Cuando el fuego habla

Los incendios forestales y de interfaz además de arrasar territorios, hogares y animales también activan relatos. Relatos que explican y jerarquizan sufrimientos al tiempo que legitiman intervenciones estatales. Esta nota se pregunta por la manera en que los discursos oficiales y mediáticos producen sentido común en torno al fuego en la Patagonia, reeditando viejas narrativas coloniales y la despolitización de decisiones históricas sobre el territorio.

Por Agustina Espinoza / Fotos: Ariel Rojo, vecino de Mallín Ahogado, El Bolsón e integrante de Brigada Andina (autoconvocada)

El incendio forestal que comenzó el lunes 5 de enero del 2026 camino a Puerto Patriada –único acceso terrestre al área– a orillas del lago Epuyén, en la localidad de El Hoyo (Chubut) no puede leerse solo como un evento ambiental ni como una catástrofe “natural”. Es, sobre todo, un hecho social total, donde se condensan conflictos históricos, decisiones políticas acumuladas, desigualdades estructurales y memorias silenciadas. Este incendio no afecta a un territorio aislado, sino a un espacio regional más amplio: la Comarca Andina del Paralelo 42 (CA42), un corredor biológico, sociocultural y económico que traspasa límites administrativos y jurídicos articulando localidades de Chubut y Río Negro. En esa superposición de escalas el fuego pone en tensión formas de gestión, responsabilidades estatales y modos divergentes de narrar lo que está en juego.

El fuego se expandió con rapidez y en múltiples direcciones. Avanzó por la ladera norte del cerro Pirque, afectando el paraje Rincón de Lobos en El Hoyo, y por la ladera sur, sobre bosque nativo protegido y viviendas ubicadas frente al Parque Municipal Puerto Bonito, en Epuyén. Con el correr de los días, el incendio cruzó la cumbre y descendió por el Pedregoso –tanto del lado de El Hoyo como de Epuyén– atravesó la Ruta 40 a la altura de La Balconada y continuó su avance hacia El Coihue, camino a El Maitén. Otros frentes bordearon el cerro hasta alcanzar el río Epuyén y zonas como Langostura, mientras un nuevo frente avanzó por el cerro Derrumbe hacia Laguna Los Alerces, bordeando el lago y manteniéndose activo incluso después de las lluvias recientes. Según la información oficial del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el incendio afectó unas 11.970 hectáreas de matorral, bosque implantado y bosque nativo, con al menos 34 viviendas quemadas y múltiples familias evacuadas entre El Hoyo, Epuyén y parajes rurales. Con un operativo, que llegó a desplegar cerca de 660 personas y medios aéreos en zonas de difícil acceso, el evento confirma la magnitud del desastre y rompe con la idea de un foco menor o excepcional.

Esta descripción no busca reconstruir una cronología exhaustiva, sino situar lo ocurrido en su dimensión territorial e histórico. Al daño material y ambiental, se suman un conjunto de discursos que buscan explicarlo, controlarlo y dotarlo de sentido. Esta nota parte de esta premisa: el fuego quema bosques y viviendas, pero también activa relatos, y en ellos se juegan relaciones de poder, memorias coloniales y futuros posibles para la Norpatagonia.

Hablemos del pasivo histórico

No es casual. Para entender por qué el fuego adquiere en la CA42 una velocidad y una intensidad difíciles de controlar, es necesario detenerse en el tipo de territorio sobre el que avanza. No alcanza con mirar las condiciones climáticas del momento, sino que hay que observar qué fue plantado, promovido y abandonado en estas tierras durante décadas.

En este marco, las plantaciones de pino ocupan un lugar central. Hoy funcionan como combustible y no surgieron de manera espontánea ni reciente. En el noroeste del Chubut, la forestación con especies exóticas comenzó a mediados de los sesenta como política pública explícita, orientada a reemplazar el bosque nativo por coníferas de rápido crecimiento con fines industriales. A través de concesiones estatales, como la otorgada en 1972 a la empresa Maderera del Noroeste del Chubut (Manosa), se habilitó el aprovechamiento y la forestación de aproximadamente 40.000 hectáreas, concentradas especialmente en las zonas hoy afectadas por incendios, algo que también se viene repitiendo en los últimos años: 2011, 2012, 2015, 2020, 2021 y 2025, alcanzando su punto culminante en el desastre reciente del 5 de enero de 2026. El fracaso del modelo –marcado por incumplimientos, abandono del manejo forestal, conflictos de tenencia y ausencia de silvicultura preventiva– fue reconocido por el propio Estado en sucesivas resoluciones que advertían sobre el incremento del riesgo de incendios en estas tierras y estos últimos no hacen más que volver visible este pasivo histórico.

Tal cual lo expresaba el colectivo Aguayala en una nota publicada en Revista Cítrica se suma una característica clave para comprender la dinámica del fuego: los pinares implantados funcionan como verdaderos amplificadores de los incendios. Se trata de especies pirrófitas, altamente inflamables que, al ser abandonadas sin manejo, acumulan grandes volúmenes de material combustible. Trabajos del INIBIOMA (CONICET–UNComahue) muestran que, tras un incendio, la regeneración de pinos se multiplica de manera explosiva: en plantaciones de mil ejemplares por hectárea llegaron a brotar más de 21.000 renovales luego del fuego. Este ciclo –incendio, regeneración masiva, mayor carga combustible– prepara las condiciones para eventos cada vez más intensos y difíciles de controlar.

Según el biólogo Javier Grosfeld, se advertía en el Plan de Manejo Estratégico de la Reserva Provincial Lago Epuyén del año 1999 que el área había sido sometida a fuertes disturbios de origen antrópico: aumento de la frecuencia de incendios, introducción de especies exóticas y pérdida de las masas forestales que justificaron la creación de la reserva. A su vez, este Plan señala que la regeneración natural de especies exóticas, sin un plan serio de eliminación de renovales, modificaría de manera profunda la dinámica y la estructura de estos bosques en las décadas siguientes. Veinticinco años después, en palabras de Grosfeld, esa advertencia resuena como una profecía autocumplida.

Los pinares implantados funcionan como verdaderos amplificadores de los incendios. Se trata de especies pirrófitas, altamente inflamables que, al ser abandonadas sin manejo, acumulan grandes volúmenes de material combustible. Trabajos del INIBIOMA (CONICET–UNComahue) muestran que, tras un incendio, la regeneración de pinos se multiplica de manera explosiva

Lejos de responder a un proyecto integral, el territorio aparece como resultado de capas desarticuladas de intervención. Estas capas no dialogan entre sí; se acumulan.

En el libro “Tierras secuenciadas. Cordillera Persistente” diversos autores señalan que la construcción socio-territorial de la Patagonia Andina se da mediante un proceso histórico de incorporación al capitalismo, concibiendo al territorio prioritariamente como recurso productivo a transformar. Desde las primeras ocupaciones se consolidó un patrón extractivo basado en la ganadería y la explotación forestal. Esto implicó desmonte de bosque nativo, desplazamiento de poblaciones originarias y subordinación de otros modos de habitar. El paisaje lejos de pensarse como valor en sí mismo, fue un soporte de actividades orientadas a la rentabilidad y la exportación de recursos naturales.

El avance del fuego se inscribe, además, en un territorio atravesado por una profunda desigualdad en la tenencia de la tierra. Según Daniel Norberto Blanco, historiador regional, en los departamentos cordilleranos del Chubut, donde se concentra cerca de un millón de hectáreas de bosque nativo, distintos relevamientos muestran que apenas un 3% de los productores controla alrededor del 40% de la superficie, mientras que el 70% accede sólo al 10%. En ese marco, el incendio se produce allí donde la tierra, el bosque y el agua están desigualmente apropiados y donde los conflictos preexistentes tienden a ser leídos como problemas de orden y seguridad.

Aquí se juega una pregunta de fondo que atraviesa todo este ensayo: ¿qué significa planificar un territorio que arde todos los veranos sin volver a interrogar las condiciones que lo hacen arder?

En los departamentos cordilleranos del Chubut, donde se concentra cerca de un millón de hectáreas de bosque nativo, distintos relevamientos muestran que apenas un 3% de los productores controla alrededor del 40% de la superficie, mientras que el 70% accede sólo al 10%. En ese marco, el incendio se produce allí donde la tierra, el bosque y el agua están desigualmente apropiados

La trama política: ajuste, vaciamiento y fuego

Mientras los incendios forestales vuelven a avanzar, el Estado nacional profundiza un proceso sostenido de desfinanciamiento de las políticas de prevención y manejo del fuego. En 2025, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego dejó sin ejecutar el 25% de su presupuesto y para 2026 se proyecta una caída real superior al 70% en los fondos destinados al combate y la prevención de incendios. Este ajuste impacta directamente en capacidades clave: menos brigadistas, reducción de horas de vuelo, debilitamiento de los sistemas de alerta temprana y abandono de tareas preventivas, en un contexto de crisis climática, sequías prolongadas y temporadas de fuego cada vez más extensas y severas. Las y los brigadistas, tanto del sistema nacional como de Parques Nacionales, vienen denunciando despidos, contratos precarios, salarios por debajo de la canasta básica y una dotación muy inferior al mínimo necesario, advirtiendo que el sistema de respuesta se encuentra al límite.

A este escenario se suma el vaciamiento del marco institucional y normativo: la disolución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, la ausencia de delitos ambientales en el Código Penal y los intentos oficiales por derogar la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Tierras. Estas normas limitan los cambios de uso del suelo tras los incendios y regulan la concentración y extranjerización de territorios estratégicos, especialmente en zonas de bosques nativos y agua dulce.

Mientras el fuego avanza, también lo hacen los discursos. Y no todos avanzan en la misma dirección.

Una multiplicidad de relatos intenta estabilizar el sentido del desastre, delimitar responsabilidades y producir certezas. En este escenario, hablar del incendio es también hacer política. Las palabras actúan mientras el fuego arde. Nombrar, señalar, acusar, tranquilizar o alarmar no es neutral. Los discursos producen realidades, crean sujetos, habilitan prácticas y clausuran otras. El sentido común se fabrica en esa repetición de palabras, imágenes y explicaciones que, al circular, moldean formas de ver, de sentir y de actuar.

Los medios de comunicación juegan un rol central en esta disputa. Cuando los noticieros hablan de “bosque virgen” mientras muestran extensas plantaciones de pinos, invisibilizan décadas de políticas forestales impulsadas, en muchos casos, durante la dictadura cívico-militar. Esta operación no solo desinforma: naturaliza un modelo extractivo y borra las causas estructurales que convierten al territorio en un polvorín. El incendio aparece así como una tragedia inexplicable o inevitable, desligada de decisiones políticas concretas que modelaron el paisaje y sus riesgos. Los retratos del fuego, repetidas una y otra vez, producen una imagen del desastre que emociona, conmueve y alarma, pero rara vez contextualiza. En ese marco, el sentido común se alimenta de escenas espectaculares más que de explicaciones históricas o estructurales.

Cuando los noticieros hablan de “bosque virgen” mientras muestran extensas plantaciones de pinos, invisibilizan décadas de políticas forestales impulsadas, en muchos casos, durante la dictadura cívico-militar. Esta operación no solo desinforma: naturaliza un modelo extractivo y borra las causas estructurales que convierten al territorio en un polvorín.

Por esto, el incendio se vuelve también un escenario de disputa simbólica. No todas las imágenes y no todos los discursos pesan lo mismo ni tienen los mismos efectos: algunos se imponen como verdad, otros quedan relegados al margen.

Lo que sigue se propone recorrer esas voces para observar cómo, en nombre de explicar el fuego, se ordenan miedos y se construyen culpables.

La reactivación del “enemigo interno”

“Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”, posteó en la red social X la cuenta del Ministerio de Seguridad Nacional, el pasado 11 de enero.

El gobierno provincial y nacional que hace eco del discurso oficial reactualizan una narrativa conocida en la historia argentina: la figura del enemigo interno. La apelación a “terroristas mapuches” no es nueva y mucho menos inocente. Forma parte del repertorio discursivo profundamente colonial, anclado en los nacionalismos latinoamericanos y en los procesos de construcción del Estado-nación, que históricamente justificaron el corrimiento territorial, la persecución y el genocidio de los pueblos originarios en la Patagonia. La ciencia social y la historia documentan con claridad estos procesos, aunque el discurso dominante los simplifique o los niegue. Ese encubrimiento reduce la complejidad del conflicto territorial y ambiental a una explicación monocausal, donde incendio es igual a amenaza externa, identificable y racializada.

Los hechos, no obstante, muestran otra cosa. En declaraciones de comunidades mapuche del Puel Mapu afirman que los primeros territorios en incendiarse suelen ser los propios; que los allanamientos y la violencia institucional recaen con especial crudeza sobre ancianos, ancianas y referentes comunitarios; que en causas anteriores no se encontraron pruebas, pero sí se produjeron daños irreparables.

La figura del enemigo interno no explica el incendio. Estigmatiza a las comunidades indígenas y desplaza el foco: hay falta de inversión estructural en prevención, un fuerte deterioro de los sistemas de manejo del fuego, decisiones políticas de largo plazo y falta de responsabilidades estatales. Nombrar un culpable externo naturaliza la violencia institucional y habilita prácticas de persecución y criminalización que encuentran legitimidad en el sentido común.

La reactivación del “enemigo interno” es la actualización de un dispositivo histórico de gobierno que, en la Patagonia, ha operado de manera persistente desde fines del siglo XIX. Investigadores del CONICET con sede en Patagonia Norte, muestran con claridad cómo los procesos de construcción estatal en la región se apoyaron en narrativas que produjeron a los pueblos originarios como amenaza, extranjería o residuo del pasado, aun cuando sus memorias insisten en señalar una presencia anterior, continua y constitutiva del territorio. En esas investigaciones, el “awkan” –nombrado en las memorias mapuche-tehuelche como invasión, guerra o malón de los winka– no aparece como un episodio cerrado del pasado, sino como una experiencia social transmitida intergeneracionalmente, que articula despojo territorial, violencia estatal, desplazamientos forzados y estrategias de supervivencia. Los discursos hegemónicos sobre la Patagonia –desde la Conquista del Desierto hasta el presente– han tendido a borrar estas memorias, imponiendo un régimen de verdad que presenta la violencia estatal como fundacional, necesaria o civilizatoria. La figura del “terrorista” funciona así como una categoría flexible, capaz de adaptarse a distintos contextos históricos, pero siempre eficaz para legitimar intervenciones de excepción, militarización del territorio y suspensión de derechos.

La figura del enemigo interno no explica el incendio. Estigmatiza a las comunidades indígenas y desplaza el foco: hay falta de inversión estructural en prevención, un fuerte deterioro de los sistemas de manejo del fuego, decisiones políticas de largo plazo y falta de responsabilidades estatales.

Hechos y sospechas

A esta trama discursiva se suman una serie de hechos que circulan sin explicación clara y que contribuyen a un clima social de miedo e incertidumbre. Durante el sábado posterior al inicio del incendio, se registraron dos focos en el aeródromo de El Bolsón. Ese mismo día, medios locales informaron la vandalización del tanque común de agua de la comuna de El Foyel, localizada sobre la ruta nacional 40 entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche, Río Negro. Son acontecimientos inquietantes que afectan infraestructuras sensibles y que, sin embargo, no encuentran una comunicación institucional clara ni sostenida. Silencio.

No obstante, a una semana de iniciado el incendio, se profundiza una persecución activa. Allanamiento en la comunidad mapuche Lorenzo Pulgar Huentuquidel. Secuestro de teléfonos celulares e incomunicación de sus integrantes que se presentan como “avances preliminares” de una investigación aún sin conclusiones.

En conferencias de prensa encabezadas por el fiscal interviniente y autoridades policiales, se informó que se investiga a una mujer oriunda de Buenos Aires como presunta responsable del incendio, a partir de testimonios de identidad reservada. Según estos relatos, la mujer habría mantenido conflictos previos por tierras con integrantes de la comunidad e incluso habría intentado ser reconocida como parte de ella, lo que derivó en disputas judiciales.

El 12 de enero, el noticiero A24 le realiza una entrevista a Rocío, quien es la mujer investigada. No obstante, las preguntas y el tiempo de aire no se orientan a esclarecer los hechos ni a contextualizar el conflicto territorial en el que se inscribe la causa. Por el contrario, las preguntas insisten una y otra vez en desestabilizar su posición: si retiraron pertenencias antes del incendio, qué estaba haciendo en el momento que comienza el siniestro, en qué momento llegó a la comunidad, hace cuánto tiempo que vivía allí, si había problemas en la familia y si algunos de esos problemas podrían ser la base de una disputa territorial, si la ocupación del terreno es “legal”, si la comunidad es “realmente” una comunidad, si cuenta con reconocimiento estatal, en qué año fue reconocida, si su pertenencia tiene validez administrativa, si sabe por qué está siendo acusada, entre otras preguntas. Rocío es clara: “Estoy en la comunidad hace tres años, pero no necesito que nadie me dé un papel, la comunidad es quienes somos, de donde venimos, de nuestros abuelos, no tiene nada que ver donde hayamos nacido”. Además, aclara: “problemas tenemos todas las familias, pero no por eso vamos a incendiar su lugar”.

Antes las preguntas insistentes de qué tipo de problemas, agrega y aclara: “Son problemas interpersonales, hace meses vengo con bosques y brigadas pidiendo un tanque australiano, en bosques me dijeron que no, pedí también que me autoricen para tirar pinos, limpiar la zona, tampoco me dejaron. De ahí empiezan los conflictos, yo acá no tengo agua, es un mallín que trae agua debajo de la tierra, es un pozo que viene de abajo, no tengo vertiente, necesitaba una vertiente de agua. Paso lo que paso, no teníamos agua para defendernos, ¿qué iba a quedarme a prenderme fuego? (…) Me sorprende que en esta investigación hayan salido a decir, están todos errados, miren lo que está sucediendo, todos los canales de televisión en nuestro terreno, fuimos totalmente afectados por el incendio, lo perdimos todo, mi mamá con cáncer de mama, paciente oncológico, discapacidad visual, artrosis. Puedo nombrar muchas cosas. No sé en qué se están basando”.

El foco no está puesto en el incendio como fenómeno complejo ni en las responsabilidades estatales y mucho menos en el doloroso momento que atraviesa la familia, sino en la legitimidad de la existencia misma de la comunidad y del reclamo territorial. En ese gesto, el periodismo toma partido. Al reducir la pertenencia comunitaria a un expediente administrativo y al insistir en parámetros jurídicos descontextualizados, el discurso mediático reproduce una mirada que subordina la legitimidad indígena a la validación del Estado, como si la existencia precediera únicamente del registro oficial y no de una historia social concreta.

Allanamientos. La orden judicial presentada en la comunidad presentaba irregularidades formales, ya que no consignaba domicilio específico, no estaba dirigida a una persona determinada ni explicitaba los motivos del procedimiento más allá de una referencia genérica a una investigación por incendio. Aun así, Rocío comenta que permitieron el ingreso del personal policial con el objetivo explícito de que los hechos se esclarezcan y se identifique a los verdaderos responsables.

Más allá del curso que tome la investigación –que aún no cuenta con imputaciones firmes ni conclusiones definitivas– el modo en que esta información es presentada resulta significativo. Incluso cuando el foco ya no recae directamente sobre la comunidad indígena, el daño simbólico ya está hecho. La asociación inicial entre incendio, intencionalidad y pueblo mapuche no se desactiva: persiste como sedimento en el sentido común.

El fuego, una vez más, no solo quema el territorio, quema también las posibilidades de una discusión pública justa y situada.

El incendio traducido en clave económica

Resulta clave advertir otro desplazamiento recurrente del problema: su traducción inmediata en clave económica. En la Norpatagonia –y particularmente en la CA42– el incendio es rápidamente leído como una amenaza a la temporada turística, a las reservas, al comercio y a la “imagen del destino”. Este pasaje no es menor, ya que implica reducir este acontecimiento a una crisis de mercado. El territorio aparece entonces recortado como producto, y el fuego como un obstáculo coyuntural que debe ser neutralizado también en el plano simbólico. Emergen así discursos que buscan reinstalar la normalidad: mostrar “lo que todavía queda”, destacar paisajes verdes, cuerpos en movimiento, agua limpia y belleza “natural”. Se activa una idea específica de naturaleza: consumible, tranquilizadora, disponible. No niegan el incendio, pero lo encuadran de manera tal que permita sostener el flujo turístico, incluso mientras el territorio todavía arde y las pérdidas materiales y las emociones comunitarias son profundas.

En este pasaje se produce una reducción significativa de la complejidad. La catástrofe socioambiental y política se reencuadra como crisis comunicacional. Las redes sociales se llenan de videos que invitan a venir, que apelan a la empatía (“el pueblo necesita que vengas”), que buscan sostener el flujo turístico como si fuera la única forma posible de supervivencia colectiva. No se trata aquí de juzgar moralmente esas acciones sino de señalar cómo este encuadre económico desplaza otras preguntas incómodas: ¿qué modelo de desarrollo hace que un incendio se viva inmediatamente como amenaza total? ¿Qué dependencias se consolidaron para que el territorio solo pueda pensarse en términos de consumo?

Esta traducción económica del incendio se produce en un contexto de alta dependencia del turismo, profundizada tras varios inviernos con escasez de nieve, incendios previos y caída de actividad, donde amplios sectores de la economía local quedaron atados casi exclusivamente a la circulación turística estacional. En ese marco, el fuego no solo amenaza el ambiente, sino la reproducción material inmediata de muchas familias. El incendio deja de ser un síntoma estructural para convertirse en un obstáculo coyuntural. Se lo quiere apagar también en el plano simbólico, minimizando su alcance, acelerando el olvido, restaurando rápidamente la imagen del paraíso. Pero esa urgencia por “volver a la normalidad” convive de manera tensa con el dolor de quienes perdieron casas, animales, campos y memorias.

Y si a esto le podemos sumar un dato más (y no menor), se prevé la reapertura de Puerto Patriada para el viernes 16 de enero. La noticia fue difundida mucho antes de que el fuego se apagara por completo y en momentos donde la comunidad de Epuyén todavía corre riesgo.

No todas las pérdidas entran en el relato turístico.

 El fuego vuelve una y otra vez a poner en escena un conflicto más profundo: una disputa histórica por la tierra.

Una disputa que no siempre se enuncia como tal, pero que estructura quién puede habitar, quién puede decidir, quién es considerado legítimo y quién aparece como amenaza.

El incendio deja de ser un síntoma estructural para convertirse en un obstáculo coyuntural. Se lo quiere apagar también en el plano simbólico, minimizando su alcance, acelerando el olvido, restaurando rápidamente la imagen del paraíso. Pero esa urgencia por “volver a la normalidad” convive de manera tensa con el dolor de quienes perdieron casas, animales, campos y memorias.

Pensar el incendio implica resistir la tentación del relato rápido y preguntar por lo que se repite: ¿por qué el fuego vuelve siempre a los mismos territorios?, ¿por qué las respuestas estatales parecen calcadas?, ¿por qué la sospecha cae una y otra vez sobre los mismos cuerpos?

Tal vez el desafío no sea solo apagar el fuego, sino desactivar las narrativas que lo vuelven inevitable. Mientras el incendio se siga explicando en clave de enemigo interno, urgencia económica o fatalidad natural, el desastre no será una excepción: será una forma recurrente de gobierno del territorio.