Las cifras de transfemicidios duplican las del 2025. En Santa Fe, se registraron 32 crímenes por razones de género en este año, y 13 en Rosario. Tres de ellos en un lapso de apenas quince días. La Asamblea Lesbotransfeminista y la Coordi Orgullo convocaron a una marcha para exigir políticas urgentes, que fue encabezada por familiares de víctimas. La precarización en las condiciones de vida, el desmantelamiento de programas de prevención, el desfinanciamiento de las políticas en género y salud mental y el recrudecimiento de los discursos transodiantes se materializan en la forma más extrema de la violencia machista. Las que acompañan: las organizaciones de mujeres y LGBTQ+ que sin recursos, sostienen la vida en plena emergencia.
Fotos: Fer Der Meguerditchian
Son cerca de las siete y media de la tarde y los abrazos son largos y apretados. Una familia se despide después de caminar las cuadras que separan la Municipalidad de la sede de Gobernación y encabezar una de las marchas más tristes que pueda recordarse en Rosario. ¿Cómo sigue la vida después de un femicidio? ¿Qué respuestas tiene el Estado para esos familiares, para esos hijos e hijas que, con nada, afrontan una causa judicial y recorren una ruta crítica plagada de dolor? ¿Cuáles son las miradas que contienen, las palabras que alivian, los brazos que sostienen?
La mamá de Débora no tiene consuelo. Su nieta la agarra fuerte de una de sus manos y así camina durante toda la movilización, con la mirada lagrimosa, en silencio, rodeada de cinco nietos que llevan en sus remeras el pedido de justicia por su mamá. Son 153 niños y niñas huérfanos por femicidio en lo que va del año según datos del Observatorio Lucía Perez que se encarga de gestionar un padrón diario de la violencia machista estructural. La única política estatal para esas infancias es la ley Brisa, tan burocrática como los resortes de un Estado cada vez más ausente y más hostil. “A partir de la asunción de Javier Milei y durante parte de 2024 prácticamente no se otorgaron nuevas altas. Las organizaciones y familiares de víctimas de femicidio denuncian las “enormes demoras” y las “muchísimas trabas” que deben sortear, y en muchos casos, sin obtener respuestas” denuncia la muy buena nota publicada en Revista Mu que da cuenta de las enormes dificultades que enfrentan las familias a la hora de acceder a la reparación económica contemplada en dicha ley.
Débora Bordón tenía 31 años cuando fue asesinada el 4 de agosto en el departamento de un edificio de barrio Luis Agote. A Axel Mendoza, de 23 años, lo imputaron por el delito de homicidio calificado por mediar violencia de género. Para la Fiscalía, “el ataque se produjo aprovechando la situación de vulnerabilidad de la víctima por ejercer el trabajo sexual y en un ámbito de intimidad donde no podía recibir auxilio”. En la imputación se sostiene “que el acusado actuó con una situación de predominio físico y ejerció un acto de dominación, cosificación y violencia machista sobre la mujer”. Fue el Sindicato de Mujeres Meretrices de Rosario el que aclaró, a pocas horas de ocurrido el hecho, que Débora había acudido a realizar un servicio a domicilio y reclamó justicia por su crimen, además de denunciar la precariedad y los riesgos a los que la clandestinidad las expone.
“Vamos a seguir luchando por nuestras hijas, aunque ellas no estén, pero estamos nosotras” dice Claudia, la mamá de Débora ante a una multitud que la observa, la escucha, la abraza. La acompañan la mamá de Lara Valentina y Yadira, una joven de 19 años que se encuentra desaparecida. Todas encabezaron -junto a otros familiares- la masiva marcha por la emergencia en violencia de género que fue organizada por la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario y la Coordi Orgullo. “A mi hija me la mató un inconsciente, me dejó con 5 nietos y hoy estoy acá pidiendo justicia. Antes veía por televisión y decía, “pobres esas madres” y hoy me tocó a mí venir y seguir luchando por mis hijas y mis nietas” exclama Claudia con la voz quebrada.
Dieciseis días antes, el 19 de julio, Lara Valentina Caraballo era asesinada de un disparo en el mentón, en la casa de su pareja ubicada en barrio Ludueña. Su novio, Axel A, fue imputado como autor de homicidio calificado, pero en este caso la fiscalía descartó, al menos por el momento, la figura de femicidio por no “haberse constatado un contexto previo de violencia de género”. Valeria es la mamá de Lara Valentina y hoy teme que el acusado quede en libertad tras un pedido de la defensa. “No solo la mató, sino que hizo desaparecer el arma, yo solo quiero justicia por mi hija, nada más” atina a decir durante el acto.
María Cristina es la hermana de Jésica, víctima de femicidio en abril del año 2018. Tenía 28 años y era mamá de tres hijos. Hoy es su hermana la que camina junto a otras familias exigiendo la sentencia firme para el femicida Juan Manuel Saucedo, condenado en el 2020 a la pena de prisión perpetua. “Estamos luchando por la quita de la responsabilidad parental” le dice a enREDando mientras se acomoda en las escalinatas de la Gobernación justo detrás de la extensísima e impactante bandera que registra los nombres de las 3000 víctimas de femicidios y transfemicidios en los últimos diez años. “Nuestra lucha es día a día”, y lo que para el Estado es un número, para nosotros es una vida. Es todo”, dice.
La búsqueda de justicia nunca es en soledad. Por eso, la familia de Jésica —que integra la agrupación Atravesados por el Femicidio— valora el acompañamiento tan necesario de las organizaciones de mujeres. “Sin ellas sería imposible, fueron las que nos acompañaron, las que estuvieron siempre para nosotros. He aprendido un montón de cosas y ahora acompañamos a los familiares”. Cuando ocurrió el femicidio, los hijos de Jésica tenían 12 y 10 años; hoy, 20 y 18. La más pequeña, Joselin, tenía 2 y estaba a upa de su mamá cuando su pareja la apuñaló luego de asistir a un cumpleaños de 15, en el barrio 7 de Septiembre. Ahora ya tiene 10.
Los tres hijos de Jésica crecieron junto a su abuela y lograron acceder a la reparación económica que otorga la Ley Brisa. Pero nada es fácil, admite Cristina, y vuelve a destacar la presencia de las organizaciones que conocen de cerca cada historia, cada situación, cada hecho.
Las compañeras del movimiento travesti-trans de Rosario llevan en lo alto el cartel que exige justicia por Gaby Banach. La activista travesti fue asesinada a golpes en su departamento del barrio La Sexta de Rosario. Tenía 47 años y se había destacado por ser una promotora de los derechos humanos para la población LGTBIQ+. Quince días después el fiscal Rodrigo Urruticoechea imputó a Juan Gabriel A. de 24 años por transfemicidio calificado por haber sido perpetrado por un hombre contra su pareja, por haber mediado violencia de género y por odio de género.
De inmediato, la respuesta frente al travesticidio de Gaby fue juntarse. Abrazarse, llorar, duelar y reclamar colectivamente. Así fue como se realizó una conmovedora concentración en Plaza San Martín para exigir justicia y denunciar la ausencia de políticas públicas para la población LGBTIQ porque “la falta de políticas públicas nos mata, por eso yo les pido que transformemos esta bronca en furia travesti y reclamemos, unidas, todo lo que tenemos que reclamar” gritaba en ese acto, con rabia y dolor, la poeta Morena García. “La precarización laboral, la precarización habitacional, la gran problemática de consumo que estamos atravesando como población travesti – trans esta llevándose la vida de las compañeras. El hambre, el trabajo, el consumo y nadie esta haciendo nada. El Estado es responsable”, marcaba otra de las activistas.
Entre el femicidio de Débora, 4 de agosto, y el travesticidio de Gaby, 10 de agosto, hubo solo seis días de diferencia. Pero apenas 9 días después, Rosario amanecía otra vez conmocionada. Un nuevo femicidio en la ciudad. En un lugar público, a plena luz del día. Carina Candelas de 57 años estaba trabajando en la farmacia ubicada en Dorrego y Zeballos cuando, pasadas las nueve y media de la mañana, su ex marido ingresó al local, se dirigió hasta el sector de depósito donde se encontraba y la apuñaló en múltiples oportunidades provocándole heridas fatales. Martín Banchero huyó del lugar mientras empleadas y clientes intentaban asistir a Candela. Minutos después fue detenido en barrio La Sexta e imputado, el 26 de agosto, por el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido contra la persona con quien había mantenido una relación de pareja, por haberlo cometido con alevosía, por realizarse contra una mujer y por mediar violencia de género en grado consumado.
“La precarización laboral, la precarización habitacional, la gran problemática de consumo que estamos atravesando como población travesti – trans esta llevándose la vida de las compañeras. El hambre, el trabajo, el consumo y nadie esta haciendo nada.
El de Carina Candelas fue el tercer femicidio en solo 15 días en Rosario y el cuarto en la provincia de Santa Fe. Es que en la marcha también estaban los carteles que recordaban a Lucrecia Zarmati de 56 años, asesinada por su ex marido en la localidad santafesina de Piamonte, a 196 kilómetros de Rosario, el pasado 7 de agosto, tres días después del crimen de Débora. Ricardo Ellena -que tenía una restricción perimetral- primero la atropelló y luego la atacó con un cuchillo. Lucrecia era asistente escolar, tenía 3 hijos y estaba siendo acompañada por el gremio de ATE que también se manifestó públicamente. “Lucrecia fue una trabajadora comprometida y una militante sindical incansable. Durante años ejerció la representación de sus compañeras y compañeros, defendiendo los derechos laborales y participando activamente de cada lucha gremial. Lucrecia había realizado denuncias previas por situaciones de violencia de género y, desde nuestra organización sindical, recibió acompañamiento e intervención institucional a través de sus referentes y delegadas”.
La agresión a Alison, 18 años y estudiante de abogacía, sucedió 24 horas después del femicidio de Carina. La joven aún lucha por su vida en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez luego de que su novio la atacara con un arma blanca en su departamento de calle Paraguay al 1700, ocasionándole heridas de gravedad. El Observatorio Lucía Perez registra al menos 152 tentativas de femicidios durante el 2026.
Todas son cifras que reflejan la emergencia de nuestras existencias y desnudan el impacto brutal del desmantelamiento de las políticas de prevención de la violencia machista. Es que la justicia llega, a veces tarde, a veces de manera ineficaz, cuando el hecho ocurrió o cuando existe una denuncia previa. Ahora ¿cuántas mujeres deciden denunciar a su agresor? En Argentina, 1 de cada 2 mujeres afirma haber sufrido violencia por parte de una pareja alguna vez, pero solo 1 de cada 4 denuncia. ¿Qué mecanismos de protección, acompañamiento y patrocinio existen para quienes afrontan ese proceso? ¿Qué herramientas brinda el Estado para asistir a aquellas víctimas que además no cuentan con autonomía económica? En un contexto de retroceso de derechos y recrudecimiento de discurso transodiantes, lo poco que aún funciona ya no alcanza.
Romina Marucco, integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista, sintetiza los pedidos más urgentes al Estado. “Queremos que nos digan cuál es el presupuesto que destinan, que desglosen cada uno de los recursos. Qué programas hay, qué impacto tienen, cuáles son las trabajadoras que están en los territorios y cuáles son los dispositivos. Hay una tiniebla en relación a eso, no tenemos claro cuál es el acceso. Por eso queremos que desglosen el presupuesto y queremos saber cuál es el impacto que tienen en la vida de las mujeres y las identidades sexogenéricas, a corto, mediano y largo plazo. También pedimos que se implemente el programa Acompañar que era una política de Nación y que era muy bueno porque articulaba los tres niveles del Estado”.
Queremos que nos digan cuál es el presupuesto que destinan, que desglosen cada uno de los recursos. Qué programas hay, qué impacto tienen, cuáles son las trabajadoras que están en los territorios y cuáles son los dispositivos. Hay una tiniebla en relación a eso, no tenemos claro cuál es el acceso.
Romina hace referencia al programa Acompañar que establecía una ayuda económica y acompañamiento para personas en situación de violencia de género, desmantelado por el gobierno nacional. La ex Subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género en Nación durante la gestión de Alberto Fernández, Laurana Malacalza, seis meses después de que Javier Milei asumiera la presidencia alertaba, en diálogo con enREDando, el impacto brutal de esta medida: “Se firmaron más de ochocientos convenios con municipios para implementar el Programa Acompañar. Se conformaron cerca de 60 equipos distribuidos en todo el país del programa Acercar Derechos para acompañar de manera integral, hubo políticas de fortalecimiento a través de distintos programas para el trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias, -que estábamos convencidas que son quienes tejen la trama, protegen y acompañan a personas en situación de violencia de género-. Todo eso se desmantela no solo con la desjerarquización sino también con la inexistencia de un organismo rector de esas políticas públicas. Las víctimas quedan a la deriva”, decía y anticipaba un escenario que hoy resulta necesario repensar en clave local: “Los municipios deberán hacer un enorme esfuerzo para garantizar estas políticas públicas, en un contexto de profundización de la crisis social y económica y un contexto, además en el que, desde el gobierno nacional, desde el presidente, su gabinete, y todos quienes integran esta coalición gubernamental establecen la legitimación de la violencia como modo de resolver la legitimidad social y como una forma de hacer política”.
Hacía allí apunta el movimiento feminista en Rosario: “Necesitamos que el Ejecutivo provincial y el municipal diseñen un programa Acompañar, porque con este programa había un seguimiento con equipos interdisciplinarios y acompañamiento económico a largo plazo. También pedimos consejerías y consultorías en los barrios. Y queremos saber qué pasa con el presupuesto a las organizaciones que acompañan, que en su momento eran las Promotoras territoriales de género que son referentas claves en los barrios”.
Desde la Asamblea esperan ser convocadas a una mesa de trabajo. Promesas que hasta el momento no se han concretado. “Creemos que es necesario declarar la emergencia a nivel legislativo y reunirnos con el Ejecutivo para pensar en políticas. Todos los programas que hemos tenido siempre han sido pensados desde nosotras para nosotras, siempre los feminismos y las disidencias sexogenéricas han empujado las políticas públicas, y queremos que nos escuchen, somos nosotras las que sabemos lo que pasa en un territorio, porque levantamos el teléfono las 24 horas, entonces sabemos que dificultades y qué barreras existen para que las mujeres puedan llegar a determinados lugares”.
Cuando decimos que nuestras vidas están en emergencia lo que queremos denunciar es que nuestras vidas no les importan y el Estado es responsable
Romina no solo destaca como factor del incremento de la violencia machista, el ataque sistemático del gobierno nacional contra los cuerpos de mujeres y disidencias, sino que habla de un fenómeno “multicausal” que requiere de abordajes transdisciplinares. Y cierra: “Si este gobierno provincial y municipal se quiere diferenciar de los discursos odiantes del presidente, tiene que poder recibir a los transfeminismos para poder pensar conjuntamente y eso no esta sucediendo. Y eso se refleja en los números históricos que tenemos. Yo creo que la violencia se expresa materialmente y estas cifras relejan el desmantelamiento de las políticas públicas. Nosotras escuchamos todos los lunes situaciones de personas que se acercan a la Asamblea a pedir auxilio, ayuda, cómo llevar adelante determinadas situaciones. Se acercan los familiares desesperados con necesidad de hablar de lo que les pasó y en pleno duelo. En el documento expresamos nuestra bronca y nuestro dolor. Cuando decimos que nuestras vidas están en emergencia lo que queremos denunciar es que nuestras vidas no les importan y el Estado es responsable y no pueden hablar como si fueran una ONG, tienen la obligación de actuar”.
Si vivís situaciones de violencia de género o conocés alguien que las esté viviendo, llamá al 0800 444 0420, todos los días, las 24 hs. Si no podés hablar, escribí al whatsapp 3415781509. Por emergencias, llamá al 911.
