A diez años del grito Ni Una Menos que se conmemora cada 3 de junio, un balance con avances, conquistas, logros y el retroceso brutal en materia de derechos. Qué dicen los números que revelan los observatorios de género. Qué dicen las voces feministas. La bandera que nombra la violencia femicida y los hijos de las madres asesinadas que comienzan a marchar.
Fotos: Fer Der Meguerditchian
Desde el 3 de junio de 2015 cuando el nombre de Chiara Páez, la joven de 14 años embarazada y asesinada por su novio en Rufino, provocó un grito visceral que se multiplicó de a miles en las calles de las principales ciudades del país pasaron diez años. Diez años y 2.590 femicidios y trans/travesti cidios en todo el país. Diez años y 2.647 intentos de femicidios, dos por cada una de las víctimas de la expresión más extrema de la violencia por razones de género. Diez años y 1.280 mujeres madres muertas. Diez años y 61 mujeres embarazadas asesinadas. Diez años y 2.788 niñas, niños y adolescentes que perdieron a su mamá.
Durante la última década, en Santa Fe hubo 337 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, lo que la coloca junto a Buenos Aires, Córdoba y Salta entre las jurisdicciones con mayor número de víctimas. Gabriela Sosa, directora Ejecutiva de MuMalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), una de las organizaciones que ante la falta de cifras oficiales sostiene desde junio de ese año un observatorio estadístico nacional, afirma que con esos números “es difícil negar la violencia particular” que sufren las mujeres, muy a pesar del discurso negacionista que baja desde el Estado nacional a partir de la llegada a la presidencia de Javier Milei.
“Es difícil dar la vuelta atrás con estos 10 años y con lo que logramos”, dice Sosa en referencia al fortalecimiento del movimiento feminista y los cambios que se produjeron en la visibilización de la violencia machista. Sin embargo, advierte que “hay que prestarle mucha atención a las variables que no sólo se han modificado, sino que han empeorado”. E insiste en que si el Estado nacional, al que hace diez años se le exigían políticas públicas se ha retirado, “habrá que exigir a provincias y municipios que discutan sus presupuestos para devolver eso que fue retirado y que hace a la seguridad de sus ciudadanas”.
En el análisis de los datos que Observatorio procesó desde junio de 2015 y mayo de 2025, el uso de fuego, que se sostiene en el 24 por ciento de los casos a lo largo de la década, así como el incremento del espacio público como escenario de los hechos son dos claves que la directora de MuMalá pone sobre la mesa para graficar aristas del problema sobre las que no hubo políticas concretas.
“La circulación de armas de fuego es algo que el Estado debería poder monitorear, del mismo modo que lo que sucede en la calle y las redes delictivas, donde siguen apareciendo los casos de mujeres muertas vinculados a la narcocriminalidad”, señala.
Otro dato, agrega, es la caída de más de 10 puntos, del 25 al 12 por ciento, del número de víctimas que previo a ser asesinadas habían recurrido a pedir ayuda a alguno de los canales de denuncia habilitados en alguno de los niveles del Estado. Para Sosa, esa curva en baja habla tanto de la merma de recursos concretos de atención como de la falta de confianza de las mujeres en la respuesta, a lo que suma la naturalización de los discursos violentos.
Negacionismo y desfinanciamiento
“Llegamos a tener 34 compañeras que en el marco del Programa Acompañar pudieron comprarse herramientas de trabajo, como hornos para hacer emprendimientos. Hoy no queda nada y el abandono que hay hoy es total”, dice Liliana Leyes, secretaría de Género y Diversidad de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) e integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario.
El Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Motivos de Género (Acompañar) comenzó a funcionar en 2020 como herramienta para fortalecer la independencia económica de mujeres y diversidades en situación de violencia. Así, otorgaba un beneficio equivalente a un salario mínimo vital y móvil durante seis meses, un plazo que primero se redujo a tres meses en 2024 hasta su desaparición.
Esa política pública no fue la única afectada en el último año por la gestión de La Libertad Avanza (YA) en un proceso de desfinanciamiento feroz que fue acompañado por un discurso de negación de la violencia machista que incluyó en el inicio de este año el planteo del ministro de Justicia y Culto, Mariano Cúneo Libarona, que propuso eliminar la figura del femicidio del Código Penal.
Eso que se había anticipado en 2024, se profundizó en la víspera de los diez años de este Ni Una Menos. Dos semanas antes del 3 de junio, el mismo funcionario anunció la eliminación de 13 programas nacionales considerados “ideológicos”, entre los cuales estaban dispositivos de acompañamiento a víctimas de violencia en los territorios.
Lo anunciado en redes sociales, fue ratificado en el Boletín Oficial horas más tarde donde quedó eliminado, entre otros programas de promoción de derechos, el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género.
El análisis presupuestario del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), mostró que durante el 2024, el Programa de Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, que contenía a otros como el Acompañar y la línea de atención telefónica 144, siguió existiendo con un recorte en términos reales del 84% entre 2023 y 2024 dentro del mega Ministerio de Capital Humano.
Sin embargo, en 2025, ni el programa ni sus actividades asociadas aparecieron en la previsión de gastos de ningún ministerio.
Resistencia organizada
Esa ausencia absoluta de recursos es lo que activistas como Leyes relatan desde los territorios, donde remarcan todo lo que las violencias de las redes delictivas siguen significando para mujeres y diversidades en los barrios.
Desde junio de 2015, en las 24 provincias argentinas, el Observatorio de MuMalá registró 172 femicidios en contexto de narcocriminalidad. Sin embargo, en su distribución territorial, el 66 por ciento ocurrieron en Santa Fe y en particular el Departamento Rosario concentró el 17 por ciento del total.
“Hay una realidad muy compleja que es la del narco, si la cifras hablan de 172 muertes, significa que en los barrios desde las organizaciones tenemos que seguir acompañando con muchas dificultades estas situaciones con el mayor de los cuidados porque son escenarios donde todo se resuelve con una bala a vos o a tu familia”
Incluso cuando el gobierno provincial publicó cifras oficiales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que hablan de una caída del 59 por ciento de las muertes violentas de mujeres durante 2024, que señalaron como el más bajo de la última década, desde las organizaciones señalan que esa baja “no hace más que responder a la baja generalizada de los homicidios en la provincia” y remarcan que ni las complejidades ni las violencias en los territorios cesaron.
“Hay una realidad muy compleja que es la del narco, si la cifras hablan de 172 muertes, significa que en los barrios desde las organizaciones tenemos que seguir acompañando con muchas dificultades estas situaciones con el mayor de los cuidados porque son escenarios donde todo se resuelve con una bala a vos o a tu familia”, cuenta la secretaria de Género de ATE.
Leyes puede enumerar incontables situaciones y elige sólo una para dimensionar lo que sucede, la de una mujer que nunca se vinculó a las redes delictivas, pero mantuvo una pareja con un varón involucrado en la comercialización, fue detenido y tanto ella como sus hijos son ahora víctimas de la organización.
“A esta joven, que tiene hijos, la persiguen, la quieren obligar a vender, ella se va de la ciudad a vivir lejos, pero se ve obligada a dejar a su hija mayor que aún estaba en la escuela a cargo de su abuela -cuenta Leyes-. Se mantiene lejos un año, pero cuando vuelve la estaban esperando para amenazarla. Obligada y bajo una situación de extrema violencia, termina vendiendo. Esto es lo que sufren muchas mujeres en los barrios, cuando la mayoría de las veces terminan presas pese a no tener ningún antecedente”.
“De estas hay muchas”, insiste la activista. Algunas terminan muertas.
Sobre esa realidad, considera que “ni en la Justicia ni las funcionarias que deben atender a las mujeres tienen la dimensión de las complejidades que se atraviesan y que deben acompañarse en los barrios”.
Recuerda que hace más de 20 años, cuando nadie hablaba aún de femicidio, las organizaciones marcaban la particularidad de cada caso. “Podemos tener leyes que articulan, programas y protocolos, pero cada caso es particular y así hay que tomarlo, así debe tomarlo el Estado para acompañar porque esa es la perspectiva de género y derechos humanos”, explica.
“Ni en la Justicia ni las funcionarias que deben atender a las mujeres tienen la dimensión de las complejidades que se atraviesan y que deben acompañarse en los barrios”
Las dificultades concretas en el acompañamiento, ante la escasez más absoluta de recursos, se multiplican. “Hay un aporte alimentario de mercadería de provincia, pero eso no alcanza; el Teléfono Verde resuelve situaciones de emergencia, pero las mujeres no siempre cumplen con los requerimientos de los alojamientos para resguardo”, detalla. Lo que las deja a la intemperie.
Ante ese contexto de retroceso y paradas sobre “lo logrado por el movimiento feminista en estos diez años”, la reorganización y el planteo de estrategias para acompañar a las víctimas aparecen como las anclas sobre las cual pararse en el escenario actual. “Es lo que podemos hacer mientras este gobierno pase: una resistencia organizada”, propone Leyes.
Una bandera y una decena de hijos e hijas
Vanesa Celma tenía 27 años, un hijo de 5 y un embarazo en curso (el bebé llegó a nacer) cuando murió tras sufrir graves quemaduras cuando discutía con Omar Díaz, su pareja, en junio de 2010. Cinco años antes del crimen de Chiara Páez. Cinco años antes del Ni Una Menos.
Su causa no sólo fue caratulada de incendio y luego archivada, sino que Eva Domínguez, su tía y actual referente de la organización Familiares Atravesados por el Femicidio, tuvo que esperar 14 años para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconocieran la violencia que sufrió Vanesa y reconociera a sus hijos como víctimas.
Ese paso, después de más de una década, les permitió a la familia que los chicos pudieran acceder al beneficio que establece la Ley N 27.452 de Reparación Económica destinada a niñas, niños y adolescentes hijos a afines de víctimas letales de violencia de género -conocida como Ley RENyA o Ley Brisa-.
El proceso para poder acceder a ese derecho ante el crimen de sus madres sigue siendo complejo y está lejos de alcanzar a todos. “Está muy burocratizado todavía”, dice Domínguez, y señala que en el caso de Santa Fe “se pide que el caso esté casi juzgado, cuando mientras tanto hay chicos viviendo con familiares en la extrema pobreza”.
Actualmente, en todo el país, se estima que hay al menos 836 chicos en condiciones de acceder a ese derecho, aunque no todos lo logran.
“Cuando a mi me tocó pedir Justicia por Vanesa se hablaba todavía de crímenes pasionales, me dijeron que Vane había muerto por amor”, dice sobre su propio proceso y si bien reconoce que hoy las adolescentes también sufren “otras violencias”, a lo largo de estos diez años “el movimiento logró que hoy sepamos lo que son los femicidios”.
“Este año comenzaron a participar y a marchar los hijos dentro de la organización”
Este martes 3 de junio Eva volvió a marchar por Vanesa, por las casi 3 mil mujeres asesinadas y llevó de uno de los extremos una bandera interminable con el nombre de cada una de las víctimas. Una bandera que no sólo en Rosario, sino que en otros puntos del país ya no llevan sólo padres, madres y hermanas de las víctimas, sino también sus propios hijos.
“Este año comenzaron a participar y a marchar los hijos dentro de la organización”, cuenta Eva. Les mataron a sus madres, sigue la referente, y señala que “algunos fueron criados por tíos, tías y abuelos que tuvieron que explicarles que sus madres no murieron por amor, que tuvieron que enseñarles a no sentir vergüenza de lo que les pasó”.
Son más de 260 familias en todo el país las que se convocan alrededor de la organización de Familiares Atravesados por el Femicidio y, en mayor o menor medida, la escena que relata Eva se replicó en diferentes ciudades del país donde hijos e hijas se movilizaron para llevar el nombre de sus madres. Ahí estaban los nombres de Cecilia Burgadt, enfermera del Hospital Cullen asesinada en 2019 a los 42 años en Santa Fe; Claudia Salgán, de 40 años víctima de su pareja en 2015, en la localidad bonaerense de Gonnet; Sabrina González, de 36 años, también víctima de su pareja en Virrey del Pino, Buenos Aires, en 2014; Evelyn Núñez, cuyo cuerpo apareció desechado en 2017 en Lomas de Zamora, y el de Zulma Malvar, asesinada en julio de 2019 en la localidad santacruceña de San Julián. Sus nombres en la bandera junto a las de otras casi tres mil víctimas y junto a las banderas de Justicia, sus hijos e hijas.
