. Meses después fallecía en el Hospital de Concordia. El libro está a dedicado a Fabián Tomasi, oriundo de Basavilbaso, ex aplicador afectado por los agrotóxicos.

Del grupo ambiental de Nogoya hoy quedan apenas 10 vecinos ¿Qué sucedió con el resto?. Cuando comenzaron a tomar como propia la lucha contra las fumigaciones, la mitad dejó de participar.

Dice Felipe: “Mucha gente dejó de venir porque en la planta urbana seremos unos 27 mil habitantes, y todos tienen algo que ver con el dueño del campo, o es mi cliente o es mi paciente. De hecho, la mama de mi señora tiene varias hectáreas en Nogoya y es productora agropecuaria y hoy no somos mas de 10 en la reunion, cuando en realidad eramos 60 personas”.

Esas 10 personas están intentando modificar la actual ordenanza de manejo, comercialización y aplicación de agrotóxicos en el ejido urbano. La actual es totalmente permisiva. Según Felipe, en cualquier parte pueden fumigar y no están fuera de la ley. Pero más allá de los límites y los metros, Felipe es contundente: “queremos que se cambie el modelo productivo”. Además, están solicitando a la intendencia que se realice un campamento sanitario para dimensionar lo que está sucediendo en Nogoyá. “Hace un par de años, un compañero que estudiaba conmigo, viene y me dice que en la escuela hay un chiquito que trae un certificado donde el médico firma que cada vez que fumigan en su casa, el chiquito tiene problemas respiratorios y estomacales. Efectivamente eso era así. Hicimos público ese certificado y se armó un revuelo tremendo”.

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 Roberto Lazcano es médico, director del Centro de Salud en Villa San Marcial, que se encuentra a pocos kilómetros del paraje rural Santa Anita, en Basavilbaso. Fue uno de los primeros que acudió al pedido desesperado de Mariela Leiva, docente de la escuela rural 44, aquel día en que un mosquito fumigó mientras los alumnos estaban en  clase.

“Hace 10 años atrás la gente estaba desesperada, tomaban mate abajo del árbol y las fumigaban”, cuenta Roberto, un especialista cuya voz es de las pocas que denuncia lo que a diario vé en su pueblo.

El de Roberto es un grito en medio de un desierto. Con el tiempo, sus denuncias comenzaron a cobrar fuerza a partir de la conformación y el respaldo de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Y hoy Roberto no está solo.

“Yo siempre digo”, dice y continúa: “Lo único que dejan entre el limite del campo de ellos para dentro, es el ancho de la rueda de la plegadora”. La ordenanza que tiene Basavilbaso se sancionó en el año 2003, luego de un suceso tristísimo, relata: “Hubo más de 20 personas afectadas en un barrio periférico San José, de Basavilbaso. Murieron cerca de 180 animales, y ante la falta de acción, cuando yo me entero, me voy al barrio, y les dije que me consigan dos animales recien muertos para poder hacer la denuncia. Con eso, hice la denuncia en fiscalía, y al otro día se dispuso un operativo de allanamiento, y tuve que acompañar cada procedimiento, habian fumigado calle por medio, de 15 metros de ancho. Eran 3 insecticidas, sin ningun tipo de control.  Al dueño del campo se lo terminó multando”.

Para Roberto, hablar de distancias es un “engaño”. Sirve, claro está. Pero para los efectos crónicos y agudos que provocan los agroquímicos en la salud, es lo mismo. “Nadie puede manejar el aire, y el comportamiento fisico quimico de la atmosfera, eso es imposible.”

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De Basavilbaso es también Jennifer Heitt, una de las hijas de la docente Mariela Leiva, y médica de la ciudad. “Soy médica de trinchera porque así lo elegí”, se presenta. “Quiero agradecer a Damian Verseñazzi que fue mi profesor, doctor de la última materia de la facultad, donde nos enseñó que ser médico no es solo atender enfermedades en una guardia o en un consultorio”.

“La Municipalidad dice que es arsénico, pero no es solo eso. No hay estudios que puedan revelar cuales son todos los contaminantes que tiene el agua”.

Jeniffer participó del Campamento Sanitario que se realizó en María Juana, Santa Fe. “En María Juana, como una de los 104 médicos que nos recibimos, pude ver que en el pueblo donde hay unos 7000 mil habitantes, hay muchísimos molinos. Fuimos en un momento donde estaban levantando todas las cosechas y el polvillo no nos dejaba respirar.  Le preguntamos a la gente cómo hacía para vivir con todo esto: ellos nos contaban que más alla de no poder respirar, había algo muy importante: hacía 15 años que no tomaban agua de red, todo era agua de pozo”. Pero esa agua de pozo tampoco es potable. Lo que toman en María Juana es agua envasada porque todas las napas están contaminadas. ¿De qué? Se pregunta Jeniffer. “La Municipalidad dice que es arsénico, pero no es solo eso. No hay estudios que puedan revelar cuales son todos los contaminantes que tiene el agua”.

El campamento de María Juana reveló lo peor: que la principal causa de muerte en la localidad era el cáncer. Entre el 2011 y 2014 se esperaba un registro de aproximadamente 30 casos pero el dato fue alarmante: encontraron 80 casos. El aumento era un 40 % superior a lo normal. Como en otras localidades, el intendente comunal local es un empresario agrícola y lo mismo ocurre en Basavilbaso. Una de sus medidas  fue suspender la ordenanza de María Juana que al menos, prohíbia las fumigaciones aéreas. . “El jefe comunal Amadeo Bazzoni, del Partido “Socialista” (FPCyS) y empresario agrícola miembro de Agricultores Federados Argentinos, suspendió la ordenanza sin ninguna consulta de por medio, tan solo porque la fumigación terrestre, única permitida, podría resultar dificultosa en algunos predios, sin la menor consideración respecto de los riesgos que la fumigación aérea implicaba en la salud y el ambiente, justamente lo que fundamentó su prohibición”, declaraba ante los medios Horacio Brignone, integrante de la agrupación María Juana Sustentable y uno de los vecinos que asumió como propia la lucha contra el modelo sojero. En el mes de septiembre de este año, Horacio fue amenazado de forma telefónica.

En la zona rural de Basavilbaso, en noviembre de 2015, Jeniffer Heitt realizó un control sanitario en tres escuelas rurales, una de ellas fue la N° 44 de Santa Anita. También destacó que hay solo un pediatra para el control del niño sano.  “Si los chicos se enferman no tienen asistencia pediatrica sino de un médico generalista, porque a la pediatra solo se le pagan para hacer un control del niño sano”.

En este relevamiento,  cuenta que lo que más le llamó la atención fue el incremento de enfermedades respiratorias y alérgicas. Pero que en la escuela 44 además, observó que las bocas de los niños estaban minadas de llagas. El día anterior, la escuela había sido fumigada.

“Una de las niñas de la escuela era mi hermana, cuando le miré la boca no lo podía creer la cantidad de úlceras que presentaba. Eso lo fui viendo en las otras nenas. El 50 % de los chicos de la escuela 44 estaban minados de aftas en la boca. No podemos aseverar que fue producto de la fumigación del día anterior, pero es mucha casualidad.”

La primera vez que la docente Mariela Leiva llamó para solicitar ayuda lograron, a duras penas, que una ambulancia se acercara. “Los chicos ya estaban vomitando y nadie se quería hacer cargo”, dice su hija e insiste: “Hay que hacer no decir. Es necesario que los camiones sanitarios vayan a las escuelas, hay que seguir luchando por los chicos.”

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En Monte Maíz, el relevamiento que llevó adelante el equipo que coordina el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vazquez, junto a la Universidad de la Plata, arrojó que el pueblo, uno de los más ricos, se encuentra entre los más afectados por las fumigaciones en la provincia de Córdoba.

Allí observaron, además de la escasa existencia de monte y pajonales, que existen una gran cantidad de silos que acopian granos, ubicados en el medio del pueblo. Las cascarillas que se desprenden de estos acopios están cargadas de agrotóxicos. “La gente no puede creer que esos acopios sean una entidad de generación de enfermedades respiratorias envenenadas. Encontramos que la cascarilla tenía glifosato en alta concentración, tenía también endosulfán, ampa, atrazina”.

“Los mosquitos entraban por todos lados. A los campos iban a fumigar cada 10 días, pero el equipo de fumigación estaba en el pueblo. Era cómo si fumigaban todos los días.»

Son esas mismas cascarillas las que respiran los vecinos de Barrio Universidad en Rosario, a tan solo dos minutos del Monumento a la Bandera. Por eso, la ciudad es también “un pueblo fumigado”, grita la Caravana en cada lugar donde se detiene a plantar un árbol por la vida.

El estudio de Monte Maíz se llevó a cabo en el 2014. La incidencia normal de niños con asma es de aproximadamente un 13%. “Allí era de un 40%”, remarca Avila Vázquez.  Vivir en la zona donde el viento lleva la cascarilla significaba tener un 50% más de riesgo de padecer asma.

Pero ese dato no es el único: lo que observaron es que las escuelas rurales estaban prácticamente despobladas. Y que había más cantidad de agroquímicos en el pueblo que en el interior de los campos. ¿A qué se debe esto? Sencilla razón: encontraron 22 despósitos de agroquímicos y solo 4 estaban registrados. “Los mosquitos entraban por todos lados. A los campos iban a fumigar cada 10 días, pero el equipo de fumigación estaba en el pueblo. Era cómo si fumigaban todos los días. Los niveles de contaminación en la plaza, o cerca de la vereda de los depósitos de agroquímicos era mucho más alta que en el campo. Y encontramos que había más concentración de casos de cáncer en el radio donde estaban los depósitos, cuya exposición era más alta. Y las familias de Monte Maiz cuya actividad principal era agrícola, que sumaban 900 personas, tenían 3 veces más cáncer que el resto de los vecinos del pueblo”.

En el año 2014, en Monte Maíz se diagnosticaron 35 casos de cáncer. Pero la cantidad esperada por el Ministerio de Salud para esa población era de 11 o como máximo 13. Es decir, había 24 enfermos de cáncer en ese año demás. Entre 2009 y 2014, se registraron 104 casos de cáncer, mientras la media no debiera haber superado los 44.

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Pero no solo es cáncer lo que muestran los mapas de la salud socioambiental. Malformaciones congénitas y abortos espontáneos también aparecen como otros de los registros que aumentan en estas poblaciones.  “Nosotros vemos que en la terapia de neonatología se llena de chicos malformados cuando antes no pasaba. Hay tasas del 4 o 5 % cuando tendria que ser de 2. Y es injusto que los chicos tengan estas enfermedades cuando no tendrían que tenerla”, señala Medardo. En Chaco, por ejemplo, una Comisión de la Cámara de Diputados revisó las historias clinicas de la maternidad de Resistencia y encontró que en el año 2008 había una cantidad de 186 niños malformados. La curva ascendente de este registro coincide con la curva que muestra el aumento del área sembrada con soja transgénica. Al mismo tiempo, los abortos espontáneos también fueron incrementándose. “Esto no se vé en las ciudades, no sucede lo mismo que en estos pueblos”, asegura Avila Vazquez. “Normalmente el 3% de mujeres en edad fértil puede perder un embarazo en 5 años. En Monte Maíz encontramos el 10%, en Barrio Ituzaingó era el 23%.”

Roberto Lazcano, médico rural de Basavilbaso sostiene que hace más de diez años vienen observando lo que hoy ya es inocultable. “En los últimos 4 meses diagnostiqué 4 tumores cerebrales, en una población de 800 habitantes”. Roberto se refiere a San Marcial. Y continúa: “Tengo una sobrina pediatra que trabaja en el Hospital de Uruguay (departamento) y otras chicas de Basavilbaso que están haciendo la residencia en pediatría. Y mi sobrina me comentó que le llamaba la atención la cantidad de nenes malformados que llegaban, de la zona de Colon y San Jose”.

Las escuelas rurales están siendo fumigadas en Santa Fe, Entre Rios, Buenos Aires. Hace unos días, la denuncia llegó a los medios de Rosario: en Casilda, una escuela había sufrido la fumigación mientras los chicos estaban en clases. «Mientras ingresábamos al predio escolar vimos en inmediaciones de la zona una maquina fumigadora tipo mosquito pero no pensamos que estaba trabajando hasta que entramos al colegio y al cabo de un tiempo comenzamos a sentir un fuerte olor a agroquímicos proveniente del exterior», señaló la coordinadora del núcleo escolar. Es decir: la problemática, aunque no siempre sea visibilizada, está latente.

En Entre Ríos, desde el gremio docente han decidido impulsar una Campaña provincial, y el principal motor de denuncia son las propias maestras. Mariela Leiva es una de ellas: sufrió amenazas pero allí está: siendo protagonista de una lucha desigual en su comunidad. No duda en levantar la voz cada vez que una escuela es fumigada a escasos metros ni tampoco en exigirle a las autoridades provinciales que no se conformen con la mera aplicación de multas a los productores. Al igual que tantos otros/a, Mariela pelea por intentar cambiar el modelo productivo. Y lo hace desde su lugar de resistencia: defendiendo la salud de los pibes y también, siendo capacitadora de sus propias colegas.

¿Cómo actuar ante una fumigación? ¿Cómo se deben recoger las muestras para luego poder hacer la denuncia? El conocimiento práctico fue todo un aprendizaje.

“Les pagamos una combi para que lleven a los chicos al pueblo así nosotros seguimos produciendo”, “¿Y su derecho de  estar donde tiene que estar? ¿Y su historia en el campo?”, se pregunta Marino. “Ese tipo de atropellos también ocurren y son las maestras las que ponen el cuerpo en esta batalla”.

Damián Marino es Doctor en Química y uno de los coordinadores del equipo de la Universidad de La Plata que lleva adelante un monitoreo ambiental en escuelas rurales de Entre Ríos, expuestas a los plaguicidas. “Queremos ver cómo empoderar a estas maestras para que puedan dar sustento a la defensa de algo tan básico y elemental como es el derecho a la educación de un niño en un ambiente sano”, señala.

El modelo productivo provoca el desplazamiento, asegura Marino. Se indigna cada vez que recuerda las palabras que las autoridades le dijeron a otra maestra rural, Ana Zavaloy, docente de San Antonio de Areco: “Les pagamos una combi para que lleven a los chicos al pueblo así nosotros seguimos produciendo”, “¿Y su derecho de  estar donde tiene que estar? ¿Y su historia en el campo?”, se pregunta Marino. “Ese tipo de atropellos también ocurren y son las maestras las que ponen el cuerpo en esta batalla”.

El trabajo que lleva adelante el equipo que coordina Damián Marino se ocupa de recoger las muestras de aire, suelo y agua en estas escuelas. Pero no lo hacen solos. La participación de las maestras es clave: “es importante que los docentes capaciten a otros, entonces cuando ocurre un evento de fumigación que es una situación muy compleja el docente tiene que tener la suficiente solvencia y capacitación para que pueda actuar de manera rápida. Por eso trabajamos con docentes para que sepan cómo pueden tomar una muestra de aire, una muestra de agua, qué cuidados tienen que tener, ellos se convierte en técnicos muestradores”. También los chicos son parte de este estudio ambiental: “ellos opinan, cuenta su historia, su realidad”.

En San Antonio de Areco se llevó a cabo el mismo estudio ambiental. Allí, en la escuela donde trabajaba la docente Ana Zabaloy, los chicos tomaban agua con arsénico. “A Ana le decían que tomaran esa agua y que no joda. Ella se tomaba el trabajo de ir a comprar agua envasada porque ella decía que la salud de los niños era su responsabilidad”.

La zona lindera de los campos de producción estaban apenas a 5 metros de los juegos de los chicos. Los resultados del trabajo de Marino arrojaron que en el suelo del patio de la escuela había plaguicidas, fungicidas y compuestos de plaguicidas viejos que se habían usado antiguamente y que eran persistentes en el ambiente. Por supuesto, el nivel de contaminación aumentaba en la zona cercada al alambrado. “Cuando uno evalúa lo que era el material particulado que estan dando vuelta en el aire de campo como se depositan en distintos lugares había un coctel de plaguicidas y eso estaba a 5 metros de la entrada de ingreso al aula”.

El gran problema que se advierte en las escuelas es que en muchos casos, la cooperadora de padres está integrada por productores y que los papás de los chicos, en su gran mayoría, son empleados rurales. Esto cuenta Damián Marino: “En una escuela, un día, la directora nos preguntó ¿por qué se hace esto en mi escuela? ¿Qué le digo a los padres el día lunes? ? Era una mujer que se sentía hostigada, “a mi me fumigan” dijo, “yo lo sé, pero ahora encima el lunes tengo que ir a enfrentar a los padres”. Muchas veces, estos padres terminan fumigando los  caminos que van al aula de la escuela, o fumigan los alrededores de las bombas de agua para que no crezca el yuyo, esta idea de que no hace nada esta muy instalada y lo aplican dentro de la escuela.”

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Ana , Mariela, Eli. ¿Qué dicen sus nombres? ¿sus historias? Maestras, amas de casa. Hubo un día, un momento, en que estas mujeres decidieron sumarse a una lucha que nunca es solitaria. El ejemplo de las Madres de Barrio Ituzaingó lo demuestran.

Sus vidas cambiaron desde el preciso instante en que Eli se sumó al Bloqueo en Malvinas Argentinas; en que Ana decidió dedicar su tiempo de jubilada a contar la realidad de su comunidad y denunciar los estragos del modelo sojero; en que Mariela se puso al hombro la campaña Paren de fumigar las Escuelas y va por cada una de ellas plantando un cartel que dice que no fumiguen porque allí hay pibes estudiando.

Salieron a denunciar que el veneno que respiramos y consumimos a través de los alimentos, está afectando la salud de poblaciones enteras.

Que el químico que Eli lleva en su sangre no solo la afecta a ella. Es el químico que se lleva la vida de cientos de personas que enferman producto de una contaminación persistente.

Yo hubiera estado tranquila en mi casa si esto no me hubiera pasado. Me sumo justamente por eso, yo no busque enfermarme, a mí de prepo me enfermaron, yo vivo en Malvinas, ahí tengo a mi hijo, ¿cómo no voy a salir a pelear?. Para mi el Bloqueo a Monsanto fue una experiencia de vida tremenda”.

Que las llagas que los niños tienen en sus bocas en la escuela de Santa Anita, son las mismas que otros niños tienen en San Antonio de Areco.

Que esos dibujos que los alumnos de Ana hicieron, denunciando con sus trazos las fumigaciones cotidianas de las que son testigos a diario, son el mapa ambiental de un país cuyo modelo productivo nos está envenenando.

“Yo tengo en químico en sangre desde el 2007, por la molienda de los bidones con glifosato que hacía mi vecino,que esta al lado de mi casa. Este hombre los traia de los campos, los cortaba con una sierra y después los ponia en una máquina y hacía pan rallado. Yo empiezo con vómitos, diarrea, dolor de cabeza, mareos, no podía comer, perdí la vista en 4 meses. Yo no sabia que era eso. No lo denuncié en su momento y hoy me arrepiento, porque tengo efisema pulmonar, el sistema central nervioso alterado, hoy tendría que estar tomando 10 medicamentos. Yo hubiera estado tranquila en mi casa si esto no me hubiera pasado. Me sumo justamente por eso, yo no busque enfermarme, a mí de prepo me enfermaron, yo vivo en Malvinas, ahí tengo a mi hijo, ¿cómo no voy a salir a pelear?. Para mi el Bloqueo a Monsanto fue una experiencia de vida tremenda”, cuenta Eli.

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El acampe contra Monsanto logró una victoria impensada: que este gran monstruo desistiera de instalar la planta en el barrio cercano a la capital cordobesa. ¿Cuál fue la clave? Para Eli, un factor fundamental fue el apoyo que recibieron de todo el país, e incluso el extranjero. El bloqueo a Monsanto se transformó en un ícono de la lucha socioambiental. “Para mí fue desaprender para aprender de nuevo”, dice Eli. Desaprender todo lo que implica la comodidad de un hogar para aprender lo que significa la solidaridad entre vecinos en un acampe que duro tres años, 1 mes y 14 días.

Ana Zavaloy es maestra jubilada de la escuela N° 11 de San Antonio de Areco. Hoy se dedica a dar charlas y continuar la lucha que emprendió como docente, defendiendo la salud de los chicos. “En julio 2014 fumigaron en el campo lindero a la escuela con 2,4 D. En esa circunstancia, accidentalmente inhalé el veneno y tuve una parálisis facial que duró 15 días y una afección pulmonar que tardó dos meses en irse. Eso fue una toma de conciencia para mí”.

El olor a veneno era insoportable. Fueron los niños quienes identificaron ese olor. “Es el del mosquito seño”, le dijeron. “El nivel de exposición de estos chicos y de sus familias era tremendo. Tomé conciencia del modelo productivo en el que estamos insertos y de cuál es su costo humano. La gente ya no produce sus alimentos en el campo, perdió la costumbre de hacer sus huertas familiares, las escuelas están despoblándose y esto a los productores les encanta.”

Los dibujos hechos por los chicos de la Escuela Rural 11 de San Antonio de Areco son reveladores. Dice Ana: “Los chicos empezaron a contar sus experiencias cotidianas, y empezamos a hacer ese registro con dibujos. Fui atesorando estos testimonios a través de dibujos”.

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Luis, 6 años: “cuando viene el tractor que fumiga mi mamá me dice que me quede adentro, pero a mi me gusta mirar”. La casa de Luis está “pegadita” al campo donde fumigan. El mosquito pasa por arriba de su casa.

Yéssica, 10 años: “Un día veníamos a la escuela en moto con mi mamá y mi hermanito y de repente había un mosquito fumigando. El olor era muy fuerte, me hizo muy mal, me dolía mucho la cabeza”. Yéssica tiene problemas respiratorios y una sinusitis crónica con sangrado de nariz producto de la exposición constante a los agrotóxicos.

Alfredo, 12 años:     “Cuando fumigan en casa nos metemos adentro rapídisimo porque el sembrado está bien cerquita. A veces las avionetas pasan fumigando arriba de nuestra casa, pegan la vuelta y pasan fumigando arriba de la casa del vecino.”

Antonella, 8 años: “cuando estaba en la casa del abuelo, pasa el avión fumigando”

Damián, 6 años: “Cuando Tata fumiga, nosotros nos metemos adentro.Esperamos un ratito y salimos andar en bici”. Tata es el abuelo de Damian, y su abuela padece una afección de piel muy fuerte. Ella misma cuenta que la ropa la tiene que lavar dos veces debido al fuerte olor a veneno que les queda.

“La gran mayoría de empleados rurales están en negro, están en condiciones inhumanas, y denunciar al patrón es quedarse sin trabajo. Viven circunstancias muy difíciles”, cuenta Ana. ”Denunciar esto me trajo amenazas y muchos enemigos. Estamos formando la Red de Docentes por la Vida en Buenos Aires, y se repite la historia. Están solas en su pueblo, con amenazas y el total desamparo de autoridades y del gremio. Hay mucho por hacer. Logramos sancionar una ordenanza que deja mucho que desear, pero al menos establece 100 metros de distancia y 2000 metros para las fumigaciones aéreas, que deben informar 48 horas antes y un registro de aplicadores que no existía. Con la ordenanza al menos se realizan inspecciones y se realizan multas, que son irrisorias”.

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Ana Zabaloy insiste en que la lucha hay que darla junto a las familias, junto a los docentes. Que la escuela tiene un rol fundamental: denunciar, sobretodo todo. “Es necesario ayudar a crear conciencia en la comunidad y en los pueblos. Y es necesario incorporar la temática al proyecto educativo institucional. En la escuela pusimos educación ambiental y salud como eje del proyecto institucional, y a partir de ahí surgieron muchas cosas, como por ejemplo, rescatar el saber de la gente del campo que saben muchas cosas acerca de los cultivos, poner en cuestionamiento otros conocimientos, generar en los chicos la costumbre de ser críticos de su realidad y hablar de soberanía alimentaria. Si estamos en las escuelas tenemos que asumir este compromiso”.

«El gran plan de ocupación territorial es la expulsión a fuerza de venenos.»

El Primer Encuentro de Pueblos Fumigados de Entre Ríos trazó historias en común. Fortaleció la lucha. Generó nuevos lazos y potenció el encuentro.  “Si habremos de morir, vamos a morir luchando”, dice Daniel Verseñazzi, integrante del Foro Ecologista de Paraná. Es domingo, se acerca el mediodía y la partida. Daniel cierra: “Nos quieren sacar del territorio, en algunos casos lo logran y en otros no. El gran plan de ocupación territorial es la expulsión a fuerza de venenos. Lo dice la AAPRESID, la sociedad rural lo dice, que cuando les toca hablar manifiestan que el campo no es para que viva gente. Que esta manera de entender el mundo y las relaciones, y el contacto, y el andar, el decir, el reir, el llorar, el quererse y el amarse triunfe ante esta locura de miseria, de guerra, de violencia y de liquidación de la vida. Tenemos que irnos reforzados en la convicción de que estamos jugados definitivamente. A vencer, porque no nos queda otra”.

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