De un lado el barrio Guadalupe. Del otro, Playa del Norte. Una calle separa dos realidades, dos contrastes que evidencian el déficit habitacional en la capital santafesina, los derechos vulnerados de las familias que, en los barrios olvidados, intentan, con lo poco que tienen, levantar ladrillos para construir su vivienda. El accionar violento e ilegal de un Estado municipal que decide derribar a mazazos una demanda básica. 

Por Agustina Verano

 “Todo el barrio estamos festejando acá, todo Playa Norte, porque justamente esto es un regalo de todos y para todos nosotros. Porque se nos reconoce como barrio, la Municipalidad nos reconoce como barrio,  y se va a comenzar con la urbanización de las calles, se va empezar el proyecto que nosotros queríamos y venimos planificando entre todos, tanto que venimos luchando, tanto, que se nos abrieron las puertas. Nos quedamos, no nos tenemos que ir más, ni correr, ni andar mendigando una casa. Hoy nos quedamos en nuestro barrio. Para todos los que luchamos, hoy tenemos la satisfacción de que podemos quedarnos”

Es 8 de julio y la que habla es Teté, una vecina del barrio Playa Norte, de la ciudad capital de Santa Fe. Pasadas las pizzas caseras, el mediodía invernal y algún que otro juego de niñxs- grandes, el festival que se viene organizando entre vecinos y organizaciones del barrio se  torna emotivo.

La calle – la única calle –  asfaltada que acompaña a las familias que hace 30 años vienen construyendo y construyéndose como barrio en el noreste de la ciudad, es adornada por un cartel que dice “Hay fiesta en el barrio: bienvenidos”. Además, los niños – imposible contarlos- que corren, bailan, cantan, también hacen al contexto festivo.

Hay una radio abierta que está comandada “por los chicos del taller de periodismo”, mientras también baila una murga “Los truenos murgueros”, y, entre vecinos y niños se pinta un mural “que refleja lo que los vecinos quieren para su barrio”, como se escucha desde la radio.

Muchos son los motivos para festejar, para reír, para abrazar.  Como sostienen los vecinos, “se abrieron las puertas”. Hace dos años que entre organizaciones que participan en y con el barrio, instituciones y vecinos y vecinas de los barrios de Playa Norte, Bajo Judiciales y General Paz, que trazan el noreste santafesino, presentaron un ante proyecto de urbanización acompañado de una ordenanza ante el Concejo Municipal, con el objetivo de participar en la planificación del barrio que ellos mismos sueñan.

Dicho anteproyecto estuvo dormido en los cajones de la burocracia hasta hace pocos meses, pero después de luchar, organizarse e insistir, los concejales del oficialismo “abrieron la posibilidad de pensar este proyecto junto con el municipio”, como dice Liliana Berráz, integrante de Manzanas Solidarias, una de las organizaciones que trabajan junto al barrio.

Este anteproyecto se trabajó de manera participativa, mediante asambleas en las que se identificaron las necesidades prioritarias de cada grupo familiar, de cada vecino y vecina, de manera colectiva y horizontal, teniendo como resultado los ejes de una propuesta que integra la urbanización con las identidades barriales.

En su introducción, el ante proyecto colectivo señala:

“Desde hace ya varios años, las/os vecinas/os de estos barrios han vivido con la incertidumbre que producen las amenazas de ser erradicadas/os de su lugar. Incertidumbre que vuelve nebuloso el futuro y opaca los proyectos de progresar y vivir mejor: el simple y milenario acto de plantar un árbol, hecho concreto y a la vez símbolo supremo de radicación, se torna estéril(…)Este ante-proyecto intenta ser un aporte a la radicación urbana de la población que está localizada en un sector definido por el polígono limitado al Este por la Laguna Setúbal, al Oeste por la avenida Gral. Paz hasta callejón Funes, al Norte por el Humedal de la laguna Setúbal y al Sur por calle/terraplén French”

El festival termina con una frase de una de las integrantes de la organización Manzanas Solidarias: “es lo mejor que podemos hacer para el 9 de julio”. Porque el significado de ese festejo está atravesado por dos desafíos: por un lado, construir un nuevo 9 de julio en este contexto marcado por las ideologías sin sonrisas, por el otro, seguir luchando por un proyecto de barrio que tiene sus raíces en la organización de la crisis del 2001, de las reuniones diarias para ver cómo organizarse, de las resistencias a los desalojos, de las asambleas organizadas, de la historia encarnada como propia.

Lo que se repite desde el comienzo del festival: la felicidad está, pero la lucha sigue.

Un discurso que fue para las fotos

Pasaron  48 días desde ese 8 de Julio, es jueves 25 de agosto, son las 08 am. La calle asfaltada de ese barrio se encuentra convulsionada. Esa calle que refleja una clara división social entre quienes están de un lado del sistema y quienes están del otro, entre quienes construyen mansiones sin intentos de desalojos, habitantes del barrio residencial “Guadalupe”, y entre quienes intentan construir lo que pueden antes de que los guardias de seguridad institucional  los intimiden.

Al llegar casi a la mitad de esa calle que finaliza en dirección al río, se observan vecinos y vecinas alrededor de lo que, por su descripción, parece una patota de película de acción yanqui. Pero acá no hay películas. Se trata de un accionar que se repite desde hace años: un grupo de empleados municipales que se denominan “cuadrillas”, un miembro de la GSI (Guardia de Seguridad Institucional), y un agente policial el SubOficial Mario Alejandro Correa, que sin órdenes escritas, se introducen en el terreno de una vecina que hace poco tiempo había comenzado a acopiar materiales para construir una pieza para sus hijos.

No hay ningún pre aviso para comenzar su violencia estatal: romper a mazazos los materiales que esta vecina, una joven mamá de dos niños, tenía para construir su habitación.

El comunicado que publicaron los vecinos y las organizaciones sobre lo ocurrido ese día da a conocer por un lado la organización de los vecinos, y por el otro las irregularidades con las que el estado municipal y provincial se maneja:

“Al ser interpelados por los vecinos y sus abogados a exhibir la orden de procedimiento que los autorizara a destruir bienes ajenos, el agente Correa respondió con evasiones genéricas, sólo invocando órdenes del funcionario municipal Jorge Ricco, quien se desempeña como Director del Proyecto urbanístico Integral del NE”

Luego de la resistencia de los vecinos y las organizaciones (acostumbrados ya a estos procedimientos) ,  los municipales, la GSI y el sub oficial se retiran, no sin antes dejar su huella: la destrucción de la mayoría de los materiales de esta vecina.

No hubo margen de tiempo para que la mujer acomode lo poco que quedó de su vivienda, ni para que los vecinos dejen de pensar en un fantasma que los persigue desde hace años: la violencia estatal disfrazada de turbios “procedimientos”.

Pasaron apenas cinco días, y esta misma vecina volvió a ser víctima de lo que los medios llaman “desalojo” pero que en verdad conlleva un accionar violento e ilegal por parte del Estado.

En esta oportunidad, el atropello sumó más patas estatales. El comunicado publicado especifica que en esta ocasión “los visitantes violentos fueron empleados municipales, GSI (vehículo patente NQT-456), el funcionario Nahuel López, acompañados por agentes de la Infantería y de la Policía Provincial, con vehículos patente: OUE-902, OCH-932 y otros que no tenían identificación oficial”.

El objetivo de esta segunda intervención: destruir los pocos materiales que aún quedaban.

El comunicado explica nuevamente cómo se generó una nueva resistencia barrial:

“Al ser, otra vez, interpelados por los vecinos y abogados respecto de la exhibición de la orden judicial que los autorizara a proceder y dañar bienes ajenos de esta manera tan brutal y dañina, el agente de Infantería Oficial Saravia respondió también con evasivas respecto de la orden, negándose a exhibir su identificación y matrícula, argumentando que su función allí era solamente “proteger” a los funcionarios y empleados municipales(…), el funcionario Nahuel López -quien alegó desempeñarse como Coordinador del Distrito Este- intentó justificar su accionar delictivo con la exhibición de una fotocopia de un convenio celebrado en el año 2012 entre Sara Lauría (Directora de la Agencia Santa Fe Hábitat) y un particular que presuntamente vivía sobre el terreno en el cual se asentaban los bloques y materiales destruidos y por el cual se acordaba la demolición de la vivienda anterior”.

La palabra de las vecinas

La policía ya se había puesto con las itakas, todos armados, faltaban los escudos, como si acá que somos tres gatos locos les vamos a hacer algo. Y, según se escuchó dijeron que si llegaban a tirarles piedras que le iban a tirar con balas de goma, osea que nos amenazaron”

La tía de quien fue víctima de estos atropellos estatales cuenta su indignación por la doble jornada de violencia que vivió junto a sus vecinos esos días de agosto.

Junto a otra vecina, declaran que en ningún momento pidieron permiso para poder entrar al terreno de la mujer, y que en el instante que escucharon que se encontraban los agentes estatales y provinciales, nadie dudó en ir a resistir.

“Las mujeres se querían venir todas a defender, y ellos dijeron que si se venían todas las mujeres iban a tirar con balas de goma. Las mujeres que están donde la chica se quería hacer la casa”.

En sus declaraciones, ambas mujeres quisieron destacar  “lo más importante”: la situación por la que atraviesa su vecina que no es tenida en cuenta por un Estado que solo se concibe como garante de derechos para quienes entran en sus intereses inmobiliarios:

 “La vecina estaba queriendo levantar una casita, ya que tiene el marido preso, y ella quiere levantar una pieza para venir a vivir con el marido que está por salir de la cárcel. Ella tiene dos hijos chiquitos que los tiene la suegra porque no tiene donde vivir, y agregan,  “Ellos se metieron así porque sí. Sin previo aviso, sin pedir permiso, entraron como dueños por su casa. Eran como cinco autos, la camioneta de la GSI, la táctica, de la octava. ¿Tanta policía para qué?

El interés oculto de la violencia

En la capital provincial la palabra “desalojo”  es un fantasma que sobrevuela en los barrios donde los ciudadanos solo pasan a ser un número que hay que correr para el ejecutivo municipal.

Correr para construir riquezas.

El objetivo siempre es el mismo: borrar la pobreza de los mapas donde las inmobiliarias pueden invertir. El Estado como ejecutor de políticas para unos pocos, como garante de derechos individuales.

Para aclarar esta cuestión, Liliana Berráz, integrante de una de las organizaciones del barrio, declaró en un programa radial: “Esto no es nuevo, y ha sido un accionar casi permanente del municipio,  algunas veces con el acuerdo muy presionado del vecino, pero muchas veces intentan destruir cualquier situación nueva que se dé”.

Con respecto a los objetivos del municipio agrega: “en primer lugar sacar a todos los pobres del sector, como no lo han logrado del 2008 en adelante, lo han disfrazado con diferentes justificaciones, como decir que esto es un reservorio,  o que directamente el sector de gente que vive ahí no condice con la calidad de gente que vive en los alrededores de Guadalupe o decir que en estos sectores de barrios humildes están concentradas las causas de la inseguridad,  cuando nosotros sabemos, viejos habitantes de Guadalupe, que en el sector más residencial tenemos grandes delincuentes de guante blanco, jueces que se cuelgan a la electricidad, narcotraficantes”

Una de las cuestiones que se interrogan en esos atropellos son las ilegalidades con los que cuenta, que van desde la violencia ejercida, como también de la fuerza provincial utilizada para respaldo municipal.

Guillermo Munné, abogado de la Asociación Civil Tramas que es parte de la asamblea barrial también se refirió a esta situación:

“Si uno hablara de desalojos significaría un proceso judicial, con el derecho a defensa, con la intervención de una magistrada que controle cada parte, y que luego de un justo proceso resolviera. En este caso no se puede hablar de desalojo, porque todo esto está pasado por alto, violado, y se lleva adelante porque se trata de una situación de vulnerabilidad, vecinos pobres, porque jamás se le ocurriría a la municipalidad ni a la policía acompañar algo así sin una orden judicial, sin un proceso con derecho a defensa  respecto de alguna familia de clase media  o de ingresos superiores en la ciudad, esto es una responsabilidad de las autoridades provinciales del Ministerio de Seguridad. Es absolutamente ilegal que sigan las ordenes  de funcionarios municipales”

Para finalizar, Guillermo deja una frase que resume lo que significa esta violencia estatal: “Se muestran como cultores del orden atacando violentamente a los más vulnerables, con un abuso y un autoritarismo que duele muchísimo”.

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