Javier Barquilla, integrante de la organización Comunidad Rebelde, fue asesinado en febrero pasado en Villa Banana por un hombre señalado como sicario del narcotráfico, que ya se encuentra imputado por el homicidio. Por estos días sus compañeros exigen una condena ejemplar de cara al juicio, mientras exigen que se acabe la complicidad policial con la venta de drogas.

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Por Martín Stoianovich

A Javier Barquilla, de 37 años, lo mataron el 2 de febrero pasado en Villa Banana cuando intentó defender a su cuñado de una patota que lo agredía y recibió cuatro disparos en el pecho. Barquilla formaba parte del centro comunitario Comunidad Rebelde, y sus compañeros denuncian desde un primer momento que el asesino, apodado Pandu, es un sicario del narcotráfico que lideraba el comercio en el barrio en complicidad con la policía. Pandu, que se llama Nelson Aguirre y tiene 35 años, se encuentra detenido desde abril y está imputado por homicidio agravado por uso de arma de fuego. El pasado 14 de octubre la audiencia preliminar, presidida por el juez Hernán Postma, se suspendió por la ausencia de una mujer imputada como cómplice de un robo en una serie de causas acumuladas y vinculadas al crimen. Este martes la audiencia se volvió a suspender por el mismo motivo. Pero el malestar de la familia de Barquilla y de Comunidad Rebelde responde también a otro episodio vivido en la audiencia. Uno de los policías que trasladó a Pandu a la sala, intentó obligar a la hermana de la víctima a que salude a su asesino, y la indignación se hizo notar.

No hay demasiados avances en torno al asesinato de Barquilla. El testimonio de los integrantes de Comunidad Rebelde deja entrever una serie de complicidades entre la policía de la Comisaría 19 y el narcotráfico, a través de Pandu y su banda. Pero hasta el momento sólo se investigan hechos puntuales como el crimen de Barquilla y una serie de robos liderados por quien ahora está detenido. El fiscal de la causa, Ademar Bianchini, solicitó 28 años de prisión pero no descarta que la pena se decida en un proceso abreviado. Más allá de los hechos por los que se lo acusa, Pandu es señalado en Villa Banana como el líder de una banda que hasta hace poco tiempo atemorizó al barrio intentando entrar a los hogares para apoderarse del espacio y atrincherarse en un espacio físico para la venta de drogas, a pesar de las denuncias hechas a la policía. Comunidad Rebelde, por su parte, tiene una historia de resistencia que por naturaleza se enfrenta a la lógica del narcotráfico: destruyeron un búnker de drogas en 2012 y junto a los vecinos y los propios pibes que trabajaban como soldaditos, están levantando un centro comunitario desde sus ruinas. Este escenario fue la antesala del crimen de Barquilla y la posibilidad de un juicio abreviado implica que todo el entramado denunciado por Comunidad Rebelde, y por el cual muere su compañero, no se investigue en profundidad.

“El negocio de la cana es el negocio de los narcos”, gritaron en la puerta de Tribunales Provinciales los manifestantes que acompañaron a la familia Barquilla a la audiencia suspendida. “Sin nuestra presencia y sin la lucha activa no vamos a llegar a ninguna victoria. Que el Pandu se encuentre procesado, que la justicia haya tenido que activar, tiene que ver con que la salida no viene con la mano de la buena voluntad de los jueces, o de las instituciones que funcionan con la complicidad de la policía”, explicó Carolina Vicente, referente de Comunidad Rebelde, para quien la movilización popular nuevamente volvió a funcionar como presión hacia el Poder Judicial. Después del crimen de Barquilla, fue detenido un joven de 20 años apodado Wititi y apuntado como cómplice en los hechos. Pandu se encuentra en prisión preventiva luego de intentar reincidir en el barrio con nuevos ataques y de permanecer prófugo. Para Comunidad Rebelde son los pequeños logros de haberse movilizado por las calles rosarinas en distintas ocasiones, incluso a pocos días del crimen de Barquilla, con el dolor y el miedo del barrio a cuestas.

Pero desde la organización reconocen que las demandas al Estado provincial no finalizan en el reclamo de una condena ejemplar sobre el autor material del crimen. “La justicia no termina en una condena”, dijo Carolina, y exigió que se investigue en profundidad para esclarecer “cuál es el entramado que necesita el narcotráfico para poder funcionar”. Esta demanda, denominador común de todas las organizaciones barriales, tiene obstáculos en otra denuncia: la ausencia de medidas certeras por parte del poder político para combatir el narcotráfico y sus complicidades con las instituciones del Estado. “Si están las fuerzas represivas, que son un brazo institucional, defendiendo y siendo cómplice del narcotráfico, queda claro que es una política que se viene repitiendo, y tiene como carne de cañón a los sectores populares”, explicó la referente de Comunidad Rebelde, y agregó: “Los que caen son pibes como Javier, los soldaditos son pibes sin posibilidades de laburo. Eso tiene que ver con las políticas de la desigualdad”.

La experiencia de Comunidad Rebelde se inscribe como una más de las tantas organizaciones que crecen como resistencia a las problemáticas sociales que, por acción u omisión del propio Estado, se consolidaron hacia el interior de los barrios populares. Y hacia el mismo Estado se dirigen las demandas. Al Poder Judicial para que se condene a los autores de los distintos crímenes que deja el narcotráfico, pero también para que se investiguen todos los eslabones del negocio, incluso los que trascienden los límites de las barriadas y hacen pie en las cúpulas policiales y los sostenes económicos. Pero las demandas también apuntan hacia las dirigencias políticas y su deber de garantizar el esclarecimiento de todo el entramado que permite el crecimiento del narcotráfico y por otro lado la aplicación de políticas que no den lugar a su desarrollo, y por el contrario garanticen una vida digna para quienes hoy padecen las consecuencias de la desigualdad.

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