Se vuelve a hablar de la Emergencia en Niñez y Juventud en Rosario. Desde su fallido tratamiento en el Concejo Municipal durante el 2014 hasta la actualidad, la situación se ha vuelto más compleja. En este marco se refuerza la apuesta de las organizaciones sociales para que haya un cambio de paradigma en el abordaje de políticas de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Por Martín Stoianovich

A poco de cumplirse dos años del rechazo en el Concejo Municipal al tratamiento del proyecto, la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, conformada por organizaciones barriales de Rosario, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de dar lugar a la Declaración de Emergencia en esta área. Esta vez el proyecto es impulsado en conjunto con la Asamblea Autónoma de Acompañantes Personalizados de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y la Asamblea de trabajadores de la misma Dirección. El trabajo en conjunto, en principio, lo motivó el contexto actual, en donde en las últimas semanas tuvieron lugar distintos episodios que expusieron las falencias de las políticas estatales destinadas a niños, niñas y adolescentes.

Para entender este contexto, que desencadenó la necesidad de debatir nuevamente la forma en que las instituciones del Estado intervienen sobre la niñez y la juventud, es necesario repasar el marco previo y posterior a la presentación del proyecto de Declaración de Emergencia que a fines de 2014 fue rechazado en el Concejo por los bloques del PRO y del Socialismo. Las denuncias que motorizaron a las organizaciones que componen a la Asamblea a elaborar el proyecto, no sólo se sostuvieron sino que se profundizaron luego de que el gobierno municipal se negara admitir la crisis que están atravesando las instituciones destinadas a la protección integral de los derechos de la niñez y la juventud.

El año 2013 terminó con 264 asesinatos en Rosario, de los cuales más de la mitad correspondían a menores de 25 años residentes en los barrios populares. El año 2014 comenzó de la misma forma: 56 crímenes en 50 días y otra vez los jóvenes siendo mayoría. La ciudad se desangraba y los pibes eran los que perdían. Ante esta situación, y después de negociar con el gobierno nacional, la respuesta del socialismo a nivel provincial y municipal fue el desembarco de la Gendarmería a los barrios periféricos. Mientras tanto, del total del gasto público social, sólo el 1,4 por ciento era destinado a la protección integral de los derechos de la niñez y la juventud. El 55 por ciento de los trabajadores de las áreas del Estado encargadas de poner en práctica dicha protección integral estaban precarizados. En ese marco, la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud presentaba en el Concejo Municipal, a mediados del 2014, el proyecto de Declaración de Emergencia en Niñez y Juventud.

Uno de los principales puntos que propone el proyecto es la aplicación de “las partidas presupuestas necesarias para la creación de recursos e instituciones acordes a las funciones de protección y restitución de derechos”. Esta necesidad se impone ante una deuda pendiente de la ley provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es la creación del Servicio Local de Promoción Y Protección de Derechos. En su artículo 30, la ley menciona que “los Servicios Locales son una unidad técnico operativa con una o más sedes, desempeñando las funciones de facilitar que las niñas, niños y adolescentes que tengan amenazados o violados sus derechos, puedan acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad”. En esta línea, la ley dice que desde esta área se debería “intervenir en las situaciones de urgencia y en todas las situaciones de amenaza o vulneración de derechos, así como desarrollar programas y actividades de promoción de derechos”.

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Este artículo está basado en el supuesto ideal de que dichas situaciones de urgencias sean trabajadas desde el Servicio Local junto a lo que la ley considera el primer nivel de intervención, conformado por las instituciones estatales cercanas al territorio en el cual vive el menor de edad, como la escuela, el centro de salud, el Centro de Convivencia Barrial, entre otras. Así, la ley plantea que cuando este primer nivel de intervención encuentre agotadas sus capacidades para garantizar los derechos de los menores, deberá intervenir el segundo nivel. Esta etapa comprende la aplicación de las llamadas “medidas excepcionales”, dependientes de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Estas medidas, según la ley, deben llevarse a cabo por poco tiempo, evitar la institucionalización de los menores de edad y además no alejarlos de su familia ni su círculo afectivo.

Vale destacar que los sujetos de vulneración de derechos, y por lo tanto también sobre quienes debería aplicarse este articulo de la ley, son los niños, niñas y adolescentes de los sectores populares. Porque allí, en los barrios más castigados por la desigualdad social, se recrudecen las problemáticas sociales y económicas. Los pibes y pibas de las barriadas son los que acumulan los mayores porcentajes de la deserción escolar, la desnutrición, la falta de acceso a servicios públicos, a la salud, el deporte, la vivienda digna y demás derechos que constituyen a la dignidad de las personas. Los pibes y las pibas, sobre todo adolescentes y jóvenes, son también los sujetos y objetos de la violencia: la ejercida entre pares y también la que aplica el Estado a través de sus fuerzas de seguridad. Las cifras de abusos de autoridad y asesinatos a manos de la policía también tienen su mayor porcentaje en los jóvenes de sectores populares como principales víctimas.

La crisis que atraviesan las instituciones abocadas a garantizar los derechos de los pibes tiene explicación en las falencias de la ley 12.967. La ausencia del Servicio Local es el causante de que se agrave cada problemática o urgencia padecida por un menor de edad intervenido por el Estado. “Al no existir estos servicios locales que deben tomar medidas de protección integral, todas las situaciones directamente pasan al segundo nivel de intervención y a las medidas excepcionales”, explica un trabajador de la Dirección Provincial de Niñez.

“Al existir un Servicio Local se reducirían las tomas de medidas excepcionales del segundo nivel y no se separaría a los niños de su familia y su centro de vida, a menos que sea realmente necesario”, aclara el trabajador. En este sentido, es importante destacar que la simple creación de un Servicio Local no conlleva a la solución de ninguna problemática en tanto funcione como el resto de las instituciones o dispositivos estatales en la actualidad. Por eso la Declaración de Emergencia en Niñez y Juventud también propone la articulación entre instituciones, que las medidas a tomar sean profundas e integrales, abordando las problemáticas puntuales pero sin dejar de vincularlas al contexto que rodea al menor. Además, otro reclamo sustancial implica a la situación de precarización de los trabajadores de estas áreas. La figura de Acompañante Personalizado –encargado de estar al lado del chico mientras se le aplica la medida excepcional- aparte de no estar enmarcada en la ley, expone esta crítica situación: son aproximadamente 200 y la mayoría de ellos están en negro, cobrando 66 pesos por hora.

La excepción es la regla

“El altísimo número de medidas excepcionales que se toman, que implica separar del vinculo familiar o centro de vida al niño con el que se está trabajando, conlleva su alojamiento en un lugar estatal o privado. Hoy por hoy al haber pocos números de alojamientos, estos lugares se ven colapsados y eso lleva al Estado provincial a contratar hostel, pensiones y hoteles de la ciudad gastando muchísimo dinero innecesariamente. Además de convenios con clínicas privadas que tienen lógicas manicomiales y de encierro, que gastan entre 80 y 120 mil pesos mensuales”, resume el trabajador. Y agrega: “La excepcionalidad se ha convertido en regla”.

Cada punto de esta declaración tiene un anclaje en episodios concretos denunciados hace más de un año:

– En un artículo publicado en Rosario12 en agosto de 2015 la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud exponía un caso en el cual un joven de 16 años debía dejar su barrio de un día para el otro por encontrarse en riesgo su vida. Hablaban, entonces, del exilio de los pibes. El chico, que había estado vinculado a una banda que manejaba la venta de drogas en Santa Lucía, fue amenazado de muerte cuando se alejó del grupo. El primer nivel de intervención no funcionó porque no cuentan con los recursos necesarios para abordar semejante conflicto y entonces el caso pasó directamente a la Dirección de Niñez. La medida excepcional consistió en retirar al chico del barrio: pasó por un hotel, luego una pensión, después un hostel y finalmente a un hogar de protección. El problema de raíz, que también implicaba a otros menores, nunca fue abordado. El chico, junto a su familia, tuvo que dejar el barrio definitivamente.

El 18 de octubre de 2015, en el mismo diario, trabajadoras de la Dirección Provincial de Salud Mental denunciaron a la Dirección de Niñez por alojar a una menor de edad en una clínica psiquiátrica privada en la cual se llevan a cabo lo que las profesionales llaman “prácticas manicomiales”.  Remarcaron que la chica estaba siendo sobremedicada, que se la sedaba sin ninguna perspectiva de recuperación, y que además convivía con hombres adultos. La chica estaba siendo acompañada por una trabajadora de Salud Mental, pero al ser menor de edad la medida excepcional fue determinada por la Dirección de Niñez. La falencia en este abordaje expuso también la desarticulación entre los distintos ministerios. Otro aspecto que denunciaron fue el derroche de presupuesto hacia el sector privado mientras las instituciones del Estado no cuentan con recursos para abordar temas con este tipo de complejidad. Por esta chica, el Ministerio de Desarrollo Social destinaba entre 80 mil y 150 mil pesos mensuales.

Otra cuestión que dejan ver estos casos puntuales son los entramados de fondo que pueden existir y no son investigados y que en fin vienen a ser el origen de estas situaciones. Sobre el caso del menor de Santa Lucía vinculado a la venta de droga, el Estado no intervino sobre el tema desde una perspectiva de restitución de derechos. Además, ninguna de las instituciones competentes ahondó en el conflicto de fondo que dejaba ver este caso puntual: la venta de drogas y armas, la complicidad policial y sobre todo el sometimiento de menores de edad a redes delictivas. Por su parte, el caso de la menor internada en la clínica psiquiátrica expuso contradicciones con la ley nacional 26.657 de Salud Mental que regula la aplicación de internaciones involuntarias. Además de que no se profundizó sobre otro cuestionamiento: ¿Qué negocios e intereses de fondo existen en la insistencia del Estado en derrochar parte del presupuesto público en instituciones privadas?

Estas situaciones no solo exponen las irregularidades en el abordaje estatal para la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, sino que también dejan a la vista que detrás de cada caso hay conflictos de profunda complejidad que no son investigados por el resto de las instituciones que tienen competencia y deberían intervenir.

Por la definitiva Declaración de Emergencia

“Lo que queremos hacer es declarar la Emergencia, no por lo que pasó este año en Niñez, sino porque venimos sosteniendo este diagnostico hace años y ha sido el mismo sector político que conduce el Estado quienes no han hecho caso a nuestro reclamo”, explica Facundo Peralta, integrante de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. En este sentido, agrega: “Esto va a destapar un problema y ponerlo en agenda con los pibes como protagonistas más allá de las estructuras burocráticas y de los trabajadores, porque los pibes revisten un interés superior”.

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“Muchos niños, niñas y jóvenes en los lugares donde viven no pueden satisfacer ni siquiera las necesidades básicas como alimentación y vivienda, fundamentales para crecer con una cuota mínima de dignidad y poder desarrollar una vida acorde a los derechos”, indica Peralta haciendo referencia a las problemáticas que padecen los jóvenes en la cotidianidad más allá del funcionamiento de las instituciones.

En esta línea, desde la Asamblea consideran que además es importante cuestionar la forma en que el Estado posiciona a los jóvenes en el marco de las llamadas políticas de seguridad. Porque los mismos territorios donde los pibes viven y padecen necesidades insatisfechas, son también el blanco de los operativos y desembarcos de las fuerzas de seguridad. “Los derechos de los pibes son vulnerados permanentemente y si a esto le agregamos el reforzamiento del aparato represivo del Estado, estamos condenando a la miseria y al palo a la juventud de los barrios populares”, dice Peralta.

El proyecto de Declaración de Emergencia busca que así como se destinan presupuestos millonarios enmarcados en la Emergencia en Seguridad a nivel provincial, haya para la niñez y la juventud un presupuesto acorde a las necesidades y complejidades que se viven. “Nosotros vemos que mientras se pone plata en el aparto represivo y en obras públicas previo a los procesos electorales que se vienen, de los pibes nadie se hace cargo, solo los que estamos abajo y venimos laburando junto a ellos”, concluye Peralta.

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