La mal llamada justicia por mano propia esconde hechos atroces. Homicidios con alevosía contra jóvenes acusados de haber cometido un delito. Pero el binomio se instala en los medios: mientras se habla de «vecinos» o «panaderos» o «jubilados» del otro lado se refuerza el estigma: siempre son «delincuentes». Como si sus vidas no valieran, los linchamientos aparecen como respuestas posibles para un enorme sector social, mediático y hasta político. De allí la necesidad de nombrar a los pibes. Reponer sus historias. Disputar sentidos frente al punitivismo exacerbado.

 

La Unidad 11 de Piñero es una cárcel de máxima seguridad. Hay algunos espacios socioeducativos a pesar de estar ubicada en una zona alejada del epicentro de Rosario. Franco participa del taller de Filosofía y encuadernación artesanal que coordina la Bemba del Sur. Mientras ceba un mate recuerda a su abuela y a su infancia. Dice que le gusta el fútbol desde que era chico. Que siempre se juntaba con los pibes del barrio en la famosa canchita, la Bajadita, y que después del partido se iban al kiosco a tomar una coca, a comer semillitas y a discutir quién de todos metió más goles. Que extraña la calle y quiere ser padre.

Alguien que lo conoce cuenta lo que más le gusta: dibujar chalas y rosas. Que su sueño es conocer África. Que sus pies, además de picar la pelota, tiran los mejores pasos de cumbia cruzada. Franco es “el Flaco” que boquea con la mirada, que un poco “se la cree”.

El que deja latidos cada vez que te abraza.

Prácticas policíacas

La crónica policial de los informativos dará cuenta de las circunstancias del hecho. Informarán las versiones oficiales y las hipótesis investigativas. Dará lugar a declaraciones de testigos, a fuentes de la fiscalía y en ocasiones, hasta de la propia familia del chico asesinado. Dirá quizá que se trató de un linchamiento, o un “arresto civil” o un acto de “justicia por mano propia”. El tratamiento mediático probablemente no ahonde demasiado en su historia de vida. Será una nota más en la sección policiales que rápidamente quedará relegada por otras.

En ella se leerá que un “delincuente” de 25 años murió después de agonizar durante días como consecuencia de los múltiples golpes que tenía su cuerpo. Las versiones son confusas pero hay una verdad: Franco Velázquez está muerto y hay una familia y una comunidad de talleristas que lo recuerda y quiere, y necesita, poder nombrarlo. Murió el viernes 2 de octubre en el HECA y aunque todavía se esperen los resultados de la autopsia, las versiones con más peso que brindó la Fiscalía indican que a Franco lo linchó un grupo de personas tras acusarlo del supuesto robo de un auto. Otras voces -como la de su papá- dirán que fue atropellado de manera intencional por el propietario del vehículo.  Será tarea de la fiscal investigar lo qué pasó y quien o quiénes son responsables de un crimen que no parece tan distinto a otros que ocurren bajo la misma mecánica. Acaso nuestra memoria guarde con dolor el brutal homicidio de David Moreira en el año 2014, asesinado a golpes y patadas por una turba de personas en barrio Azcuénaga. Cuatro años después mataban del mismo modo a Cristian Cortez en la ciudad de San Juan, luego de arrebatar un teléfono celular. Y hace poco más de dos meses, en San Lorenzo, Nahuel Alvarez, tras ser linchado fallecía dentro de la comisaría séptima de esa ciudad configurándose, además, una muerte en custodia que debiera ser investigada.

Serán casos registrados en algunas crónicas de algunos diarios que acumularán, además, decenas de comentarios que alentarán discursos de odio hacia ese sujeto “que puede ser matable” para un gran sector social, mediático y hasta político que atenúa y justifica dichos homicidios. En todo caso, el cuerpo de los pibes, porque siempre son jóvenes de sectores populares, -previamente criminalizado- no tiene tregua: la muerte se produce a causa de un ensañamiento feroz. Y el dispositivo mediático repetirá la fórmula: murió un “delincuente” tras ser linchado por “vecinos”. En otros hechos, la pedagogía de la crueldad opera en los discursos con más fuerza, sobre todo cuando interviene el marketing televisivo y los medios de alcance nacional. Allí se hablará de “panaderos”, “jubilados” o “carniceros” haciendo “justicia por mano propia”. Y no solo habrá golpizas, sino cuerpos acribillados con múltiples disparos como el de Nahuel, el pibe de la villa de San Petesburgo de la Matanza. De las víctimas apenas se sabrá que era un «delincuente», la etiqueta que todo lo simplifica. Y así, la dupla replicada hasta el hartazgo cumplirá su función: humanizar a unos y revictimizar a otros.

“Las prácticas policíacas nos atraviesan en lo cotidiano produciendo acciones y poniendo a disposición discursos, que el relato mediático refuerza, propios de las agencias punitivas. Los medios siguen criminalizando no solo a les pibes si no también los barrios que elles habitan antes y después de caer en cana. El linchamiento o el actualmente llamado “arresto civil”, que solo le pone un tinte romántico y heroico a la escena, no puede ser nunca una opción, salvo que nuestros sueños no estén más construidos sobre las bases de un mundo más igualitario, si no en las bases de sociedades primitivas”, dicen Julieta Cuevas y Lucía Farrugia, integrantes de la Bemba del Sur, el colectivo de talleristas que conoció a Franco en su paso por la cárcel.

Una vez más sintieron el impulso de teclear, de hablar de Franco y en su nombre, de tantos otros pibes asesinados en el anonimato. Sin rostros ni historias previas, apenas un número engrosando estadísticas de homicidios en Rosario.

Venganza por mano propia

“Yo cuestiono hasta la palabra “linchamiento” aunque es un término fuerte, porque lo que esconde es un homicidio alevoso, es decir la alevosía de un grupo de personas pateando la cabeza a una persona indefensa en el piso. Quitar el concepto de homicidio con alevosía ya es una manera de ocultar lo que es, y por supuesto cuando se denomina justicia por mano propia, yo sistemáticamente hablo de venganza con mano propia porque no hay nada de justicia, ninguna de las características que tiene que tener un hecho judicial que es legalidad”, le explica a enREDando la abogada Claudia Cesaroni, autora del libro «La vida como castigo» y una de las voces que también intenta instalar otros relatos frente al punitivismo exacerbado. Lo que dice es claro: el concepto de “justicia por mano propia” lo que hace es embellecer “la mera venganza de una persona contra otra que le hizo un daño, o que piensa que le hizo un daño, porque hay varios casos también donde la mera sospecha genera la reacción desmedida”.

El dispositivo de justificación de estos homicidios actúa en múltiples sentidos. Se refuerzan estereotipos y se culpabiliza a la “mala víctima”. El “algo habrá hecho” funciona privilegiando vidas en detrimento de otras. Y así, derecho estipulados en la Constitución Nacional o en la mismísima Convención Internacional por los Derechos del Niño parecen ni siquiera importar.

En los medios masivos de comunicación, los tratamientos son dispares. No todo es lo mismo: hay opiniones y análisis de periodistas comprometidos aunque no sean los más viralizadas. Y están las notas que apelan al morbo. Las que se titulan buscando impacto y clics y se escriben sin firma, las coberturas sin contexto que saturan durante horas las pantallas televisivas. En general, “el periodismo activa las pasiones punitivas que se fueron sedimentando en el imaginario vecinal durante generaciones. No hay vecinos sin víctimas, y tampoco hay víctimas sin periodistas. Cuando la víctima coincidió con el vecino en las coberturas periodísticas, el vecino se volvió potente”, dirá Esteban Rodriguez Alzueta, abogado, mágister en Ciencias Sociales e investigador, en su libro “Vecinocracia”, un documento necesario para complejizar la mirada sobre el fenómeno de los “linchamientos”.

El concepto de “justicia por mano propia” lo que hace es embellecer “la mera venganza de una persona contra otra que le hizo un daño, o que piensa que le hizo un daño, porque hay varios casos también donde la mera sospecha genera la reacción desmedida”.

Para Claudia  los medios deberían darle lugar a otros discursos. No es lo que abunda. “Veo muy poca gente que se atreva ir contra la opinión general, el sector político tiene pánico, pareciera que fuera imposible.  Hay muchas personas que dicen cosas que van contra estos discursos de odio, pero hay poco espacio en los medios masivos. Y aunque genera reacciones en contra, también provoca otra reflexión. A veces parece que hay que volver a la Asamblea del año XIII porque hay gente que hasta discute la tortura. El problema es cuando esa gente construye sentido. Hay una enorme responsabilidad del poder político, de funcionarios y legisladores que por ejemplo, no solo construyen discursos del odio sino que habilitan determinadas prácticas”.

Prácticas que van en aumento. Rosario registró en apenas días al menos dos intentos de “linchamientos”: uno en pleno centro y otro en barrio Arroyito cuando un hombre intentó evitar que un grupo de personas golpeara al pibe que minutos antes le había robado. El testimonio que brindó a Rosario 3 es elocuente: “la gente estaba muy exacerbada queriendo matarlo, yo me tuve que interponerme y decir, sí yo que fui el damnificado no quiero matarlo, nadie lo toque, esperen que venga el comando”. El chico, cuenta, “lo único que atinaba era con la mano a tocarme la zapatilla y mirarme como diciendo que no lo deje porque lo mataban, la cara de pavor de esa persona en el piso mientras yo le decía que lo que hizo estuvo mal, en un momento la situación me sobrepasó por la cantidad de gente rodeándolo y queriendo sangre”.

“Los “linchamientos” profundizan y aceleran dinámicas que ya formaban parte de lo subterráneo de la época: los ánimos atemorizados (y nerviosos) del suelo precario en el que se arman las gestiones diarias (viaje, laburos, vivienda, relaciones); la fragilidad del muleo (incansable continuum entre trabajo –más o menos precario según el caso–, consumo, vida boba y vacío a las espaldas) como forma de vida que se sostiene ante la posibilidad de consumir; el engorrarse como modo de gobierno de los desbordes”, analiza el colectivo Juguetes Perdidos, autor de “Quien lleva la gorra”, otro libro indispensable para leer la época. También la complejiza al señalar que los “linchamientos” no son propiedad exclusiva “de la ciudad blanca”. Esos actos, esos hechos brutales, atraviesan a toda una trama social, los hay en el centro y también en los barrios.

Esteban Rodriguez Alzueta define a la vecinocracia, en una entrevista a Tiempo Argentino, como “el gobierno de los vecinos, la presión punitivista que viene por abajo. Es  el gobierno de los vecinos alertas. El vigilantismo, el prudencialismo, el pánico moral, el olfato vecinal, han redefinido no sólo al barrio y la ciudad sino a la propia arena política. Son prácticas que proponen poner la política más acá de la política. Sus actores tienden a clausurar las discusiones cuando reclaman una medida urgente o una sentencia rápida”.

Y menciona, además, expresiones comunes que se instalan con fuerza en los discursos sociales. “Hay un sinfín de frases hechas que no son para nada inocentes, como «hay que agarrarlos de chiquitos», «el que mata tiene que morir», «corta la bocha» o «entran por una puerta y salen por la otra», que habilitan o crean condiciones para el ejercicio de múltiples violencias: policiales y vecinales. No hay olfato policial sin olfato social: detrás de la brutalidad policial están los prejuicios vecinales. Los estigmas de los vecinos crean condiciones para que las policías hostiguen a los jóvenes que usan gorrita y visten ropa deportiva por el sólo hecho de ser jóvenes, morochos y vivir en barrios pobres. Son apuntados como productores de riesgo”.

Es que siempre la víctima de esos linchamientos es el “pibe chorro”, o el que se le parece, dice Cesaroni. Y lo que se pone en debate es la legitimidad del hecho. “No se pregunta si está bien patearle la cabeza hasta reventársela a alguien indefenso, se pregunta: Linchamiento ¿sí o no? ¿Le parece bien a usted que se linche gente? Esas preguntas habilitan el «No, pero…». «No estoy de acuerdo, pero como el Estado está ausente…» «No, yo no lo haría, pero entiendo que si le roban a una abuelita…» «No, claro que no, pero es que la gente está harta». O sea: sí. Una parte muy importante de nuestra sociedad está de acuerdo con que se le peguen patadas en la cabeza a una persona hasta matarla, dadas ciertas condiciones”, señala en un artículo para Revista Cítrica.

“Cuando decimos vecinocracia estamos hablando de una ideología que no es necesariamente racional”, dice Alzueta en su libro. “Un discurso que transforma los problemas vecinales en una concepción de mundo y en un sistema de creencias y sentimientos que saca a la superficie los estratos racistas que estaban disimulados con buenos modales. Rituales que enmarcan la vida cotidiana hasta que la desconfianza mutua se vuelve miedo, indignación y hostilidad”.

Una violencia en doble dimensión, dirán las talleristas Julieta Cuevas y Lucía Farrugia.  “No sólo para el que la sufre sino también para quienes ejercen esa acción seguida de muerte, para estos también es una práctica con efectos des-subjetivantes, que finalmente poco tienen que ver con la justicia, sino que retroalimentan cadenas cíclicas de maquinarias agresivas”.

Una de las formas que asume la violencia en Argentina.

De la ausencia o presencia del Estado

El argumento más repetido que opera como atenuante de estos hechos es aquel se alimenta de la idea del “Estado ausente”. Pero, ¿qué se pide cuando lo que se clama es mayor presencia estatal? Para Cesaroni ese reclamo esconde, casi siempre, un pedido de más excepción. “Un poco de abuso policial, otro tanto de tortura, terminar con la puerta giratoria, que gira, parece, solo para un lado, porque la cantidad de presos no para de aumentar en los últimos quince años”, dice la abogada aunque también marca la necesidad de escuchar esa “queja social” para hacer foco en todo lo que el Estado incumple o no hace.

“Jurídicamente no está bien que un adolescente quede preso por un hurto, pero esas primeras acciones son alertas, entonces por fuera del sistema penal, el Estado tiene que poder tener políticas para esos pibes.  Ofrecer alternativas pero no para pobres”, dice Claudia. “La mejor escuela de artes y oficios, las mejores canchas para que puedan jugar. El encierro para estos jóvenes es totalmente antinatural. La salida punitiva no resuelve nada aunque se le cambien de nombre a los institutos. Pero todo lo que se hace es poco. Las políticas públicas que abordan a esa población siempre fallan, hay una potencia del Estado que no llega o que llega con deficiencia. No hay una política para esos pibes”.

María Chiponi es la actual Directora Socioeducativa en Contexto de encierro del área de Derechos Humanos de la UNR e integrante del colectivo de talleristas La Bemba del Sur. Su mirada pone el foco en el egreso. ¿Qué horizonte de posibilidades tienen las personas -jóvenes y adultas- que egresan de una cárcel? se pregunta.  “Hay todo un entramado que se va construyendo en función de negar posibilidades. Hay poca inversión decidida para acompañar a las personas que egresan de una cárcel. Hay propuestas aisladas, pero no existe una política ampliada que alcance a todas las personas que egresan de prisión y que acompañe a la no reincidencia. Propuestas laborales que no sean un trabajo precarizado ni los mismos circuitos delictivos que llevaron a esa persona a prisión, sino poder pensar circuitos formalizados laborales, educativos, culturales, para acompañar ese egreso. Y es bastante desolador”.

Lo que existe no alcanza y “no hay un desarrollo amplio desde el Estado en este sentido. A veces, las personas privadas de su libertad que transitan la cárcel logran generar un montón de proyectos posibles de vida, incluso proyectando destinos pos-encierro que tengan que ver con circuitos muy poco posibles para determinados sujetos, como pensarse como un gestor cultural o avanzar en una carrera universitaria. Sin embargo, en el afuera son muy pocas las políticas que puedan acompañar esos procesos. Y hay que producir conocimiento e información sobre eso, porque esos proyectos de vida que logran diseñar en el encierro, cuando se quieren llevar adelante en el medio libre, se desvanecen por falta de acompañamiento de políticas públicas”, opina María.

Lucía y Julieta refuerzan la necesidad de que esa libertad tan deseada devenga en una reparación del tejido social. No hay manera de recomponer una trama desarticulada desde hace tanto tiempo sino es a través de la reposición de los lazos comunitarios y solidarios. “No es la violencia un camino que nos permita pensar en una sociedad más justa sino que apelamos a la responsabilidad colectiva, a través de una verdadera inclusión social, que parta de los deseos y que habilite condiciones de posibilidad a las personas privadas de su libertad”.

Reponer historias

¿Quién era Franco? ¿Fernando? ¿Mirko? ¿Nahuel?

¿Por qué nombrarlos?. María Chiponi dice que es necesario disputar ciertas nóminas enunciativas que casi siempre “los inscribe en las narrativas del dispositivo mediático con determinadas características a los barrios en donde viven, a ciertos linajes delictivos y a esa trama de relaciones que le devuelve y lo configura como un criminal”. Dice que contar quiénes eran es poder hacernos esas preguntas ¿qué pasó antes con Franco, con Mirko? Porque “no solo resuena el dolor de sus pérdidas sino también el tipo de sociedad que somos capaces de construir, una sociedad donde golpear al otro hasta matarlo es posible desde perspectivas que tienen que ver con esta idea tramposa de la “justicia por mano propia”.

El dolor aparece cada vez que una noticia policial anuncia la muerte de estos pibes. Por eso la Bemba del Sur los escribe: hoy es Franco. Ayer fueron Fernando y Mirko. “Parecieran cumplir con una proeza social, con un destino que estaba prefijado para ellos. Muchos medios de comunicación venden al público estas situaciones como  prácticas aceptadas, que tienen la etiqueta de “justicia comunitaria”. No podemos  concebir estas agresiones como si se tratasen de justicia paralela, las mismas vulneran el principio elemental del derecho a la vida, a un juicio previo, a la integridad” dicen.

María habla de la necesidad de disputar sentidos para poder desarmar esa idea esencialista que configura al otro como un “sujeto peligroso” al que “hay que golpear hasta hacerlo desaparecer de la esfera pública”. Contar qué pasó con sus vidas antes del ingreso a una cárcel, cómo fue su infancia, si sus padres tenían trabajo, si pudo ir a la escuela. Preguntas, dice María. “Hay que poder construir una mirada situada” y por eso revaloriza el rol de la universidad pública. “Tiene que aportar conocimiento para poder comprender qué nos está pasando en el contexto actual y que también aporte a la construcción de políticas públicas que puedan contener ante tanta desolación y desamparo que la pandemia expone de una manera mucho más brutal, más visible”.

Muchos medios de comunicación venden al público estas situaciones como  prácticas aceptadas, que tienen la etiqueta de “justicia comunitaria”. No podemos  concebir estas agresiones como si se tratasen de justicia paralela, las mismas vulneran el principio elemental del derecho a la vida

A Nahuel le decían “Curly”. Tenía 14 años cuando transitaba los pasillos de la villa San Petesburgo. Allí lo conoció un tallerista del Municipio de la Matanza que se animó a publicar unas líneas en sus redes sociales cuando se topó con una de las tantas crónicas policiales que hablaban del “delincuente” ultimado a balazos por “un panadero”. “Yo laburaba para un programa del municipio de la Matanza haciendo talleres y donde participa activamente Curly, un pibe muy inteligente, aportaba ideas, era líder a su manera. Con el tiempo Nahuel se fue alejando del espacio y cada vez venía menos. Lo fui a visitar muchas veces a su casa dónde me esperaban siempre unos ricos mates, torta frita. Compartíamos la charla solos o con su mamá que siempre estaba pendiente de su hijo, siempre lo acompañaba a todos lados. La última vez que lo ví fue en mayo de este año. Ya más grande, cara seria, otra mirada. Lo cruce en la tira ancha del barrio, nos saludamos con un abrazo como siempre lo hacíamos, cómo si nunca pasó el tiempo”.

¿Qué vidas son las que importan? se pregunta Claudia Cesaroni. Disputar esa idea perversa de que hay determinados sujetos que pueden ser “matables”, es una tarea militante. “Primero hay que tratar de pensar que ese pibe además de ir a robar, era un pibe que había hecho enormes esfuerzos, que era líder en su grupo, es decir, ese pibe además de ese momento en la vida en que intentó robar, era muchas otras cosas. Y yo sueño con una sociedad que incluya a todos esos pibes, pero de verdad”. Cesaroni habla de los bordes. De esos límites tan delgados en los que se debaten las trayectorias de vida de los adolescentes pobres. 14, 15 años. Después, si ese límite se traspasa, algo cambia en la mirada como la de Nahuel, como la de tantos otros. “Ahí tiene que estar el Estado. Los pibes necesitan amparo”.

De la necesidad de reforzar ese tipo de presencia estatal son aisladas las voces que se escuchan. “Los pibes de San Pete y como tantos otros no tienen las mismas posibilidades y oportunidades ni tienen garantizados sus derechos como sujetos, Curly no la tuvo, el Estado no estuvo ni está presente en la vida de Nahuel y de tantos otros pibes de San Pete, la vida en la villa no es tan fácil como creen o decir que salir a robar es guita fácil.  San Pete se transformó en una cárcel a cielo abierto donde el Estado nunca llega o solo llega para que la yuta y gendarmería los cague a palos, para eso sí el Estado está presente”, escribe este laburante de la Matanza.

Hay un intento por aniquilar ese otro relato, el “linchamiento” no es solo físico, también aparece en el discurso a partir del momento en que borramos a ese “otro”, a esos sujetos que no tienen lugar en esta trama social.

Humanizar a los pibes es un tarea ética, dice la Bemba del Sur. Nada de lo que se pueda contar sobre sus vidas le quita responsabilidad a sus actos. “No se trata de embellecerlos sino justamente contar quiénes son, quiénes han sido, con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus errores. No hay que quitarle gravedad a los hechos sino pensar que responder con más castigo no resuelve nada”, opina Cesaroni.

“Hablar de esas historias no le quita responsabilidades pero hay discursos muy violentos, porque también hay qué ver que tipo de violencias se ejercen. Hay violencias visibles sobre los cuerpos pero hay violencias de otro tipo, que es la negación de la posibilidad que otro diga “che, no, pará de golpear”. Hay un intento por aniquilar ese otro relato, el “linchamiento” no es solo físico, también aparece en el discurso a partir del momento en que borramos a ese “otro”, a esos sujetos que no tienen lugar en esta trama social. Y si no le hacemos lugar, no lo vemos”, agrega María Chiponi.

Desde el colectivo de talleristas sienten que hoy les queda esa enorme tarea de nombrar a Franco, también a Mirko, a Esteban, a Fernando y a otros tantos pibes, “para recuperar la singularidad de sus trayectorias, para disputar sentidos a etiquetamientos sociales que los encasillan en el lugar de delincuentes, haciéndolos merecedores de la muerte”. No se proponen desresponsabilizar, pero si tensionar discursos que hacen de lo punitivo una solución a una problemática social mucho más compleja.

Por eso seguirán insistiendo, dicen.  “Seguiremos nombrándolos para que la vidas de los pibes sean dignas de ser vividas”. A Franco, al Flaco que conocieron en los talleres de Piñero, le agradecen sus besos en forma de guiño. Andá flaco, hacé tranquilo. Nos dejás tu abrazo lleno de latidos”.

 

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