Uno de los tres acusados por el linchamiento de David Moreira, ocurrido en marzo de 2014 en el barrio Azcuénaga de Rosario, aceptó su participación y fue condenado a tres años de prisión condicional. La investigación no identificó más sospechosos pero sí dejó ver un pacto de silencio entre los vecinos.

– Sí, estoy de acuerdo.

Nahuel Pérez, 28 años, escuchó la lectura rápida del juez Hernán Postma y luego asintió. Aceptó así, mediante un juicio abreviado, la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser coautor del homicidio en agresión de David Moreira, quien tenía 18 años cuando el 22 de marzo de 2014 fue golpeado por vecinos del barrio Azcuénaga después de que intentara robar una cartera. Pérez es uno de los tres identificados como participantes del linchamiento y el primero en ser condenado. Los otros dos, Gerardo Gutiérrez y Cristian Antonioni, tienen un pedido de pena de seis años de prisión efectiva y podrían llegar a un juicio oral y público. “Hay muchos reproches y cuestionamientos pero también cierta satisfacción en el sentido de que no ha quedado impune”, dijo Norberto Olivares, abogado querellante en representación de la madre de David, quien desde el asesinato de su hijo vive en Uruguay y no estuvo presente en la audiencia.

La primera vez que declaró ante el entonces fiscal Florentino Malaponte, el 22 de abril de 2014 en una oficina del Ministerio Público de la Acusación, la madre de Pérez no recordó nada que la diferenciara del relato de las decenas de otros testigos que habían pasado por el mismo lugar. Solo dijo que aquel día había muchísima gente, que una mujer pegó un grito desgarrador y que muchos autos pararon en el lugar mientras el linchamiento ocurría. Y que todo eso lo vio y escuchó a media cuadra, sobre la vereda de su casa. Confesó que llamó al 911, pero que cuando habló de ‘los vecinos’ para referirse a los agresores lo había hecho sin remitirse “a nadie en particular” y aseguró que no tenía forma de aportar datos sobre la identidad de alguno de los linchadores. La segunda vez que declaró, el 31 de mayo de 2019, la señora tuvo que admitir que en el video del linchamiento que se difundió por internet reconoce a su hijo y a un amigo de este, Gerardo Gutiérrez, también imputado. Entre una declaración y otra, además de cinco años, transcurrió una intervención telefónica de una conversación en la que la mujer habla de la participación de su hijo -por entonces ya imputado- y se lamenta por no haber descartado la ropa que el muchacho había usado al momento de participar de la agresión a David. Cuando le preguntaron los motivos por los cuales había omitido la verdad en una primera ocasión, argumentó miedo y querer proteger a su hijo.

¿Miedo a qué? El miedo -el mismo argumento que una testigo de 26 años brindó a Malaponte cuando en una segunda declaración el fiscal le remarcó una contradicción- era a las consecuencias que podía acarrear romper una suerte de pacto de silencio que se había generado en barrio Azcuénaga. Tanto la madre de Pérez como esta chica dieron información de utilidad para la causa cuando se vieron acorraladas y no pudieron sostener sus primeras versiones. Después del linchamiento, los vecinos de Azcuénaga redoblaron su carácter hostil. El día siguiente al hecho, cuando David todavía agonizaba en el hospital, dos policías fueron enviados al barrio por Malaponte para tantear la existencia de cámaras y dar con algún testigo ocasional que aportara un dato. Pero un grupo de vecinos los rodeó y fueron ellos los que hicieron las preguntas: que por qué tanto circo por un chorro, que ellos no tienen derechos humanos, que vayan a buscar al chorro que sobrevivió y que la víctima era la madre asaltada. Tiempo después, cuando el fiscal solicitó las cámaras de vigilancia de las viviendas de la zona, la gran coincidencia fue que ninguna estaba conectada y que solo las habían instalado a modo de disuasión.

Fue claro, parte del barrio Azcuénaga –su mayoría, los que sí hablaron y participaron de alguna manera- tomó postura a favor de los vecinos linchadores. Si hasta cuando detuvieron a Pérez y Gutiérrez el 23 de septiembre de 2014 se manifestaron para pedir por libertad. “Los vecinos estaban todos callados, no sé quién fue el que entregó los datos”, escuchó y escribió la periodista de Rosario12 Lorena Panzerini en aquella ocasión. Más tarde, en una página de Facebook llamada “Yo apoyo la justicia por mano propia – El pueblo se defiende”, difundieron fotos de Malaponte con datos personales como la dirección de la escuela a la cual asistían sus hijos y dijeron, entre otras cosas, que detener a dos linchadores implicaba “apoyar abiertamente la delincuencia”.

Ese pacto de silencio, que se hizo evidente en los testimonios de los vecinos cargados de desmemoria, fue uno de los principales motivos para que Malaponte no diera con más sospechosos. De no haber sido por aquel video que llegó de forma anónima al Ministerio Público de la Acusación, probablemente Malaponte no hubiera podido ni acercarse a una imputación. Los primeros testigos, incluso los que por aquellos días hablaron en los medios de comunicación, coincidieron en que había decenas de personas alrededor de David Moreira durante el linchamiento. Que agredían o miraban. Pero solo se pudo dar con tres sospechosos y con un puñado de vecinos que aportaron datos de relevancia. Ni siquiera podrá explicarse qué sucedió con un dato en el que coincidieron varios testigos: la camioneta que chocó a la moto en la que iba David con su compañero (quien pudo huir y más tarde lo condenaron) y fue el desencadenante de la persecución que terminó en linchamiento. Para la teoría de Malaponte ese episodio no ocurrió o no es de importancia: quedó obsoleto incluso a pesar de que Agustina M., la víctima del robo, admitió que en la Comisaria 14 la oficial que le tomó la denuncia le recomendó que no dijera nada sobre ese detalle “para no meter en problemas a la gente de la camioneta”.

Otro aspecto que implícitamente abona a la teoría del pacto de silencio y del temor que reinó en Azcuénaga después del linchamiento es que la mayoría de declaraciones con información útil fueron aportadas por testigos de identidad reservada. Uno dijo que a David lo agarraron cuando corría en dirección al Club Amistad y Unión en el que solían juntarse hinchas de Rosario Central que hacían las previas de los partidos en la vereda del club. Uno habló de un peladito que solía andar en moto y que ese día pegó siempre (dato que acercó a la posterior imputación de Cristian Antonioni). Otro dijo que quedó impactado de ver cómo cualquier persona pasaba y le pegaba o escupía a David, y que cuando el chico pidió por favor que dejaran de pegarle le contestaron “cuando le pedimos a ustedes que paren, nos matan”. Pero el punto en común entre esos testigos fue el aspecto de un grupo de seis o siete hinchas de Central que, más allá de los agresores ocasionales, fueron los que pegaron en todo momento. Entre ese grupo están Pérez, Gutiérrez y Antonioni.

La condena a Pérez en un juicio abreviado puede suponer algo de justicia. Sí, uno de los linchadores admitió su participación y quedó la posibilidad de que –de no optar por el mismo recurso- Gerardo Gutiérrez y Cristian Antonioni vayan a juicio oral y público. Así, podrá también conocerse en detalle cómo se forjó el hermetismo de los vecinos del barrio Azcuénaga que apenas se resquebrajó con la identificación de tres de los participantes del linchamiento.

Según contó Norberto Olivares, la mamá de David Moreira estuvo de acuerdo con el juicio abreviado pero también envió el mensaje: no siente que se hizo justicia por su hijo. “Yo creo que tiene toda la razón de madre y del mundo, que esto no es justicia”, dijo Olivares. Y respecto del trabajo de la Fiscalía durante la investigación analizó: “Siempre estuvo condicionado por una opinión punitivista de parte de la sociedad y también por una política judicial. Yo pienso que los órganos que revisan el accionar de los fiscales tuvieron incidencia en el cambio de calificación, la primera imputativa fue sobre la base del homicidio agravado y después cambió a homicidio en agresión. Creo que ahí influyó cierta visión del tratamiento político. Por más que se niegue hay política judicial. Tratan de que un hecho brutal no quede impune, pero tampoco castigar a un sector de la sociedad que es su cliente electoral, porque hay un sector de la sociedad que pide que sean declarados como héroes”. Vale destacar que el fiscal que investigó fue Florentino Malaponte pero, por haber jurado como juez, hoy la causa la lleva Georgina Pairola.

Sociedad linchadora

Así se manifestaron, después del linchamiento, los vecinos del barrio en el grupo de Facebook “Indignados Barrio Azcuénaga”:

– Leí por ahí que ojalá muera, nooooo. Que siga viviendo y se lo vuelvan a dar a los vecinos así lo terminan de destruir, muy bien los vecinos.

– Por suerte la policía llegó tarde y le dio un buen tiempo para matarlo a patadas, vi vecinos quemándolo con cigarrillos, ojalá alguno le hubiera cortado las manos

– Estuve ahí, qué paliza se comió. Convulsionaba el loco, lástima que el otro hijo de puta se escapó.

– Dejen de difundir mal las noticias, no fue por la noche en una cortada, fue en calle Liniers al 900 y no fue a las 20, fue a las 17 de un día soleado. A las 20 vino la ambulancia, retrasada porque una desubicada la llamó pero por suerte otro vecino llamó para cancelarla. Igualmente una hora más tarde cuando llegó la policía la volvieron a llamar pero por suerte había pasado demasiado tiempo como para ayudarlo.

Increíble: ¡la policía busca sin descanso la camioneta que atropelló a los pobres delincuentes! Seguramente están en la puerta de la casa del que huyo cuidado que no le pase nada tampoco. En dónde terminaremos con policías así. El diario hablado del delincuente como un mártir, un chico de 18 años sin antecedentes que tuvo la desgracia de caer en manos de los vecinos enardecidos.

O sea, nosotros somos los buenos, los que estamos cansados de que nos roben todos los días, que la policía no patrulle por falta de nafta, o directamente que los patrulleros no arranquen, cansados de llamar y no ser escuchados. Felicito a cada uno de mis vecinos, orgullosa de mi barrio, la próxima les cortamos las manos en la plaza adelante de todos, como en la época medieval, ya que no hay protección, nosotros haremos nuestras leyes que no son nada favorables para los delincuentes, saludos vecinos.

 

 

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