Conquistar el territorio

En el marco del segundo Plenario del año del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, donde participaron regionales de Capital Federal, Buenos Aires, Ushuaia, San Martín de los Andes y Santa Fe, aprovechamos para compartir la experiencia de la Cooperativa La Creciente que viene trabajando en Rosario el concepto de la producción social del hábitat. Una manera de pensar colectivamente la problemática de la vivienda.

Por Tomás Viú

[dropcap]E[/dropcap]l pasado 19 y 20 de agosto se realizó en Rosario el segundo Plenario anual del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), una organización cuyo germen nació a partir de la caída de la última dictadura cuando hubo grandes tomas de edificios públicos. Esas ocupaciones involucraron a 150.000 personas en la ciudad de Buenos Aires en la década del ochenta. Actualmente el MOI articula a más de veinte cooperativas y está en proceso de federalización. Los representantes del MOI en Rosario son los miembros de la Cooperativa La Creciente.

Cuando pregunto por el origen de la Cooperativa, Fernando Petronio, uno de sus integrantes, responde que el motor principal fue el hecho de que “algunos compañeros conocieron la experiencia de cooperativas de vivienda en Uruguay”. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) es la referencia ineludible por historia y por desarrollo. Fernando plantea que “han podido mantener sus ejes a pesar de las transformaciones que hemos vivido en todos estos años”. La Ley de Vivienda en Uruguay tiene casi cincuenta años de vigencia y habilita a las cooperativas de vivienda a escriturar de modo individual o como propiedad colectiva. “Las casas tienen un valor de uso por familia y la mayoría sigue escriturando colectivamente, la propiedad es de la cooperativa”, explica Fernando. Esta experiencia uruguaya nace en los años sesenta y setenta y toma de referencia otras experiencias como la de Chile y la de Suecia. Luego de todos estos años son treinta mil familias las que accedieron a la vivienda de forma autogestionaria. Para graficar la situación, Fernando dice que “al margen de Montevideo, si se juntaran todas las cooperativas formarían la provincia más grande de Uruguay”.

Petronio plantea que cuando se sancionó la Ley de Vivienda N° 13.728, la posibilidad de construir por cooperativa figuraba en un punto marginal, pero dice que “ese resquicio de la ley se junta con toda una tradición obrera y clasista que ve en esa forma la representación más genuina de su organización para conseguir los derechos”. Al principio la mayoría de los cooperativistas tenían vinculación con la cuestión sindical. “En la dictadura chilena, que lo primero que hizo fue poner en discusión la propiedad colectiva, la Federación se transforma en un foco de resistencia muy interesante”.

Después de conocer cómo se vivía, cómo se habitaban los espacios comunes y cómo se pensaba el acceso a la vivienda en Uruguay, hubo una gran motivación para pensar una experiencia similar en Rosario. Las familias que se forman en cooperativas tienen algunas características que las hermanan: propiedad colectiva, autogestión y ayuda mutua. “Al principio no sabíamos cómo instalar el tema. Después de mucha búsqueda caímos de casualidad en el espacio de Presupuesto Participativo. Eso nos daba la posibilidad de pensar alguna jornada de visualización. Nos enteramos de que había varias organizaciones en Argentina y en Latinoamérica que laburaban estas cuestiones”, hace el racconto Fernando.

En 2011, cuando realizaron una jornada de visualización de esta problemática relacionada con el acceso a la vivienda y a la producción social del hábitat, conocieron al MOI. Las cooperativas que integran esta Federación hoy tienen obras terminadas en Capital Federal y obras en desarrollo en Ushuaia, San Martín de los Andes y en las ciudades de Santa Fe y Rosario. A partir de esa jornada se formó en Rosario un núcleo de familias que hoy son los cooperativistas.

En la Cooperativa La Creciente son veinticinco personas. Dos integrantes aportan desde lo técnico. El resto lo hace fundamentalmente  desde la mano de obra. “Partimos de la idea de que nosotros como clase lo que podemos aportar en este proceso son horas de trabajo”. Las familias van aportando horas a la cooperativa; se calculan quince horas semanales que las familias aportan al proyecto. “Tiene un componente que es abaratar costos para ganar calidad. Además, desde lo social constituye un grupo más fortalecido. Hace que conozcas el lugar donde va a vivir y te hace relacionarte con el barrio de otra manera”. Hoy están en una instancia de convocar a más familias para que se sumen a participar, ya sea en el proyecto actual o en proyectos futuros.

La Cooperativa le compró una parcela de tierra a la Municipalidad de Rosario. Esa tierra está en barrio Saladillo y en ese lugar proyectaron la construcción de once viviendas y un espacio comunitario abierto al barrio. “Empezamos a plantear un proyecto muy chiquito porque fue la tierra que nos ofreció la municipalidad como para visualizar el tema”, cuenta Petronio. Quienes van a vivir en esas viviendas son los mismos cooperativistas. Hoy están en los últimos pasos previos a la construcción.

Derecho a la vivienda 

“La intención es disputar el sentido que le da el Estado a los recursos”, explica Fernando, mientras deja en claro que los recursos del Estado “son nuestros recursos”. Lo que se proponen desde La Creciente es disputar el derecho a la vivienda y transformar la lógica del Estado para que no se siga favoreciendo únicamente al capital. Fernando plantea que pensar los derechos tiene que ver con la capacidad de organización y movilización que se tiene en torno a ellos. “El factor de la vivienda está atravesado netamente por el capital y por la despolítica del Estado que deja todo liberado a la decisión del mercado, por ejemplo, si el objetivo es dejar las viviendas vacías o si es construir solamente para los ricos”. Lo que notan desde la Cooperativa es una falta de participación ciudadana para discutir y disputar un discurso y una práctica en este sentido.

“Las organizaciones sociales somos capaces de transformar esos recursos para que estén más acordes a lo que queremos”, tira Petronio. En ese sentido, desde La Creciente hacen especial hincapié en la pertenencia a la ciudad. Proponen pensar a estas experiencias como conquistas en el territorio. De esta manera, el eje de la lucha y de la disputa de sentido no está puesto en la situación de los inquilinos. “Para un inquilino se hace muy difícil poder generar lazos con un proyecto de barrio. Nuestra idea es poder conquistar los territorios. Estamos de acuerdo con el objetivo de favorecer las mejores condiciones de alquileres para los inquilinos pero el eje está puesto en otro lado”.

En este plenario, uno de los principales ejes fue el impulso de la Ley de Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular (PSAHP). El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados para que sea tratado por la Comisión de Vivienda. Si bien hasta hora viene parado, Fernando asegura que se están “creando los consensos en la comisión para que salga con una resolución favorable”. Como un punto a favor para el tratamiento, destaca que el presidente de la Comisión es Depetris que viene de la tradición de la CTA y conoce la experiencia de la Federación de Tierra y Vivienda.

La producción social del hábitat consiste en que los recursos del Estado, que pertenecen a los ciudadanos, no se vuelquen a financiar a empresas constructoras sino que se dirijan hacia las cooperativas de vivienda. Ese es el espíritu de la Ley Nº 341 sancionada en el año 2000 en la ciudad de Buenos Aires. En su artículo primero, establece que “el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Municipal de la Vivienda, instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria”.

En los fundamentos del Proyecto de Ley de PSAHP figuran algunos números en relación con el déficit habitacional y la deuda histórica en relación con el acceso a una vivienda digna. El último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (2010) arrojó que más de dos millones cien mil hogares (exactamente 2.145.224) habitan en viviendas deficitarias (es decir, en piezas de hotel o pensión, piezas de inquilinato, local no construido para habitación, rancho, casilla y vivienda móvil), un millón y medio registraron condiciones de hacinamiento familiar, y otro millón y medio vive en situación de hacinamiento crítico.

El objetivo general del proyecto de ley es el impulso en todo el país de las políticas sustentadas en la Concepción Autogestionaria, cuyos ejes constitutivos son, entre otros, la generación de dinámicas funcionales y participativas, “consecuentemente gestadora de una contracultura no delegativa ni asistencial”; el impulso a la confluencias de saberes, prácticas y capacidades en los planos materiales, intelectuales y afectivos; la administración directa de los recursos del Estado, “visualizados y entendidos como recursos de todo el pueblo colectivamente organizado” y el “reconocimiento y legal legitimación del Trabajo Autogestionario como productor de bienes de uso materializadores de los derechos humanos básicos: trabajo, educación , vivienda y hábitat , salud y cultura “.

El tratamiento y sanción de esta ley nacional se hace necesaria para que las cooperativas de viviendas puedan avanzar en forma concreta en sus proyectos. “Pensamos que una ley que pueda estimular estos procesos es lo que necesitamos en este momento porque actualmente para todas las gestiones por fuera de Capital Federal tenemos que hacer un armado de lógicas propias de cada Estado”.