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Un #25N a la intemperie

  • 20/11/2026
  • Eugenia Langone
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El 2026 es un año a la intemperie. Cuando todavía no finaliza, se registran al 31 de octubre 46 víctimas de violencia machista, un número que representa una suba del 53 por ciento respecto del 2025. En Rosario, el número de femicidios triplicó este año los contabilizados en 2015, el año marcado por el grito de “Ni una menos”. 

Fotos: Mariana Terrile

En busca de políticas públicas que den respuestas a las mujeres y disidencias víctimas de esa violencia y de mayor financiamiento para poner en marcha esas medidas, las organizaciones feministas impulsan el debate en la Legislatura provincial donde coexisten iniciativas de diferentes bloques políticos. Incluso ya avanzó con media sanción en el Senado un proyecto del Ejecutivo provincial, al que observan no sólo por la falta de perspectiva de género en su redacción, sino además por no disponer el incremento de los recursos, entre otros puntos. 

De acuerdo a los datos del Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias y Derechos de la organización MuMala (Mujeres de la Matria Latinoamericana), se contabilizaron en todo el país al cierre de octubre 239 femicidios, una cifra que marca el peor escenario desde 2022 y deja sin sus madres a 179 niñas, niños y adolescentes. En Santa Fe, esa violencia alcanzó a 46 víctimas fatales, mientras que se registraron 728 intentos de asesinato por razones de género. 

En Rosario, sólo en los 13 días que transcurrieron entre el 16 y el 28 de abril murieron tres mujeres. El femicidio de la joven estudiante de psicología oriunda de Villa Amelia, Sophia Civarelli, asesinada a manos de su pareja, Valentín Alcida, que horas más tarde se quitó la vida, conmocionó a la ciudad. 

Su muerte provocó la movilización de familiares y amigos en la plaza 25 de Mayo. “Nuestros hijos están matando a nuestras hijas”, dijo durante el acto su mamá, Natalia. De acuerdo al registro del Observatorio, le siguieron los crímenes de Mirta Safaroni, de 51 años, asesinada de un disparo en el pecho en el barrio Nuevo Alberdi; y dos días más tarde, de Alicia Pereyra. 

En agosto, la secuencia se replicó en las primeras dos semanas. El 4 de agosto, Débora Bordón, trabajadora sexual de 31 años, fue asesinada de más de 20 puñaladas en un departamento del barrio Luis Agote; y cinco días después, el crimen de Gabriela Banach, activista y promotora de derechos humanos golpeó a la comunidad travestitrans. 

Aún duraba la conmoción cuando el 19 de ese mes Carina Candelas fue apuñalada por su ex pareja en la farmacia en la que trabajaba en pleno centro rosarino. Las familias de las víctimas, como en abril, volvieron a encabezar movilizaciones públicas, donde hubo pedidos de Justicia, dolor y rabia. 

“A mi hija me la mató un inconsciente, me dejó con 5 nietos y hoy estoy acá pidiendo justicia. Antes veía por televisión y decía, “pobres esas madres” y hoy me tocó a mí venir y seguir luchando por mis hijas y mis nietas”, decía Claudia, mamá de Débora.

En octubre, la brutalidad del hallazgo del cuerpo de Bárbara Aragón envuelto en una frazada y dentro de una valija en una pensión de Empalme Graneros volvió a golpear. La joven de 26 años, asesinada por un ex policía de 37 años que contaba con antecedentes penales por narcotráfico, era buscada desde hacía varios días por su familia. Tras dar con su cuerpo, se movilizaron frente al Centro de Justicia Penal de Rosario. 

Frente a este nuevo 25N, Liliana Leyes, militante transfeminista, integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista y de ATE Rosario, señala que “hace años que no se daban estas cifras” y se remontó al 2015, año en el que país entero se movilizó ante el femicidio de Chiara Páez, la joven de 14 años que embarazada fue asesinada por su novio y enterrada en Rufino, ciudad en la que vivían. “Ese año salimos a la calle y contábamos seis víctimas en la ciudad, hoy tenemos 15, con el agregado de una particularidad y es que la ciudad está atravesada por el narcotráfico y las redes delictivas”, explica la activista.

Más pobres, más endeudadas, más vulnerables 

La ecuación de los últimos años restó políticas públicas de protección para mujeres y diversidades -todas ellas previstas en normativas tanto nacionales como provinciales-, sumó empobrecimiento y multiplicó los discursos de odio, lo que dejó a mujeres y diversidades frente a un escenario de total desprotección. 

El incremento de los crímenes puede explicarse por ese desmantelamiento absoluto de las políticas de prevención y programas de acompañamiento que se decidieron a nivel nacional desde el inicio de la gestión libertaria de Javier Milei, pero también por el debilitamiento de esas mismas políticas a nivel provincial, el empobrecimiento de la población y más aún de mujeres y diversidades, y el recrudecimiento de los discursos de odio que como  advirtieron voces de las organizaciones feministas se tradujo en violencias concretas sobre los cuerpos.

Para la activista y dirigente de ATE, nada más gráfico que la escena registrada de los más de 200 ciclistas que en la madrugada del 3 de noviembre se reunieron en los Bosques de Palermo, en Buenos Aires, para agredir y golpear a un grupo de mujeres trans que estaban realizando trabajo sexual. “Las políticas de odio repercuten en esos machos. El odio está dirigido a quien el presidente señala: primero a las disidencias sexogenéricas y luego a las mujeres. Dijimos que iba a crecer y eso sucedió”, recuerda.

Leyes señala la vulnerabilidad de quienes ejercen el trabajo sexual que frente a la falta de reglamentación y la necesidad económica se ven más expuestas a situaciones de riesgo. “Esto creció porque al no reglamentarse el trabajo sexual como trabajo, la clandestinidad lleva a estas situaciones extremas”, señala la integrante de la asamblea, y puntualiza las denuncias que las integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), nucleadas en ATE, vienen denunciando en la ciudad sobre casos graves de violencia. 

El odio está dirigido a quien el presidente señala: primero a las disidencias sexogenéricas y luego a las mujeres. Dijimos que iba a crecer y eso sucedió

“Muchas de estas situaciones se dieron alrededor de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno y están totalmente atravesadas por el narcotráfico”, detalla, y remarca que frente esas situaciones “las redes territoriales en Rosario trabajan a pulmón y sin presupuesto. Eso se repite en ciudades chicas de la provincia donde no hay equipos, ni atención telefónica ni puntos violeta porque fueron retirados”. 

El atravesamiento de las redes delictivas y de narcotráfico frente a los femicidios hace que incluso algunos de los dispositivos existentes resulten insuficientes o no cuenten con herramientas para responder a la complejidad de las situaciones, señala Leyes. 

las redes territoriales en Rosario trabajan a pulmón y sin presupuesto. Eso se repite en ciudades chicas de la provincia donde no hay equipos, ni atención telefónica ni puntos violeta porque fueron retirados

“En Rosario hay dos refugios, pero muchas veces no alcanzan frente al entramado del narcotráfico, porque muchas de las mujeres no pueden llegar a los refugios o  no pueden quedarse en la ciudad por las amenazas que sufren sus familias -explica-. Se necesitan dispositivos de protección que  permitan trasladarlas a otras ciudades”. 

El empobrecimiento y  el endeudamiento,  la mayoría de las veces a través de aplicaciones o lo que es peor a través de los prestamistas que operan en los barrios, marca otro factor de la desprotección de mujeres y disidencias. En Santa Fe se registraron a finales de agosto unas 170 mil mujeres morosas, una cifra que representa el 51,36 por ciento del total de personas en mora; en tanto, en el Gran Rosario, el 52,18 por ciento de las personas con deudas son mujeres. 

En esa intemperie fue asesinada Natalia Giménez, una mujer de 35 años. El 27 de septiembre, sus dos hijos adolescentes la encontraron muerta en su departamento de Grandoli al 3800, en la zona sur, y la investigación de su femicidio señala una vinculación con prestamistas que la tenían bajo amenaza por el cobro de una deuda con intereses usuarios. 

Pedido de emergencia en la Legislatura

Gabriela Sosa, activista y referente de MuMalá, calificó como “terrorífico” el escenario que la provincia atraviesa en materia de violencia de género e insiste en la necesidad de que la Legislatura declare la emergencia. 

Las organizaciones feministas y transfeministas, sociales y sindicales vienen reclamando dar ese paso con movilizaciones en la capital provincial. Además, participan de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados donde hay diversas propuestas en evaluación, al tiempo que marcaron fuertes observaciones al proyecto que el Ejecutivo que ya tiene media sanción del Senado. 

“El Estado provincial en sus tres poderes debe asumir la gravedad de la situación a través de la declaración de la emergencia  para contar con presupuesto de manera ágil y rápida. Los tiempos del presupuesto son burocráticos y la situación no puede esperar. Para estas situaciones sirven las declaraciones de emergencia como lo hicieron con la seguridad frente al número de homicidios”, señala Sosa. 

Actualmente, la Comisión de Género de la Legislatura debate las iniciativas para la declaración de emergencia de la diputada del Frente Amplio por la Soberanía, Claudia Balagué, así como la de su par del bloque peronista Lucila De Ponti. 

“No proponemos la emergencia en un sentido testimonial, sino reforzando la asignación de recursos para políticas específicas, con sistemas de alerta inmediata y de asistencia”, puntualiza De Ponti, y agrega que la iniciativa también contempla “el trabajo con las organizaciones feministas que son muchas veces las que tienen mayor capacidad de acompañamiento y contención de las mujeres”. 

“No proponemos la emergencia en un sentido testimonial, sino reforzando la asignación de recursos para políticas específicas, con sistemas de alerta inmediata y de asistencia

A esa presentación, el bloque peronista suma otras dos propuestas que avanzan en lo que De Ponti define como “políticas de carácter más estructural que se proponen rediseñar el modo en que se prevén y se abordan las situaciones de violencia, y reformular cuestiones vinculadas a la intervención del poder judicial y de la policía, así como generar herramientas que hacen a la autonomía económica de las mujeres para atravesar esos procesos”. 

En paralelo, el expediente del Ejecutivo provincial que ya obtuvo el aval de los senadores fue fuertemente observado por las organizaciones por su “perspectiva de seguridad y no de cuidado”, como lo señala Leyes, y sobre todo por “la falta de perspectiva de género”, señala Sosa. 

La referente de MuMalá remarca que la redacción habla de “personas” cuando “debería mencionar específicamente a mujeres y diversidades como las destinatarias de la política, ya que esta es una conquista del movimiento de mujeres que exista  legislación que menciona la violencia contra las mujeres incorpora a las diversidades sexuales”. 

Además, señala que la iniciativa no referente a las leyes nacionales (26.485) y provinciales (13.348) que “ya refieren a esta problemática”, y sobre todo observa que la propuesta dispone que las medidas se pongan en marcha “con los recursos disponibles, cuando justamente lo que se sellaba es que los recursos que están disponibles son escasos, y que necesitamos aumentarlos tanto en capacitaciones y formación de profesionales, como de difusión, y de incremento de los recursos técnicos y humanos”. 

A esos puntos flacos, la referente de ATE e integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista suma que “el proyecto oficial está destinado a las mujeres que denuncian cuando uno de los mayores problemas que tenemos en Santa Fe es que de las 46 víctimas de femicidios de este año, apenas el 14 por ciento hizo la denuncia”. 

Perspectiva de género y de derechos humanos, cuidado y acompañamiento, asistencia integral y territorialidad son para las organizaciones ejes clave en cualquier legislación que busque dar respuestas ciertas a una población cada vez más a la intemperie.  

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