El departamento Rosario va a cerrar el año con más de 200 homicidios. Uno de ellos destapó una olla que alcanzó a dos fiscales, ya destituidos y detenidos, por integrar una red de juego clandestino. También se lo ligó al senador provincial Armando Traferri, del PJ, pero la Cámara alta lo protegió rechazando el pedido de desafuero. La violencia urbana persiste al paso de los años, y se asoma un porqué.  

El departamento Rosario terminará el 2020 con más de 200 homicidios. La cifra no es exacta porque en los pocos días que quedan para el cierre del año puede pasar cualquier cosa. Que se concrete un crimen planificado. Que una discusión que podría haber quedado en un agite verbal termine en balazos o puñaladas. Que una balacera a una casa, como amenaza final, concluya con un muerto inesperado. Que la brutalidad de un arrebatador callejero ponga un punto final abrupto a una vida. Cualquier cosa, realmente, en estos tiempos siempre calientes.

El 14 de julio dos hombres tocaron el timbre de la casa de Eduardo Trasante, encañonaron a la persona que atendió, se metieron a la casa y cumplieron el cometido. Un disparo en la cabeza acabó con la vida del pastor, ex concejal de Ciudad Futura y padre de dos chicos asesinados en distintas épocas de la trama violenta de la ciudad. Los investigadores dedujeron que todo ocurrió en seis minutos. Y, aunque el móvil del crimen aun no pudo conocerse, sí se supo que había sido planificado y ordenado desde una cárcel provincial. El asesinato de Trasante, por tratarse de una figura pública, fue uno de los que más impacto generó en el año. Pero no fue el único ejecutado con esa modalidad. Según el informe mensual de homicidios elaborado por el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia, actualizado en octubre pasado, el 71,4 por ciento de los homicidios ocurridos en esos diez meses en el departamento Rosario tuvieron una planificación previa. Siete de cada diez casos, por si la cifra porcentual no grafica lo suficiente.

El 4 de febrero, después de un enero picado con 22 homicidios, ocurrió la desgraciada muerte de Dora Quiroga. Tenía 63 años, al caer la noche caminaba por Manantiales al 3700, barrio Vía Honda, y quedó en medio de una balacera. Escena tan típica en una zona tan marcada por otros hechos así: frenadas, corridas, balazos, muertos. El caso de Dora Quiroga se ajustó a los que el Observatorio caracterizó como víctimas que no eran destinatarias de los ataques, y que hasta octubre inclusive correspondieron a un 7,3 por ciento del total de los homicidios en el departamento Rosario. En esa lista entra también la muerte de Enrique Encino en un tiroteo al casino City Center en enero. O, en el otro extremo del año, la de Rafael Carcerano que el 8 de diciembre acompañó su hermano a una canchita de fútbol en zona oeste y al volver quedó en la trayectoria de un ida y vuelta de balazos.  

Aproximadamente ocho de cada diez homicidios ocurridos en 2020 en el departamento Rosario tuvieron lugar en la ciudad homónima, según el diagnóstico del Observatorio. El podio lo completaron Villa Gobernador Gálvez y luego Granadero Baigorria. Los contextos en los que ocurrieron esos hechos, siempre en el período de Enero-Octubre, se dividieron en tres grupos identificados. Un 48,9 por ciento correspondió a la categoría “economía ilegal/organización criminal”, un 27, 5 por ciento a la amplia denominación de “conflictos interpersonales”, y un 6,2 por ciento en “ocasión de robo”.

Otro buen porcentaje, un 20 por ciento en total entre las categorías “otros” y “en investigación”, aplica para casos en los que todavía no se pudo definir un móvil claro. O tal vez para hechos brutales como el asesinato de María Isabel Ruglio, de 73 años, cuyo cadáver fue encontrado por partes en la zona del arroyo Saladillo en febrero pasado. O la muerte todavía misteriosa de Carlos Orellano, 23 años, que una noche de febrero fue a bailar a un boliche de La Fluvial y terminó muerto, en las aguas del Paraná. Lo que queda más allá de los números, porque están todo el tiempo cambiando, es la violencia extrema como medio para fines diversos. Destacan, por implicar la mayoría, los hechos vinculados al negocio de las drogas y otros rubros clandestinos. Subyace, a la sombra de las estadísticas, la naturalización de esa violencia como denominador común en el final abrupto de tantas historias mínimas. Y surge la pregunta sobre cuáles son las partes de esta maquinaria, además de quienes ponen las balas y la sangre, que aseguran su funcionamiento año a año.

Un crimen que destapó la olla

El primer mes del 2020 marcó 22 homicidios, de los cuales hubo uno que generó turbulencias en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial. Fue el homicidio número 13, el de Enrique Encino, ocurrido el 11 de enero. El hombre, 64 años, gerente bancario en la localidad Las Parejas, estaba en el casino City Center cuando salió a fumar un cigarrillo al balcón del complejo y recibió un balazo en lo que luego se supo que fue una suerte de mensaje mafioso.

Por el ataque al casino fue imputado, por haberlo organizado, Maximiliano “Cachete” Díaz, integrante de Los Monos. Díaz había planeado el ataque como un mensaje amenazante para extorsionar al casino con cobro de dinero. Algo que, se supo con el correr de la investigación, se había hecho costumbre en Los Monos como un nuevo modo de recaudación. El blanco de las extorsiones solían ser personas vinculadas a movidas ilegales, o irregulares al menos, sobre quienes ante la negativa podía recaer no solo una represalia a balazos sino también la exposición por quedar en el blanco de un ataque de típico tinte mafioso.

La investigación de este caso unió hilos que confluyeron en el destape del negocio de la extorsión y su roce con una red de juego clandestino. Como ocurre normalmente con este tipo de delitos, los que mueven muchísimo dinero, dicha red tenía entre sus filas a un policía, en este caso al ex comisario y ex jefe de la Unidad Regional IV Alejandro Torrisi. Aunque lo que realmente iba a impactar sería que con el correr de la investigación se comenzaría a exponer un entramado que develaría el funcionamiento hacia arriba de lo que había repercutido a sangre allá abajo, en la calle.

Dos días antes del ataque al Casino la Gendarmería había detenido a dos personas que portaban armas de fuego. Cuando se peritó el teléfono de Cachete Díaz se supo que el tipo había pedido a un contacto que colaborara para lograr la libertad de esas personas. El contacto era Leonardo Peiti, un empresario que en las sombras había desarrollado un circuito de juego clandestino y que después de aceptar la extorsión de Los Monos se había acostumbrado a colaborar con información e influencias. Esto comenzó a ventilarse sobre fines de julio, en una audiencia por la red de juego clandestino en la que imputaron a Peiti, al ex comisario, a Cachete Díaz, al tirador del Casino y a otro integrante de Los Monos ya condenado y prófugo. En esas jornadas se supo que Peiti tenía un contacto dentro del Centro de Justicia Penal, y entonces el sentido común o el prejuicio apuntó las sospechas contra a algún policía o empleado de segunda. Pero no, pronto se supo que la comunicación era directa con el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y su empleado Nelson Ugolini, y que a su vez todo ocurría bajo la supervisión del ex fiscal regional Patrio Serjal.

Leonardo Peiti se autoconsideró una víctima de extorsión de Ponce Asahad y agitó el avispero al declarar como arrepentido. Dijo que se había encontrado unas treinta veces con el ex fiscal, con quien había pactado un pago de cinco mil dólares por mes. El mismo julio en que todo se ventiló, según Peiti, Ponce Asahad le había pedido 100 mil dólares para tratar de frenar una investigación en su contra. Con todo el material ofrecido por Peiti, y con otras pruebas, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra -de la Agencia de Criminalidad Organizada- imputaron y dictaron prisión preventiva a Ponce Asahad y a Serjal, que también fueron destituidos de sus cargos. Al primero le imputaron incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y miembro integrante de una asociación ilícita en carácter de coautor; y a Serjal cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado de servicios.

El 4 de diciembre pasado Ponce Asahad volvió a declarar y fue él en esta ocasión quien prendió el ventilador para dar a conocer lo que Peiti en su supuesta confesión había omitido. El ex fiscal explicó que los delitos por los cuales se lo acusó no hubieran sido posibles sin cierta “pata política”, para lo cual vinculó al senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, del Partido Justicialista. Ponce Asahad habló de un encuentro de Traferri con Serjal, a partir de la cual se estableció el contacto de los fiscales con el empresario Peiti.

Los fiscales Edery y Schiappa Pietra citaron a declarar a Traferri, y dijeron tener otras pruebas que comprometen al senador más allá de lo ventilado por Ponce Asahad. Algunas de ellas son audios que en los que se menciona al senador, hablan de encuentros y sugieren dinero de por medio. Para avanzar en una eventual imputación solicitaron en el Senado el desafuero de Traferri, quien a su vez en una conferencia de prensa acusó al ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, de estar detrás de una “conjura” contra el poder legislativo. Puntualmente habló de tareas de inteligencia por parte del ministro, e intentó limitar las acusaciones a un conflicto político interno. Sain, como respuesta, intimó al senador mediante una carta documento para que presente las pruebas de las cuales se debió haber valido para acusarlo de cometer un delito.

El 18 de diciembre ocurrió lo esperado. Solo cuatro de 19 senadores votaron por el desafuero de Traferri. Quienes se opusieron con su voto fueron doce: siete del justicialismo y cinco de UCR-Frente Progresista. Se abstuvieron otros dos y el propio Traferri. Al momento de pronunciarse en la sesión el senador volvió a acusar a Sain de estar detrás de una operación política, volvió a reducir el asunto un conflicto interno, apuntó contra el ministro de Seguridad citando sus polémicas intervenciones mediáticas, y lo calificó como “el peor ministro de Seguridad de la historia de la provincia”. El fiscal Schiappa Pietra habló en la radio Sí 98.9 y calificó la maniobra del Senado como “una utilización corporativa de una inmunidad parlamentaria que no está prevista para estos fines”.

El mismo día los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada ampliaron la imputación de Leonardo Peiti por el delito de asociación ilítica en grado consumado en carácter de organizador. Según comunicó el MPA «el objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos sin contar con la autorización de la autoridad jurisdiccional competente». En esa asociación ilícita los fiscales detectaron «tres organizadores»: Patricia Serjal, Leonardo Peiti y Armando Traferri, a quien puntualmente lo señalaron por «asegurar la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos». La investigación seguirá con los ojos puestos en el senador, aunque todo por ahora haya quedado limitado por la decisión de doce de sus colegas.

Rivalidades

En febrero pasado Marcelo Sain participó de un panel en la presentación de la cátedra “Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana” de la Facultad de Derecho de la UNR, y desarrolló algunos puntos de vista alrededor de lo que ocurría en la provincia, y principalmente en Rosario. Entre ellos propuso diferenciar la intención de un gobierno de gestionar seguridad pública con la intención de gestionar la opinión pública sobre la seguridad. La primera, explicó, “es gestionar los conflictos que atraviesan a la sociedad, problemáticas criminales, violencias”, y la otra implica “gestionar cómo se presentan los problemas en la opinión pública, fundamentalmente determinada por la intervención mediática”.

En esa ocasión opinó que durante los últimos años en la provincia se mantuvo un pacto de gobernabilidad con el delito, en donde no importó si el delito crecía sino que se priorizó en cómo repercutía en la política. “La policía era eficaz en tapar el tema y gestionarlo aun con ilegalidades. Eso fue acompañado por el consentimiento político a la ilegalidad policial”, analizó. A su vez, explicó que el crecimiento de los niveles de violencia terminaron por exponer y debilitar a la gobernabilidad pactada. Desde entonces el ministro dice que el gobierno de Omar Perotti inició una etapa de ruptura de dicho pacto.

El 1° de mayo, en el discurso del inicio del período de sesiones legislativas, Perotti calificó de “imperativo de primer orden” a la modernización del sistema de seguridad pública. En esos días se conocieron tres proyectos relacionados a la materia. La ley de Seguridad Pública que apostaría a la conducción política del sistema policial, la ley de Sistema Policial para modernizar y democratizar la institución, y la ley de Control del Sistema Policial para “optimizar las capacidades institucionales referidas a la investigación y la sanción de faltas disciplinarias y la investigación de las actividades ilegales que pudiera incurrir el personal policial”. El principal impulsor de estas leyes en debates públicos fue Marcelo Sain.

Desde entonces se sabía que el oficialismo iba a encontrar reticencia al momento de tratar los proyectos de ley, y que incluso habría polémicas dentro del PJ. El senador Traferri ya en mayo pasado se había puesto a la cabeza de las críticas a los primeros meses de gestión del Ministerio de Seguridad opinando sobre la falta de rumbo de Sain. La distancia fue tal que ya por entonces se barajaba la posibilidad de que los proyectos de ley ingresaran por la Cámara de Diputados, donde el socialismo provincial es mayoría. En septiembre, cuando se dieron las protestas policiales en Buenos Aires y en la provincia algunos sectores de la policía intentaron algo parecido, volvió la pica: Sain adjudicó a Traferri estar detrás de ciertas operaciones con el fin de desestabilizar.

En noviembre la Cámara de Diputados aprobó sobre tablas un proyecto de ley para quitar a Sain del cargo de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación al cual había accedido por concurso y del cual está de licencia por su cargo en Seguridad. El Senado, con el aval del sector cercano a Traferri, también trató sobre tablas el proyecto y eso implicó nuevas turbulencias dentro del PJ. En declaraciones a la prensa Sain opinó que tales maniobras estuvieron relacionadas a la oposición de un amplio sector de la política a los tres proyectos de ley sobre seguridad pública y a la intención de “poner obstáculos a la lucha contra la mafia”. “¿No creen que esa premura, esa grosería de la Legislatura no demuestra miedo? Demuestra que hay gente que está comprometida con cosas importantes y que no quieren que se investiguen”, dijo Sain.

Unas semanas más tarde Traferri fue mencionado por el ex fiscal Ponce Asahad como parte de la asociación ilícita vinculada al juego clandestino. Unos días después el gobernador Omar Perotti vetó la ley que buscaba incompatibilizar a Sain por su cargo de director del Organismo de Investigaciones. También vetó otra ley, tratada fugazmente, que buscaba controlar los gastos reservados del Ministerio de Seguridad, y argumentó que indirectamente con esa ley se podría ventilar información sobre las investigaciones que hoy comprometen a funcionarios. En esa batería de novedades también se presentó el pedido de desafuero de Traferri. Y la pregunta que sobrevuela es si, como suele ocurrir, todo tiene que ver con todo.

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