Luego de 10 años de lucha de los damnificados acompañados por las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, comenzó esta semana la toma de declaraciones a los testigos de las inundaciones. El juez Gustavo Urdiales investiga la responsabilidad política de las trágicas inundaciones del río Salado en 2003, que anegaron un tercio de la ciudad capital. Mercedes Dimiyi, militante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y actora civil en el juicio, conversó con ACTA sobre este proceso.
Por Melissa Zenobi/ Agencia ACTA
La causa tiene tres imputados por estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas al ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, al ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti, y al ex intendente de la ciudad de Santa Fe, Marcelo Alvarez. Las testimóniales, que comenzaron el lunes, están diagramadas en audiencias diarias y se estima que duren un mes, si es que no hay que reprogramar ninguna declaración por los tiempos personales de los testigos.
Se trata de un proceso que a sufrido modificaciones en cuanto a los fiscales y jueces de la causa: “Salvo un fiscal, el resto no ha hecho ningún avance. Nosotros figuramos como actores civiles porque este juicio está regido por el código viejo. En este caso, los fiscales son quienes tienen que defendernos a nosotros, los actores públicos. La no actuación de los fiscales acorde a sus funciones en estos diez años, solo ayuda a consolidar el marco de impunidad que ha rodeado justamente a los responsables políticos”, explicó Dimiyi.
Además se refirió a la impunidad que rodea al ex gobernador Carlos Reutemann: “Hasta ahora no ha sido imputado porque supuestamente faltan pruebas, pero nosotros ya presentamos las suficientes y el juez actual no las denegó. Eso significa que si quieren cerrar la impunidad, pueden hacerlo pero está claro que hay suficientes elementos para que se avance en la responsabilidad política de Reutemann. Claramente la pericia dice que había por lo menos 24 horas antes del 29 de abril, elementos suficientes para que se declare la emergencia y que se realice la evacuación. Porque las muertes fueron durante el 29 y esa noche. Quien tenía la facultad de declarar la evacuación por el artículo 3 del código civil era el gobernador”.
También hay otros elementos que no son contemplados por la pericia oficial y tienen que ver con el hecho de llevar adelante una obra tan riesgosa. “Además de la barbaridad de haber dejado una obra sin cerrar. Han intentado bajar la imputación de los tres responsables, pero no han podido. En realidad hay muchísimas otras pruebas, un decreto del 29 de abril del comité de crisis. Ahí se supo que salieron a comprar colchones y otros elementos para sostener la evacuación, esto demuestra que sabían que la ciudad se iba a inundar”.
La investigación revela la existencia de una reunión el 29 de abril a las 11 de la mañana en la casa de gobierno: “Allí Fratti, el ex director de hidráulica, que es uno de los imputados, dice haber marcado sobre un plano de la ciudad las zonas que iban a quedar bajo el agua delante de todos los demás funcionarios. Ahora hay que ver quién valida eso porque eso que él dice haber marcado es lo que realmente pasó, sin embargo los funcionarios que participaron no se acuerdan qué pasó, ni qué se dijo, que era confuso, que no entendieron, que justo estaban en el baño. Nadie se hace cargo y el acta de esa reunión dice que estuvieron ahí, esas excusas no sirven para eludir la responsabilidad que tenían en ese momento por ser funcionarios públicos. Solo en una justicia como la de Santa Fé estas excusas no tienen efecto, en una justicia independiente, esto es evidencia del rol que jugó cada uno”.
Finalmente Mercedes Dimiyi sentenció: “Estamos firmes en esta lucha que además de larga, es dura y despareja. Porque es la lucha contra los poderes, la corporación judicial, el poder económico y político. A los largo de estos diez años se han pagado favores con cargos en la justicia, fiscales que cambian de cargo como por arte de magia. Cambios de lugares que tienen estrecha relación con el mantenimiento de la impunidad. Además de ser inundados, nuestra convicción está fundada en la militancia por entender que es necesario juzgar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos en democracia”.
