Petroquímica Bermúdez y el pasivo ambiental más grande que tiene Santa Fe. Sustancias tóxicas cancerígenas que contaminan el aire, el suelo y que ya pasaron a las napas freáticas. Un presunto pacto para archivar la causa. El rol del Taller Ecologista de Rosario, las bombonas desaparecidas y el laberinto judicial.

Foto de portada: Taller Ecologista

El principio de oportunidad es la facultad constitucional que utilizan las conducciones de las fiscalías para suspender, interrumpir o renunciar a una investigación. Las leyes procesales modernas asumen que son muchas las causas que entran en los Ministerios Públicos. Los motivos por los cuales suspenden determinadas investigaciones pueden ser diversos. Pero en el caso de contaminación ambiental de la Petroquímica Bermúdez no había ningún motivo para aplicar el principio de oportunidad presente en la resolución que dictó Patricio Serjal, ex fiscal regional. Ese principio de oportunidad, que implicó en 2019 la extinción de la causa, fue lo que llamó la atención de los fiscales Schiappa Pietra y Edery que decidieron reabrir la investigación judicial. “Era un tema muy sensible de contaminación ambiental en el que estaba involucrada una persona con una historia larga en la provincia como Taselli. Se estaba archivando una causa que venía precedida de una denuncia que hacía la fiscalía de Estado. No cerraba por ningún lado”, dirá el fiscal Luis Schiappa Pietra. Pero antes es necesario conocer los capítulos previos de esta historia.

Era 2010 y empezaban los problemas con los escapes de gas cloro de la planta de Petroquímica Bermúdez, ubicada a la vera del río Paraná unos kilómetros al norte del centro de Rosario. Los escapes llegaban a las escuelas de la zona, entre ellas, la N° 1007 Nuestra Señora de La Misericordia. Si la misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, no era lo que pasaba con esta empresa (ex Electroclor) que supo ser una de las más importantes del país con una producción diaria de 500 toneladas de químicos como cloro soda e hipoclorito de sodio. Pero esa época dorada ya no era tal.

La lucha ciudadana de Gualeguaychú contra la pastera Botnia tuvo su coletazo: la visibilización puso sobre la mesa la tecnología obsoleta que se usaba en la producción de celulosa y eso motivó un programa de mejora con créditos para las empresas productoras de pasta de papel. Celulosa Argentina, empresa vecina y socia comercial de Petroquímica, pasó a utilizar dióxido de cloro en su proceso de blanqueo del papel y dejó de usar el cloro elemental que le compraba a la petroquímica. “El daño económico en Petroquímica Bermúdez empieza a ocurrir cuando Celulosa deja de ser su principal cliente para su producto estrella que es el cloro elemental”. Así lo cuenta Cecilia Bianco, ingeniera mecánica y coordinadora del área Tóxicos del Taller Ecologista, organización que hace años viene alertando y trabajando sobre este caso.

Antes de que se rompiera ese vínculo en el cual una empresa producía el cloro que la otra le compraba, ya arrastraban problemas en relación con el mantenimiento, algo clave teniendo en cuenta que el cloro es altamente corrosivo. Bianco cuenta que la llegada del cloro a la empresa Celulosa terminaba afectando las cañerías. Los dueños de la empresa petroquímica, Sergio Taselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego dejaron de invertir en el mantenimiento. Después vendría el atraso en el pago de los sueldos, el reclamo sindical, la huelga, la intransigencia patronal y finalmente el cierre de la planta en 2013. En este punto Cecilia Bianco traza una divisoria de aguas. “Cierran a nivel comercial pero los papeles no están presentados debidamente para cerrar el predio. Para eso hay que presentar un plan de cierre con el detalle de los residuos peligrosos que quedan y el plan de remediación”.

Era 2010 y empezaban los problemas con los escapes de gas cloro de Petroquímica Bermúdez, ubicada a la vera del río Paraná unos kilómetros al norte del centro de Rosario.

Luego del cierre de la planta, en el predio habían quedado alrededor de mil bombonas de gas de cloro, una sustancia altamente tóxica que se usó en la Primera Guerra Mundial como arma química: Alemania tenía grandes cantidades de este gas y la empresa BASF había descubierto la forma de almacenarlo en tubos de metal que transportarían a los campos de batalla.

El cloro es un elemento químico que en condiciones normales y en estado puro forma dicloro: un gas tóxico amarillo-verdoso formado por moléculas unas 2,5 veces más pesado que el aire, de olor desagradable y tóxico. La exposición continuada a bajos niveles de cloro provoca irritación e inflamación de las vías respiratorias y aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar asma y bronquitis crónica. La intoxicación por inhalación de niveles elevados de cloro puede provocar lesión pulmonar aguda, dificultad respiratoria aguda y hasta en un 1 % de los casos la muerte. Por todo esto desde 2015 el Taller Ecologista le empezó a consultar a la a la ex Secretaría de Ambiente provincial qué pasaría con este pasivo ambiental. La Provincia no respondía casi nada. En la organización sabían dos cosas: que Taselli había puesto un sereno y que había gente que ingresaba por las barranas y retiraba cosas.

Las advertencias se evaporaron en el aire hasta que la noche del 6 de noviembre de 2016 tuvieron que evacuar a trabajadores de un sector de producción de Celulosa Argentina porque tenían dificultades para respirar. Taller Ecologista publicaba: ´El aire se había tornado ácido, les ardían los ojos, la garganta. Los sensores exteriores que dicha empresa tiene para medir la concentración de cloro en el aire confirmaron su presencia por encima de 2,5 partes por millón (ppm), siendo el límite de exposición profesional 0,1 ppm´. La ingeniera Bianco explicará cinco años después del hecho que aquel escape de gas tuvo que ver con las condiciones en las que se estaban desgasificando los tubos. “Era a cielo abierto, gente que no estaba capacitada usaba una bañera para sacar el gas cloro que tenían las bombonas”. La empresa Celulosa hizo la denuncia. Petroquímica Bermúdez, aun estando cerrada, sumaba otro antecedente de impacto ambiental. Cecilia no cree que haya sido la única vez que salió gas cloro; lo que supone es que ese día de 2016 influyó el viento. Lo cierto es que fue la gota que rebalsó el vaso, que valga el spoiler, seguiría rebalsando.

Durante el allanamiento de 2018. Foto: Juan José García para El Ciudadano

El 27 de marzo de 2017 el por entonces gobernador Miguel Lifschitz firmó un decreto por el cual le ordenaba a la Fiscalía de Estado iniciar todas las acciones necesarias para que la empresa se pusiera conforme a la legislación ambiental y no siguiera generando impactos. En ese momento se inició una causa civil y otra penal. Algunas de las leyes que la empresa estaba incumpliendo desde hacía años: la Ley General de Ambiente N° 25.675, la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051, la ley provincial Nº 11.717 y su decreto reglamentario de residuos peligrosos Nº 1.884. Además, hay convenios internacionales a los que Argentina suscribe como el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio para prevenir los impactos en la salud y el Convenio de Basilea sobre desechos peligrosos.

Riesgo continuo, delito permanente

Por orden de la fiscal Verónica Caini, el 13 de septiembre de 2018 la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de la Acusación allanaron el predio de la empresa. A ese allanamiento se refiere el fiscal Schiappa Pietra, al contar que cuando avanzaron con la investigación de fondo pudieron ver que el daño ambiental estaba plenamente acreditado. Del allanamiento donde se tomaron muestras de suelo, aire y agua también participaron representantes de la empresa. “Quien firma el informe que dice que el predio está contaminado es el químico que trabajaba para Taselli”. Por eso Schiappa Pietra habla del ocultamiento a la ciudadanía. “No sé si en Rosario la gente tiene claro que ese predio está totalmente contaminado con sustancias cancerígenas que ya pasaron por las napas freáticas. La fiscalía de Estado dijo que es el pasivo ambiental más grande que tiene Santa Fe”.

El suelo y el agua están contaminados con benceno, asbesto, tricloroetileno y mercurio, entre otras sustancias y compuestos orgánicos volátiles. Además del cloro elemental, en la empresa producían el insecticida Lindano o Gammexane, clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) como cancerígeno para humanos. Los pesticidas organoclorados, entre los que se encuentra el lindano, pueden clasificarse como disruptores endócrinos. Cecilia Bianco explica que los organoclorados no pueden estar a la intemperie porque entran en un circuito con la atmósfera y terminan impactando en otros lugares. Lo mismo ocurre con el mercurio. Desde el área Tóxicos de Taller Ecologista alertan que estas sustancias químicas ´son persistentes, neurotóxicas, algunas cancerígenas, y también se bioacumulan´. Bianco menciona que el viento hace volar las partículas del suelo y que cerca de la barranca hay gente que está viviendo en condiciones precarias. “Eso no debe estar ahí, hay que hacer una gestión racional de esos residuos”.

En los casos de contaminación ambiental, una vez que se conoce el estado de situación, es decir, qué hay en el terreno, se debe implementar un plan de remediación. Al tratarse de sustancias químicas, debe haber un tratamiento específico y muy estricto porque cada mal movimiento implica un daño latente en la salud, del ambiente y de los humanos. La planta había cerrado en 2013 y no tenía ningún mantenimiento. Florencia Sívori, abogada del Taller Ecologista, cuenta que fueron a la Provincia para ver el plan de remediación que la empresa se había comprometido a realizar. Consideraban que el plazo del plan fijado en 60 o 90 días era imposible de cumplir. También veían que en el expediente administrativo provincial no aumentaba el número de fojas, algo que debería pasar naturalmente si los empresarios iban cumpliendo lo pactado. Lo que pedían era lo que les faltaba: información. Pero Gustavo Luzzini, quien era fiscal de Estado adjunto, se opuso a que la organización tomase vista del expediente. “Cuando empezamos a insistir de pronto aparecen muchas cosas. Pero ya había pasado un montón de tiempo respecto de lo que decía el expediente judicial que harían en sede administrativa”, recupera Sívori.

Cuando en 2019 la Provincia fue a ver cómo se estaba desarrollando el plan de remediación, observaron que no cumplían con las medidas necesarias de seguridad e higiene. No permitieron que avanzaran en esas condiciones. Quedó todo detenido con la orden de no hacer ningún movimiento hasta que se ordenara la cosa. Pero a principios de 2020, cuando teóricamente no se estaba haciendo nada, nuevamente es la organización socioambiental la que detecta movimiento en el predio. “En enero denunciamos que había camiones moviendo material, estaban desmantelando la empresa”, recuerda Bianco, mientras agrega que la Provincia llegó inmediatamente y detuvo todo.

Petroquímica Bermúdez, aun estando cerrada, sumaba otro antecedente de impacto ambiental. Fue la gota que rebalsó el vaso, que valga el spoiler, seguiría rebalsando.

En ese momento empieza a visibilizarse un dato llamativo, un enigma aún sin resolución: de las 1.000 bombonas de gas cloro constatadas en el allanamiento de 2018 quedaban 200. “En 2020 terminaron desgasificando alrededor de 80 bombonas. No se sabe dónde están ni en qué condiciones se fueron las demás. Esperemos que si están enterradas al menos no tengan cloro”, dice Cecilia. Luis Schiappa Pietra es taxativo al respecto: “Esas ochocientas bombonas Taselli las relocalizó por fuera de la legislación de residuos peligrosos que prevé el estado nacional y el santafesino”. Lo que Taselli no hizo: contratar a un transportista habilitado, pedir permiso en la provincia, pagar impuestos, desgasificar las bombonas con el protocolo y los cuidados correspondientes, tener un auxilio inmediato del personal de salud al momento de desgasificar. Algo de lo que sí hizo Tasell: desgasificar las bombonas precariamente en una pileta tirando con una manguera y vaciando en soda cáustica. Las últimas bombonas, ya con todos los ojos encima, sí fueron hechas con los cuidados sanitarios necesarios. El fiscal Schiappa Pietra aclara que remediar el pasivo ambiental en el predio va a implicar un trabajo muy largo, caro y sofisticado. “Lo que van a hacer ahora es algo que deberían haber hecho hace casi diez años que es cuando ese predio dejó de funcionar: ponerlo en condiciones”.

El laberinto judicial

La Cámara Penal de Rosario aceptó el pedido de los fiscales Schiappa Pietra y Edery para reabrir la causa penal contra Petroquímica Bermúdez. Ahora los fiscales de Delitos Complejos están investigando el motivo por el cual en 2019 se ordenó la extinción de la causa. La principal sospecha es que el archivo fue pactado. El fiscal plantea una pregunta: ¿por qué estaban tan preocupados en cerrar un acuerdo así en sede penal? Dice que cuando vieron en detalle la resolución de Serjal observaron que no había ninguna razón que pudiera explicar cómo es que la fiscalía regional de Rosario dijo que no le interesaba este caso para tener que archivarlo. Cuando el juez Ledesma ordena archivar la causa por instrucción de Serjal, no invoca ninguna razón formal que esté prevista en la ley. Por eso los fiscales plantean que es necesario desarchivarla. “Como fiscales no podemos no decir que ese es un acto absolutamente ilegal y que debe ser anulado. Pero tampoco queremos que nos impida avanzar en la investigación”.

Por ahora, de los cinco implicados hay dos que quedaron formalmente imputados: el Fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini y el ex fiscal regional Patricio Serjal –detenido por la causa de juego clandestino donde es acusado de diseñar y ejecutar un plan para cobrar coimas-. Se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En contacto con Enredando, así lo explica el fiscal Schiappa Pietra: “Luzzini contraviniendo toda la orden del poder ejecutivo de avanzar con la investigación, en una audiencia dijo que estaba de acuerdo con que se archivara la causa. Y Serjal dando la instrucción por fuera de la legislación vigente”. Si bien aclara que hoy no se puede afirmar que se trata efectivamente de un caso de corrupción, no descartan ninguna hipótesis y menos esa “porque no hay ninguna razón para que funcionarios públicos hayan actuado como actuaron”. Recuerda que Serjal está imputado en otros casos de corrupción y que el estudio que defendía a Taselli es de un grupo de personas que tenía vínculo con Serjal.

Respecto de los Taselli y de Gallegos, el juez aclaró que antes de imputarlos va a abrir un trámite procesal para discutir si es nula o no la resolución del juez Juan José Tutau que archivó la investigación amparando a los empresarios. Schiappa Pietra no tiene duda sobre la nulidad de esa resolución. Por eso piensa que sería “un bochorno nacional” si se resuelve otra cosa. “Si un juez acepta que un fiscal pueda ordenarle a otro que se archive un caso en esta causa, sería muy desasosegante para los que pensamos que el derecho puede servir para algo”.

Foto: Taller Ecologista

Uno de los motivos por los cuales el fiscal Schiappa Pietra cree necesario anular la resolución en la que se aplicó el criterio de oportunidad, es por la garantía constitucional de non bis in ídem que existe cuando se extingue una acción penal. Esa garantía implica que no se puede perseguir a una persona dos veces por el mismo hecho. De este punto se agarra la defensa de los imputados alegando que si la causa se archivó porque se extinguió la acción penal no puede volver a investigarse. Frente a esto, los fiscales responden que están volviendo a investigar la causa porque están investigando a Luzzini y a Serjal por las malas maniobras que adoptaron como funcionarios públicos. Pero además agregan que el non bis in idem no tendría aplicación en este caso porque la resolución de Tutau no identificó quiénes eran las personas que estaban siendo investigadas ni cuál era la materia de esa investigación.  “Quien detenta la propiedad del predio es una persona jurídica y en la resolución ni siquiera se dejó en claro quiénes eran los representantes que debían responder por esa persona jurídica. No se identificó nada. Entonces es muy difícil delimitar el objeto del non bis in ídem”, describe Schiappa Pietra.

Luego del cierre de la planta, en el predio habían quedado alrededor de mil bombonas de gas de cloro, una sustancia altamente tóxica que se usó en la Primera Guerra Mundial como arma química.

El fiscal se refiere al objetivo de la defensa de seguir ganando tiempo. Estima que puede pasar un año hasta que el juez decida si estaba bien o mal la decisión de archivar la causa. “Debería ser una decisión que el juez tome de arranque. Después que el Estado les de todo el derecho de defenderse y aportar pruebas. Pero acá ni siquiera estamos pudiendo empezar”.

La causa civil sigue su curso, no se llegaron a acuerdos y las multas tampoco se hicieron efectivas todavía. Schiappa Pietra hace hincapié en la necesidad de definir como Estado el tipo de conflictos a encarar en los sistemas penales. “Es ejemplificativo de para qué tenemos el sistema penal”, dice. Por otro lado, describe el papel que viene teniendo el Taller Ecologista en el conflicto. “Han sido muy importantes porque pusieron de manifiesto lo que estaba pasando, tienen mucho conocimiento del lugar. Que Taller Ecologista tenga inserción en esto nos parece fundamental. Ojalá puedan constituirse como querellantes”. Repara en que la organización viene poniendo en evidencia un aspecto fundamental del tema: las víctimas. Dice que en este tipo de delitos a veces las víctimas son difusas y que eso puede dar la idea de que no las hay. Sin embargo, contrario a esa idea están investigando los efectos en la salud de las personas que viven en la zona lindera a la empresa. “Pero no solamente ellos son las víctimas sino también la comunidad de Bermúdez y del cordón industrial”.

Desde Taller Ecologista pidieron ser parte como terceros en el proceso administrativo pero todavía el juez no respondió el pedido. Cecilia Bianco señala que desde 2019 están pidiendo ser parte en la causa civil. “Si nosotros entramos en ese expediente vamos a tener más información”. La abogada Sívori resalta la importancia de poder participar: “Para representar los derechos colectivos de la gente por el derecho al ambiente es fundamental que el juez pueda tener la visión de un tercero. Sobre todo, después del marco de irregularidad que tuvo el proceso”. Con respecto a la causa penal, adelanta que están analizando en qué figura podría participar el Taller si logran imputar a los responsables del delito ambiental.

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