Territorios

Por el derecho de vivir en paz

El gobierno provincial anunció que presentará un proyecto para expropiar en Empalme Graneros las tierras de doce hectáreas, propiedad de una empresa privada, en la que hace treinta años habitan 450 familias. De esta forma se eliminaría la posibilidad de desalojo que hace más de diez años mantiene en vilo a los vecinos y vecinas que se organizaron en asamblea para presionar al Estado. Ahora quedaría pendiente la urbanización de todo el territorio, lo que enmarca al caso en una problemática habitacional que se extiende por toda la ciudad.

Por Martín Stoianovich

El conflicto por las tierras de barrio Empalme Graneros, en la zona de calle Cullen y Avenida Sorrento, que tiene más de 17 años de historia con el Estado provincial, la empresa privada dueña de la tierras y los vecinos y vecinas que las habitan como protagonistas, parece haber encontrado una solución definitiva. Entre inminentes amenazas de desalojos que aparecían frecuentemente en el barrio, los vecinos comenzaron a trabajar en conjunto con la organización barrial Causa y conformaron así la Asamblea de Empalme Graneros que durante todo el 2016 estuvo al frente reclamo por el derecho a la tierra y a la vivienda digna al cual no pueden acceder las más de 450 familias que habitan el territorio. Finalmente el gobierno provincial anunció que presentará un proyecto de expropiación del terreno de 12 hectáreas, que era una de las posibilidades que se barajaban desde hace años aunque el propio gobernador Miguel Lifschitz había manifestado su negativa a proceder por esta vía. Desde la Asamblea aseguran que seguirán organizados para controlar que la propuesta del gobierno se concrete y además se avance sobre la urbanización de toda la zona.

Cuando los primeros vecinos se instalaron en el área, hace más de treinta años, esta parte de la zona noroeste de Rosario estaba deshabitada. El territorio se dividía entre pequeños cultivos y grandes yuyales. Los años pasaron con cada vez más personas instalándose en esos terrenos, construyendo viviendas, muchas de ellas precarias, en lo que al paso del tiempo se conformaría como una nueva parte de Empalme Graneros. Esta zona se caracterizó por carecer de los servicios públicos básicos, motivo por el cual los propios vecinos fueron abasteciéndose de luz, agua y gas a través de tendidos y conexiones precarias e inseguras. En este andar, el barrio se sumergió en el conflicto a partir de 1999 cuando la empresa Compañía de Tierras Santafesinas, que compró los terrenos en 1984, inició una demanda para desalojar a las familias. A partir de allí las idas y vueltas condicionaron a los vecinos que desde hace años vienen exigiendo una solución.

Dese el barrio aseguran que en las intervenciones de los distintos gobiernos que transcurrieron desde el inicio del conflicto hasta la fecha, nunca se priorizó en la búsqueda de una solución definitiva. Solo se fueron posponiendo los desalojos, que asimismo se mantuvieron en amenaza constante a la par de un juicio que tampoco mostraba avances concretos. La posibilidad de expropiación, que finalmente aceptaría el gobierno de Lifschitz, fue puesta sobre la mesa por la propia empresa en una audiencia en el año 2003, en una propuesta que en aquel momento no tuvo cauce. Sin noticias por largo rato, la preocupación de los vecinos creció cuando en junio de 2005 una sentencia judicial dio lugar a la demanda de desalojo, lo que ocasionó la movilización de los vecinos que comenzaban a organizarse. La amenaza fue concreta hasta que en 2009 el propio Lifschitz siendo intendente de Rosario presentó en el Concejo Municipal un proyecto para declarar el interés social y público del terreno y se comprometió a evitar el desalojo hasta que no se presentará una propuesta concreta. En noviembre de 2010 el proyecto fue aceptado y además el terreno que sujeto a la expropiación, aunque finalmente no se dio el paso necesario que era ingresarlo a la Legislatura provincial, por lo cual nunca fue tratado hasta que en diciembre de 2015 lo ingresó el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos del Frade.

Foto: Causa

Foto: Causa

Las intervenciones de los gobiernos funcionaron como parches ante una amenaza de desalojo que pudo amainar en distintas etapas, pero que asimismo nunca fue erradicada. Por eso, mientras el proyecto de expropiación ingresaba a la Legislatura, a los vecinos les llegó una resolución judicial que fechaba para el 15 de febrero de 2016 el desalojo definitivo. Como respuesta, la jueza de Circuito Stella Maris Bertune prorrogó el desalojó para el 15 de abril e instó a que se llegue al fin del conflicto por otro camino. El gobierno provincial se negó a la expropiación, argumentando que el monto que pediría por las tierras la empresa privada sería una alta suma de dinero que no estaban dispuestos a pagar.

Por entonces el gobierno provincial se negaba a la expropiación y el panorama del conflicto era el de una negociación económica de la cual participaba el gobierno y una empresa privada mientras que los vecinos del barrio y sus derechos quedaban afuera. Como respuesta se conformó la Asamblea de Empalme Graneros junto a la organización Causa, y se ideó un proyecto de fideicomiso llamado “Plan Integral de Urbanización Popular”. Dicho proyecto, presentado en audiencia por las abogadas Analía Abreu y Analía Carrió, consistió en proponer comprar las tierras con el aporte de los vecinos con una cuota mensual del 20 por ciento de sus ingresos para adquirir la titularidad de las tierras por diez años. Pero además, el  plan comprendía el aporte del Estado provincial y municipal con obras públicas para urbanizar, desde la apertura y pavimentación de calles, tendidos eléctricos, alumbrado público, agua, cloacas y gas. El proyecto de fideicomiso no buscaba generar ganancias sino cubrir el costo total de la tierra y comprometer al Estado a avanzar con la urbanización como una de las principales demandas y necesidades del barrio.

En este contexto es que la novedad del proyecto de expropiación que presentará este viernes 2 de diciembre el gobierno provincial, no deja de sorprender a los vecinos y militantes que vienen organizándose en torno al conflicto. Para Facundo Peralta, integrante de Causa, este avance se dio en parte por la constante organización de los vecinos que además de la pelea institucional realizaron asambleas y comidas populares en el barrio para dar difundir la lucha. “Se organizaron y pelearon en todas las trincheras. No sólo se llevaron adelante acciones directas en el barrio, sino que fuimos al Poder Ejecutivo local y al provincial para resolver el problema. Esos procesos de organización y lucha que se dieron en trincheras institucionales y no institucionales fueron las que decantaron en la decisión política del gobierno provincial”, analizó Peralta en diálogo con enREDando. De todas maneras, no deja de sorprender el repentino cambio de decisiones por parte del gobierno provincial, por lo cual toma firmeza la posibilidad de un acuerdo con la empresa privada en cuestión.

Por otro lado, Peralta enmarca esta decisión en la problemática habitacional que en aspectos generales no solo abarca a Empalme Graneros sino a la gran mayoría de barrios rosarinos. “Esperamos que eso sirva y se tenga en cuenta para empezar a resolver la gran cantidad de conflictos por tierras que hay en la ciudad”, explicó en referencia a la importancia de que este proceso sirva como precedente para otros casos en donde miles de rosarinos no acceden al derecho a la vivienda digna. Además, adelantó que la organización de la Asamblea seguirá en el marco de un organismo de control para asegurar “que cumplan lo que van a anunciar”.

 

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