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Viseras, gorras, estigmas

Rosario se prepara para su primer Marcha de la Gorra, una experiencia surgida en la provincia de Córdoba que este 23 de noviembre tendrá su 12º edición. En ese contexto, la estigmatización contra los pibes y las pibas de los barrios populares, que no es únicamente policial, está en el centro de la escena.

Por Martín Stoianovich

Un caso que grafica: un chico de 18 años desde niño tiene vínculo con una organización social que está a metros de su casa, en uno de los tantos barrios populares de Rosario. También participa en el taller de un programa del gobierno provincial con el cual cobra una beca de 1200 pesos que es su único ingreso fijo. No terminó la escuela. Tiene un hijo de pocos meses. Roba cada tanto, cada tanto cae en cana. Consume drogas, pastillas que se deberían vender en farmacias o dar en centros de salud bajo recetas, pero que compra en el mismo barrio a cinco pesos cada una.

No vienen al caso -no importan- los nombres: ni del barrio, ni de la organización social, ni del chico. Es una historia concreta que en su anonimato conserva la posibilidad de describir la realidad de muchos barrios de la ciudad. Las organizaciones sociales de cada rincón del territorio rosarino, entre sus alegrías y sus pesares, forman vínculos con adolescentes y jóvenes que atraviesan situaciones similares: violencias entre pares, consumo de drogas, más posibilidad de tener ingresos económicos a través de actividades ilegales que con un trabajo en blanco, y la presencia ambivalente del Estado que con una mano crea leyes para garantizar derechos y con la otra las crea para vulnerarlos.

“Estamos ante un gobierno nacional que al mismo tiempo que ajusta económicamente a las grandes mayorías populares, fortalece su faz represiva. Eso es una bomba de tiempo porque genera necesidades en el pueblo y a la vez se fortalece para reprimir y generar mayor seguridad a una sociedad marcada por la desigualdad que ellos mismos generan”, explica Facundo Peralta, de la organización Causa, nacida hace quince años en Villa Banana. Y sobre la juventud dice: “Los pibes y las pibas se están moviendo en ese marco. Los barrios están atestados de fuerzas de seguridad de todo tipo. Hay una gran articulación entre las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales y son partes del paisaje de los territorios de Rosario, tal vez lo que más se ve, más que las obras y las instituciones públicas. Muchos de sus vínculos están atravesados por la conflictividad, por ciertos niveles de violencia, y si a eso se le agrega el fortalecimiento del aparato represivo, se replica esa violencia”.

Luz Olazagoitía, otra integrante de Causa, refuerza la idea de que sin control social no hay ajuste económico. Pero, aclara, el control social no siempre es explícitamente represivo en los barrios populares. “Para llevar adelante un plan de ajuste a los barrios se los estigmatiza como territorios de violencia”, explica.

Así se entra a un círculo: si desde el discurso oficial se cataloga a un territorio como peligroso, se legitima la intervención represiva, y todo lo que eso implica. Es parte de la llamada estigmatización social que termina siendo policial y a los pibes de los barrios los afecta con la violencia cotidiana que las fuerzas de seguridad imponen. Desde las más naturalizadas, incluso por los propios jóvenes: la requisa cuando están caminando por el barrio, por el centro, o cuando están en grupo en la esquina, la averiguación de antecedentes, los malos tratos. También las violencias invisibles que nacen del concepto que las fuerzas de seguridad tienen de los pibes como terrenos de explotación: la manipulación que los lleva a formar parte de entramados delictivos. Y por otro lado la más extrema de las violencias, el gatillo fácil, que se ha llevado a tantos pibes por los cuales la opinión pública mayoritaria nunca pedirá ni justicia ni un freno porque esa misma estigmatización social es la que construye el discurso de “el que mal anda mal acaba”.

El concepto de “Estado ambivalente” lo utiliza el sociólogo Javier Auyero para describir la profunda contradicción -tal vez hipocresía- de los gobiernos actuales. Dice en un artículo publicado en La Nación: “El Estado es, más bien, una organización profundamente ambivalente. Por un lado, defiende la ley, ocasionalmente en espectáculos visibles y mediáticos como cuando realiza masivos operativos antidroga en los que se “derriban búnkeres” bajo la atenta mirada de funcionarios municipales, provinciales y nacionales. Por otro lado, las relaciones clandestinas entre traficantes y agentes de varias fuerzas de seguridad (policías estatales, gendarmería, policía federal) hablan de un Estado que muchas veces es socio activo en lo que él mismo define como comportamiento criminal”.

En la provincia de Santa Fe esa ambivalencia se puede encontrar en distintos aspectos en lo que respecta a las juventudes de los barrios populares, y que no necesariamente tienen que ver con el punto destacado por Javier Auyero. Uno de esos aspectos está en los protagonistas del programa Nueva Oportunidad: jóvenes de entre 16 y 30 años que no terminaron la escuela, que no tienen trabajo o que atraviesan distintos tipos de vulnerabilidades. La relación con el programa se traduce en talleres o cursos de entre seis a nueve horas semanales en donde están en contacto con los talleristas y las organizaciones sociales, políticas o religiosas que hacen convenio con el Estado. En septiembre pasado, a raíz de la muerte de varios jóvenes que participaban del programa, Luciano Vigoni, coordinador del proyecto a nivel provincial, explicaba en una entrevista con enREDando los nuevos rumbos que se buscaban hacia adentro. “Nuestra aspiración es que el joven evidencie la participación colectiva, política y social, y no como el tránsito del beneficiario de un programa estatal”, decía Vigoni. Explicaba, también, que ante la violencia cotidiana buscan reforzar los vínculos, trabajar otras formas de relacionarse, pensar en otras maneras de solucionar conflictos que no tengan que ver con la aplicación de la violencia.

Todo un reto lo que se plantea el Nueva Oportunidad si se lo piensa como un programa aislado. Pero no es aislado, entonces es un reto que se vuelve cuesta arriba cuando el mismo Estado, en este caso provincial, camina en la vereda de enfrente con otras políticas. Suceden los casos de chicos que en el camino desde el lugar donde realizan el taller hasta su casa son parados por policías a quienes no les importan los peros y entonces contra la pared, abrí las piernas, dame el DNI, qué haces acá, porqué así, y corré o la ligás. El mismo gobierno provincial apoya un cambio en la legislación que simplifica a los pibes como victimarios. Es el caso del proyecto de ley de adhesión a la ley nacional 26.052 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, conocida como ley de narcomenudeo. La provincia de Santa Fe busca aprobar en la Cámara de Diputados la adhesión a la ley que modifica la ley nacional de drogas actual, para “asumir su competencia cuando se comercie, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo”.

Se puede traducir la ambivalencia del Estado en el caso de un joven que participa en un taller pero también consume drogas, o las vende. Como el caso mencionado al inicio de esta nota. Entonces, la ley de narcomenudeo, cuya adhesión de las provincias es alentada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, vincularía a ese chico al negocio del “narcotráfico”. Y su detención sería un peldaño más en el triunfo de la adorada “guerra contra el narcotráfico”. “La ley de Narcomenudeo busca un andamiaje jurídico para que la policía siga avanzando sobre los cuerpos de los pibes en los sectores populares. Cuando bien sabemos que los negocios relacionados al narcotráfico ni se pergeñan ni se desarrollan en los barrios sino en otros lugares”, dice al respecto Luz Olazagoitía. En ese marco, pensando también en que la oferta genera consumo y demanda, propone hablar de salud pública: “El problema de consumo es un problema de salud. La falta de política pública de salud para estos sectores también son políticas de control, para tener a los pibes agarrados y sujetados a acciones autodestructivas”. Y advierten con un ejemplo puntual que esta vez toca de lleno al gobierno nacional: el ajuste económico llegó a la Casa Puentes, una institución que lleva adelante Causa y forma parte de las CAAC, las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, un programa dependiente de la SEDRONAR, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas.

En otro aspecto, en la provincia de Santa Fe, un joven de entre 16 y 18 años que queda bajo la justicia penal juvenil por haber cometido una infracción a las leyes penales, conocerá otra cara de ese Estado ambivalente. “Considerando las exigencias que hoy tiene el Estado santafesino a partir de las convenciones y leyes dictadas a nivel nacional, la Dirección de Justicia Penal Juvenil orienta su actividad hacia el fortalecimiento de programas que no afecten la libertad ambulatoria del joven. Además, como agente del Estado, vela porque a los jóvenes se les respeten sus derechos, y para eso articula con otras áreas ministeriales y del Poder Ejecutivo”. Esa es la descripción que hace el gobierno de la provincia. Pero en la práctica sigue predominando el IRAR, el instituto de detención de régimen cerrado ubicado en Rosario que es como un cursillo de ingreso a la cárcel. Desde su puesta en funcionamiento en 1999 acarrea más denuncias en contra que halagos: de sus trabajadores siempre, y fallos judiciales -juez Carlos Carbone en 2015- por los malos tratos que ejerce el Servicio Penitenciario y por las malas condiciones en la que permanecen alojados los chicos.

Desde el año 2006 dentro de IRAR se lleva adelante el “Taller de Expresión Múltiple” en el marco de un voluntariado de la Universidad Nacional de Rosario. Desde el 2017 lo pone en práctica el Movimiento Redes, cuyas voluntarias explican a enREDando que el objetivo del espacio es realizar actividades con una perspectiva de libertad y protagonismo que, justamente, es lo que menos les queda a los jóvenes cuando entran a ese lugar. “Que los pibes puedan tomar un rol activo, cuando en el IRAR los tienen acostumbrados a un rol pasivo en el que les dicen cuándo comer, cuándo hacer actividades, cuándo salir al patio y cuándo no. Que puedan decir qué les pasa, expresar lo que sienten, legitimar sus trayectorias”, explica Gisella Montecchiari, integrante de Movimiento Redes. Con el correr del taller, observando que en ocasiones muchos chicos reingresan al IRAR, fueron despuntando una necesidad: trabajar sobre el egreso, es decir en lo que pasa cuando los pibes salen de esa institución, con las marcas que quedan en su vida al momento de volver a los engranajes de la sociedad. “Es fundamental el vínculo que se va formando con los pibes para poder laburar el acompañamiento para el camino que elige seguir. ¿Hay una oportunidad real de la sociedad para los pibes? ¿Qué alternativas les puede ofrecer el Estado de un trabajo no precarizado, que no sea una mano de obra barata?”, cuestiona Agostina De Vita, otra de las integrantes de Redes.

“Lo que pudimos ver a lo largo de este trayecto es que opciones en los barrios hay, hay instituciones, pero falta la articulación entre las instituciones con los pibes. Falta información y espacios que puedan referenciar a los pibes”, explican las voluntarias de Redes y desde el espacio proponen trabajar sobre la articulación entre las distintas áreas y disciplinas de las instituciones estatales. A caso otra cara de dicha ambivalencia. Que también se ve en los niños, adolescentes y jóvenes que no atraviesan por el sistema penal juvenil pero sí, por ejemplo, por la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. Otras notas de enREDando dieron cuenta de las verdaderas lógicas que se ponen en práctica y contradicen a la ley provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes: chicos enviados sin demasiados argumentos a instituciones de salud mental donde se replican lógicas manicomiales y de encierro, que tuvieron su pico de gravedad durante el 2017 con el caso San Camilo y con la muerte de Lucas Figueroa en el Sanatorio Neuropático de Rosario. Y desde hace años, hay chicos que transitan por pensiones privadas, hoteles y hostels porque faltan espacios donde puedan estar acompañados por profesionales como lo demanda la ley.

Son las distintas formas de estigmatización a la juventud. Los hechos concretos detrás de lo que no es simplemente una consigna. Los estigmas son rasgos impuestos a una persona, que le implicarán una connotación negativa. No son rasgos naturales ni imaginarios: son forzados y visibles, marcan la vida tanto como a veces marcan la piel.

¿Por qué tu gorra sí y la mía no?

Desde el año 2007 en la ciudad de Córdoba se realiza la Marcha de la Gorra, una movilización protagonizada por pibes y pibas de los barrios populares, organizaciones sociales y de derechos humanos, que tuvo como punto de partida el rechazo a las políticas represivas del gobierno provincial, al abuso policial y al prejuicio social. A partir del año 2008 el eje fue el rechazo al Código de Faltas, y más adelante al Código de Convivencia, que sirvieron para permitir a la policía detener “preventivamente” a cualquier persona que resultase sospechosa. Entendiendo que está medida perjudica principalmente a la pibada de los barrios, cada noviembre desde hace doce años miles de personas salen a marchar con los pibes y pibas como protagonistas.

Este 23 de noviembre, en forma simultánea con la de Córdoba y otros puntos del país, se realizará la primer Marcha de la Gorra en Rosario. Desde hace meses un amplio grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos vienen organizando esta movilización que concentrará a las 17 en la plaza 25 de Mayo. “La represión policial, el gatillo fácil, las torturas, detenciones infundadas, apremios ilegales y vejaciones son algunos de los acciones de las fuerzas del Estado que empujan a lxs jóvenes a movilizarse con el objetivo que los mismos cesen”, dice el comunicado que las organizaciones enviaron a la prensa. Y continúa: “A través de la música, el rap, carteles, ilustraciones e intervenciones artísticas se buscarán visibilizar las distintas formas de violencia institucional”.

Las organizaciones que convocan son: Bachillerato Popular Tablada, Ciudad Futura, Casa de la Memoria, Causa Organización Popular, COAD Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR, Enredando Comunicación Popular, La Poderosa, Las voces de lxs que ya no están, Movimiento de Trabajadores Excluídos, Movimiento Evita, Movimiento Redes, MP La Dignidad Santa Fe, Nuevo Encuentro, ONG Mujeres tras las rejas, Patria Grande Rosario, Radio Popular Che Guevara, Red Puentes Santa Fe, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) Regional Rosario.

 

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