A diez años de su sanción, la Ley de Salud Mental sigue sin ser implementada. En los hospitales psiquiátricos se perpetúan prácticas aberrantes y las políticas públicas sólo suman ajustes y recortes. Mientras tanto, las infancias medicalizadas. La invención de enfermedades y el negocio de la industria farmacéutica y la clínica sanatorial privada. Los actores se repiten y la historia es conocida: la lógica neoliberal haciendo estragos sobre los derechos y la salud como el último orejón del tarro.

El 25 de noviembre de 2010 se sancionaba la Ley 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental. Si el dicho popular dice ´cosecharás tu siembra´, lo que se publicaba en el Boletín Oficial era el fruto de muchos años de trabajo, discusiones, militancia y lucha en defensa de los derechos humanos y la salud mental. En ese momento el 2020 quedaba lejos. Era el año propuesto como meta para sustituir los hospitales psiquiátricos por hospitales generales. En este momento el 2020 está a la vuelta de la esquina y lo que se proyectaba como una meta asoma como una deuda.

La Ley vino a poner fin a la concepción de los usuarios de salud mental como objetos de tutela para considerarlos desde lo legal como sujetos de derechos. En su artículo primero establece que ´la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias´.

Fue el avance del paradigma que se para en la protección de derechos. Por eso fue tan festejada la sanción de la ley. Nilde Cambiaso, Presidenta del Colegio de Psicólogos de Rosario, dice que la ley no se ha implementado y que en los últimos años se han vaciado todos los sentidos propios de la ley y se han desarticulado los servicios. “Estamos tratando de recuperar el empuje inicial que tuvo y poder lograr los dispositivos alternativos y sustitutivos a la internación. El encierro no cura. Son otras las vías por las cuales se puede restituir un padecimiento subjetivo que produce sufrimiento y marginación”.

Marcela Botinelli es doctora en Salud Mental Comunitaria. Dice que el proceso que terminó con la sanción de la ley no estuvo exento de tensiones y amenazas; que hasta último momento tuvo presiones de todos los sectores para que no sea presentada; que el hecho de que se haya votado por unanimidad no es menor pero tampoco es garantía; que a diez años de su sanción y a siete del decreto reglamentario, hoy las políticas son totalmente contrarias: reducen presupuesto y no implementan aquellos que fueron asignados. Cuenta que en el informe que hicieron los representantes de Naciones Unidas después de su recorrida por Argentina el año pasado, denunciaron que “la realidad en cárceles y en algunos hospitales es una situación de tortura y malos tratos”.

Ángela lleva dos pines abrochados en su abrigo: el de APDH y el del Movimiento en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. Ángela Cardella es Secretaria de Salud de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional. Representando a APDH integró el primer Consejo Asesor de la Ley entre 2013 y 2018. Cuenta que durante esos años vio una denigración constante por parte de la actual administración nacional. “Hubo un director de salud mental nefasto que resolvía sus cuestiones con colegas trompeando mujeres”. Cuenta que después el gobierno intentó darle un lavado de cara cuando asumió Adolfo Rubinstein, actual Secretario de Gobierno de Salud de Nación, y llevó a Luciano Graso a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ángela define a Grasso como un maestro de la tergiversación que “viaja al exterior a contar las maravillas que hace donde pareciera que la ley estuviera absolutamente implementada”. Dice que una de las grandes contradicciones es que hayan llevado a la APSA (Asociación de Psiquiatras Argentinos) – que siempre luchó contra la sanción y luego contra la implementación de la ley- a integrar el segundo Consejo Asesor. “Con lo que no entran en contradicción es con los intereses que representan”.

Intereses es la palabra que Ángela elige cuando navega en las causas profundas de la no implementación de la Ley. Para hablar del poder de la industria farmacéutica y de la clínica sanatorial privada, explica que incluso han copado cúpulas sindicales y profesionales que en otros momentos parecían progresistas. Plantea que el ladrillo de la locura no se sostendría en absoluto si se pudiera demostrar que con la implementación de internaciones breves de las situaciones agudas, en un promedio de quince días se puede recuperar una descompensación psíquica. La pregunta que flota en esa hipotética situación es a dónde iría a parar el negocio de las internaciones privadas. Los poderes de la hegemonía médica se oponen a tener internaciones de agudos en los hospitales generales, uno de los objetivos que plantea la ley para evitar la estigmatización de la persona internada.

La Federación de Psicólogos de la República Argentina convoca anualmente a las Jornadas de Psicología y Derechos Humanos, que este año fueron organizadas en Rosario por la segunda circunscripción del Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe. “Estamos convencidos de que el sostenimiento, promoción y prevención en salud mental está íntimamente ligado con el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, porque hay una serie de elementos que componen y preservan la salud mental y que tienen que ver con factores que exceden lo individual y lo subjetivo”, explica Nilde Cambiaso.

El artículo Nº 3 de la Ley reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos. Marcela Botinelli, ex Directora de la maestría en Salud Mental Comunitaria, plantea que las políticas deben pensarse en función de los derechos integrales de las personas porque no hay forma de pensar en la salud sin garantizar las condiciones básicas de la vida, sin tener un techo, trabajo, educación, justicia, salud.

El director actual de Salud Mental a nivel nacional implementó el año pasado el censo que obliga la Ley en su artículo 35. Una de las críticas hechas desde los sectores que vienen batallando para garantizar la implementación de la ley, es que no se censaron las instituciones vinculadas con adicciones ni las instituciones carcelarias. Sólo se censaron 162 instituciones -41 públicas y 121 privadas- con internación por motivos de salud mental. De todas maneras, el censo arrojó algunos datos que pintan el cuadro de situación. Son 12.035 las personas internadas, de las cuales el promedio de edad es de 50 años, siendo 7 el mínimo de la edad de internación y 96 el número máximo.

Foto: Colectivo Manifiesto

La Ley dice que las internaciones deben ser lo más breves posibles para que las personas puedan estar en su comunidad. Sin embargo, el promedio de internación es de 8,2 años y al momento en que se realizó el censo la persona de noventa y seis años cumplía noventa en la institución.

En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos. Sin embargo, En el sector público, el 37% continúa internado por problemas socioeconómicos.

La ley habla del derecho a poder tomar decisiones relacionadas con la atención y el tratamiento dentro de las posibilidades de las personas internadas. El derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de sus derechos y de las alternativas para su atención. Sin embargo, sólo el 28% firmó consentimiento informado para alguna de las prácticas.

Otro de los aspectos contemplados (sólo) en la ley, es la promoción de los vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social. De todas las personas que fueron censadas, sólo el 41% refirió haber podido realizar alguna llamada telefónica; más del 35% no recibió ninguna visita; y el 40% refirió no haber hecho ninguna salida en el último mes.

Ángela Cardella hace referencia a algunas prácticas aberrantes que hoy se llevan a cabo en los hospitales psiquiátricos como la terapia de electroshock que se hace actualmente en el Hospital Borda a pesar de su prohibición y de la existencia de medicaciones para los casos extremos. Dice que en muchos casos se sigue usando como elemento disciplinador. En junio de este año el Servicio Público de la Defensa presentó un habeas corpus a favor de dos internos, pacientes del Centro de Salud Mental Agudo Ávila, que fueron esposados adentro del hospital. “En el mundo hay una intención de transformar en solubles a través de la pastillita todas las desgracias que aquejan a los pueblos y que los sumen en la incertidumbre, la angustia y la descompensación”, dice Ángela Cardella.

La pastillita

La psicóloga Botinelli plantea que frente a las políticas pensadas desde el paradigma de derechos, triunfan aquellas políticas que desconocen esos derechos e imponen un modelo donde la salud mental, la niñez, la adolescencia y la vejez son consideradas de manera patologizante y medicalizable, es decir, de forma neoliberal.

Gabriela Dueñas es Doctora en Psicología y psicopedagoga especializada en la problemática de la medicalización de las infancias y adolescencias. Habla de cómo el imperio de las lógicas del mercado neoliberal impactan de lleno sobre las infancias en el campo de la salud mental. Para el neoliberalismo la salud no es un derecho sino un privilegio al que se accede pagando y los remedios tampoco son concebidos como un bien social sino como una mercancía. Desde este lugar parte Dueñas para plantear la ecuación matemática: para vender cada vez más los remedios que producen, precisan tener cada vez más enfermos. “A la industria farmacéutica no le servimos ni sanos ni muertos, nos precisan enfermos y crónicos”.

La palabra medicalización viene asociada a patologización, término que remite a pathos (enfermedad). Gabriela refiere a las operaciones que genera el marketing de la industria farmacéutica a partir de las cuales alimentan un proceso de invención de enfermedades. Según este análisis, se viene realizando un abuso de manera sistemática de los recursos propios de la medicina para intentar resolver “con un fuerte sesgo biologicista problemáticas complejas que en general remiten a determinadas cuestiones de carácter psicosocial”.

La crisis económica y social repercute sobre las infancias. El derrame –teoría que nunca funcionó en la economía- se produce cuando la angustia de las personas adultas se traslada hacia  los niños, niñas y adolescentes. Esta situación, describe Dueñas, se percibe en el incremento preocupante en los últimos años de las dificultades de conducta, convivencia y aprendizaje que se ve fundamentalmente en las escuelas. Para la invención de enfermedades, la lógica neoliberal toma algunas situaciones reales como por ejemplo las conductas disruptivas o las dificultades de convivencia. Lo que hacen es tomar una foto de esas dificultades y recortar los contextos de vida, crianza, escolarización y producción de esas dificultades. Gabriela explica la operación, que nuevamente remite a las matemáticas: trastocar el concepto de salud por el de normalidad y a partir de este parámetro aumentar la cantidad de enfermos para vender más medicamentos.

En esta clasificación binaria, todo lo que se corre del concepto de normalidad es un trastorno. Se aleja de la norma y por lo tanto debe ser encauzado. “El término trastorno mental, como un trastorno por déficit atencional, fue la punta del iceberg con la que aterrizaron en el campo de las infancias”, explica la especialista en educación, salud mental y violencias. “Los chicos que van a la escuela sin comer o que están pasando frío adentro de las instituciones porque no hay ni gas, no están en condiciones de aprender”. En la ecuación de la normalidad quedan afuera todas las variables vinculadas con situaciones culturales, sociales, socio-económicas, familiares y psicológicas. El reduccionismo biologicista de la lógica neoliberal considera que las supuestas deficiencias serían de carácter genético. Sin embargo, ninguna prueba permite justificar este encorsetamiento.

Gabriela Dueñas cuenta que los y las docentes están siendo capacitados para detectar estos supuestos trastornos mentales. “Barajan como hipótesis que el veinte por ciento de la población infantil padece estos trastornos y que es obligación de las escuelas detectarlos porque si no, no van a poder insertarse en el mercado laboral”. En la concepción en la cual el contexto y las variables no tendrían nada que ver con los ´trastornos mentales´, la falta de empleo tampoco tendría relación con las políticas de Estado vinculadas a la destrucción del mercado laboral y la industria local.

Problemas de sueño, disminución del apetito, pérdida de peso, aumento de la presión sanguínea, mareos, dolores de cabeza y de estómago, efecto rebote (irritabilidad cuando desaparece el efecto del medicamento), mal humor, nerviosismo, tics (movimientos o sonidos repetitivos), cambios de personalidad (como estar demasiado serio y sin el entusiasmo habitual). Estos son los efectos secundarios del metilfenidato, el medicamento psicoestimulante utilizado para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Por estos efectos, esta droga estuvo prohibida y cuando se volvió a producir en el país fue catalogada como droga peligrosa junto con la morfina. En Estados Unidos se vende en un envase con una guarda negra que advierte sobre riesgos de muerte súbita. Gabriela la llama ´chaleco de fuerza químico´ porque hace que el chico no moleste y se quede tranquilo.

“Estos tratamientos en base a drogas psicoactivas se suelen complementar con abordajes que ellos denominan multidisciplinarios y yo llamo multitudinarios, de tratamientos de adiestramiento cognitivo-conductuales”. Gabriela describe que trabajan por separado la ´reprogramación´ de las distintas funciones cognitivas. La fonoaudióloga se encarga del lenguaje y la psicopedagoga le ´reprograma´ el pensamiento, como si el pensamiento y el lenguaje no estuvieran relacionados. En tiempos como los que estamos viviendo, donde el sesenta por ciento de la población infantil está por debajo de la línea de pobreza, dice Gabriela, “se terminan privatizando complejas problemáticas psicosociales. La lógica neoliberal cierra a la perfección”.

Trincheras cotidianas

Nilde Cambiaso se refiere a la situación de precarización en el sector de la salud, donde los trabajadores del Estado no cuentan con los recursos necesarios y son testigo de la vulneración de derechos. “Es una situación verdaderamente complicada. Los trabajadores de la salud tienen que tener la plena tranquilidad de que cuando la ley se implemente eso no va a implicar su falta de trabajo sino que van a poder estar dedicados a las prácticas en los dispositivos sustitutivos”.

Ángela aclara que la ley no se planteó solamente contra la lógica de los manicomios. El planteo es más amplio y es por la salud. “La salud mental es tener psicólogos, terapistas ocupacionales especializados, trabajadores sociales, psicopedagogos, musicoterapéutas y enfermeros en los lugares más accesibles al pueblo, no solamente en el hospital”. Explica que el ámbito del hospital general debería ser únicamente para las situaciones agudas y que lo fundamental es que la persona no llegue a esa situación aguda. Para eso, según su perspectiva, hay que tener en los centros de salud gente formada y formando, haciendo una capacitación interdisciplinaria en servicio.

Usa una metáfora castrense para referirse al lugar de mayor aprendizaje: la trinchera. “tiene que ver con la lucha de los pueblos por la liberación”. La trinchera de la que habla es la de estar todos los días en el centro de salud o unidad sanitaria trabajando en equipo. Dice que ese equipo no solamente debe tener un tiempo para discutir su tarea sino que también tiene que tener la posibilidad de salir del centro de salud e ir a buscar los problemas para evitar que se compliquen.

Para Marcela la salud mental es una deuda histórica de las personas internadas en condiciones deplorables, “cautivas de un sistema que les quita  todos los derechos que tienen por ley”. Dice que es responsabilidad del Estado el cumplimiento efectivo de esos derechos y que esa urgencia es imposible sin pensar una política integral. “No se puede pensar políticas en salud sin pensar en una transformación de las prácticas en salud. Hacer e implementar estas consignas de la ley de salud mental no son sencillas y requieren de una trama de articulaciones”. Ángela también habla del abordaje integral y de la imposibilidad de separar la salud de la salud mental. “Tenemos mucho que aprender de otros trabajadores de la salud. Y del pueblo. Si integramos saberes las cosas van a salir mucho mejor”.

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